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Desde el varapalo del partido en el gobierno en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, España ha vivido en un estado levemente histérico. Con unas cifras de paro devastadoras y la Unión Europea al borde del abismo, el ejecutivo se muestra más errático que nunca: el impuesto de patrimonio ha provocado una de las escenas más caóticas que se recuerdan desde que los hermanos Marx dejaron de viajar en barco. Conforme se acercan las elecciones generales anticipadas al 20-N, Mariano Rajoy parece más cerca de encarnar la frase de Camilo José Cela: “El que resiste gana.” El Partido Popular oscila entre un optimismo voluntarista que postula que su llegada al poder traerá automáticamente la recuperación económica, la reivindicación de la austeridad  y la advertencia preventiva de que las cosas van a ser algo más difíciles de lo que pensábamos.

Tras los comicios del 22-M, el PSOE, que había criticado la designación “a dedo” de Rajoy, apenas maquilló la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato. Podría interpretarse como una nueva traición a los ideales de extensión democrática de Zapatero: quizá sea una traición, pero desde luego no es nueva, porque en las autonomías hemos visto procesos similares. Rubalcaba tiene una imagen de buen gestor, de hombre trabajador y resolutivo. Habla a sus interlocutores como si fueran adultos, lo que constituye casi una excentricidad en la política española, y dijo que no es partidario de agitar el paño del miedo a la derecha. Es hábil y capaz de cambiar el discurso y de sacar nuevos temas. Como ocurre a menudo, en Rubalcaba se juzgan las acciones según la reputación y no la reputación según las acciones. Para algunos, sus discursos son automáticamente sensatos e inteligentes; sus iniciativas son maquiavélicas y profundamente siniestras, para otros. Recriminarle que proponga medidas distintas a las que asumió el gobierno del que formaba parte tiene cierto sentido, pero también es algo injusto: nadie actuaría exactamente igual que su jefe. Sin embargo, Rubalcaba padece la esquizofrenia de ser el gobierno y al mismo tiempo algo distinto, de tener que defender una gestión y decir simultáneamente que él lo haría de un modo distinto, más de izquierdas o más afín al 15-M.  Parece cada vez más un brillante jefe de propaganda que resulta más eficaz cuando tiene que vender  otra cosa, un futbolista de video- juego que continúa regateando, pero no sabe dónde está la portería rival ni dónde se encuentran sus compañeros.

En agosto, tras unas semanas angustiosas en los mercados y a raíz de la presión de Merkel y Sarkozy, el PSOE y el PP pactaron una reforma constitucional urgente para poner un techo al gasto público. A lo largo de los casi 33 años que lleva en vigor la Constitución española, se han pospuesto numerosas reformas, y la resistencia tenía incluso una metáfora hortícola y veraniega: “no abrir el melón”. El procedimiento fue mejorable pero legal, y algunas valoraciones fueron excesivas. Duran i Lleida, que dijo que la reforma era una agresión a CiU y una ruptura del consenso constitucional, no votó en contra, lo que haría pensar que se equivocó al menos una de las dos veces. Los sindicatos convocaron una manifestación contra la enmienda, pero no contra una reforma laboral que prolonga la temporalidad. La mayoría de los expertos consideran que el principio de estabilidad presupuestaria es bueno y que la reforma –que habla de un déficit estructural concretado en una ley orgánica a partir de 2020 e incluye excepciones para catástrofes naturales, recesiones económicas y situaciones de emergencia extraordinaria– se mueve entre lo positivo y lo irrelevante. En cierto modo el principio de la estabilidad presupuestaria es una idea liberal, que limita la acción del gobierno y la tentación de atraer votos hipotecando a los ciudadanos del futuro, pero considerarlo un ataque al Estado de bienestar es un absurdo: es un principio que introdujeron los socialdemócratas suecos en la década de 1930 y que ha dado buenos resultados con gobiernos de centro-izquierda en Chile. Quizá Zapatero ha dejado de hacer gestos a los ciudadanos para hacer gestos a los mercados y a nuestros socios europeos, pero es contradictorio quejarse del poder financiero y luego defender un gasto sin freno, que nos haría depender más de los mercados. Como hay  gente para todo, algunos piensan que los mercados son malvados  y que la irresponsabilidad fiscal es progresista. Gaspar Llamazares ha declarado: “¿Alguien piensa todavía que se puede estrangular a un pueblo por una moneda? Yo no. ¡Viva Grecia!” Pero, al margen de que crean en un Estado grande o pequeño, la mayoría de los ciudadanos estarían de acuerdo en que una de las obligaciones de ese Estado es no derrumbarse.

El gran beneficiado de la reforma fue el Partido Popular, que ya era antes el claro favorito para ganar las elecciones, pero resultó alentador que los dos partidos mayoritarios se pusieran de acuerdo en algo, casi al final de una legislatura bronca y judicializada. Aunque los enfrentamientos forman parte del teatro de la política, han contribuido a alejar a los ciudadanos de sus representantes y habría sido mejor que se alcanzara, por ejemplo, un pacto sobre la educación. Por otra parte, aunque hemos visto que en la democracia hay corrupción y líneas de sombra, pueden localizarse, investigarse y castigarse, y los acusados tienen derecho a defenderse. También ha habido ejemplos en los que los desacuerdos con las decisiones judiciales llevaban a una deslegitimación de los tribunales: por ejemplo, con la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, con la legalización de Bildu por parte del Tribunal Constitucional, o, pasmosamente, con la negativa de la Generalitat de Cataluña a acatar una resolución judicial –recurrida– que reconoce el derecho a usar el castellano como lengua vehicular en la escuela. (El vicesecretario de Comunicación del PP declaró: “Nosotros no vamos a supeditar el debate sobre la creación de empleo a ningún asunto que pueda separarnos [de CiU]”, aunque añadió, para nuestra tranquilidad: “pensamos que las sentencias hay que cumplirlas”. El candidato del PSOE ha defendido el bilingüismo, como si se tratara de eso.) Es un error, porque, aunque la crítica es necesaria y legítima, también es imprescindible el respeto a las instituciones.

El vencedor de las próximas elecciones tendrá que acometer reformas necesarias, que no pueden limitarse al ajuste presupuestario: tiene que buscar el crecimiento económico, modernizar el mercado laboral, facilitar la creación de empresas. La resolución de los problemas urgentes, como el desempleo juvenil, no debería estar reñido con el avance de las libertades y la provisión de servicios esenciales. Al próximo gobierno le vendría bien el consenso, aunque es más probable que haya más conflictividad social y recriminaciones entre partidos. Quizá uno de los aspectos más deprimentes de la situación española actual sea la sensación de entreguismo y de que no se puede hacer demasiado, como si la experiencia de libertades políticas y bienestar material de los últimos decenios fuera un mero episodio, y solo pudiéramos mantenerla gracias a la bondad de los extraños. Pero la democracia, la pertenencia a Europa y el Estado del bienestar son conquistas a las que no podemos renunciar, y para conservarlas hay cosas que solo podemos hacer nosotros. ~