La reforma al sistema de justicia que se está implementando en nuestro país desde el pasado 18 de junio de 2008 no ha podido conducirse de manera ordenada, con objetivos comunes ni siguiendo un mismo propósito. Los responsables de su implementación se han encontrado con que el modelo constitucional de “república, representativa, democrática, federal, compuesta por Estados libres y soberanos” contiene una raigambre de intereses divergentes, en la que participan múltiples actores que frenan su operación.
Un suceso reciente se dio el 29 de febrero de 2012, cuando el secretario técnico del consejo de coordinación para la implementación del sistema de justicia penal (SETEC) rindió un informe ante el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en el que expuso los “últimos avances” de la reforma de justicia penal. Según datos de la SETEC, del 18 de junio de 2008 al 29 de febrero de 2012 los rezagos de la reforma de justicia, vistos exclusivamente desde un enfoque de aprobación y entrada en vigor de la legislación que se requiere, son los siguientes:
- A nivel local, existen siete estados que aún no han podido expedir la legislación que regula la reinserción social y el régimen de ejecución de penas (la cual debió entrar en vigor el 18 de junio de 2011): Sonora, Tabasco, Colima, Coahuila, Veracruz, Sinaloa y Nayarit.
- Solo 16 legislaturas locales[1]han conseguido aprobar los códigos penales procesales que se requieren para fijar los principios y reglas del nuevo sistema de justicia.
- Únicamente los sistemas de justicia en Chihuahua, el Estado de México y Morelos están operando con la nueva legislación.
- Puebla, Chiapas y Michoacán tienen aprobada la nueva legislación pero aún no entra en vigor.
- Nayarit, Sinaloa y Veracruz siguen en la etapa de planeación.
- A nivel federal, el Senado no ha aprobado la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones,ni la Cámara de Diputados el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. La primera debió estar vigente desde el 18 de junio de 2011; el segundo, debería ser aprobado antes de que termine la actual legislatura, de lo contrario, los nuevos legisladores tendrán que involucrarse en el tema y retomarlo desde el inicio, suponiendo que siga siendo una prioridad para la próxima legislatura.
Ante este escenario, el pleno del CNSP aprobó un acuerdo para “impulsar las acciones necesarias para la profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad en el nuevo sistema de justicia penal, así como dotar de la infraestructura y el equipamiento necesario para su funcionamiento”. Pero, ¿cómo se quiere profesionalizar y dotar de infraestructura si no se cuenta con la legislación que marcará los principios y reglas de operación del nuevo sistema de la justicia?
Ese acuerdo debía solucionar el retraso que existe en materia legislativa comprometiendo a los gobernadores y legisladores para expedir, antes de que concluyan sus encargos, los códigos penales procesales y las leyes de ejecución de penas que siguen pendientes. En particular urge atender en todo el país el problema carcelario.
Sin embargo, no hubo un trabajo político previo para generar un acuerdo funcional. El presidente de la república solo pidió acelerar el paso para la aprobación de la reforma dejando claro su respeto “a la soberanía de los estados y el principio de división de poderes” y los funcionarios de la SETEC simplemente asintieron, dejando pasar así una valiosa oportunidad para cerrar la etapa de creación legislativa.
Sin normas no hay reforma. Por ello, se debe estar consciente que los grandes proyectos legislativos nunca han sido fruto del consenso y la unanimidad. Para sacarlos adelante se requiere la voluntad de la élite política, pero los diputados olvidan que las leyes que aprueban deben pasar a la colegisladora para cumplir el mismo trámite; los senadores, no ven que aún falta que las publique el Ejecutivo; el Ejecutivo, pierde de vista que los tiempos legislativos no van de la mano con su agenda de gobierno; y finalmente, el judicial simplemente no se mete en estos temas y prefiere resolver el vacío legislativo a través de acuerdos o criterios jurisprudenciales.
Si la élite política hubiera querido atender este rezago debió haber tomado en cuenta que:
1.- En abril concluyó el último periodo ordinario de sesiones en muchos congresos y que desde entonces las campañas electorales están en su apogeo y muchos actores decisivos para la reforma de justicia están perfilando sus intereses hacia otros puestos.
2.- Se renovarán los órganos legislativos en: Campeche, Colima, Chiapas, D.F., Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Tabasco.
3.- El relevo en el Congreso de la Unión y el inicio del nuevo sexenio hará más difícil el cumplimiento de los compromisos de la reforma.
La talacha en los congresos quizá no luce tanto, pero es tanto o más necesaria que las ceremonias, homenajes, inauguraciones, aniversarios, desfiles y mítines.
Avances de la Reforma de justicia en las entidades federativa (junio 2008- abril 2012)
Fuente: El autor, con base en el texto titulado “Metodología para la clasificación y estratificación de las entidades federativas”, SETEC, México, 2012 [Información vigente al 10 de abril de 2012]
- De las 19 entidades federativas que cuentan con proyectos de legislación sin aprobación y aún con acciones de planeación pendientes 13 están gobernadas por el PRI, 3 por el PAN, 2 por el PRD y una por la Alianza PAN-PRD.
- De las 14 entidades federativas que cuentan con proyectos de legislación sin aprobación y que renovarán sus gobiernos y/o congresos 9 están gobernadas actualmente por el PRI, 3 por el PAN y 2 por el PRD.
[1]Aguascalientes; Baja California Sur; Coahuila; Campeche; Colima; D.F.; Guerrero; Hidalgo; Jalisco; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; y, Tlaxcala.
Crítico y promotor de un cambio en el modelo de justicia en México. Libertad, prisiones y comisiones legislativas.
