Cuando los partidos del establishment adoptan comportamientos populistas les ponen las cosas más fáciles a los partidos populistas. Un ejemplo reciente es el pacto antiterrorista firmado por el Partido Popular y el Partido Socialista. El acuerdo –mañana se aprobará en el Congreso la proposición no de ley– se concreta en una reforma del Código Penal que afecta el apartado de los delitos terroristas y avala la reintroducción en España de la prisión permanente revisable, un eufemismo de la cadena perpetua. Las cifras del Ministerio del Interior y la experiencia cotidiana de los españoles muestran que viven en un país seguro. Siete años de crisis no han provocado un aumento significativo de la delincuencia. La democracia ha conseguido derrotar a ETA. España tiene uno de los códigos penales más duros de Europa. Es uno de los países europeos con más presos por habitante. El argumento de que la prisión permanente revisable es una pena equiparable a las de nuestros países cercanos no parece muy sólido. Hace unos días, Tomás Vives Antón escribía en El País:
Cuando se afirma por la Comisión de Justicia que seguimos el modelo imperante en el entorno europeo se oculta que esa semejanza es meramente nominal. Para demostrarlo, basta considerar el caso de Alemania. Introducida allí la cadena perpetua (lebenslange Freiheitsstrafe), se planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional alemán que, tras llevar a cabo una profunda reflexión acerca de la misma, concluyó que la cadena perpetua en sí misma podía ser conforme a la Constitución siempre que dejase al penado una posibilidad real de libertad y reinserción. Tras un período de tiempo en que esa posibilidad la garantizaba el Gobierno, a través de la posibilidad de indultar, por ley del 8 de diciembre de 1981 se introdujo en el Código Penal un artículo 57a que establece la revisión periódica por parte de los tribunales, a partir de los 15 años de cumplimiento. Estos habrán de suspender la cadena perpetua siempre que se den determinados requisitos. El resultado de ese sistema es que el tiempo medio de cumplimiento en los delitos más graves es de 20 años, es decir, la mitad de los 40 que establecen hoy nuestras leyes.
En el blog Hay Derecho, Rodrigo Tena explicaba que España
se incluye no solo entre los países más represivos en cuanto a la duración de la pena, sino también entre los que más discrecionalidad e indefinición atribuyen a la hora de cancelarla tras el correspondiente proceso de revisión.
Así, el nuevo art. 92 exige para la revisión que el penado haya cumplido veinticinco años de condena, lo que nos coloca claramente en la franja alta. Por lo que se refiere a los delitos castigados con esa pena, los encontramos tanto identificados por la condición subjetiva de la víctima (así -art. 485- el que matare al Rey o al Príncipe heredero, o -art. 605- quien matare a un Jefe de Estado extranjero, o –art. 140- asesinase a un menor de 16 años o discapacitado), como por la objetiva del delito en cuestión (crímenes de carácter genocida –art. 607-, crímenes de carácter terrorista –art. 572- y asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual –art. 140). Por último, el sistema de revisión se configura como un sistema de “suspensión” de la ejecución de la pena por un periodo entre cinco y diez años, sin perjuicio de que pueda reactivarse en cualquier momento dentro de ese plazo. Concretamente, se indica que “el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.”
En un manifiesto contra el nuevo Código Penal, que se tramita actualmente en el Senado, sesenta catedráticos de Derecho Penal alertaban contra “la previsión de una injustificable pena de cadena perpetua”. El nuevo código, a juicio de los firmantes, reflejaba entre otras cosas “el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad: la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a ‘administrar’ la peligrosidad”.
Víctor Gómez Frías ha escrito, en un texto suscrito por otros miembros del colectivo “Socialismo es libertad”, que “el único avance objetivo del pacto recién firmado (la penalización del “terrorismo individual” que representan el adiestramiento y la radicalización por Internet o el desplazamiento al extranjero para colaborar con una organización terrorista) no supone un cambio de paradigma respecto a la lucha contra el terrorismo, sino una mera actualización de sus instrumentos a través de una reforma legal cuyo alcance ya estaba previsto en el acuerdo de 2000”. Además de la escasa voluntad de encontrar un acuerdo con otras fuerzas políticas, la “única novedad destacable es la tibieza respecto a un retroceso en los derechos humanos”.
Para algunos, la prisión permanente revisable podría entrar en contradicción con la Constitución, cuyo artículo 25 dice que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. En cierto modo, el cambio legislativo supone el triunfo del programa de sucesos sobre los derechos básicos. El populismo televisivo se ha impuesto sobre los valores ilustrados. La cadena perpetua es uno de esos asuntos donde los partidos políticos deberían llevar la contraria a algunos de sus votantes, y defender una visión no vengativa ni indulgente, sino racional.
El Partido Popular parece haberse saltado los principios liberales de los que, de cuando en cuando, se reclama heredero. Pero sorprenderse por eso sería practicar el empirismo radical de aquel escritor español que empezó una novela con la siguiente frase: “Aquella mañana, el sol salió por el este”. Al menos, no han tenido muchas dudas: su actitud ha resultado más comprensible que la del PSOE. Esta organización firmó el pacto, pero dijo que retirará la prisión permanente revisable cuando llegue al poder (introduciendo una cláusula para que el pp no abandone el pacto si desaparece esta pena) y la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Esa aparente esquizofrenia podría relacionarse caritativamente con los problemas de un partido “moderado” en la oposición, algo de lo que habla Michael Ignatieff en Fuego y cenizas. La defensa que ha ensayado el PSOE es el sentido de Estado: quiere presentarse como un partido responsable, que antepone el interés del país al partidista y que no hace política con el terrorismo. Lo que transmite es puro cálculo electoral, la necesidad de Pedro Sánchez de mostrarse como un líder entre los suyos, haciendo un revival de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, y la ansiedad por presentarse como un partido serio, de orden, frente a Podemos. Pero hay algo todavía más deprimente: para mostrar que son dos partidos de Estado han contribuido a que nuestro Estado sea mucho peor.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
