Wert y el globo sonda

El gobierno español lanza globos sonda que halagan a los votantes más conservadores. El anteproyecto para la nueva Ley de Educación ha provocado indignación en Cataluña y hace preocupantes concesiones a la jerarquía eclesiástica.
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La táctica del globo sonda se ha convertido en un clásico de la política española. Lo han practicado con gusto los últimos gobiernos, y también lo está practicando el actual. De vez en cuando, el Partido Popular, que no ha sabido hacer muchas de las reformas económicas necesarias, se enfrenta a una perspectiva complicadísima y ha conseguido incumplir en un año casi todas sus promesas electorales, lanza un anuncio pensado para contentar a sus votantes más conservadores y provocar la indignación de los sectores más progresistas. La estratagema quizá sea eficaz. Lo preocupante es que las propuestas sean casi siempre siniestras.

Uno de los últimos ejemplos ha sido el anteproyecto del borrador de la ley de educación, que fue criticado por todos los demás grupos políticos en el Congreso. La educación es un asunto esencial, en el que sería deseable alcanzar un consenso, basado en criterios de eficiencia y apuesta por la igualdad de oportunidades. El anterior ministro de Educación, Ángel Gabilondo, buscó un pacto de los dos grandes partidos. Su esfuerzo fue grande y ha recibido elogios de la comunidad educativa, pero no llegó a nada y parece que todos nos resignamos a que no exista un consenso en un terreno determinante para el futuro del país. El enfrentamiento produce beneficios demasiado jugosos.

El actual ministro, José Ignacio Wert, ha conquistado amplias antipatías. Recientemente, en las Cortes de Aragón se dijo que era el peor ministro de la era democrática. Parece precipitado: apunta maneras, pero habría que darle tiempo. El borrador de su anteproyecto de ley tiene graves errores y ha propiciado reacciones un tanto exageradas, como el plantón de la Consejera de Educación de Cataluña, algunas expresiones que ayer se oyeron en el Congreso de los Diputados o la amenaza de insumisión de Mas, que se suman a lo que Arcadi Espada ha llamado “la larga lista del desacato español”. “Hay una nación decidida a defender a sus hijos y a su futuro. No se le ocurra tocar a nuestros hijos”, ha dicho Alfred Bosch, de Esquerra Republicana, en el Congreso, en un extraño cruce entre Braveheart y El flautista de Hamelin. (Ni siquiera aunque pusieran un guardia civil en cada aula, añadió, un día antes de que, para no incomodar sus pactos con Convergencia i Unió, Esquerra Republicana no pidiera la dimisión del conseller de Interior, después de que una mujer perdiera la visión de un ojo durante la huelga general en una carga de los Mossos.) La grandilocuencia kitsch y el insulto a la inteligencia es el terreno donde se sienten cómodos los nacionalistas de todos los partidos, incluido el socialista y exembajador de España ante el Vaticano Francisco Vázquez, que ha comparado la situación de un niño castellanohablante en Cataluña con “un judío con estrella amarilla perseguido por los nazis”.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, se debe garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza del Estado español. Según Tsevan Rabtan, el borrador se extralimitaba al interpretar la sentencia, “seguramente invadiendo competencias autonómicas, ya que pretendía que el equilibrio o la proporción razonable se extendiese, desde el conjunto del sistema, al propio modelo en el que se usa la lengua catalana como vehicular. No. Una vez que uno escoge el catalán como lengua vehicular, la administración solo está obligada a que el alumno aprenda castellano”. En palabras de Francesc de Carreras:

Si el modelo actual, mal llamado de inmersión, no ha ocasionado graves problemas, es debido a que la ley no se aplica en sus estrictos términos -a todas luces inconstitucionales e irrazonables- sino que, en general, en escuelas e institutos, la han ido adaptando a la realidad sociolingüística de los alumnos. Por ello creo que es conveniente una nueva normativa que, en consonancia con una jurisprudencia constitucional que tiene su origen en una lejana sentencia de 1994 -no en la sentencia del Estatut-, se traslade a la ley lo que ya se da muchas veces en la práctica, es decir, tomar las medidas necesarias para que se cumplan los objetivos que se pretenden: que los alumnos acaben los estudios obligatorios dominando catalán y castellano. 

Sostener, como hace la actual ley de educación aprobada por el Parlament, que el catalán es la única lengua vehicular, a lo que conduce es a que la ley se incumpla por parte de los profesores razonables -que priman lo pedagógico sobre lo identitario- y que se aplique estrictamente por quienes son unos fundamentalistas del catalán como lengua única, lo cual deja indefensos a padres y alumnos, creando en las escuelas el riesgo de la arbitrariedad.

Otro aspecto discutible es el papel de la Iglesia Católica, con quien Wert ha negociado la reforma. Las clases de religión constituyen una anomalía que debería haber sido expulsada de la escuela pública hace tiempo, y la inacción en ese sentido debería avergonzar a quienes tuvieron el poder y ahora se escandalizan. La propuesta actual va en dirección contraria. Religión sería una asignatura evaluable; se crearía una “alternativa dura” a esa materia. Así, la Iglesia pretende contener el descenso de estudiantes de Religión (el porcentaje de alumnos que deciden no cursar la asignatura han pasado del 24,9 al 46 en los últimos doce años). Por un lado, se trata de poner trabas a una elección personal, privilegiando una opción religiosa determinada y penalizando a quien no quiera estudiar catecismo. Y, por otro, es también un grave ataque a la idea de moral laica. Los que no hicieran religión tendrían que estudiar una asignatura, que se llamaría “Valores Culturales y Sociales” en Primaria y “Valores Éticos” en Secundaria. Si lo que se quiere enseñar en esas horas es importante, todos deberían hacerlo. De lo contrario, su implantación supondría admitir que los que no tengan determinada instrucción religiosa (y de forma implícita cierta fe religiosa) necesitan una compensación en valores. Evidentemente, puede haber quien piense que no roba o ni mata a sus semejantes únicamente por temor al castigo divino: es su problema. Es probable que no sea cierto ni en su caso. Ni la evidencia empírica actual ni la experiencia histórica apoyarían ese punto de vista. Y tampoco es así como está construido el Estado de derecho. Los que piensan que los alumnos que no estudian catecismo necesitan rellenar un vacío ético son los primeros que deberían hacer un curso intensivo de moral, historia y democracia.

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