¿Son suficientes las ocho acciones planteadas por el presidente Peña Nieto para prevenir la corrupción y, en particular, el conflicto de intereses? La respuesta es no. Es necesario un nuevo diseño institucional que asegure la creación y operación de una auténtica política nacional, y no solo federal, en esta materia; un sistema que enfrente los distintos ángulos y manifestaciones de la corrupción. Se les conoce como sistemas nacionales de integridad. Se trata de un conjunto de instituciones, mecanismos y prácticas que se articulan para resolver un problema que ninguna secretaría, dependencia o poder público pueden resolver por cuenta propia. A diferencia de la tradicional idea de un “zar anticorrupción”, los sistemas de integridad reconocen que los países tienen que enfrentar las causas de la corrupción y no solo sus síntomas.
La idea de un sistema anticorrupción se encuentra hoy día arraigada en la academia y la sociedad civil, pero la clase política opera en horizontes de tiempo distintos. Eso significa que los especialistas pueden imaginar el resultado de la implementación de políticas y diseños institucionales en el futuro, pero los ciudadanos –y por ende, la clase política– viven la corrupción en tiempo presente. En términos de comunicación y vida cotidiana los escándalos ocurren siempre en el pasado, pero el agravio se da en el presente. El periodismo o la denuncia política revelan ante nosotros los detalles de una trama que ya habíamos imaginado y que el noticiero de la mañana simplemente confirma.
Aunque la clase política nos ha acostumbrado a la rutina de la detención espectacular, el país no debe seguir construyéndose con acciones aisladas que tardan años en convertirse en políticas generalizadas. Un ejemplo: la legislación para asegurar el derecho a la información pública de todo ciudadano en el país. Tras varias reformas constitucionales, en la práctica este es un derecho que se ejerce de forma completamente distinta entre poderes y órdenes de gobierno. Se trata de un conjunto de acciones aisladas, no de un sistema.
Dado que el problema de la corrupción en México atraviesa poderes y partidos, acciones aisladas o la designación presidencial de un nuevo secretario de la Función Pública no cambiarán el rostro de un país gravemente afectado por problemas de corrupción e impunidad. El Sistema Nacional Anticorrupción sigue siendo un pendiente de la agenda pública. No necesitamos un zar anticorrupción sino un sistema discreto y efectivo para enfrentar causas y síntomas.
Las acciones anunciadas por el presidente el pasado 3 de febrero tienen un mérito que no puede soslayarse. Aunque de forma tardía, reconoce que en materia de conflicto de intereses es necesario tomar acciones desde el Ejecutivo e instruye a los servidores públicos a presentar una declaración que, junto con la declaración patrimonial, contribuya a evitarlos. Que el presidente hable con claridad sobre conflicto de intereses es un avance pero no resuelve el problema que representa el vacío legal para prevenir, investigar y sancionar conflictos de intereses. Sería oportuno que en el marco de las discusiones legislativas sobre el Sistema Nacional Anticorrupción se revise el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y se incorporen mecanismos para enfrentar posibles conflictos de intereses.
Todos tenemos intereses. No es ilegal, ni ilegítimo tenerlos. El problema estriba en ocultarlos antes de asumir una encomienda política o administrativa, o durante su ejercicio. En el servicio público es fundamental saber que toda decisión tomada se hizo apegada a derecho y que es ajena a intereses distintos a los del interés público. La declaración pública de intereses es por ello esencial.
Construir una nueva clase política, que reduzca la desconfianza ciudadana y mejore la representación popular, pasa por abrir el servicio público al escrutinio. Tenemos que aprender a hacer política de forma abierta, donde los intereses estén arriba de la mesa y las decisiones públicas a la vista de todos.
Para controlar el problema de la corrupción es necesario abandonar la idea de que estar inmersos en un problema nos hace expertos en resolverlo. Abandonar la idea de un zar anticorrupción y empezar a entender la compleja trama de los conflictos de intereses es un buen lugar para comenzar. Un discreto comienzo. ~
Estudió ciencias políticas y administración pública en la UNAM y es maestro en estudios del desarrollo por la Universidad Cambridge. Desde 1999 es el director general de Transparencia Mexicana.
