Escribo estas líneas sin saber cómo resolverá el TEPJF el recurso de inconformidad con la elección de presidencial presentado por Andrés Manuel López Obrador y la coalición Movimiento Progresista. Sin ser un experto en derecho electoral, creo que el desenlace más probable es que el Tribunal validará la elección y otorgará constancia de mayoría al candidato que obtuvo más votos, Enrique Peña Nieto.
Mi dicho no implica que la elección fue impecable ni que estuvo libre de irregularidades ni que se debe dar vuelta a la página con miras a la próxima elección federal. Implica que, dados el resultado de los comicios, la naturaleza del proceso electoral y el marco legal vigente, considero que el peso de las pruebas presentadas por la coalición no será suficiente para convencer a la mayoría de los magistrados. Dedicaré unas líneas al resultado electoral, a las irregularidades, y otras tantas a los temas que urge atender antes de la próxima elección.
El resultado en perspectiva
Consideremos el resultado. Tras numerosos recuentos que en general no alteraron el escrutinio inicial, el cómputo distrital del IFE indicó que Enrique Peña obtuvo 38.21% de los votos y López Obrador 31.59%, una ventaja absoluta de 3,329,785 votos y relativa de 6.6%. Más de 50.3 millones de electores, 63.3% de la lista nominal, acudieron a una de las 143,435 casillas instaladas y vigiladas por 572,520 ciudadanos invitados al azar a servir como funcionarios de casilla. Estas cifras son públicas y conocidas pero las repito porque invalidar la elección presidencial equivale a anular todos y cada uno de los sufragios emitidos en todas y cada una de las casillas.
En épocas pasadas, antes del IFE y Cofipe que conocemos, los recurrentes y abultados resultados en favor del PRI evidenciaban un sistema no democrático. ¿Arrasó Peña? De ninguna manera. Basta comparar su resultado con elecciones recientes. En 1994, Zedillo obtuvo 48.7% de los votos en una elección que él mismo reconoció como legítima pero no equitativa. En el año 2000, Fox obtuvo 42.5% de los votos y Labastida 36.11%. En 2006, Calderón tuvo 35.89% y AMLO 35.33%. Este año Peña consiguió 38.21%, apenas dos puntos más que Labastida o Calderón, y cuatro puntos menos que Fox. El resultado legislativo tampoco es sorprendente: en el año 2000, la coalición PAN-PVEM tuvo 38.24% de votos para diputados y 223 curules. En 2012, la coalición PRI-PVEM obtuvo 38.05% votos y 240 curules, es decir, perdió curules respecto a 2009.
Una posible interpretación de estas cifras es que la presunta supermaquinaria priista que se ha venido aceitando desde hace años apenas consiguió dos puntos más que su último candidato competitivo. Otra es que, en efecto, el PRI ha refinado las coaliciones parciales con el PVEM para sacarle la vuelta al tope de sobrerrepresentación de 8%. Antes, el problema era que el partido en el gobierno no podía perder: hoy Josefina Vázquez Mota y la bancada del PAN cayeron a un tercer lugar. Tomando esto en cuenta, una tercera interpretación es que el candidato Enrique Peña capitalizó con mucho más éxito que López Obrador el serio desgaste de doce años de gobiernos panistas. Como tampoco se trata de aplaudir gratuitamente al PRI, adelanto una predicción: el PRI perderá curules en 2015 y no tiene garantizado mantener la presidencia en 2018.
Las irregularidades y la nulidad
En 2006, AMLO atribuyó su derrota a la campaña negativa en su contra y a la intervención del presidente Fox y de grupos empresariales. También acusó, sin poder demostrarlo por ser notoriamente falso, a un fraude cibernético y a funcionarios de casilla que cometieron errores al llenar actas o contar votos.
En 2012 nos salvamos, creo, del cuento del fraude cibernético y los recuentos masivos ordenados por la reformada ley despejaron, espero que de una vez por todas, las dudas sobre la confiabilidad de las casillas. Así las cosas, cobraron mayor fuerza las acusaciones de gasto de campaña excesivo, compra de votos y una desmedida influencia de medios.
Sin conocer a fondo la evidencia provista por AMLO en su impugnación, veo mayor mérito en las acusaciones de 2012 que en las de 2006. ¿El problema? Que era mucho más fácil encontrar irregularidades de impacto determinante en el resultado cuando el margen era de 0.56% que cuando es de 6.6 puntos.
Dejando al IFE, al Tribunal y a las leyes aplicables de lado, el asunto de anular elecciones no es nada sencillo. Veamos por qué. No basta decir que la elección debe anularse porque “no ganó el candidato que arrasó en la capital”. El que acusa irregularidades en su contra debe demostrar, sin lugar a dudas, que estas tuvieron un impacto determinante en el resultado electoral. A muchos les parece odioso este criterio, pero también sería absurdo anular elecciones por cualquier irregularidad. Si una elección se lleva a cabo conforme a leyes y procedimientos conocidos y aceptados por todos los candidatos y partidos, su resultado merece sostenerse a menos que haya evidencia en contrario. Las irregularidades despiertan dudas, sí, pero si estas no son determinantes, hay un fuerte argumento para favorecer o respetar la voluntad de los electores expresada en las urnas: el votante debe tener el beneficio de la duda aunque no a todos guste el sentido de su sufragio. Anular una elección presidencial implica demostrar que la voluntad de 50 millones de votantes no merece ser escuchada o respetada desde ahora. Por lo tanto, anular una elección debe exigir un estándar probatorio muy alto: demostrar sin lugar a dudas que la voluntad del electorado fue defraudada.
Regresemos ahora a las normas que rigen nuestro sistema electoral. Anular una elección enfrenta dos tipos de problemas. La primera es una cuestión empírica y jurídica complicada: ¿la evidencia que se ofrece es prueba plena de tener un efecto determinante? Se puede demostrar con cierta facilidad, creo, que un candidato o partido rebasó los topes de gasto de campaña o bien que realizó actividades ilegales de compra o acarreo de voto. Lo que es muy difícil o casi imposible determinar es cuántos votos fueron contaminados por tales irregularidades. Y esta dificultad radica en que los motivos detrás de cada sufragio son tan secretos como el votante quiera. Esta es otra dificultad odiosa para muchos expertos y analistas y volveré a ella en breve.
El segundo problema tiene consecuencias que van más allá de la presente elección. ¿Qué se debe hacer cuando las reglas electorales producen inequidad o toleran prácticas indeseables por parte de todos los partidos? Si las reglas son malas, ¿por qué sorprendernos del cochinero que hay detrás de cada elección? Las cosas serían más sencillas, por ejemplo, si la ley explícitamente castigara la compra de votos (por encima de cierto umbral, digamos) o el exceso de gasto con la nulidad de la elección y/o hacer inelegible al candidato que incurra en ella. Pero esa no es la ley que tenemos ahora y vale la pena preguntarnos por qué.
Las reglas, otra vez
¿Es posible que la ley misma produzca inequidad en la contienda? La reforma electoral de 1996 iba a ser definitiva, hasta que la evidencia demostró que estaba rebasada. La crisis postelectoral de 2006 produjo una profunda reforma electoral que se puso a prueba en 2009 y 2012. Con dos elecciones a cuestas creo que tenemos suficiente evidencia para afirmar que no todos los ingredientes de esta reforma indujeron elecciones más limpias y competitivas. Sin ser exhaustivo, menciono solo algunas áreas en que la reforma y el Cofipe nos quedaron a deber, y que en gran medida hoy se reflejan en los agravios de AMLO.
Antes de 2007, una queja común era que televisoras y radiodifusoras favorecían o discriminaban a ciertos candidatos mediante precios diferenciados. Pues bien, el nuevo modelo de acceso a medios que pretendía corregir esa fuente de inequidad produjo un mercado negro de coberturas noticiosas. Este nuevo modelo privilegió millones de espots en cadena nacional sobre los más necesarios y útiles debates. Y produjo, además, una nueva fuente de inequidad “ordenada por la ley” pero inequidad al fin: un candidato recibió más del doble de espots que sus rivales y, cobijado en las nuevas restricciones de la ley, estuvo protegido de las campañas negativas propias de una democracia funcional. Otras inequidades ya existían y fueron desatendidas, tales como un financiamiento público generoso y un modelo de fiscalización de gastos de campaña ex postque favorece al partido que disponga de mayores gobiernos locales para desviar recursos hacia las campañas.
La reforma electoral de 2007-2008 pretendía resolver el problema de la influencia desmedida de los medios en las campañas, y hoy muchos piensan que las televisoras manufacturaron a uno de los candidatos. No me queda duda de que los medios siguen teniendo gran influencia en nuestras elecciones, pero me queda claro que la solución de este problema pasa por la ley de radio y televisión antes que por el Cofipe.
Lo anterior me lleva al papel de legisladores y partidos. Si eran asuntos tan graves, ¿por qué la reforma electoral de 2007 dejó prácticamente intocado el tema de la compra de votos y el rebase de topes de gasto de campaña? Una posible respuesta es que los partidos se engolosinaron con la idea de obtener espots gratis (es un decir), protegerse de campañas negativas y facilitar recuentos innecesarios. En este sentido la reforma electoral, fruto de alegatos cortoplacistas, quizá distrajo la atención de temas más importantes. Otra posible respuesta es más preocupante. Quizá no se tocaron estos temas porque existe un consenso entre los partidos en el que poder gastar lo que sea y como sea durante las campañas funciona bien para todos, salvo para uno que otro perdedor y la sociedad.
Independientemente de sus méritos jurídicos y su eventual resolución por parte del Tribunal, la inconformidad de AMLO es importante porque pone énfasis en temas poco atendidos hasta ahora. Nuestro sistema electoral tolera el exceso de gasto de campaña y, al no castigarlo de manera ejemplar, promueve el clientelismo. Lo sabemos y miramos al otro lado. El sistema electoral mexicano se ha ido perfeccionando en un proceso de prueba y error, pero también ha habido errores y distracciones serias que deben corregirse cuanto antes. Atar las manos al desvío de recursos en todos los órdenes de gobierno, fiscalizar ingresos y gastos de campaña y castigar las peores prácticas clientelares para movilizar o persuadir votantes, son tres viejos problemas. Ya va siendo tiempo de atender lo importante y no regular al capricho y contentillo de los partidos. ~
Los votos y la ley
“¿Inconsistencias o irregularidades?” por Willibald Sonnleitner
“El mercado de los votos” por Cynthia Ramírez
“Entrevista con Bryan Caplan” por Pablo Duarte
“La inconformidad” por Peter Bauer
(Puebla, 1972) es doctor en economía y profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
