Uno a uno, los diversos pilares de las teorías y prácticas de izquierda han entrado en crisis. Como propuestas progresistas de desarrollo, la dictadura del proletariado, el nacionalismo revolucionario, la estatización de la economía y el Estado benefactor se han derrumbado o han sido cuestionados intensamente debido a la inviabilidad de sus propuestas, la caducidad de sus esquemas o la ineficacia de sus resultados. Desde distintas perspectivas, el diagnóstico de la crisis converge en un mismo punto: la izquierda se ha quedado sin ideas y precisa urgentemente de ellas.
Este desierto es un espejismo. A pesar de la debacle, y quizás inducida por ella, aquí y allá aparecen los signos de una renovada imaginación práctica de izquierda. Autores, activistas, funcionarios y simples ciudadanos alrededor del mundo diseñan esquemas o ejecutan alternativas sociales que cuestionan y rebasan creativamente los límites del pensamiento socialista tradicional.
Las tentativas modernizadoras y las recientes tendencias globales han traído, a la par de progresos estimables, nuevas desigualdades que apremian la reformulación de los proyectos críticos de la izquierda. A continuación, provenientes de tradiciones y posturas diversas, cinco indicios precisos de esta renovación.
Plan para una pensión global
Aunque la izquierda nació a mediados del siglo XIX con una vocación decididamente internacional, a principios del siglo XXI vastos sectores progresistas alrededor del mundo han adoptado un programa inverso: la condena del mundo exterior como amenaza y la defensa del ámbito nacional como la única instancia para practicar políticas públicas igualitarias. Dudar de la viabilidad (o hasta de la necesidad) de lo global, sin embargo, no es suficiente para corregir los efectos sociales negativos producidos por la internacionalización de la economía.
Pero también existe una perspectiva de izquierda que, en vez de censurar la nueva dimensión universal de los intercambios, la asume como categoría de pensamiento y acción. El recelo ante los flujos de capital, el libre comercio y las corporaciones puede trascender la simple actitud refractaria y traducirse en una crítica razonada de lo global y sus desequilibrios, y en la concepción de lo internacional como un espacio para la ejecución de alternativas sociales y económicas.
El historiador británico Robin Blackburn, profesor de la New School for Social Research de Nueva York y antiguo editor del New Left Review, ha propuesto en este sentido una idea original: el plan para una pensión global.
La pensión global sería un esquema generalizado de seguridad social que beneficiaría directamente a toda persona de edad avanzada. Debido a su carácter universal, el goce de la pensión no estaría sujeto a evaluaciones de necesidad económica –que desalientan el ahorro entre los pobres y estigmatizan a los viejos como objetos de caridad– ni a contribuciones en dinero o en especie por parte de los beneficiarios. La pensión consistiría en el pago diario de la cantidad de un dólar, la cual, a pesar de parecer insignificante, puede contribuir a rescatar de la miseria a cientos de millones de ancianos que viven con menos de dos dólares al día.
Blackburn propone financiar el costo de la pensión –alrededor de 205 millardos de dólares al año– mediante la aplicación de modestas tasas a los circuitos de la globalización.
Para tener una base fiscal dinámica y amplia, el autor piensa concretamente en tres dispositivos monetarios vinculados con los trabajos de la economía global: 1) un pequeño impuesto (de hasta 0.1%) a las transacciones internacionales de divisas; 2) un impuesto al combustible utilizado en vuelos internacionales, y 3) una tasa de 2% para la riqueza corporativa.
Con la asistencia de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, las autoridades fiscales nacionales estarían a cargo de recaudar estos impuestos. Los ingresos serían asegurados en las oficinas centrales de un Fondo para la Pensión Global, el cual contaría con una red regional y nacional de alrededor de mil oficinas locales responsables del pago de la pensión. Los costos administrativos de la pensión global resultarían en no más del 1 por ciento del presupuesto total, y probablemente menos.
La dirección de los procesos globalizadores no tiene por qué estar en manos del sector privado exclusivamente. La creación de instituciones como el Fondo de la Pensión Global es uno de los posibles caminos para, en palabras de Blackburn, “extender las políticas sociales en la era de la globalización [e] introducir estos valores en un ámbito de alcance global”.
Robin Blackburn, “Plan for a Global Pension”,
New Left Review 47, Sept.-Oct. 2007.
El Fondo de Impacto en la Salud
El desarrollo de sustancias farmacéuticas originales tiene un costo considerablemente alto que se ha intentado compensar mediante el otorgamiento de patentes monopólicas. Durante la vigencia de este registro –un periodo de veinte años–, nadie más puede producir legalmente el medicamento fuera del dueño de la patente. El resultado han sido costos de venta artificialmente altos, que en ocasiones rebasan el mil por ciento del precio real de mercado, y la exclusión de miles de millones de personas del acceso a los medicamentos más nuevos y efectivos. Además de privar a los consumidores de la libertad de comprar esos medicamentos a precios competitivos, el actual régimen globalizado de patentes induce a un olvido de las enfermedades concentradas en los pobres –como la neumonía o la malaria. Alentadas por la perspectiva de ganancias aseguradas, las compañías farmacéuticas tienden a concentrar sus esfuerzos de investigación en soluciones a las enfermedades padecidas por los grupos con la capacidad económica de pagar los medicamentos –como las enfermedades del corazón.
De acuerdo con el filósofo alemán Thomas Pogge, profesor de las universidades de Columbia y Yale y miembro de la Academia Noruega de Ciencias, este reglamento produce enormes pérdidas en términos de enfermedades y muerte prematura a miles de millones de personas pobres, pérdidas que las ganancias obtenidas por las compañías gracias a las patentes no pueden justificar. Y sin embargo, a pesar de sus desventajas, la perspectiva de rentas monopólicas para las empresas ha generado un sorprendente arsenal de medicamentos que produce beneficios para el consumidor.
¿Cómo conciliar entonces la innovación farmacéutica con la libertad de acceso a los medicamentos? Thomas Pogge ha propuesto una respuesta posible: un plan de reforma que ofrezca a los descubridores médicos incentivos financieros para atender las enfermedades de los pobres. La idea básica del plan es que la invención farmacéutica debería alentarse a través de recompensas ligadas a la eficacia médica de los descubrimientos, y financiadas públicamente. El incentivo se especificaría como una promesa de retribución a los descubridores de cualquier medicamento en proporción a su efectividad durante los primeros diez años de su existencia.
Como todos los seres humanos serían beneficiarios potenciales de este plan, su financiamiento se podría distribuir mediante un acuerdo internacional que cree un Fondo de Impacto en la Salud (FIS). El costo del FIS se dividiría en proporción a los ingresos nacionales brutos de los Estados miembros. En su fase inicial, el FIS podría prometer a cada nueva sustancia registrada una remuneración anual de mil dólares por cada año de vida saludable que reste a la mortalidad y morbilidad de cada miembro de la población mundial. Si todos los países del mundo se unieran al esfuerzo, cada uno contribuiría con menos del 0.008% de su ingreso nacional bruto. El dinero recaudado financiaría cuatro millones de años individuales de vida saludable ganados para la población mundial.
A juicio de Pogge, en vez de lamentar que las corporaciones ubiquen sus beneficios por encima de las personas, la salud y la naturaleza, es necesario estructurar los mercados de modo que alienten el buen comportamiento corporativo. En este sentido, el régimen global de patentes se puede reestructurar con el fin de que los innovadores médicos ganen un interés financiero en la eliminación de las enfermedades que afligen a los pobres. Desde un punto de vista político y social progresista, regular el capitalismo es un proyecto fundamental y necesario, pero muchas veces insuficiente. Para conseguir más eficazmente este objetivo, se necesita ir más allá: no sólo regular el capitalismo, sino insertar en su misma lógica los incentivos para que funcione socialmente.
Thomas Pogge, “Medicines for the World: Boosting Innovation
Without Obstructing Free Access”, por publicarse en Sur / International
Journal on Human Rights núm. 8, junio 2008.
El ingreso básico universal
¿Puede el capitalismo convertirse en un sistema económico significativamente más igualitario sin perjudicar su productividad y capacidad de crecimiento? El filósofo y economista belga Philippe Van Parijs, autor de un proyecto para la adopción de un ingreso básico universal, sugiere que sí. Esta iniciativa, que ha tenido múltiples antecedentes y formulaciones pero que ha sido articulada más ampliamente por Van Parijs en los años recientes, propone el pago a todos los miembros de una comunidad política de un estipendio mensual capaz de ofrecer un estándar de vida por encima de la línea de la pobreza.
Esta remuneración se pagaría en efectivo, no en bonos ni en especie, y sin ningún tipo de restricciones relativas al destino del dinero o el tiempo de su desembolso. Cada ciudadano la recibiría individualmente, y no un hogar o un jefe de familia como sucede en esquemas de transferencias económicas ya existentes. Es incondicional: se entrega automáticamente a todos los ciudadanos, sin tener en cuenta sus circunstancias económicas y sin depender de la obtención de un empleo o de ningún otro requisito. Se podría financiar con el resto de los gastos del gobierno o mediante la creación de un impuesto específico.
De acuerdo con Van Parijs, es una idea más adecuada que los programas de ayuda condicionada por varias razones: al ser un esquema universal, incrementa la proporción de personas pobres beneficiadas; al presentarse como una cuestión de ciudadanía económica, elimina los estigmas sociales que otros programas producen; al no interrumpir el pago cuando se acepta un trabajo, no funciona como un incentivo para perpetuar el desempleo.
Moralmente, el ingreso básico universal se sostiene en la convicción de que, por razón de derechos básicos, nadie debería vivir en la pobreza. Políticamente, apela a una cierta igualdad mínima de oportunidad: la de retirarse de la fuerza de trabajo para participar en actividades no remuneradas. Supone la idea de que la justicia social también consiste en el goce de la “libertad real”: no sólo contar con el derecho de dar forma a un plan de vida, sino también con los recursos para realizarlo. Beneficia al creciente número de individuos que, por diversas razones, se encuentran fuera de la esfera del ingreso asalariado, como los encargados de la casa y de los hijos, los estudiantes, los excluidos del proceso económico, la “población redundante”, los vagabundos permanentes. Vuelve más accesible lo que Iván Illich, al hablar de la diversidad de actividades económicas distintas al trabajo asalariado, bautizó como el “desempleo creador”.
Hasta la fecha, Alaska es la única unidad política que ha introducido un ingreso básico genuino. Lo financia parcialmente mediante los rendimientos de regalías generadas por sus campos de petróleo. Por su parte, desde 2005 Brasil comenzó a establecer gradualmente un esquema de ingreso básico universal iniciando por la cobertura de sus ciudadanos más pobres.
En México, el Partido Alternativa Socialdemócrata ha incluido el ingreso básico en su plataforma política, y recientemente el grupo parlamentario del PRD ha propuesto una iniciativa de ley para instaurar un ingreso ciudadano universal.
Es importante señalar que, desde 1979, Gabriel Zaid esbozó en El progreso improductivo la creación de un esquema de ingreso básico universal adaptado a la circunstancia mexicana. En esta obra, Zaid demuestra económicamente por qué un gasto público costoso, aun el dedicado a rubros sociales, no beneficia necesariamente a los pobres y argumenta con claridad las razones por las que la mejor manera de redistribuir seriamente la riqueza es repartir una parte del ingreso nacional como dinero en efectivo –“un mínimo creciente para toda persona, trabaje o no trabaje, por el simple hecho de haber nacido” –, acompañándolo de una oferta pertinente para las necesidades productivas y de consumo de los pobres. “Darle mil pesos en efectivo a una familia en una aldea de Oaxaca, donde no hace falta Metro, ni pasos a desnivel, ni agentes de tránsito, es darle mucho más que mil pesos de servicios urbanos gratuitos en el Distrito Federal.”
Philippe Van Parijs, “Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the
Twenty-First Century”, en Erik Olin Wright (ed.), Redesigning Distribution
/ Basic Income and Stakeholder Grants as Cornerstones for an Egalitarian
Capitalism, Londres, Verso, 2006.
Las dotaciones de capital
Con la intención de imaginar los fundamentos de un capitalismo más igualitario, los juristas norteamericanos Bruce Ackerman y Anne Alstott han propuesto que, al cumplir la edad de veintiún años, cada ciudadano reciba del gobierno una dotación de capital única y sustancial que permita a todos los adultos jóvenes convertirse en poseedores de una riqueza sustantiva.
Para recibir esta cantidad fija de dinero –propuesta por los autores de esta iniciativa en ochenta mil dólares repartidos en cuatro entregas anuales de veinte mil dólares cada una–, los beneficiarios tendrían que cumplir con dos condiciones: haber terminado los estudios de preparatoria y no contar con un expediente criminal. Los jóvenes beneficiarios serían libres de gastar o invertir el dinero de la manera en que consideren más conveniente: ir a la universidad, comenzar un negocio, ahorrar para una casa, invertir en la bolsa, etc. En los primeros cincuenta años, las dotaciones de capital se financiarían mediante una tasa de dos por ciento a las fortunas individuales que excedan los 230,000 dólares. Finalizado este periodo, la carga del financiamiento recaería en los propios beneficiarios, a quienes, de haber tenido éxito económico durante su vida, se les cobraría automáticamente después de su fallecimiento un pago de retribución por la cantidad inicial recibida más los intereses correspondientes.
Ackerman y Alstott señalan que, en ausencia de subvenciones de esta clase, se reproduce continuamente una situación que viola los valores de la igualdad de oportunidades: los hijos de padres adinerados reciben recursos para su educación, ahorro o inversiones, mientras que los hijos de padres sin fortuna, no. Si se aspira a la igualdad en el punto de partida para todos, es necesario expresar este compromiso en términos de propiedad privada: una donación de dinero en efectivo reconocida como derecho de nacimiento de cada ciudadano.
El espíritu de esta propuesta enfatiza la responsabilidad individual y se opone lo mismo a la postura que condena cualquier intervención gubernamental que a los esquemas paternalistas de ingeniería social. Sus objetivos van más allá del alivio de la pobreza, pues busca “libertad para todos, no caridad para unos cuantos”, así como el respeto para las elecciones de cada individuo: trabajar en casa, tener un empleo asalariado o no trabajar. En el esquema de dotaciones de capital, como en el ingreso básico universal, “cada ciudadano puede reclamar su dinero simplemente porque es un ser humano, capaz de dar forma a un plan de vida”.
Ambos programas rechazan del mismo modo la idea del trabajo asalariado como el espacio central de la justicia, porque “expulsa a demasiados seres humanos del escenario central de la vida social y degrada a decenas de millones de gente común y corriente a una ciudadanía de segunda clase”. Es la situación, por ejemplo, de la gran mayoría de las mujeres y de algunos hombres que consagran una buena parte de su vida al cuidado de niños y ancianos.
Bruce Ackerman y Anne Alstott, “Why Stakeholding?”, en Erik
Olin Wright (ed.), op. cit., Londres, Verso, 2006.
La economía solidaria
A lo largo del siglo XX, numerosos partidos de inspiración socialista desecharon la abolición del capitalismo como meta fundamental de la izquierda y adoptaron automáticamente la defensa del papel económico del Estado como único sustituto natural de la revolución. Aunque el nuevo paradigma de izquierda incluía la reconciliación con el mercado, no se ocuparon de imaginar otras formas de continuidad con las inquietudes socialistas, como la creación de agentes económicos organizados a partir de valores de equidad, en vez o además de simplemente prescribir la tutela del capitalismo mediante la intervención estatal. Si bien estos partidos habían roto claramente con el principio revolucionario, su visión de la realidad económica permaneció dentro de los límites convencionales del proyecto social del marxismo: la nacionalización de la economía.
Sin embargo, el fin de la Unión Soviética y el descrédito de las economías centralizadas han despertado desde hace algunos años la inquietud por experimentar con nuevas formas de organización económica. Esta búsqueda de alternativas en los sistemas de producción ha llevado al florecimiento, en diversos países del mundo, de un modelo conocido como economía solidaria, compuesta por aquellas compañías que practican los principios de la autogestión. En esencia, la economía solidaria consiste en la recuperación del proyecto cooperativista, una tradición de izquierda que, como el anarquismo, ha sido eclipsada a lo largo de casi dos siglos por el socialismo dominante. Basadas en la posesión colectiva y la asociación económica entre iguales, las cooperativas rechazan la separación convencional entre trabajo y capital: en ellas los medios de producción son propiedad de los trabajadores.
El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ha editado recientemente Another Production Is Possible, una antología de estudios sobre propuestas de sistemas de producción alternativos protagonizada por los nuevos esfuerzos cooperativistas. Sousa Santos señala que, desde un punto de vista progresista, las cooperativas son alternativas de producción deseables porque se organizan de acuerdo con principios y estructuras distintas a las del capitalismo, pero se conciben y operan como unidades productivas en una economía de mercado. Existen, de hecho, confluencias entre los valores del mercado y los valores del cooperativismo: ambos promueven la autonomía de las iniciativas colectivas, buscan la eficiencia económica y apoyan la descentralización. Las cooperativas, además, poseen características que les permiten responder con eficacia a las condiciones del mercado global. Por un lado, al beneficiarse directamente de la prosperidad de la empresa, sus trabajadores dueños cuentan con incentivos para dedicarles más tiempo y esfuerzo. Por otro, al ser usualmente pequeñas, flexibles y dispuestas a formar redes, están dotadas para competir en un mercado volátil y fragmentado.
En su antología, Sousa Santos incluye contribuciones dedicadas a la descripción y análisis de diversas experiencias cooperativas alrededor del mundo, como las cooperativas de recolección de basura y reciclaje en Colombia, organizadas en redes regionales y nacionales, y el reciente renacimiento de la economía solidaria en Brasil, país en el que durante los años ochenta diversas compañías declaradas en quiebra fueron adquiridas por sus trabajadores y convertidas en cooperativas que operan exitosamente hasta la fecha.
Un caso notable de experiencias solidarias exitosas descritas por Sousa Santos es el Complejo Cooperativo Mondragón. Establecido en España en 1956, en la actualidad el grupo cuenta con ciento nueve fábricas, una cadena de supermercados, un banco y una escuela politécnica propiedad de los treinta mil trabajadores que lo componen. El éxito de Mondragón ha radicado en su hábil expansión de redes de apoyo cooperativo y sus innovadores esfuerzos para asegurar la competitividad en el mercado global de cada una de sus cooperativas.
La economía solidaria ofrece una perspectiva de desarrollo que, si bien es tan vieja como el capitalismo industrial, en las condiciones políticas actuales aparece como inédita: la posibilidad de una izquierda empresarial, no gestionada desde el Estado, sino nacida del impulso a la vez cooperativo y emprendedor de los propios ciudadanos. ~
Boaventura de Sousa Santos (ed.), Another Production Is Possible /
Beyond the Capitalist Canon, Londres, Verso, 2007.
es ensayista.
