Resultado de una larga relación íntima y compleja, hoy en día viven en Estados Unidos alrededor de veinte millones de hispanos de origen mexicano descendientes de los habitantes originales de las provincias del norte de México (anteriores a la Guerra de 1846-1848) y de un flujo de inmigrantes documentados o indocumentados que no se ha detenido a lo largo de más de un siglo y medio.
En los últimos años la fuerza electoral de los hispanos en Estados Unidos ha ido en aumento. Se calcula que para el año 2005 la población latina rebasará a los negros o afroamericanos como la minoría más grande del país. Expertos en mercadotecnia política consideran que "el partido político que atraiga y mantenga el voto hispano será el partido mayoritario durante los siguientes treinta años".1 En los cuatro estados con mayor número de electores —California, Texas, Nueva York y Florida— la minoría más importante ya es de origen latino.
Esta tendencia a nivel nacional se nutre del crecimiento demográfico, el ritmo de inmigración y el proceso de naturalización de la población latina. En una encuesta realizada a los hispanos,2 la amplia mayoría (94%) respondió que "es muy importante que los latinos se vuelvan ciudadanos estadounidenses". Prácticamente el mismo porcentaje (97%) considera que es "muy importante que los latinos se inscriban para votar y que voten".
Pero ahora los mexicanos en Estados Unidos tienen formalmente el derecho de votar en México. La Constitución mexicana fue modificada en marzo de 1997 para permitir que un ciudadano que opte por la nacionalidad estadounidense pueda conservar la mexicana, o bien que pueda recuperarla si la perdió durante la vigencia del ordenamiento jurídico previo. Una reforma constitucional posterior eliminó la restricción territorial para ejercer el voto, permitiendo que todos los ciudadanos mexicanos puedan votar en las elecciones presidenciales. Las leyes reglamentarias que hagan materialmente posible este derecho están aún pendientes de ser redactadas y aprobadas.
Según los artículos 35 y 36 de la Constitución los ciudadanos mexicanos gozan del derecho al voto, independientemente de dónde se encuentren ubicados geográficamente. Para muchos mexicanos en Estados Unidos esto significa una oportunidad potencial de incorporarse o reincorporarse a la vida política de su país. Un número importante de mexicanos residentes en el extranjero tiene la voluntad y el deseo de votar en las elecciones nacionales, y la eventualidad de poder hacerlo en las elecciones del 2 de julio de 2000 generó una gran expectativa.
La oportunidad de votar en las elecciones presidenciales implica, sin embargo, un dilema difícil de resolver. Para muchos otros mexicanos inmersos en un proceso lento y tortuoso de incorporación a la vida social y económica de Estados Unidos, los trámites para la obtención de la ciudadanía norteamericana tienen prioridad. Para ellos queda relegada a un segundo plano la posible participación política en los asuntos de México. Adicionalmente, un grupo relativamente más reducido de mexicanos e hispanos ha optado por gozar de la doble nacionalidad y hacer explícita, de ese modo, su doble lealtad.
El movimiento a favor del voto de los mexicanos en el extranjero es, pues, parte de un fenómeno social más complejo. La posibilidad de que los mexicanos residentes en Estados Unidos —que forman parte importante de la comunidad hispana— puedan ejercer sus derechos ciudadanos en México y votar en las elecciones presidenciales puede llegar incluso a contraponerse con el esfuerzo por incorporarse plenamente a la sociedad norteamericana. Por otra parte, al votar cada seis años en las elecciones presidenciales reafirman sus vínculos con México. Crean, además, un cuerpo de ciudadanos informados e interesados en los asuntos políticos nacionales, y una fuerza (al menos moral) de presión permanente para que el gobierno actúe con vigor en la defensa y protección de sus intereses.
El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus ciudadanos residentes en el extranjero, pero esto lo pone inevitablemente en un curso de colisión con la política de inmigración de Washington. Más conveniente le resulta al gobierno que los mexicanos en el otro lado de la frontera opten por asimilarse —primero legalmente y, después, social y culturalmente— a la nación vecina. En una visita a la ciudad de Chicago en 1996, el actual director del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Carrillo Castro, señaló en este sentido que "la mejor defensa que los mexicanos tienen en Estados Unidos son los beneficios de la ciudadanía estadounidense".3
En esto hay una coincidencia con los esfuerzos del lobby hispano por fomentar y facilitar el acceso de los mexicanos a la política estadounidense —como votantes y candidatos. Con su estrategia buscan abrir espacios en la política electoral de Estados Unidos, reafirmando el lugar de los hispanos como ciudadanos estadounidenses. Hace unas semanas MALDEF,4 una de las organizaciones hispanas más influyentes, presentó una demanda en contra del gobierno de Cicero, un suburbio de Chicago, por haber impuesto requisitos de residencia para participar en las elecciones locales que, en la práctica, limitan a los ciudadanos de origen mexicano.5
El esfuerzo por promover la participación electoral de los hispanos en Estados Unidos se contrapone en parte al movimiento de los mexicanos en el extranjero a favor del voto en México. Se trata de dos proyectos distintos dirigidos a sectores similares, aunque no necesariamente idénticos, de la población hispana o mexicana. Diversas organizaciones con programas y objetivos diferentes compiten por el mismo público y, por lo tanto, tienden a sustraer o incluso agotar la energía política que existe en las comunidades de mexicanos.
Según el INEGI, que lleva a cabo los censos de población cada diez años en todo el país, en un pequeño pueblo del estado de Puebla, en Chinantla, viven 2,356 personas. Los viejos del pueblo dicen, sin embargo, que siete de cada diez habitantes andan fuera. De éstos, en realidad la mayoría se gana la vida en Nueva York y son parte de los muchos mexicanos que por razones distintas —de carácter económico o social— han tenido que radicar, sin perder su nacionalidad mexicana, temporal o permanentemente en otro país. El Instituto Federal Electoral (IFE) ha calculado6 que existe un universo de aproximadamente diez millones de ciudadanos mexicanos en el extranjero con derecho formal a votar. Alrededor del 99% de ellos se ubica en un solo país, Estados Unidos y, dentro de ese país, la mayoría (84%) en sólo cinco estados (California, Texas, Arizona, Illinois y Nueva York) y en un número relativamente pequeño de condados de esos estados.
En enero de 1995 los dirigentes de los partidos políticos y el presidente de la República, Ernesto Zedillo, suscribieron un acuerdo político que versaba sobre diversos temas de la reforma política, incluyendo un proyecto para "el voto de los mexicanos en el extranjero". Poco más de un año después, en agosto de 1996, con la concurrencia de todas las fracciones parlamentarias que integraban el Congreso de la Unión, se reformó el artículo 36 de la Constitución y, en noviembre de ese año, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). En su artículo 8o transitorio, el Cofipe estableció la obligación de realizar un estudio de carácter objetivo en el que se determinaran las formas para la organización de las elecciones en el extranjero. En su estudio el IFE concluyó que "es técnicamente viable" dicho proyecto, y que existen seis modalidades básicas, incluyendo el voto en casillas ordinarias con listado nominal o en casillas especiales sin lista de votantes, o bien a través del voto a distancia por correo o incluso teléfono.
El proyecto, sin embargo, no prosperó en el Congreso de la Unión, donde las posiciones políticas encontradas de los partidos impidieron que se llevara a cabo la reforma legislativa necesaria para concretar el derecho al voto en el extranjero. Pero, aun así, como resultado del trayecto recorrido, se ha elevado el nivel y se han enriquecido los términos del debate sobre la posibilidad futura de volver realidad este derecho.
Las conclusiones técnicas del estudio del IFE resuelven la mayor parte de las interrogantes en materia de organización, logística y vigilancia del proceso electoral que existían en un principio. Quedan ahora por resolver preguntas más complejas y profundas sobre la política y la moral en la relación que debe existir entre el Estado mexicano y un grupo muy grande de sus ciudadanos que, por distintas razones, han tenido que ir a trabajar o a vivir en otros países, principalmente en Estados Unidos.
Un ciudadano tiene el derecho a optar por la ciudadanía de otro país, renunciando, si así lo desea, a su nacionalidad original. Se trata de un derecho humano. Pero el Estado nacional al que pertenece el ciudadano está obligado a defenderlo —en todo momento y en todo lugar— como a todos sus demás ciudadanos, mientras conserve su nacionalidad. El dilema sobre el vínculo político y legal de los mexicanos en el extranjero con México o con Estados Unidos es, por lo tanto, un asunto que deben resolver, en forma voluntaria y autónoma, los propios mexicanos en Estados Unidos, no el gobierno mexicano. Ellos pueden elegir conforme a sus derechos consagrados en la Constitución y a las leyes que rigen en su lugar de residencia; el Estado mexicano, en cambio, no puede renunciar a la obligación de velar por sus ciudadanos.
La existencia de muchos millones de mexicanos que viven permanente o temporalmente en Estados Unidos es parte de la realidad que caracteriza a México como país. Es por ello que el debate sobre el voto de los mexicanos en el extranjero tiene que ver con la responsabilidad que tiene (o debe tener) el Estado mexicano con una parte importante de su población que, además, contribuye de una manera muy importante, en térmi-nos sociales, culturales y económicos, a la definición de México como nación. –
