En nombre de la seguridad, el Congreso estadounidense ha aprobado una serie de leyes contra el terrorismo que atenta contra las libertades individuales. Naief Yehya comenta esa legislación.
Nada es más maleable que la conciencia de un pueblo asustado. En pocas ocasiones en la historia un gobierno estadounidense ha aprovechado con tanta eficiencia el trauma que haya sufrido la sociedad entera como lo ha hecho recientemente George W. Bush. El gabinete de este mandatario ha utilizado los atentados del 11 de septiembre para imponer una agenda política beligerante y paranoica que, en nombre de la seguridad, está dispuesta a decretar nuevas restricciones, fortalecer los mecanismos para vigilar a la población y sacrificar libertades civiles. La primera reacción ante los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono fue lanzar una guerra punitiva en contra de una red terrorista internacional, su líder y el gobierno que los apoya y protege, con la promesa de que las represalias se extenderán a todo Estado y organización que ofrezca ayuda a los "terroristas".
Aparte de las bombas y el bloqueo financiero en contra de organizaciones, grupos e individuos sospechosos de patrocinar milicias enemigas de los Estados Unidos, Bush aprobó el 25 de octubre una legislación contra el terrorismo consistente en una serie de medidas que, entre otras cosas, ampliarán drásticamente el poder de las dependencias estatales para conducir tareas de vigilancia electrónica, además de que hará aumentar las condenas de prisión de los terroristas, permitirá arrestar sin cargos a los inmigrantes y tratará de limitar las operaciones de lavado de dinero. Esta legislación ha vuelto ilegal poseer sustancias que se puedan usar para fabricar armas biológicas o químicas, simplificará las condiciones para que las agencias policiacas y de inteligencia compartan información y volverá más fácil que los juces autoricen intervenir las líneas telefónicas u otras comunicaciones electrónicas. Las leyes, que se presentaron como herramientas para luchar contra el terrorismo, fueron aprobadas al vapor por 98 votos contra uno en el Senado, y por 356 contra 66 en la Cámara de Representantes.
El principal problema de este conjunto de mandamientos consiste en que son extremadamente amplios y, más que ofrecer mecanismos para infiltrarse en las células de militantes dispuestas a la acción violenta, proveen los medios para acosar a todo individuo u organización que tenga vínculos, aunque sea remotos o casuales, con cualquier grupo acusado o sospechoso de terrorismo.
Desde que explotó la popularidad de internet, a mediados de los noventa, numerosos gobiernos (desde los saudís hasta los alemanes, pasando por los de Bután y Zambia) han buscado la forma de controlar y sancionar este nuevo y versátil medio de comunicación. Hasta el 11 de septiembre, la mayoría de las iniciativas de vigilancia, censura y filtrado toparon con una férrea resistencia por parte de usuarios y defensores de la privacía y los derechos civiles. Pero después de los sanguinarios ataques, los ánimos libertarios se enfriaron, y una serie de leyes que se habría repudiado como represivas el 10 de septiembre son hoy una realidad y han sido "vendidas" al público estadounidense como recursos patrióticos.
La conexión entre los sucesos del 11 de septiembre e internet parece meramente circunstancial. Se basa en el muy promocionado hecho de que algunos de los terroristas compraron los últimos boletos de su vida en el popular sitio travelocity.com, además de que eventualmente utilizaban cuentas gratuitas de correo electrónico y supuestamente se comunicaban mediante mensajes encriptados. A las pocas horas de los atentados, numerosos políticos y expertos especulaban, sin pruebas y ante las cámaras de televisión, que un ataque semejante tan sólo podía haberse llevado a cabo aprovechando el potencial de los medios de comunicación electrónicos, y la mayoría declaraba indispensable establecer nuevos mecanismos de control y vigilancia en internet. Estas voces tuvieron impacto, ya que la legislación antiterrorismo permite que el fbi y otras dependencias tengan acceso a los registros de compras, búsquedas y transacciones en línea, así como al correo electrónico, los mensajes en chats y las bitácoras de los websites visitados por cualquier cibernauta, no solamente los sospechosos. Históricamente, cuando la policía no sabe a quien vigilar, la tendencia es que vigile a todos.
El 13 de septiembre, el Congreso aprobó la Propuesta de Ley para Combatir el Terrorismo de 2001, la cual disminuye los estándares legales necesarios para que el fbi utilice su tristemente célebre sistema de vigilancia Carnivore (reciente y pudorosamente rebautizado "DCS1000"), el cual puede analizar el tráfico de correo electrónico de un servidor en busca de palabras, temas y frases sospechosas. Si bien es probable que sistemas como Echelon ya se utilicen para intervenir comunicaciones electrónicas masiva e indiscriminadamente, esta legislación viene a hacer que el espionaje a gran escala, y el estado de vigilancia permanente, se conviertan en algo no sólo inevitable, sino también "aceptable". Por desgracia, los legisladores estadounidenses se han dejado convencer por la lógica de que la mejor forma de salvar las libertades amenazadas por los ataques del 11 de septiembre consiste en suprimirlas indefinidamente. –
(ciudad de México, 1963) es escritor. Su libro más reciente es Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra (Tusquets, 2008).
