El problema de la iniciativa de ley de la bancada panista del Congreso de Guanajuato para penalizar el aborto incluso tratándose de mujeres violadas no es, como ha repetido todo mundo, un problema de imagen del nuevo gobierno, ni una torpeza política, ni mucho menos una desafortunada acción legislativa que opaca una exitosa gira internacional del presidente electo (de hecho, Vicente Fox y el PAN a nivel nacional ya se han desmarcado del asunto, aunque no al grado de intervenir directamente para regresar la ley a su estado anterior). El problema aquí son las mujeres de Guanajuato. Sólo una mente integrista y fanática puede obligar, bajo la amenaza de cárcel, a una mujer que ha sido violada a gestar forzosamente. La violencia privada del violador correspondida con la violencia punitiva ejercida por el Estado. La procreación es el acto supremo de la naturaleza; la violación, la más execrable de las conductas humanas. Para la inmensa mayoría de las mujeres, ambos estados son incompatibles. Un país de hombres y mujeres libres no puede construirse desde la transformación de la moral privada en obligación pública.
El Papa Pío XII, quien no pasará a la historia por ser precisamente un liberal o un reformista, le permitió el aborto a un grupo de monjas italianas violadas en 1943 por soldados alemanes en su retirada a Berlín. Muchos católicos creen en el derecho de decidir, y la mayoría de los países de población católica permite el aborto en esas circunstancias. Pero si en el mundo católico el debate es amplio, y con más matices de los que se suele creer: ¿por qué imponer a toda la sociedad la estrecha visión de una parte de la grey católica?, ¿acaso la ley anterior le impedía a la mujer convencida la posibilidad del alumbramiento?, ¿alguien en su sano juicio se imagina al Estado llevando a la cárcel a una adolescente violada que acaba de ser descubierta en una clínica abortiva ilegal?
México es un país mayoritariamente católico en donde, salvo con dos atenuantes, el aborto es un delito. En México, las mujeres abortan. Puestas a decidir entre la traición a su credo y su libertad de decidir sobre su propio cuerpo, las mujeres optan por lo primero. Practicado durante las primeras doce semanas, y bajo control médico, la interrupción del embarazo es una práctica de cero riesgo. Fuera del control médico, sin condiciones sanitarias apropiadas o con métodos caseros, el aborto es una práctica que puede conllevar la esterilidad cuando no la muerte. Sólo las mujeres pobres y sin recursos acuden a los abortos de alto riesgo. Esto es un hecho cotidiano, un problema de salud pública real, una tragedia que sucede todos los días en nuestro país. Por ello, y más allá de juzgar su oportunismo político, es que resulta encomiable la iniciativa de Rosario Robles aprobada por la Asamblea de Representates del Distrito Federal en un controvertido periodo extraordinario de sesiones (última oportunidad del PRD de usar su mayoría absoluta para modificar algunas leyes a la conveniencia de sus fieles, como por ejemplo en el uso de suelo en zonas de reserva ecológica invadidas por fieles del partido del sol azteca), para aumentar a cuatro las causales del aborto legal en la Ciudad de México.
El presidente electo tiene autoridad moral en el estado en que gobernó e influencia política en su partido para cerrarle el paso —hoy, ya, ahorita, en este instante, mañana es tarde, ipso facto, para ayer— al estado-ayatola que los legisladores del PAN quieren construir en Guanajuato. Pero aun en el caso de que no queramos exigirle al presidente algo que escapa a sus atribuciones legales, mal de los presidentes por décadas en la era del PRI, lo que sí podemos pedirle es que abra una etapa de reflexión seria, con información científica y médica confiable, sobre el tema, lejos del chantaje moral absurdo y ridículo de la jerarquía católica y de la propaganda de extrema derecha encarnada en grupos como Provida. La sociedad civil ya lo está haciendo. La mejor prueba de ello son agrupaciones como la revista Epikeia, bajo la guía de Isabel Vericat, o agrupaciones como la que encabeza Marta Lamas. El principio del debate debe ser este: a ninguna mujer le gusta abortar, pero el aborto es una realidad social y un alarmante problema de salud pública . –
(ciudad de México, 1969) ensayista.
