Rojo amanecer logró transportarnos a la masacre de Tlatelolco sin necesidad de mostrar imágenes de la matanza. Como toda buena ficción, se valía de una metáfora para simbolizar el esperpento gubernamental: la vida familiar en un departamento de la unidad habitacional y cómo es literalmente triturada por la violencia. De la Plaza de las Tres Culturas tan solo los gritos, el estruendo de las armas y una bala solitaria que se incrusta en una ventana del departamento de la familia protagonista. La avidez con que se vio esa película, primera vez que se autorizaba una crítica radical al gobierno por esos hechos, influyó en la transición y la alternancia. De esa magnitud es el poder de la imagen cuando toca las fibras sensibles de una sociedad. Por eso se permitía la lectura de La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, mientras se censuraba el filme de Julio Bracho.
Presunto culpable está teniendo un impacto equivalente, si no mayor, a la película de Jorge Fons. Con una diferencia importante, que habla a favor de nuestra democracia: Rojo amanecer fue tolerada por las autoridades y Presunto culpable es alentada por ellas. Apoyada por instituciones públicas y privadas de México y el extranjero, con el respaldo de un empresario de la solidez de Manuel Arango, con el aval moral de una persona como Alejandro Martí, celebrada en los medios masivos de comunicación en un arco que va de Carmen Aristegui a Joaquín López-Dóriga, el consenso que ha suscitado esta película es también inédito. Premiada en una decena de festivales de cine en el extranjero, en México ganó premios en Morelia y Guadalajara y es el documental más visto de la historia. En marzo fue el tema de portada de Nexos, Gatopardo y Este País, con aplauso unánime (en Letras Libres publicamos una reseña favorable en febrero). Los columnistas de la prensa se han quedado sin adjetivos para elogiarla. Los conductores de radio y televisión, sin voz de tanto pregonarla. Sus creadores, Roberto Hernández y Layda Negrete, han sido entrevistados por medio mundo. El exonerado José Antonio Zúñiga debuta en la música con el soundtrack de la película.
La tesis del filme es inobjetable: en México la justicia no funciona. La presunción de inocencia, precepto constitucional, no se cumple. Las cárceles están llenas de inocentes. La policía judicial y el ministerio público son incapaces de llevar a cabo una investigación honesta y documentar un delito. Los acusados no ven a su juez. El estímulo económico para detener y procesar sospechosos invita a la fabricación de culpables. Contradecir al ministerio público tiene un costo mayor para un juez que darle la razón con una sentencia condenatoria. Como dijo el abogado Antonio Caballero, director de la División de Asuntos Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), en entrevista con Yaiza Santos en nuestro blog Otras voces (7 de octubre de 2009), “pareciera que el sistema penal fuera una línea de producción, y una vez que el individuo está sentadito en la banda, adiós: los demás se van a dedicar a ponerle el tornillo que le falta y la cadena va a desembocar en la cárcel”.
¿Cómo oponerse a una película que desnuda la situación calamitosa del sistema judicial y penal? Criticar Presunto culpable puede ser leído, naturalmente, como una defensa del statu quo del aparato judicial mexicano, que apesta. Además, Roberto Hernández, codirector de la cinta, contribuyó decididamente a la reforma judicial del 2008 que incluyó, entre otras muchas cosas, una reforma constitucional y la instauración en México de los juicios orales, con plazo máximo para su puesta en práctica para el 2016. El propio Hernández, en una entrevista con Azul Aguiar para Milenio Semanal (6 de marzo de 2011), explica el proceso que hizo posible la reforma, en la que fueron claves su cortometraje anterior, El túnel; el trabajo de un grupo de expertos en temas de justicia del cide, encabezados por Ana Laura Magaloni; Renace, la organización de Ernesto Canales dedicada a defender a personas de bajos recursos injustamente procesadas; la Red de Juicios Orales, y un importante cabildeo con figuras clave de la política mexicana, incluida la diputada por Convergencia Layda Sansores Sanromán, ex senadora del pri, ex integrante del prd, dos veces candidata a la gubernatura de Campeche, pieza singular de la campaña de López Obrador a la presidencia en el 2006, hija de un célebre (y temido) líder del pri y madre de Layda Negrete, coautora de la película y esposa de Hernández:
Después de eso, nos cambiamos a Berkeley para estudiar el doctorado. Y la discusión sobre cómo entrarle al asunto de una reforma constitucional empezó sin mí: un buen día abrí el periódico y me di cuenta que la Red de Juicios Orales había presentado una propuesta de reforma constitucional en el Congreso. Y entonces dije: “Pero por qué no me mandaron copia de la propuesta por si yo tuviera algún comentario” […] Pedí que me mandaran el texto, pero no me lo mandaron. Afortunadamente mi suegra trabajaba en aquel entonces como diputada federal, y me consiguió el texto de la reforma […] Lo leí y no me gustó […] Entonces le hablé a mi suegra y le dije: “¿Qué pasaría si presentamos una propuesta de reforma a través de Convergencia?”
A la reforma también ayudó, si no Presunto culpable como la conoce hoy el público, sí la cinta en fase de elaboración, como cuenta Hernández en la misma entrevista:
Incluso hicimos una cosa que no se hace normalmente: a la propuesta le pusimos fotografías de un caso que me acababa de llegar, el de Antonio Zúñiga, que yo había empezado a videograbar desde entonces […] Yo creo que nunca se había intentado ese nivel de lobbying.
Hernández tampoco tiene empacho en declarar que ¡el redactado del artículo 20 constitucional es un copy-paste de un texto suyo!, empeorado, dice en la conversación con Aguiar, por quien lo presentó dentro de la Comisión de Justicia, el abogado Carlos Ríos (que asesoraba a César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión).
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Una de las pocas personas que han externado una crítica a la película ha sido Fernando García Ramírez en nuestro blog de cine (3 de marzo de 2011), donde reprochaba que un documental no tuviera en cuenta a la víctima del delito y sobre todo que no presentara de manera objetiva y veraz el caso. Hernández le contestó desde la página, en Facebook, de la “causa” en contra de la presunción de culpabilidad en México (corrijo ortografía):
Mantienes sobre Presunto culpable expectativas burdas y absurdas. Esperas de esta cinta lo que te ofrecería un reportaje (sobre el cual se exige que haya una especie de balance, y equilibrio de posturas encontradas –un malabar casi imposible en el que con frecuencia el periodismo se pierde). Un malabar que en una sala de cine sería desastroso e imposible de sostener durante 90 minutos. Un malabar que sería imposible que convocara a más espectadores que El fraude, de Mandoki, cuyo récord de venta de boletos ha sido roto ya por Presunto culpable.
Pero Presunto culpable no es un reportaje. Presunto culpable es una película. Sucede que su género es el documental (es decir, el material del cual la cinta está hecha es real, no hay actores). ¿Qué es una película? Una película es un relato. Un relato es una narrativa con un punto de vista. En este caso, Presunto culpable te coloca en los zapatos de una persona inocente, acusada injustamente de homicidio.
Dejemos de lado el regodeo con el éxito económico de un proyecto que nace con otros fines. Qué decir del uso “artístico” de un caso judicial donde hay un muerto, Juan Carlos Reyes Pacheco (cuya familia protestó contra la película en una carta glosada en La Jornada del 17 de febrero de 2011), y un testigo, Víctor Daniel Reyes Bravo, menor de edad en el momento de los hechos, que se ha amparado contra su exhibición por el evidente daño que esta ocasiona a su imagen. Y ahora resulta que se trata de una “narrativa con un punto de vista” y que buscar la verdad es un “malabar” imposible. ¡Pero si con parte de lo grabado se consiguió la libertad de un ciudadano condenado a veinte años de cárcel! ¡Pero si a la premier asistió Margarita Zavala, la esposa del presidente, como un gesto de apoyo del gobierno federal a la tesis del documental! ¡Pero si el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, ha anunciado que los juicios en el Distrito Federal serán filmados! Las consecuencias de la película no terminan ahí. Y todas son buenas y parecerían confirmar que José Antonio Zúñiga Rodríguez es inocente: el juez que lo juzgó, Héctor Palomares Medina, está siendo investigado por casos anteriores; la fiscal del ministerio público Marisela Miranda Galván ha sido enviada a unos cursos de capacitación, y el comandante de la policía judicial que lo detuvo, José Manuel Ortega (hoy jubilado), de quien se dice que liberaba a sus hijos de las acusaciones de robo de autopartes en las inmediaciones del hospital La Raza, donde trabajaban de franeleros hasta que fueron capturados en flagrancia (portada de Reforma del 13 de marzo de 2011).
Caray, yo pensaba que estábamos ante un reportaje fílmico realizado por dos honestos abogados que usan la cámara para revelar las taras del sistema de justicia mexicano, y no ante el más nuevo (y exitoso) de los cineastas mexicanos. Pero de nuevo, ese no es el problema. De hecho, Presunto culpable es una película muy buena, emotiva, convincente. No sé qué tanto habrá tenido que ver la presencia de Geoffrey Smith, documentalista australiano de la bbc que aparece en los créditos del filme como codirector, pero, viendo la susceptibilidad de Hernández ante la crítica, estoy convencido de que mucho. Nadie con el repentino ego de artista de Hernández compartiría crédito por la puntual ayuda de un profesional. Hernández pretende refutar la crítica de García Ramírez amparado en algo que no pudo hacer él solo: construir una narrativa convincente. Ahora bien, ¿se vale omitir información para construir una narrativa? ¿Y qué pasaría si lo que vimos no es toda la verdad?, ¿qué pasaría si se presentaron trucadas levemente algunas cosas?, ¿qué pasaría si la edición está hecha para favorecer en el espectador un punto de vista? Peor aún, ¿qué pasaría si la presentación del expediente legal no es objetiva? El problema, pues, es que no estamos ante una pieza de ficción que funciona de manera simbólica o metafórica, como Rojo amanecer, sino ante una película documental basada en hechos, en personas de carne y hueso, en un expediente y en un caso judicial que sí existen. La pregunta clave es: ¿se vale el engaño cuando se trabaja con la realidad?
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Sin pretenderme un nuevo Philip K. Tompkins, que en Esquire de junio de 1966 demostró todas las mentirijillas en las que incurrió Truman Capote al escribir A sangre fría, probando de paso que su cacareada (y novedosa) non-fiction novel era en realidad una novela como las otras, yo he detectado en Presunto culpable algunas faltas e imprecisiones.
Sin ser grave, los abogados Hernández y Negrete no dicen que son marido y mujer, problema que arrastran desde el cortometraje El túnel, donde Layda Negrete aparece entrevistada como La experta del cide.
En ningún momento se informa a los espectadores que ya se realizó la reforma penal, que los juicios orales en México son hoy ley y que ellos estuvieron involucrados en ese proyecto, que contó con el aval de 71 senadores de la república por 25 que votaron en contra.
Las cifras estadísticas, bien citadas en El túnel, son recicladas sin aclarar su procedencia hasta los créditos finales, de manera que el espectador no sabe si se refieren a la justicia federal o a la local, en qué año se recogieron y de dónde proceden, cuál es el tamaño de la muestra, cuál su margen de error, etcétera.
(Ya dijo Mark Twain citando a Benjamin Disraeli que existen tres clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas.)
Si lo que les interesaba era contar la historia de Toño, por qué nunca le preguntan cuál era ese problema “gigantesco” –“me siento tan agobiado y tan mal”– que le había hecho pedir a Dios, una semana antes de entrar en prisión, que lo matara o lo metiera en la cárcel. No conozco a ningún católico que le pida a Dios un castigo. Se pide ayuda, se pide perdón, a menos que sientas culpa de algo igualmente “gigantesco”. ¿Conocen a muchos inocentes que le pidan a Dios que los mate o los encarcele?
Se ilustran algunas escenas de la película con imágenes de un videoclip casero de Toño antes de entrar en la prisión. En él, aparecen el protagonista y algunos “amigos” en callejones de Iztapalapa portando armas de grueso calibre, cantando un rap que habla de “matar a alguien”, “dejar su cuerpo destrozado” y si un “testigo te ve”, “mala suerte para él”. No está claro si el video incluye escenas añadidas por los directores del filme, pero sí que, por la calidad extraordinaria de la música y el sonido, fue grabada sobre las viejas imágenes una nueva pista sonora. En cualquier caso, Toño, para dar rienda suelta a su creatividad, y como les pasa a muchos cantantes de rap, pudo conseguir que algunos amigos se disfrazaran de pandilleros de Iztapalapa y accedieran a actuar, junto a él mismo, en unos oscuros callejones, con armas y con actitud de matones de barrio. ¿Qué demuestra esto? Nada, salvo algún tipo de vínculo con la ilegalidad para conseguir las pistolas.
Cuando la película empieza, se pasan a velocidad de vértigo distintas fojas del expediente de Zúñiga, para al final formar el título de la película entresacando las palabras “presunto” y “culpable” de la sentencia. Si uno tiene la suerte de contar con un dvd de prensa de la cinta y cierta paciencia, puede parar la proyección de cada uno de esos documentos, aunque no todos se leen con claridad y no todos parecen completos (de hecho no aparecen para ser leídos) y descubrir algunas cosas interesantes a las que volveremos. Entre ellas, una hoja con los datos básicos de Zúñiga. Cuatro cosas me llaman la atención: que vive en unión libre con su novia Eva Gutiérrez, que no recuerda el nombre de su padre ni sabe si vive o no, que sus apodos son “el Toño” o “el Largo”, que vive en la calle Vida Florida en el Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y que sus estudios terminaron en la secundaria. En 2003, El Universal publicó, en dos partes, un reportaje de Yetlaneci Alcaraz (29 y 30 de septiembre) sobre las bandas en Iztapalapa. Desde su perspectiva, el sitio más peligroso de la demarcación es justamente el D. U. Quetzalcóatl (por lo tanto, uno de los lugares más inseguros de la ciudad de México), donde están registradas más de quince bandas y más de diez narcotienditas. El reportaje explica el modus operandi de los grupos, el uso que hacen de la bicicleta, la importancia de contar con un menor a cargo del arma para evitar ser incriminados los adultos, el control territorial que ejercen, la omertà de los vecinos y, sobre todo, los nexos con el crimen organizado en mayor escala, en el robo de autos y la venta de droga. El perfil de un miembro de esta banda es el de un joven sin estudios superiores y criado en un hogar sin figura paterna, que tiene como tapadera algún negocio menor, generalmente en el comercio informal. La banda más peligrosa de la Quetzalcóatl (por lo tanto, una de las bandas más peligrosas de la ciudad) es la de Los Rappers, cuya seña de identidad es la música de rap. El apogeo de la banda coincide con la grabación del video de Toño. ¿Esto lo hace culpable? Desde luego que no, y no me interesa conocerlo. Y es lógico que los documentalistas ni lo investigaron ni tenían por qué saberlo. La falta, en todo caso, recaería en la fiscal, que debió haber hecho “su chamba”, y en los policías judiciales. Pero son coincidencias estremecedoras, típicas de los enredos de la realidad, no de la ficción.
(Una breve digresión. Iztapalapa tiene la incidencia, en delitos reportados, más alta de la capital (cfr. “Modelo para el estudio de la inseguridad pública: el caso Iztapalapa” de José Arturo Yáñez Romero y el estudio del icesi “Iztapalapa: referentes de identidad social”). Y, sin embargo, el número de asesinatos por cada cien mil habitantes es más bajo que el promedio y tiene un cifra no mala, en términos estrictamente comparativos, de menos de quince por cada cien mil habitantes, guarismo mejor que el promedio de casi cualquier país de América Latina hoy y de muchas ciudades de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Una hipótesis en la línea de Fernando Escalante Gonzalbo: la policía local tolera la delincuencia, si no es que forma parte de ella, pero tiene trazada una línea roja: “no matarás”. Roba y móchate, trafica y móchate, extorsiona al comercio y móchate, pero, si matas, voy por ti. Adicionalmente, Iztapalapa es el lugar de residencia de un porcentaje importante de los policías preventivos y de los judiciales de la ciudad, ya que sus ingresos legales no les alcanzan, ni de cerca, para otros barrios y delegaciones. Esto refuerza la idea de que son cómplices pero con límites.)
Para los espectadores de la cinta son tres los hechos que exculpan a Toño, más allá del caso judicial en sentido estricto y del expediente, que nunca se muestra:
1. Toño trabaja todos los domingos en el tianguis de la Polvorilla, atendiendo un puesto de su propiedad de venta de videojuegos y de arreglo de computadoras, y tiene muchos testigos que así lo certifican. De hecho, en la película vemos el puesto en varias ocasiones, siempre el mismo día de filmación (lo cual podemos inferir por la vestimenta de las personas que aparecen). Ese puesto de la película es un imposible metafísico en la realidad: si Zúñiga trabajó el domingo 11 de diciembre de 2005, ese mismo día lo recogió y no pudo volverlo a colocar, ya que al día siguiente fue detenido. En ese caso, o bien los “abogados con cámara” lo montaron antes de que Toño fuera exculpado para presentarlo como prueba o bien lo hicieron una vez que Zúñiga salió del Reclusorio Oriente. En ninguno de los dos casos se nos cuenta toda la verdad.
Curiosamente los tres testimonios recogidos en la película son de locatarios fijos y no de otros tianguistas. ¿Se montó el puesto un día no domingo?, ¿abren los negocios establecidos ese día? Todos ponen énfasis en la hora en que deja el puesto: las seis, seis treinta de la tarde. ¿Sigue abierta a esa hora en diciembre, a diez días del solsticio de invierno, una tortillería? Además, Toño se dedica, aparte de vender videojuegos sin factura, a reparar computadoras a domicilio. Eso incluye la lógica natural del desplazamiento y el no cumplir ni un horario fijo ni una presencia constante en el puesto. ¿El Acuario Torres abre los domingos? ¿Pone sus peceras en la calle todos los días o solo el domingo para evitar que le ocupen la banqueta de su local establecido los ambulantes? Si es así, ¿por qué la comparte con un vendedor de videojuegos? ¿Montaron el puesto de Toño y las peceras de Torres? ¿Hace esto de nuevo culpable a Zúñiga? Desde luego que no, yo no soy fiscal. Pero, ¿es ético que dos abogados que han logrado reformar la Constitución mexicana monten un puesto para exculpar a alguien?
2. La prueba de Harrison o del rodizonato de sodio: Toño no pudo disparar el arma ya que salió negativo en ella. De hecho, uno de los grandes momentos de la película es cuando el testigo acusador dice que, en efecto, él no vio quién disparó. Asunto lógico, ya que, si lo hubiera visto, alguna de las cuatro balas que se llevó su primo (información que los espectadores no tienen pero que aparece en la autopsia del caso y que se puede leer parcialmente en la secuencia inicial que ya comenté) habría sido para él. Sale corriendo en mitad de la golpiza y regresa cuando se siente seguro, tan solo para comprobar que su primo ha sido ejecutado. En el cruce de acusaciones en la prensa entre Hernández y la subprocuradora del df Martha Laura Almaraz, quien dice que nunca se acusó a Toño de haber disparado, no queda claro si esto formó parte del expediente o no. En cualquier caso, jurídicamente la prueba es irrelevante, ya que pierde toda su eficacia si no se practica en las primeras doce horas tras el suceso, y a Zúñiga se la aplicaron al menos veinticuatro horas después.
3. La distancia: se nos dice que el crimen, en las calles de Benito Juárez y Fuentes Estelo, ocurrió a cuarenta minutos caminando, ida y vuelta, del mercado de la Polvorilla (¿a qué velocidad?, ¿minutos cerrados o redondeados al alza?, ¿cargando cámaras y con ganas de no llegar o con cierta prisa?). Es decir, a veinte minutos de ida. Es decir, a cinco minutos en bici, es decir, a menos aún en coche. Lo que demuestra esa distancia, en una ciudad como el df, es que el crimen sucede en el mismo rumbo, que el puesto de Toño casi hace esquina con la calle del homicidio (obviamente no con el número, a varias cuadras de distancia) y que todo queda relativamente cerca. ¿Lo hace esto culpable? Desde luego que no. Simplemente, como prueba jurídica, es irrelevante. De hecho, no se presenta en el juicio: es solo para los espectadores de la película. ¿El mapa es realizado una vez exculpado para reforzar la tesis del documental? ¿Es esto una manipulación o no?
Otro punto poco claro de Presunto culpable es la cronología de los hechos. Repasemos: el crimen es el 11 de diciembre de 2005, entre las tres y las tres y media de la tarde. La detención de Zúñiga, el 12 por la mañana (lógicamente sin orden de arresto y con toda probabilidad sin que los judiciales se hayan identificado como tales, como dicen dolosamente en el expediente haberlo hecho y que uno puede colegir por la escena inicial con documentos ya comentada). El auto de formal prisión y su ingreso en el Reclusorio Oriente, el 14 de diciembre (dentro del plazo legal de menos de 48 horas). La sentencia condenatoria a veinte años es del 19 de abril del 2006. Curiosamente, Toño sí conoció al juez que lo juzgó, contra el 93 por ciento de los sentenciados, según las estadísticas de la propia película. Su juicio fue rápido, contra la imagen de una justicia morosa. La confirmación de la sentencia por los tres magistrados de la quinta sala del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, el 15 de junio del 2006.
Hasta aquí, no existen aún los “abogados con cámara” y Zúñiga no es obligado a declararse culpable, tiene un defensor de oficio y uno privado, y cuatro jueces, en dos instancias distintas, piensan que es culpable.
Por el éxito mediático de El túnel, la novia de Toño contacta a Hernández y Negrete, una vez que sabe que la sentencia ha sido confirmada (al menos un día después del 15 de junio del 2006). Tras el contacto telefónico, se citan para ver el caso juntos. Esto tiene que haber ocurrido en junio, julio o agosto del 2006, antes de la salida de Hernández y Negrete a Berkeley para estudiar el doctorado en función pública. Yo creo que esa cita tiene lugar después de las elecciones del 2 de julio, pero no puedo afirmarlo. No me suena lógico que la hija y el yerno de Layda Sansores tuvieran tiempo ante el inminente triunfo de López Obrador.
En ese encuentro, veloz, con la ciudad detenida por la protesta contra “el fraude”, la toma de posesión de las autoridades electas aún en el aire y las maletas listas para irse a California (es una metáfora), concluyen que el caso es una cochinada, que Zúñiga es inocente y que le van a entrar, no para ser sus abogados (el caso casi no tiene salidas legales ya), pero sí para hacerlo público (así se litiga en México: en los medios, no en los tribunales: “difundan esto con quien se pueda, con quien se deje”). Entran en contacto telefónico con Zúñiga en la cárcel. Y el 12 de enero del 2007 lo visitan con cámaras en el Reclusorio Oriente. Si estuvieron en Berkeley ese semestre y en México había tan solo autoridades en funciones, ¿cuánto tiempo les tomó conseguir la autorización para seguir el caso con sus cámaras? La toma de posesión de las nuevas autoridades de la ciudad de México fue el 5 de diciembre de 2006, y el 12 de enero ya están filmando. Es decir, llegaron a México a pasar Navidades en familia y en un santiamén se les abrieron las puertas. ¿Qué saben de este proceso los espectadores de la película? Nada, salvo lo que dicen los propios creadores: que les tomó casi un año conseguir el permiso. Es decir, una pequeña exageración de once meses (¡una exageración de casi un año!). Esto no significa, desde luego, que en esa primera entrada al Reclusorio lleguen hasta las celdas, eso viene después, pero para el espectador ya nada está claro, porque lleva viendo a Zúñiga en la cárcel desde el principio, desde la primera toma del filme.
El espectador no puede seguir su evolución ante la cámara ni detectar cómo va ganando confianza y cómo se robustece su convicción de que es inocente una vez que detecta el poder de quien lo apoya. De la persona que llora tras la reja, en la sala de visitas, al narrar su detención, donde dice ser víctima de un abuso de poder por desconocer sus derechos (una mano se cuela entre los barrotes y lo consuela en el hombro), al Zúñiga empático, dicharachero, de las subsiguientes visitas. Pero eso, insisto, el espectador no puede apreciarlo en su debida cronología.
La creencia de la mayoría de los espectadores es que el abogado sin licencia de Zúñiga, el señor Enrique Ramírez Santiago –irregularidad que permite que se repita el juicio–, es el defensor de oficio, no el abogado privado que la familia de Zúñiga consiguió. Es decir, lo que permite que el caso avance es algo imputable al defensor, no a la parte acusatoria, y esto, aunque no se oculta, sí se vela y produce confusión. En la cinta, además, se ve natural que el juicio se repita, ya que su abogado de oficio no era legal. Esto se refuerza con la mención al final de que pese a su licencia fraudulenta sigue ejerciendo. Por ello, pasa como natural para el que ve la película que, “tras meter unos papeles” y en tres meses, les avisen que el juicio se anula y se debe repetir. Y por eso se percibe como un abuso que les asignen al mismo juez. La cosa no es tan simple. ¿Puede un error de la defensa ser una ventaja? Si eso fuera así, los abogados piratas cotizarían al alza: si me salvas ya la hice; en caso contrario, pido un nuevo juicio por un “error de procedimiento no especificado”. La decisión la tomó el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (detalle que desconocen los espectadores), en sesión privada y por unanimidad. ¿Qué nivel de relaciones debes tener para que eso suceda así de rápido? Eso sí, como la causa de la reposición del juicio no es imputable a las autoridades, el juez a cargo puede ser el mismo. Curiosamente, cuando Hernández le informa a Zúñiga que habrá nuevo juicio, este le pregunta, con evidente miedo, si eso puede significar una condena mayor, y Hernández le informa de que sí, ya que tuvo la sentencia más baja para alguien acusado de un homicidio. La respuesta de Zúñiga, que los espectadores piensan que dice a bote pronto, es: “Pues mira, Roberto, sabes qué, creo que lo que me tiene aquí es el miedo. Miedo a exigir mis derechos, miedo a preguntar qué estaba haciendo mi abogado; entonces, esta vez, no quiero decidir a partir del miedo.” Hipótesis desconfiada e inverificable, pero lógica: ¿alguien le escribió ese parlamento, que se grabó después y se simuló como la conversación telefónica desde la cárcel?
En el nuevo juicio, la fiscal, los policías e incluso el testigo quedan retratados como unos imbéciles por tener la estrategia, en un juicio en que lo importante está por escrito, de repetir el mismo expediente y de abstenerse hasta donde la ley lo permite (y no el sentido del ridículo) de hacer nuevas declaraciones. Por ello está bien la reforma y la apuesta por los juicios orales, aunque me da terror, no ya la incapacidad de sustentar una acusación, sino algo más básico: la falta de elocuencia. ¿Están nuestros fiscales preparados para derrotar a un abogado como Rafael Heredia, el nuevo defensor de Zúñiga conseguido por Hernández y Negrete, en un juicio oral? ¿No se abren las puertas para una cascada de absoluciones que pueden poner en la calle a toda clase de delincuentes? (Uno: no digo que sea el caso de la película. Dos: este miedo lo manifestó antes José Ramón Cossío Díaz desde la Suprema Corte.)
Los hermanos Lumière, cuando probaron su invento, no sabían qué grabar ni para qué iba a servir. Por eso, las primeras imágenes del cine son los trabajadores de la fábrica Lumière. Georges Didi-Huberman dice que es la primera (y casi la última) vez que un occidental se comporta delante de las cámaras de manera adánica. Siglo y medio después, el fiscal y el juez del juicio de reposición repiten la experiencia.
Pese a todo, Rafael Heredia, que acepta defender a Zúñiga sin cobrar, no presenta nuevas pruebas en favor de su defendido. Desde luego que la presunción de inocencia es la misma para un juicio ordinario (que no vimos) que para su reposición (que vimos editada) y por ello es el ministerio público o el fiscal el que debe probar la culpabilidad del acusado. En cualquier caso, Heredia (y su equipo) no logra modificar el criterio del juez, que repite su sentencia, probablemente con el recurso del copy-paste. Sin embargo, sí lo logra ante el jurado popular que conforma simbólicamente la audiencia de la película. Por ejemplo, la forma en que es preparado el acusado para los careos es espectacular para el público e inoperante para el juicio. Un acelerado Hernández le dice a Zúñiga que le ha preparado una serie de preguntas: “son preguntas divididas en orden temático, son preguntas cerradas, son preguntas que parten el relato en cachitos muy digeribles para el juez”. Al final, la única recomendación que sí es útil es decirle, a lo Obi-Wan Kenobi: “confía en tus instintos”.
Desde luego piden la inconformidad y el caso vuelve a la sala quinta, la misma que había anteriormente ratificado la sentencia. Entonces, los “abogados con cámara” dejan las cámaras y entran de abogados para reforzar al equipo de Heredia. La tensión es mayúscula. El caso se ha usado en fase previa para una reforma constitucional, le han invertido mucho tiempo y dinero. Han movido todos sus hilos para obtener permisos inimaginables. Y tres jueces van a decidir. Al final, deciden enseñar las escenas del juicio de reposición. No sabemos qué escenas y cómo fueron editadas, ni si es legal el recurso. ¿Vieron las trescientas cincuenta horas de grabación o una edición dolosa? Aun así, y tras ocho horas de discusión, Zúñiga sale libre por dos votos contra uno y por dudas razonables –no inocencia– entre la versión de quienes lo vieron en su puesto y quien lo vio participar de un crimen. Un testigo lo condena, unos testigos lo salvan. Si la tesis es que cualquiera te puede señalar en un coche y vas al tambo, su colofón es que cualquiera puede decir que te vio en tu lugar de trabajo, por ocho horas sin pestañear, y sales libre.
Hay más cosas que hacen sospechar, como que las declaraciones de la novia sobre lo duro que está siendo ir a la cárcel a visitar a Zúñiga las realiza, sin darse cuenta, en tiempo verbal pasado (“pero hubo unas [custodias] muy buena onda”); las imágenes que refuerzan tramposamente el hilo narrativo (decir que en la cárcel solo hay jóvenes, el futuro de México, y acto seguido enfocar a un pobre diablo con cara perdida); ¿es creíble que lleve Toño más de un año durmiendo en el piso de su celda si ese espacio, a todas luces inaceptable y que dice mucho no solo de nuestro sistema penal sino de nuestra sociedad, está reservado a los reclusos nuevos, o fue una nueva licencia para darle dramatismo al caso?; la forma en que boxea Zúñiga, incluido el golpe a la nariz con dos manos (el “golpe pandillero” que te hunde el tabique nasal en el cerebro), y un largo y penoso etcétera que me reservo para no aburrir al personal.
Presunto culpable debería abrir, sobre todo, un debate sobre la conveniencia de filmar o no los juicios penales en México. A propósito de eso, y consultado para este texto, el abogado Inocencio Reyes Ruiz dice:
Si el actual sistema tiene fallas graves y defectos de fondo, la filmación de los juicios penales alejará a los participantes de eso que los penalistas llaman la “verdad histórica”. La publicidad penal no es la filmación y el potencial peligroso que tiene de ser difundida en todos los medios masivos (el país convertido en un jurado de sentencia), sino el hecho de que estén presentes en el proceso y juicio las personas que deben estar (incluyendo los medios de comunicación tomando nota). Ni en los sistemas penales más avanzados del mundo se permite filmar o tomar fotografías indiscriminadamente.
Filmar un proceso o un juicio penal es una barbarie jurídica y moral. Se anulan de entrada derechos tan elementales como la protección a víctimas y ofendidos; pero también, aunque al populismo penal no le guste, se agrede la dignidad del probable responsable. El hecho de que una persona sea probable responsable de un delito no le quita la dignidad de la reserva de su imagen en tanto no haya una sentencia condenatoria.
Presunto culpable da pie a otras discusiones y este es uno de sus méritos: sobre el conflicto entre interés público y vida privada, sobre el concepto de audiencia y juicio públicos, sobre el peso de las imágenes para inducir un criterio, sobre la cultura mexicana del influyentismo, usada incluso con buena intención (como es obvio que tienen los “abogados con cámara”), sobre el consenso acrítico en los medios de comunicación, sobre la necesidad que tenemos los mexicanos de mirarnos a nosotros mismos en todo nuestro horror sin edulcoraciones tipo telenovela (parte de su indudable atractivo), sobre el éxito (y la riqueza) que puede dar el apoyo a “las buenas causas”. Sobre la verdad de las mentiras (en léxico de Vargas Llosa), verdadera riqueza de la ficción, y sobre los peligros de la mentira cuando se habla en y sobre la realidad (lección última del magisterio de Arcadi Espada).
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¿Qué pudo haber pasado? Con los abogados algo muy simple: prefirieron limar las aristas conflictivas y forzar ligeramente los bordes de un caso en que habían invertido tiempo, dinero y relaciones para que sirviera de ejemplo de los males de nuestro sistema legal antes que saber la verdad de los hechos. Hicieron un documental de tesis con un caso fronterizo. ¿Coinci-
do con su diagnóstico de la justicia? Sí. ¿Es útil la película para cambiar ese estado de cosas? Sí. ¿Son honestos al documentar los hechos? Me temo que no, su señoría.
Repito la pregunta: ¿qué pudo haber pasado? En el examen toxicológico practicado a la víctima y a su primo, ambos dieron positivo por cocaína y alcohol. ¿Uno va a visitar un domingo a la hora de la comida a su madrina en ese estado? ¿Pasando por el perímetro de seguridad de la banda del clan 41 a la que le debes dinero por mariguana y sobre lo que ya has sido advertido dos veces? ¿Debes dinero como consumidor o como distribuidor? ¿Luis es un narcomenudista o un intermediario de más peso? ¿En qué mecánica de hechos es posible que vayan juntas cuatro personas caminando y una bicicleta, o esta llegó al momento de la pelea con la pistola? ¿Uno, como comerciante, mataría a un cliente moroso de mariguana por una deuda de consumo particular (es decir, muy poco dinero), perdiendo el negocio y echándose a la policía en contra? ¿No tienes para pagar tu mariguana pero sí para consumir coca, droga mucho más cara?
El testigo dice en todas sus declaraciones que “el Luis”, líder de la banda, del que sabe desde antes que va armado, vive en la calle Mixtecos de Predio Degollado. Que su “tiendita” está junto a la rosticería. La visita por Google Maps la confirma y recuerda paisajes de Materia dispuesta de Juan Villoro: frente a un volcán Yuhualixqui invadido y predios enlodados de los restos del lago de Tláhuac, entre callejones siniestros, paredes grafiteadas, casas de autoconstrucción, coches desvalijados, el fin físico de la ciudad se manifiesta en un lema: “No hay futuro.”
Lo lógico es pensar que la víctima y su primo iban a la guarida del clan 41 a renegociar, y en las inmediaciones fueron interceptados; se arma la gresca, que se sale de control y que acaba con un pistola. Que, al sobrevivir, el testigo sabe quiénes son los asesinos y los denuncia para evitar que lo maten. Que la policía también los conoce a todos y que en plena campaña electoral tiene la orden, la consigna, de capturar a los responsables. ¿O basta con un chivo expiatorio? ¿Es Zúñiga? Nunca lo sabremos. Y no importa: si no se probó que es responsable, debe estar libre. ¿Sabremos alguna vez realmente qué pasó? No lo creo. O sí, pero cuando ya no le importe a nadie, salvo a los deudos del joven asesinado, entre la furia y el ruido de la ciudad de México. ~
(ciudad de México, 1969) ensayista.
