Sairam Rivas tiene veinte aรฑos y suele citar al Che Guevara. Tambiรฉn al prรณcer cubano Josรฉ Martรญ. Estudia cuarto aรฑo de Trabajo Social en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es alta y morena, de labios gruesos y espesa melena negra. Su esplรฉndida figura serรญa perfecta para una estampa de la mujer nueva. Pero no de la llamada revoluciรณn bolivariana.
Es rebelde y contestataria. Miembro del movimiento Identidad Universitaria y de la juventud del partido izquierdista Bandera Roja, fundado en 1970. Milita en las filas del antipoder. Allรญ la encontraron el 8 de mayo pasado. Ese dรญa, a las tres de la madrugada, despertรณ con un fusil en la cara. En cuestiรณn de segundos estaba esposada.
Decenas de militares habรญan tomado la plaza donde acampaba junto a otros cincuenta jรณvenes. Asรญ, en medio de una operaciรณn tipo comando, madrugaron en total 243 muchachos que un mes antes se plantaron en tiendas de campaรฑa en cuatro puntos de Caracas. Demandaban la liberaciรณn de sus compaรฑeros detenidos en manifestaciones.
A decir verdad el gobierno del presidente Nicolรกs Maduro debe haberlos considerado sumamente peligrosos. Aun dormidos. Nada mรกs en el desalojo de uno de los campamentos, cerca de la Plaza Altamira, participaron setecientos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (gnb) en la detenciรณn de ciento veintisiete jรณvenes. En promedio, 5.5 agentes por joven.
Horas despuรฉs eran fichados y pasaban a formar parte de la lista de la Fiscalรญa General, que en junio registraba un total de 3,306 detenidos –cuatrocientos de ellos adolescentes– durante las protestas que se prolongaron por mรกs de tres meses. Todo un rรฉcord que dejรณ un abultado catรกlogo de denuncias de abusos y mantuvo en vela a las organizaciones de derechos humanos.
El exgeneral Miguel Rodrรญguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, dijo que la acampada habรญa sido organizada por “el partido Voluntad Popular y otras organizaciones de jรณvenes de extrema derecha”. Tambiรฉn, que encontraron muchas evidencias –dinero, armas, drogas, bombas molotov, explosivos, pรณlvora– que solo el gobierno puede acreditar. En ese madrugonazo no hubo testigos no oficiales, tampoco prensa independiente.
Los jรณvenes alegan que les “sembraron” pruebas en las tiendas de campaรฑa. Pero no tienen manera de probarlo. Es la palabra del ministro, la de los funcionarios que ejecutaron la operaciรณn, contra la de ellos. Asรญ de simple es la ecuaciรณn de la justicia revolucionaria. Sairam al menos puede probar que no es de extrema derecha pero de nada le sirve.
¿Quรฉ puede esperar esta joven del sistema de justicia de un paรญs donde los poderes pรบblicos danzan en perfecta coreografรญa alrededor del palacio de gobierno? Basta saber que a una joven sordomuda, arrestada en los campamentos, le levantaron cargos por instigaciรณn a la desobediencia de las leyes.
“Uno, que conoce el monstruo judicial desde adentro, sabe que aquรญ lo legal o lo ilegal no importan; lo que importa es la voluntad polรญtica del gobierno. Si te quiere criminalizar lo hace, independientemente de que haya pruebas o no”, sostiene el abogado Gonzalo Himiob, uno de los directores del Foro Penal Venezolano (FPV), ONG que reรบne a mรกs de doscientos abogados.
Dรญas antes, Rodrรญguez Torres acusรณ pรบblicamente a Himiob de estar vinculado a “una conspiraciรณn permanente mediante guerra psicolรณgica y golpe suave”, en un plan que el gobierno denomina “Fiesta mexicana”. Pero esa es otra historia.
De los 243 detenidos en los campamentos la mayorรญa obtuvo esa misma semana libertad cautelar con medidas de presentaciรณn periรณdica en los tribunales. Solo once no han vuelto a pisar la calle desde entonces. Entre ellos, Sairam Rivas. El estado de su cuenta de Twitter sigue siendo: “encarcelada”.
Los primeros dรญas estuvo en la celda de un sรณtano del edificio de tribunales que olรญa a letrina. Allรญ recibiรณ una solidaridad que no esperaba. “Lucha por tus sueรฑos”, decรญa el papelito que le lanzรณ un guardia cuando nadie lo veรญa.
Es la Venezuela donde nada, aunque lo parezca, es uniforme, donde los estereotipos se pueden deshacer asรญ, en un instante. Donde un agente te puede moler a golpes o descargarte su fusil a quemarropa, y otro te puede salvar: “corre, escรณndete rรกpido”. O decirte, mientras espera que anochezca y llegue la hora de actuar, que desearรญa estar del lado de los estudiantes porque su sueldo no le alcanza “para un carajo”.
Enemigos internos
Seis meses despuรฉs de que los estudiantes de la ciudad de San Cristรณbal iniciaran las protestas tras un intento de violaciรณn dentro de la Universidad de Los Andes, el motivo inicial y perenne de su reclamo –mรกs allรก de sus otras demandas– sigue intacto: la inseguridad. Dentro y fuera de las universidades. Y la impunidad con la que se roba, se secuestra y se mata en el paรญs mรกs violento de Sudamรฉrica.
Mรกs allรก de la inflaciรณn anualizada de 60.9% y una insรณlita escasez de alimentos, bienes y medicinas –amรฉn de pรฉsimos servicios pรบblicos– la inseguridad sigue en el tope como el principal problema de Venezuela.
Valga un ejemplo reciente. Una maรฑana de julio, dos hombres fueron asesinados dentro del hospital de la Universidad Central de Venezuela. Uno de ellos estaba en plena intervenciรณn quirรบrgica. El radio de acciรณn de la delincuencia venezolana es, sin duda, ilimitado. Un fenรณmeno ante el que el gobierno ha demostrado su impotencia y el sistema judicial su absoluto fracaso.
Incapaz de satisfacer la demanda de seguridad, y guiado por la lรณgica del combate al enemigo interno, el presidente Nicolรกs Maduro respondiรณ con un manotazo. Y una farsa de diรกlogo que no tardรณ en descoserse. El sucesor ha reprimido cinco veces mรกs que Hugo Chรกvez, de acuerdo al informe “Venezuela 2014: protestas y derechos humanos”, de la ONG Provea. En vez de aliviar tensiones, sumรณ motivos para la protesta: la liberaciรณn de los estudiantes y el cese de la represiรณn.
En ese reclamo, cayรณ Sairam. Ahora comparte con otras cinco manifestantes un calabozo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Mientras espera que un tribunal decida su suerte se refugia en una biblioteca portรกtil en la que hay tรญtulos para varios meses mรกs de encierro: El capital, de Carlos Marx; La ideologรญa alemana, de Marx y Engels; una biografรญa del Che Guevara, otra de Tina Modotti y sus textos de clase.
Desde allรญ, asegura que nunca la atrajo Hugo Chรกvez y que no ha visto ninguna revoluciรณn. “Este no es un gobierno de izquierda, es un gobierno populista que ha usado la aspiraciรณn de cambio genuina del pueblo para mantenerse en el poder, engaรฑรกndolo con un discurso socialista”, me escribe a travรฉs de un tercero porque tiene las visitas restringidas.
Al igual que ella, a mediados de aรฑo, otros ciento diez manifestantes esperaban juicio tras las rejas, segรบn datos del Foro Penal. La Fiscalรญa registraba 148 (incluye tambiรฉn a funcionarios privados de libertad).
La cifra es pequeรฑa en relaciรณn a los centenares de detenidos. Sin embargo, hay casi dos mil manifestantes con las alas cortadas. Sometidos a proceso judicial con medida cautelar de libertad y presentaciรณn periรณdica en los tribunales. Son libres a medias. Tienen encima una espada de Damocles. La edad promedio: veinticinco aรฑos.
“Si se revisan todos los delitos que imputรณ el Ministerio Pรบblico a quienes estรกn privados de libertad y a quienes tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad, te encuentras con que son homicidios, lesiones personales, daรฑos a la propiedad pรบblica y privada, hurto, obstaculizaciรณn de la vรญa pรบblica; acciones que no tienen nada que ver con actividades polรญticas, esas son acciones de delitos comunes”, afirmรณ la fiscal Luisa Ortega a finales de junio.
Toda una sentencia: la protesta como crimen, los manifestantes como presuntos delincuentes.
La funcionaria ni siquiera mencionรณ las dos acusaciones mรกs comunes, mรกs imputadas a los detenidos: instigaciรณn a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes, o apologรญa de hechos que la ley prevรฉ como delito (art. 285 del Cรณdigo Penal), y agavillamiento (asociaciรณn para delinquir, art. 286). Para Ortega, Sairam Rivas no existe.
“Probablemente hay casos en que uno que otro tirรณ una piedra de mรกs o atacรณ con bombas molotov a funcionarios policiales. Eso ni aquรญ ni en ninguna parte del mundo se debe tolerar. Pero lo importante no es la verdad, lo importante es criminalizarte y convertir al proceso en sanciรณn. Lanzarte una red encima. Inmovilizar”, sostiene Himiob.
Nuevas medidas estrechan aรบn mรกs el margen para la disidencia venezolana y criminalizan la protesta. Un delirante decreto municipal que declara a media Caracas “zona libre de fascismo”. Allรญ estรกn las sedes de los poderes pรบblicos: ahora estรก prohibido manifestarse en esa jurisdicciรณn. Y una decisiรณn del Tribunal Supremo de Justicia (tsj), que condicionรณ este derecho a la obtenciรณn de un permiso.
Ademรกs, Maduro creรณ dos nuevas figuras: los Comandos Populares Antigolpe –dirigidos por el capitรกn Diosdado Cabello, jefe del parlamento– para “contrarrestar el golpe fascista con el pueblo movilizado y organizado”; y las Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (begv), con superpoderes policiales.
¿Cรณmo gobernar con medio paรญs en contra y sin carisma? ¿Cรณmo hacerlo en medio de aprietos econรณmicos? El gobierno bicรฉfalo de Maduro y Cabello –a diestra y siniestra del caudillo Chรกvez en su รบltima apariciรณn pรบblica– parece haber hallado la respuesta en el viejo camino de la doctrina de la Seguridad Nacional.
La balanza roja
Sairam Rivas enfrenta cargos por tres delitos: instigaciรณn pรบblica, agavillamiento y uso de menores para delinquir.
“Mi privaciรณn de libertad tiene como base un informe del Sebin que me acusa de dirigir manifestaciones, de hacer ruedas de prensa, de marchar con los estudiantes, de ser militante de Bandera Roja. Todo eso es verdad. Pero estรก dentro del ejercicio de mis derechos polรญticos y civiles. Por lo que la decisiรณn final es estrictamente polรญtica”, asegura.
Su abogado Alonso Medina Roa sostiene que el reporte del Sebin es el elemento mรกs contundente presentado por la Fiscalรญa. No se especifica quรฉ delito supuestamente instigรณ. Tampoco para quรฉ habrรญa utilizado a un menor. “La idea es abultar el expediente para aumentar la pena a seis o siete aรฑos y dejarla encarcelada. Si la pena es de cinco aรฑos o menor tendrรญan que dejarla en libertad con medida cautelar sustitutiva.”
En 2012 Sairam ganรณ la presidencia del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UCV, en la repeticiรณn de unas primeras elecciones saboteadas por grupos violentos que lanzaron bombas lacrimรณgenas dentro de la universidad. Ella cree que su triunfo ha influido en la decisiรณn del tribunal. Durante siete aรฑos la escuela habรญa sido un bastiรณn de los estudiantes progobierno.
Solo trescientos cuarenta jรณvenes de 3,202 han salido de los tribunales con libertad plena y trescientos diecinueve sin presentaciรณn. Segรบn el diario รltimas Noticias, entre los afortunados se encontraba un universitario de dieciocho aรฑos que tambiรฉn pudo haber tenido un futuro prometedor en la revoluciรณn bolivariana: hijo de un gobernador oficialista, exmilitar, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministro de Interior y Justicia.
Su foto, embutido entre dos guardias nacionales en el asiento de una motocicleta –en esa ultrajante manera de trasladar detenidos– volรณ en la red. Arrestado en lo que fue un intento de marcha hasta la Nunciatura Apostรณlica, fue liberado esa misma noche. Los cinco estudiantes detenidos junto a รฉl no corrieron con la misma suerte.
Sairam cuenta los dรญas en un calabozo sin ventanas, donde solo le permiten salir al patio a tomar sol dos veces por semana mientras otros con imputaciones mรกs graves pueden estar viajando en este momento al lado de cualquiera en el metro. Por ejemplo, dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana acusados de homicidio calificado, uso indebido de sus armas y quebrantamiento de principios y pactos internacionales, a quienes el tribunal concediรณ libertad bajo rรฉgimen de presentaciรณn.
Ambos son investigados por la muerte de Geraldรญn Moreno. La estudiante de veintitrรฉs aรฑos estaba al frente de su casa en Valencia cuando recibiรณ una descarga de perdigones a quemarropa, que le vaciรณ un ojo y le destrozรณ media cabeza. La foto, disponible en la red, resulta imposible de mirar mรกs de una fracciรณn de segundo.
De hecho, hay que tener un estรณmago fuerte para revisar con detenimiento los informes de los tratos crueles e inhumanos –con fotos y exรกmenes mรฉdicos forenses incluidos– que han documentado las principales ONG de derechos humanos de Venezuela. Lo mรกs suave es un joven con una canica incrustada en el pรกrpado inferior.
La Fiscalรญa ha abierto 189 investigaciones por tratos crueles, torturas y homicidios contra funcionarios de seguridad. Al 11 de junio solo trece estaban privados de libertad; veintidรณs casos de trato cruel habรญan sido sobreseรญdos rรกpidamente y dos archivados.
Quedaban pendientes dos รณrdenes de captura. Una de ellas contra la maciza funcionaria de la Guardia del Pueblo que noqueรณ a la costurera de 35 aรฑos Marvinia Jimรฉnez por negarse a entregar su telรฉfono. Una secuencia de fotos mostrรณ el momento en que la agente la lanza al piso, se le sienta encima y le golpea la cabeza varias veces con su casco.
Marvinia fue acusada de embestir a su agresora, de instigaciรณn pรบblica, resistencia a la autoridad, daรฑo a la propiedad privada y obstaculizaciรณn de la vรญa pรบblica. Estรก en libertad cautelar.
Acciones terroristas
El Foro Penal ha recibido mรกs de quinientas denuncias de tortura y tratos crueles, pero solo 157 vรญctimas se atrevieron a presentar la denuncia formal. La Fiscalรญa investiga dos casos de tortura y 185 por tratos crueles. Los mรกs comunes: puรฑetazos, patadas y golpes con armas. Hubo vรญctimas con politraumatismos y, en dos casos, fractura de crรกneo.
La lista incluye prรกcticas que conocรญamos por libros de historia, una vieja telenovela sobre la รบltima dictadura venezolana, derrocada en 1958, y referencias de la lucha antiguerrillera en los aรฑos sesenta. Descargas elรฉctricas, quemaduras con cigarrillos, asfixia, desprendimiento de cuero cabelludo, una violaciรณn a un estudiante; y algunas sutilezas como cortes de cabello, en un caso a un joven con sรญndrome de Asperger, que ya habรญa sido golpeado.
Los maltratos psicolรณgicos mรกs reportados fueron la amenaza de violaciรณn, de desapariciรณn y la pregunta: “¿Quiรฉn es tu presidente? Maduro. Repรญtelo: Maduro.”
Ademรกs, se registraron centenares de violaciones al debido proceso: detenciones arbitrarias, incomunicaciรณn, allanamientos sin orden judicial y el secuestro de un joven, en la calle, por parte de agentes de inteligencia sin uniforme que bajaron de un auto sin placas. El episodio fue grabado y difundido por internet.
“Las acciones terroristas ejecutadas por grupos de ultraderecha desde febrero han dejado un saldo de 43 muertos y 873 lesionados, en ataques que comenzaron por las acciones violentas contra la sede principal del Ministerio Pรบblico en Caracas.” Asรญ reseรฑรณ la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) –y replicaron decenas de medios oficiales– el balance que dio la fiscal general durante una entrevista en junio.
De nuevo, las protestas como acciones terroristas. No se trata de un desliz de un redactor desbocado sino de un patrรณn. Es la neolengua del aparato de comunicaciรณn del gobierno. Una matriz reforzada por Maduro y compaรฑรญa que repiten que la ultraderecha es culpable de todas las muertes y los padecimientos en Venezuela.
Entre las 43 personas asesinadas en nueve estados del paรญs habรญa 32 civiles y diez funcionarios. Mรกs de una docena eran jรณvenes manifestantes y seis murieron en accidentes ocasionados por las barricadas.
En junio, la Fiscalรญa habรญa acusado a once presuntos responsables. Por lo menos 32 asesinos estaban libres. Militares, policรญas y grupos de civiles armados, que –segรบn Provea– en ocasiones actuaron en conjunto con fuerzas de seguridad. Tambiรฉn, otros que dispararon contra quienes intentaban retirar barricadas.
La historia oficial
Los dos primeras vรญctimas cayeron, casi simultรกneamente, en el centro de Caracas el 12 de febrero cuando ya finalizaba la marcha estudiantil del Dรญa de la Juventud. En los disturbios que siguieron al tiroteo fueron quemadas varias patrullas policiales y apedreada la sede de la Fiscalรญa General.
Ese mismo dรญa, Maduro expulsรณ del paรญs al canal colombiano de noticias NTN24, el รบnico que cubrรญa los sucesos en vivo. Era el inicio de una razzia contra la prensa, que incluirรญa el bloqueo momentรกneo de Twitter, 78 agresiones fรญsicas a periodistas, 68 amenazas, 45 casos de censura y advertencias a agencias de noticias.
“Todo aquel que tuviera cรกmaras, que pudiera demostrar el carรกcter represivo de la guardia (responsable del 80% de las agresiones), se convirtiรณ en un objetivo”, seรฑala Carlos Correa, director de la ONG Espacio Pรบblico (ep).
El gobierno identificรณ enseguida a los culpables del “baรฑo de sangre”: Leopoldo Lรณpez, jefe del partido Voluntad Popular, y la diputada Marรญa Corina Machado, quienes promovรญan una agenda de protestas, llamada #LaSalida, y habรญan convocado a los jรณvenes a unirse en la calle.
La misma noche se ordenรณ capturar a Lรณpez por ocho delitos (despuรฉs reducidos a cuatro), entre ellos homicidio y terrorismo. Y se decidiรณ la suerte de Machado, quien luego serรญa despojada de su cargo en una destituciรณn sumaria. Esa fue la historia oficial instantรกnea.
Quizรก nunca habrรญamos sabido quiรฉnes dispararon las primeras balas si no hubiera sido por una reconstrucciรณn multimedia de la Unidad de Investigaciรณn del diario รltimas Noticias, de la Cadena Capriles, divulgada la semana siguiente.
El primero en morir fue un carpintero de veinticuatro aรฑos, tras recibir un balazo en la cabeza desde el lugar donde un grupo de ocho agentes policiales disparaba contra algunos jรณvenes. El segundo, de cuarenta aรฑos, era coordinador del Secretariado Revolucionario, que agrupa a 92 colectivos oficialistas. Cayรณ en la misma cuadra de un tiro en la cara. Su presunto asesino: un compaรฑero que luego fue su sucesor en el cargo.
Hoy no serรญa posible ver un reportaje tan esclarecedor en รltimas Noticias. La Unidad de Investigaciรณn tambiรฉn muriรณ. Sus periodistas se negaron a ser censurados y renunciaron. Estaban siendo demasiado independientes para los nuevos y misteriosos dueรฑos que compraron la Cadena Capriles al terminar 2013, en una estrategia de corte fujimorista: la adquisiciรณn de medios por parte de “capitales amigos del gobierno”.
La รบnica televisora crรญtica, Globovisiรณn, habรญa cambiado de manos meses antes y sepultado su lรญnea crรญtica. La compra mรกs reciente es la del diario El Universal, en una transacciรณn igual de nebulosa que la de la Cadena Capriles. Nadie sabe quiรฉnes son los propietarios.
“La proporciรณn de medios independientes o crรญticos es mรกs o menos uno de cada cinco”, advierte Correa, quien agrega que los periรณdicos independientes se han encogido entre 30% y 50% por trabas en la compra de papel.
Pero censurar en el siglo XXI se ha vuelto mรกs arduo. A medida que los espacios tradicionales de la prensa crรญtica se encogen, los de las redes se ensanchan.
Ahora cada ojo es una cรกmara. Centenares de testigos recabaron con sus telรฉfonos celulares pruebas de los atropellos de las fuerzas de seguridad y de la actuaciรณn de grupos parapoliciales. Rรกpidamente, todo lo que atestiguaron estaba en internet.
“Aquรญ hay un florecimiento del periodismo ciudadano. La gente ya no se informa por la televisiรณn sino por Twitter y estรกn surgiendo nuevos proyectos online. En esos dรญas, se pusieron de moda los VPN (Virtual Private Network), que impiden que se detecte desde dรณnde te estรกs conectando”, asegura Marianela Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad (ipys).
Claro que siempre se puede bloquear un site. Pero no se puede comprar el ciberespacio, un ocรฉano donde miles de venezolanos compartieron evidencias y revivieron imรกgenes del pasado, un mundo virtual donde la prisionera “ultraderechista” Sairam Rivas evoca frases del Che: “Y, sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo mรกs hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo.” ~
