Vivir y morir en el D.F.

31 agosto 2002

En el juego de la estadística a Óscar Vargas le tocó la de malas. Este pasado 8 de julio fue asesinado por unos maleantes en la Colonia de los Doctores de la ciudad de México. ¿La razón? Haberse resistido a entregarles sus pertenencias. Pero quizá la familia de este joven de 25 años no debiera sentirse mal.
Después de todo, las estadísticas oficiales señalan que el crimen en la ciudad de México está en franco descenso.
     Efectivamente, en el caso de los robos a transeúntes —que fue el delito inicial que se cometió en contra del joven Vargas—, las estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal señalan que en 1999 se registraban 135 incidentes diarios, mientras que en los primeros cuatro meses del año 2002 sólo hubo un promedio de 66 casos diarios. Si la discusión se centra en homicidios dolosos, que fue finalmente el crimen que más afectó a Vargas, también la víctima podría argumentar —en el contradictorio caso de quedar vivo— que su experiencia fue simplemente producto de la mala suerte: en 1995, al fin y al cabo, se registraban en el Distrito Federal 3.3 homicidios dolosos, mientras que en los primeros cuatro meses del año 2002 la cifra había disminuido a 2.2.
     Otras estadísticas oficiales muestran también un creciente éxito en el combate al crimen en la ciudad de México. En materia de robo de vehículos, por ejemplo, el promedio de 160 casos diarios en 1997 se ha visto reducido a sólo cien en los primeros cuatro meses del año 2002. El robo a casa habitación ha pasado de veinticuatro por día en 1996 a veinte en el 2002; el robo a negocio, de 56 al día en 1996 a 35 en el 2002.
     Éstas son las cifras oficiales. Pero no todo el mundo está convencido de que la delincuencia efectivamente esté en franco descenso en la ciudad de México. Cuando el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), encabezado por el ex comisionado de derechos humanos del Distrito Federal Luis de la Barreda, dio a conocer el pasado 28 de mayo el resultado de su primer estudio sobre la inseguridad en el país, concluyó que el Distrito Federal es la entidad mexicana en que la población se siente más insegura. Este resultado generó fuertes reacciones del jefe de gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador, y de la presidente nacional del PRD, Rosario Robles, quien precedió a aquél al frente del gobierno capitalino. Según Robles y López Obrador, el estudio del ICESI tenía motivaciones políticas y no reflejaba una visión realista de la situación. El estudio del ICESI aúna esfuerzos del Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Universidad Nacional, el Tecnológico de Monterrey y el semanario Este País, y se basa en una encuesta que busca descartar la llamada "cifra negra" de la delincuencia.
     Las estadísticas oficiales de la Procuraduría capitalina y sus similares en el resto del país se basan en denuncias formales. En el Distrito Federal, sin embargo, el tiempo que un ciudadano se toma en presentar una denuncia es enorme y parece alargarse cada vez más. A menos de que se trate de una persona influyente, o dispuesta a entregar cierta cantidad de dinero para acelerar el trámite, el afectado puede perder fácilmente entre cuatro y ocho horas para presentar una denuncia. Lógicamente, mucha gente desiste, lo que disminuye los índices oficiales sobre la delincuencia.
     Según el estudio del ICESI, 4.2 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito en todo México en el año 2001. Se trata de una cifra enorme en un país que cuenta con alrededor de veinte millones de hogares. Las pérdidas por estos crímenes, según la misma encuesta, se elevaron a 49,000 millones de pesos en el 2001, o sea un 0.85 por ciento del producto interno bruto.
     De los 4.2 millones de delitos que presuntamente tuvieron lugar en el 2002, la encuesta revela que no se denunciaron tres millones. En otras palabras, la cifra negra del crimen en México sería de un asombroso 71 por ciento. Si consideramos que, según las cifras oficiales, sólo el seis por ciento de las denuncias formales por actos delictivos se saldan con una consignación, esto significaría que en México hay una impunidad del 99 por ciento en los delitos cometidos. Y si recordamos que cuando menos en un porcentaje de los delitos denunciados se consigna a inocentes y no a los verdaderos responsables, encontraremos una cifra de impunidad todavía mayor.
     En estas condiciones, no nos debe sorprender que se cometan tantos delitos en nuestro país. No es que los mexicanos tengamos, por naturaleza o por cultura, una mayor tendencia a delinquir que otros pueblos del mundo. Pero cuando la impunidad es tan alta, el crimen se convierte en una opción lógica. Si un empleo formal genera solamente un ingreso de dos mil o tres mil pesos al mes, lo sensato para muchos jóvenes ambiciosos es ingresar en la delincuencia, donde pueden obtener recursos muchas veces más cuantiosos. El riesgo, por lo demás, es menor del que existe en casi cualquier otra actividad económica.
     Para López Obrador y otros miembros del PRD, la conducta delictiva es una consecuencia del neoliberalismo. La verdadera forma de combatirla es acabar con un sistema económico que genera pobreza y, por lo tanto, delincuencia. Algunos criminalistas reconocidos, como Rafael Ruiz Harrell, sostienen que efectivamente hay una correlación entre las violaciones a la ley y las dificultades económicas. Hay indicaciones significativas, por ejemplo, de que la delincuencia en la ciudad de México y en el país alcanzó sus mayores niveles entre 1995 y 1996, cuando la economía nacional estaba en una profunda crisis. A partir de 1997, al empezar la recuperación, tiene lugar también una declinación gradual en el número de crímenes en el país.
     Muchos otros factores, sin embargo, parecen estar en juego. La mayor parte de los delitos graves que se cometen en México no corren a cargo de personas pobres sin más opción que delinquir. Por el contrario, quienes los perpetran, y sin duda quienes controlan a las bandas responsables, suelen tener un nivel de vida muy superior a la media nacional.
     Si bien los niveles de impunidad en México son altísimos, la información sobre delincuentes capturados arroja una indicación de dónde puede estar el problema. Un número muy elevado de quienes quedan detenidos por delitos serios, como el secuestro, son policías o ex policías, ya sea judiciales o de corporaciones preventivas. No se trata de personas que se encuentren en los estratos de ingresos más bajos en la sociedad. Pero tienen la ventaja de contar con acceso a las armas de fuego y de saber utilizarlas.
     El uso de armas de fuego, de hecho, se ha convertido en el verdadero elemento definitorio de la delincuencia en México. Una de las razones por las cuales han caído las cifras oficiales de robo de autos es que incluyen tanto los robos de autos estacionados como los que se realizan a mano armada. Las bandas que se dedican al tráfico de vehículos se han dado cuenta, empero, de que el robo de un auto estacionado requiere de gran habilidad y esfuerzo, mientras que asaltar a un automovilista en la vía pública y con una pistola es mucho más fácil y redituable, porque, además de robar el auto —seguramente para entregarlo al jefe de la banda, quien lo revende a un precio de cotización de mercado negro—, los delincuentes pueden despojar a la víctima del efectivo que traiga consigo, o del que pueda extraer de un cajero automático, y ya no tienen que compartir esas cantidades con nadie. Si además la víctima es una mujer, el asalto puede incluir un rato de diversión sexual. Ante esta situación no debería sorprendernos que, según la encuesta del ICESI, el 44 por ciento de los delitos en el país ya se están cometiendo a mano armada.
     No deja de ser significativo que las estadísticas oficiales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no incluyen el rubro del secuestro. Ostensiblemente, esto es producto de que los secuestros se consideran a veces delitos del orden común, por lo que les corresponden a las procuradurías estatales, y otras veces se ubican en el fuero federal. Pero el secuestro es el crimen que parece estar aumentando más en el Distrito Federal y en el resto de la República. No incluirlo en las cifras oficiales equivale, por lo tanto, a cerrar los ojos ante lo que quizá sea el principal problema de inseguridad en estos momentos.
     La ciudad de México no tiene, por supuesto, el monopolio de la inseguridad en el mundo. Nueva York logró reducir su índice de homicidios de dieciséis al año por cada cien mil habitantes en 1995 a sólo nueve en el año 2001. Pero la ciudad de México tuvo el año pasado una cifra oficial de apenas ocho. Esta estadística es más sólida que otras porque se refiere a un crimen que los ministerios públicos deben registrar y perseguir de oficio, esto es, aun cuando no haya denuncia de parte.
     El que la ciudad de Nueva York sea tan peligrosa como México, por lo menos en el tema de los homicidios, sorprende a muchos. En Nueva York, sin embargo, los homicidios se concentran en zonas muy marginadas, como el sur del Bronx, donde se agolpa también el tráfico de drogas. Por esta razón, la clase media que vive en las zonas residenciales de Manhattan o Brooklyn difícilmente siente la delincuencia. En la ciudad de México, en cambio, el crimen se extiende por toda la ciudad, ya que es producto no de drogadictos individuales sino de bandas organizadas. Entre las zonas más peligrosas del Distrito Federal, por ejemplo, se encuentra la Colonia Polanco, que concentra un gran número de comercios y viviendas de muy alto nivel.
     Otra razón de la diferencia es el hecho de que el crimen en México se concentra de manera especial en el robo. Es muy común que una persona sea asesinada, como el joven Óscar Vargas, por resistirse a un asalto. Pero los homicidios gratuitos, de simple diversión, producto en buena medida del consumo de drogas y que son comunes en Nueva York, resultan virtualmente desconocidos en nuestro país. La ciudad de México, por otra parte, sigue siendo muy violenta si se la compara no con Nueva York, sino con las urbes de Europa o Asia. En Londres, por ejemplo, se registran menos de tres homicidios al año por cada cien mil habitantes. Las cifras de Tokio y Singapur son aún menores.
     El juego de las cifras no ha resultado hasta ahora productivo para la sociedad. Las estadísticas oficiales, basadas en las denuncias que se presentan, no arrojan mucha luz sobre el problema, si es verdad que el 71 por ciento de los delitos no se denuncian ante las autoridades. Por otra parte, las encuestas, como las que elabora el ICESI, miden más bien la percepción que la realidad. Tanto las autoridades como las organizaciones civiles deben todavía realizar esfuerzos para conjuntar estos dos grupos de cifras y ofrecer un verdadero panorama de la inseguridad en México. Resulta claro que un problema que no puede medirse tampoco puede combatirse de manera eficiente.
     Al final del camino, sin embargo, el problema de la inseguridad no es una simple cuestión de cifras. A la familia de Óscar Vargas poco le importa si las estadísticas del crimen han disminuido o si el número de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes es inferior en la Colonia de los Doctores de la ciudad de México que en el South Bronx neoyorquino. El dolor por el que atraviesa la familia de este joven no se puede aliviar con estadísticas. –