Si tras cuarenta aƱos de funcionamiento democrĆ”tico, tuviera que mencionar solo uno de entre los principales desafĆos de nuestro sistema de protecciĆ³n social elegirĆa este: que nuestros polĆticos se atrevan a mantener su compromiso con los mĆ”s desfavorecidos. Pretendo explicar el porquĆ© de esta afirmaciĆ³n y que ello puede requerir valentĆa y arrojo.
Nuestro sistema de protecciĆ³n social comenzĆ³ a despegar a partir de la reinstauraciĆ³n de la democracia, a finales de los aƱos setenta y especialmente durante los aƱos ochenta y noventa del siglo XX. Su transformaciĆ³n fue espectacular tanto en cobertura como en su capacidad de institucionalizaciĆ³n y profesionalizaciĆ³n, en calidad y tambiĆ©n en tĆ©rminos de incremento de la inversiĆ³n. De aquella Ć©poca son las leyes de sanidad, de educaciĆ³n, las pensiones no contributivas para mayores y discapacitados, la ley de integraciĆ³n social del minusvĆ”lido (asĆ se llamĆ³ entonces), el desarrollo de los servicios sociales, la implementaciĆ³n de los salarios sociales en las comunidades autĆ³nomas y tambiĆ©n la racionalizaciĆ³n tanto de la protecciĆ³n por desempleo como de las pensiones.
Me dedico al estudio de los sistemas de protecciĆ³n social y estoy especialmente interesada en la trastienda de las decisiones pĆŗblicas, por lo que he charlado con muchos de los forjadores de todas estas polĆticas, algunos desconocidos por el gran pĆŗblico. Casi siempre se refieren a aquel periodo y a sus logros con fuertes dosis de Ć©pica. Tratan de cerciorarse de que yo me doy cuenta, de que soy capaz de entender que las polĆticas y servicios de los que disfrutamos ahora no siempre estuvieron aquĆ. Algunas polĆticas gozaron de un consenso mĆ”s o menos amplio y es verdad que los decisores pĆŗblicos contaban con el impulso democrĆ”tico y europeo. Sin embargo, costĆ³ mucho poner en pie o modernizar la mayorĆa de las demĆ”s. Muchas veces, la puesta en marcha de algunas de las polĆticas que hoy cualquier ciudadano considera irrenunciables se topĆ³ con la fĆ©rrea oposiciĆ³n no solo de intereses muy variopintos, y a veces ilegĆtimos, que se habĆan creado al calor del sistema anterior, sino incluso de algunos partidos polĆticos que quizĆ” ahora quisieran que cayera en el olvido su postura de entonces; a veces fueron muy conflictivas en tĆ©rminos sociales y condujeron a huelgas generales y al divorcio entre el gobierno y los agentes sociales. Hubo tambiĆ©n que conseguir que la ciudadanĆa comprendiera que era necesario contribuir mediante el pago de impuestos a lo que era solo una promesa, a derechos sociales que seguramente mucha gente considerarĆa entonces una quimera.
SerĆa muy injusto afirmar que todo lo que tenemos se debe solo a aquel esfuerzo. Desde los aƱos noventa el sistema de protecciĆ³n social se ha reformado mucho, al contrario de lo que aseguran quienes afirman que somos un paĆs incapaz de reformarse. Desde comienzos del siglo XXI y hasta la llegada de la crisis se habĆan adoptado cientos de decisiones que han mejorado nuestra educaciĆ³n, la sanidad o las pensiones. Junto a ellas, nuestros gobiernos centrales, autonĆ³micos y locales han tomado medidas con el objetivo de cubrir algunos huecos del sistema que siempre habĆan estado ahĆ pero que no se habĆan atendido. TambiĆ©n abordaron nuevas necesidades que son fruto de que el planeta gira, no estĆ” quieto y la sociedad se transforma y ademĆ”s lo hace velozmente. Hasta hace bien poco nuestro sistema no habĆa amparado algunos asuntos relacionados con la desigualdad de gĆ©nero, las familias, la inmigraciĆ³n, el sobreenvejecimiento o la gestiĆ³n de los cuidados de las personas en situaciĆ³n de dependencia, entre otros asuntos. Nuestro gasto social no es el francĆ©s, que en 2017 fue el mĆ”s alto del mundo en porcentaje del producto interior bruto, pero tampoco es el estadounidense, mĆ”s bajo en comparaciĆ³n con el de otros paĆses desarrollados. Es verdad que algunos paĆses de nuestro entorno, no todos, ya habĆan puesto en marcha polĆticas modernas en estos Ć”mbitos una o dos dĆ©cadas antes que nosotros; pero tambiĆ©n es cierto que casi todos ellos nos llevaban casi cuarenta aƱos de ventaja puesto que su Estado de Bienestar despegĆ³ tras la Segunda Guerra Mundial y se consolidĆ³ durante de los aƱos sesenta y setenta, cuando el nuestro echaba a andar.
El sistema ha contribuido a nuestro desarrollo econĆ³mico, a nuestro progreso social y a la estabilidad de nuestra democracia. Muchos ciudadanos consideran que ha valido la pena, a juzgar por lo que responden cuando se les pregunta si estĆ”n satisfechos con las polĆticas sociales y si serĆan partidarios de recortar la inversiĆ³n en ellas (menos de un 10% lo desea). En general, el sistema ha demostrado su capacidad para proteger a los ciudadanos contra la penuria cuando se encuentran en situaciones de riesgo, como por ejemplo cuando enferman, estĆ”n desempleados y cuando se hacen mayores. TambiĆ©n ha contribuido a reducir las fracturas sociales. De acuerdo con los cĆ”lculos de Ferragina, Seeleib-Kaiser y Spreckelsen, nuestro sistema es capaz de reducir casi un 52% la pobreza y cerca de un 34% la desigualdad. En este tiempo el sistema ha sabido responder a demandas polĆticas tan complejas como las de descentralizaciĆ³n, por ejemplo, en educaciĆ³n y en sanidad, y lo ha hecho con bastante Ć©xito de acuerdo con los resultados que arrojan los Ćndices internacionales que miden el rendimiento del sistema y lo comparan con otros paĆses.
Sin embargo, a pesar de que, si uno es honesto, no puede afirmar que nuestro sistema sea tacaƱo, pequeƱo o subdesarrollado y de que tampoco pueda decirse que sea incapaz de reformarse o no sea eficaz en diferentes terrenos, el Estado de Bienestar espaƱol presenta aĆŗn lagunas que no son triviales. Estas carencias se han puesto de manifiesto de forma descarnada durante la crisis, pero en realidad llevaban mucho tiempo ahĆ instaladas, aunque pasaran desapercibidas para el pĆŗblico en general durante los cada vez mĆ”s breves periodos de bonanza econĆ³mica. No habĆan sido atendidas antes de la crisis y mucho menos lo han sido durante la misma, ya que con la excepciĆ³n de las pensiones, durante esta crisis, en prĆ”cticamente el resto de sectores de polĆtica social y fiscal no se han tomado mĆ”s iniciativas que las de recortar y no precisamente utilizando la precisiĆ³n de un bisturĆ.
MĆ”s arriba yo mencionaba que nuestro sistema de protecciĆ³n social era capaz de mitigar la pobreza y la desigualdad o, dicho de otra manera: si no dispusiĆ©ramos de Ć©l, estos dos problemas serĆan mĆ”s graves de lo que son ahora. Sin embargo, cuando comparamos la potencia de nuestro sistema para disminuir la pobreza y la desigualdad no podemos sentirnos satisfechos. Resulta que de los quince paĆses europeos que analizan los autores citados arriba, EspaƱa es el que tiene un peor desempeƱo. En particular, nuestro paĆs es especialmente torpe a la hora de reducir la pobreza infantil: solo lo hace en un 23%, mientras que otros paĆses consiguen hacerlo hasta en un 60%.
Sabemos que estas injusticias sociales no dependen solo de que tengamos polĆticas de gasto redistributivas. Ambas, la carencia de empleo y la carencia de empleo digno estĆ”n en su origen. Se afirma que desde 2015, la crisis puede darse por finalizada y quizĆ” muchos crean que la recuperaciĆ³n traerĆ” empleo y con Ć©l se acabarĆ”n nuestros problemas. Sin embargo, esto no ocurrirĆ” asĆ. Efectivamente, el desempleo se ha reducido, pero una buena parte del empleo creado en EspaƱa es de baja calidad, ya que se caracteriza por ser de carĆ”cter temporal, a tiempo parcial y escasamente remunerado. Ello se traduce en que aproximadamente un 15% de las personas que trabajan son pobres. Sorprendente, Āæno? Y tambiĆ©n inquietante porque es previsible que este fenĆ³meno vaya a mĆ”s. De hecho, es posible que si usted lector tiene un trabajo de cualificaciĆ³n media pueda sufrir en sus propias carnes la pĆ©rdida de su puesto de trabajo o su deterioro. Esto es al menos lo que nos advierten quienes tratan de anticipar el impacto de la creciente robotizaciĆ³n en nuestro paĆs, que tendrĆ” muchos efectos positivos, pero tambiĆ©n algunos negativos como este.
El destino no estĆ” escrito. Casi nada es inevitable. NingĆŗn polĆtico que se precie puede resignarse a que en el paĆs tengamos trabajadores pobres, una tasa de riesgo de pobreza del 21,6%, por encima de la Eurozona, y la ratio de desigualdad, es decir, el cociente entre el total de renta del 20% mĆ”s rico del paĆs y el del 20% mĆ”s pobre, alcanza el 6,6, por encima de Grecia de acuerdo con Eurostat. ĀæQuĆ© dice de nosotros que permanezcamos insensibles ante estos fenĆ³menos cuando existen soluciones? Con el esfuerzo de toda la ciudadanĆa, el paĆs fue capaz de reducir la pobreza entre los mayores, y hoy es una de las mĆ”s bajas de la UniĆ³n Europea. Nuestra historia colectiva reciente demuestra que somos capaces de conseguir importantes logros, pero ningĆŗn polĆtico que se tenga estima puede conformarse con vivir de las glorias del pasado. EspaƱa tiene que corregir sus deficiencias y conseguir que la recuperaciĆ³n se reparta de forma equitativa entre todos los ciudadanos. TambiĆ©n debe conseguir afrontar mejor la prĆ³xima crisis de lo que lo ha hecho en esta ocasiĆ³n. Debemos recordar que el incremento de la desigualdad que se produjo durante la recesiĆ³n que el paĆs sufriĆ³ en los aƱos noventa del siglo XX nunca se redujo a los niveles anteriores a aquella crisis.
La recesiĆ³n de 2008 ha tenido algunos efectos positivos. Ahora somos mĆ”s conscientes de los problemas del sistema, de cĆ³mo estos afectan a las personas de carne y hueso y de cĆ³mo nos afectan de forma colectiva. Sabemos, por ejemplo, que la precariedad laboral no solo tiene efectos en quienes la sufren, tambiĆ©n y especialmente resta oportunidades para los hijos de estas personas. Es como si en la lĆnea de salida cargĆ”ramos a algunos corredores con una pesada losa. Posiblemente nunca lleguen a la meta, lo hagan maltrechos o solo excepcionalmente. AdemĆ”s, es importante comprender el hecho de que sufrir problemas de este calibre nos perjudica colectivamente. No hay mĆ”s que echar un vistazo a nuestro alrededor. Estos problemas comprometen la estabilidad de nuestro sistema polĆtico y econĆ³mico, ponen en riesgo la capacidad de afrontar el futuro y menoscaban la autoestima colectiva.
Comprendemos mejor las efectos y causas de los problemas del sistema. Me atreverĆa a decir que, en parte, incluso compartimos algunas posibles soluciones. No todos, pero sĆ la mayorĆa de los actores sociales, casi todos los partidos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y miembros de la comunidad acadĆ©mica estĆ”n dispuestos y empeƱados en mejorar el sistema mediante medidas de polĆtica pĆŗblica que sean Ćŗtiles tanto sectorialmente, por ejemplo desde el Ć”mbito educativo o sanitario, como transversalmente para disminuir los males que aquejan al sistema. Sobre la mesa por ejemplo hay al menos cinco propuestas para implementar salarios sociales de Ć”mbito nacional, propuestas sobre cĆ³mo mejorar el mercado de trabajo y el sistema educativo con el fin de reducir la precariedad, el abandono escolar o la insuficiente movilidad social que estĆ”n en el origen de la desigualdad y la pobreza. No vaya el lector a pensar que todo sigue en el terreno de las ideas, tambiĆ©n algunos de nuestros gobiernos autonĆ³micos y locales han implementado mejoras y sus resultados estĆ”n proporcionando mucha informaciĆ³n sobre la eficacia de los mismos. Pero el esfuerzo aĆŗn no es suficiente.
No todas las propuestas que podrĆan mejorar el sistema implican un incremento de la inversiĆ³n pĆŗblica o al menos no sustancialmente, como las de que caen dentro de lo que conocemos como predistribuciĆ³n. En cualquier caso, lo que todas ellas requieren es el compromiso polĆtico y social. Los responsables pĆŗblicos son mĆ”s diligentes con las demandas sociales cuando se sienten emplazados por la ciudadanĆa y suelen serlo menos cuando piensan que no existe demanda social, por importante que sea el problema. La falta de compromiso de nuestro sistema de protecciĆ³n social con determinados colectivos me hace pensar que aunque entre algunos expertos la atenciĆ³n a estos ciudadanos es considerada un problema acuciante, una gran parte de la ciudadanĆa no es consciente aĆŗn de la magnitud y posibles consecuencias del problema.
La sociedad espaƱola, como en otras sociedades, pero con menos razones que aquellas puesto que nosotros hacemos menos esfuerzo colectivo, es tibia en relaciĆ³n con los mĆ”s desafortunados. Tanto la presiĆ³n fiscal como la inversiĆ³n pĆŗblica en polĆticas destinadas a las familias, niƱos y personas en situaciĆ³n de riesgo social son comparativamente bajas. Los responsables pĆŗblicos son conscientes del problema y deberĆan presentĆ”rselo con claridad a los ciudadanos, explicando cuĆ”les son las consecuencias de no solucionarlo, las alternativas para hacerlo y el coste que a corto plazo pueden tener las intervenciones pĆŗblicas que en todo caso son menores que los costes polĆticos, econĆ³micos y sociales futuros de no hacer nada.
Se trata de una tarea urgente que se debe realizar antes de que, como parece estar ocurriendo en otros paĆses, la sociedad espaƱola entre en la dinĆ”mica del āsĆ”lvese quien puedaā o en la del āporque yo lo valgoā, consistentes en preferir ahorrarse los impuestos y dirigirse al mercado en busca de pensiĆ³n, dependencia, sanidad o educaciĆ³n, mientras calma su conciencia pensando que los demĆ”s, que a su juicio no se esforzaron con la porfĆa que sin embargo Ć©l o ella sĆ lo hizo, deben conformarse con acudir a la caridad pĆŗblica o privada. Si se instalan estos discursos, puede ser mĆ”s difĆcil o imposible para los polĆticos retener el compromiso de la clase media con los mĆ”s desfavorecidos. ~
es politĆ³loga del IPP-CSIC y editora de Agenda PĆŗblica