El abuso de la clasificación “seguridad nacional” para ocultar información

De manera alarmante, este gobierno ha abusado del término “seguridad nacional” para evitar la entrega de información pública.
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Empezaré con una historia. El 8 de octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “aquí no hay hijos predilectos, debe haber alguna razón”, cuando la reportera Diana Benítez del diario 24 Horas le preguntó por qué siempre se contrataba a la misma proveedora para los eventos de la presidencia de la república: Yazmín Adriana Bolaños López. Antes de esa mañanera, el nombre de esta extraña proveedora ya había sido mencionado en algunas columnas, así que en Emeequis nos dimos a la tarea durante meses de investigar quién era esta mujer. Primero rastreamos, bajo el liderazgo de mi compañero periodista Santiago Alamilla, todos los contratos que el gobierno federal había otorgado –ya fuera por adjudicación directa o por licitaciones, que después encontramos fueron simuladas– por el concepto de eventos. Nos llamó la atención que la mayoría de estos habían sido para Yazmín Bolaños (así, como persona física) y a una compañía llamada Kit Wear de México. Lo primero que hicimos fue rastrear los domicilios fiscales y comerciales asociados a ambos y posteriormente elaboramos un listado de los millones entregados, los tipos de ceremonias que habían organizado y los representantes legales y accionistas asociados a sus registros.

Uno de los primeros hallazgos fue que Yazmín Bolaños declaraba no contar con empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni tener vehículos o activos. No pertenece a ninguna cámara y no pudimos encontrar alguna empresa dedicada al mismo giro que la conociera. Entonces decidimos buscarla en el domicilio fiscal y particular señalado en los registros oficiales y tampoco encontramos a nadie ni nada: eran bodegas o departamentos sin utilizar a los que, según los vecinos, ya nadie acudía.

Detectamos también que se registró en Compranet apenas en mayo de 2021 –mientras realizábamos la indagatoria–, y que meses atrás estaba dada de alta como empleada de un despacho contable con un sueldo de 2 mil 800 pesos mensuales, según datos del IMSS. Incluso aparece como beneficiaria de programas de ayuda social del gobierno. ¿Quién es Yazmín Bolaños y por qué ganó millones de pesos por organizar eventos como los informes del presidente y festejos masivos?

Yazmín tiene 34 años de edad y resultó una persona ilocalizable. La última exploración a sus domicilios debimos abortarla debido a que afuera había hombres posiblemente armados que registraron las placas de nuestro vehículo.

Al revisar más a fondo, encontramos que el dueño de uno de los domicilios está relacionado con la otra empresa favorita, Kit Wear de México, que además ha recibido contratos por parte de la antes –ahora alcaldía– delegación Cuauhtémoc (bastión de Morena hasta 2021).

El resultado fue que definitivamente había un entramado de personas físicas y morales relacionadas entre sí por domicilios, correos electrónicos declarados en los contratos y parentescos que estaban recibiendo millones de pesos –hasta ahora más de 140 millones– a pesar de no tener oficinas ni infraestructura para organizar esos eventos masivos, en una operación típica de las empresas fantasma para el desvío de recursos públicos. Cuando publicamos el reportaje, en octubre de 2021, nuestro sitio web fue ciberatacado y sacado del aire unas horas.

Meses después quisimos volver a consultar los demás contratos de los siguientes eventos de la autollamada 4T, pero nos encontramos con una sorpresa: ahora eran clasificados como información de “seguridad nacional”, por lo que estarían en resguardo de las autoridades.

El argumento en el oficio UAF/DGRMSG/SAI/104/2022 del 22 de marzo de ese año fue que “el contrato del que derivó la presente denuncia contiene información sensible relacionada con los datos de identificación del proveedor del servicio, así como de su representante legal y la documentación legal inherente a la contratación respectiva de los mismos, lo cual puede poner en riesgo a dicha persona o a alguno de sus trabajadores […]; de divulgarse también podría comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”.

Sobre esa respuesta, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que no estaba “adecuadamente sustentada”. Cuando finalmente, después de un largo proceso, pudimos tener acceso a los documentos encontramos lo obvio: continuaban las mismas personas y empresas recibiendo millones de pesos a pesar de no existir en la realidad.

Es alarmante cómo este gobierno ha abusado del término “seguridad nacional” o de la frase “tras una revisión exhaustiva no encontramos lo que busca” para evitar la entrega de información pública. Durante el gobierno de Morena, las negativas para proporcionar datos públicos aumentaron en comparación con los sexenios anteriores. Según datos del INAI, en el gobierno del panista Felipe Calderón se registraron 6 mil 938 negativas entre 2007 y 2009. Con el priista Enrique Peña Nieto se presentaron 10 mil 143 casos de rechazo a dar la información entre 2013 y 2015. Con López Obrador fueron 14 mil 128 tan solo de 2019 a 2021. En el cierre del primer semestre de 2022 ya sumaban 2 mil 147 negativas para dar documentos públicos bajo el pretexto de estar clasificados o reservados.

La comisionada del INAI Julieta del Río ha externado públicamente la preocupación del instituto sobre esta práctica que se convirtió en algo sistémico en este sexenio y que además se extendió a las dependencias y empresas estatales, por ejemplo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la dependencia que más negativas acumula.

Otro caso, en mayo de este año solicitamos a Petróleos Mexicanos la cantidad de litros de gas licuado de petróleo vendido a Gas Bienestar, el importe vendido y las facturas emitidas. De inicio, Pemex solicitó una prórroga de diez días hábiles debido a que seguían en un proceso de búsqueda. El 17 de junio, un mes y diez días después de la solicitud, contestaron que ponían a disposición la información, sin embargo en la respuesta no venía ningún archivo. Eso llevó a interponer otro recurso que tomó más semanas. Finalmente, después de un largo pimponeo con el inai, en calidad de árbitro, la información fue entregada, pero casi dos meses y medio después de que se pidiera.

Las prácticas para desalentar a ciudadanos, periodistas, académicos y demás personas que utilizan las herramientas de transparencia a que no sigan el proceso de búsqueda también se están haciendo cada vez más comunes.

Hacia atrás

Este retroceso es alarmante, con todo y que México ha sido un ejemplo en cuanto a la legislación para el acceso a la información. Fue en 1996 cuando se incorporó el concepto de transparencia en la reglamentación del acceso de los ciudadanos a los temas ambientales. Luego, el conocido como Grupo Oaxaca, conformado por periodistas y académicos, impulsó la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, lo que llevó a la creación de instituciones estatales y una federal para garantizar la transparencia. Con el paso de los años se ha afinado el sistema tecnológico para solicitar y recibir información y actualmente la Plataforma Nacional de Transparencia permite desde un solo sitio acceder y solicitar información a todas las entidades públicas federales y locales.

En dos décadas que tengo en el ejercicio del periodismo me ha llamado la atención que ahora los jóvenes reporteros llegan a las redacciones con un conocimiento avanzado sobre la petición de información, los procesos para interponer recursos y hasta las “mañas” para tener mayores posibilidades de no recibir una negativa. A diferencia de hace veinte años, ahora existe una metodología en el gremio para contar historias apoyándose en gran medida en el acceso a datos públicos. Eso es una buena noticia. Pero la mala es este posible revés que estamos observando por parte de los sujetos obligados a entregar la información porque se han dado cuenta de que si no lo hacen no les pasa nada.

En la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara conversamos mi colega Adela Navarro, directora del Semanario Zeta, Claudia Ocaranza, periodista de investigación, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del inai, Julieta del Río, comisionada del inai, Sergio Octavio Contreras, director de promoción del INAI, y yo sobre la necesidad de una reforma a la ley que sea más dura contra los funcionarios y funcionarias que no están cumpliendo con la transparencia. De no ser así el panorama se vislumbra incierto debido a que desde la máxima trinchera política, la presidencial, se desdeña el ejercicio de la rendición de cuentas y se ataca constantemente al instituto autónomo encargado de la transparencia.

Si ese es el mensaje hacia las demás dependencias, gobiernos locales, alcaldías y demás sujetos obligados, ¿qué podemos esperar?

Estamos en un momento clave en el que el avance pueda ir hacia atrás y, por tanto, ese retroceso lleve a un país sin democracia ni acceso a los derechos que ya habíamos ganado. ~


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