En una sociedad tan diversa, plural y compleja como la mexicana, las organizaciones de la sociedad civil ofrecen un espacio para el debate de ideas, el planteamiento de soluciones, la evaluación del Estado, la defensa de los derechos humanos y la construcción de comunidad. Su existencia responde a la falta de capacidad del Estado para atender las demandas de la ciudadanía y resolver los múltiples problemas sociales que existen. Lejos de ver en ellas unas aliadas para la mejora de la política pública, el presidente López Obrador las ha estigmatizado y menospreciado.

Para conocer el rol que cumplen las organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento democrático, así como los desafíos a los que se enfrentan en la actualidad, conversé con Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, y Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Ambas organizaciones han sido piezas clave en la observación de la operación gubernamental y en la transformación del país.

¿Por qué importa una sociedad civil organizada?

Lisa Sánchez (LS): Creo que por varios motivos: 1) porque es un espacio de especialización y profesionalización, tanto temática como funcional, que puede ser de gran ayuda para alimentar los procesos de toma de decisión, sin que eso signifique que la sociedad civil organizada pretenda funcionar como un actor político en sí mismo; 2) porque siempre ha sido una plataforma de acción ciudadana para aquellas personas que están interesadas en algunos temas, en ciertos problemas públicos, y que pueden –a través del trabajo de diversas organizaciones– involucrarse, participar, encontrar acciones a las cuales sumarse y de esa manera también es un espacio de movilización fuera de los límites tradicionales de la participación política como los partidos políticos o la militancia. Y 3) porque la sociedad civil organizada posibilita la formación de redes sociales en el sentido más tradicional: juntar actores de distintos ámbitos y participar en el análisis y la solución de los problemas a nivel de territorio y también fuera de él. Las organizaciones de la sociedad civil son un espacio muy flexible.

Edna Jaime (EJ): Porque en toda sociedad que se precie de ser democrática hay muchos actores jugando en el espacio público. Esto no es una anomalía, es la normalidad de una sociedad plural que se quiere expresar. Los canales políticos tradicionales no son suficientes y por eso es que hay otros espacios para que las inquietudes y las demandas de la ciudadanía se expresen. Que exista la sociedad civil organizada habla de espacios de pluralismo, pero también de una competencia de ideas. Y esto es importante para que se tomen mejores decisiones. Cuando un grupo quiere monopolizar la interpretación de la realidad, entonces hay riesgos a las libertades.

La sociedad civil es un actor importante en la rendición de cuentas y esta es clave para evitar abusos de poder. Un sistema político sano es aquel que pueda acotar los abusos. En algunos países las instituciones están muy desarrolladas, pero en el nuestro todavía son bastante débiles porque tienen limitaciones, algunas veces autoimpuestas. Tenemos buenos gobiernos cuando estos rinden cuentas, tenemos buenas políticas públicas cuando quienes las implementan pueden ver a la ciudadanía a la cara y pueden explicar los resultados o los fracasos.

¿Cuál es el papel que dentro de las organizaciones de la sociedad civil desempeñan aquellas que valoran y analizan las políticas públicas?, ¿cómo trabajan ustedes para lograr que se mejoren dichas políticas?

LS: Dentro de los distintos grupos de la sociedad civil, hay organizaciones que se han centrado en el estudio de las políticas públicas, y que, por así decirlo, forman más centros de pensamiento que formas organizativas de tipo comunitario o territorial. Su valor es brindar un espacio para investigar, para discutir con argumentos y presentar recomendaciones, modificaciones, hallazgos, que de otra manera pasarían inadvertidos para el ojo público, para el debate y para quienes toman las decisiones. El valor de esas organizaciones es su capacidad de especialización, de transformar la investigación en recomendaciones y dar seguimiento, a lo largo del tiempo, a ciertas agendas. Por otra parte, sus análisis no se constriñen a los tiempos de la academia, que pueden ser lentos y burocráticos.

En México Unido Contra la Delincuencia nos hemos dedicado al análisis de la política de drogas para ver si realmente estaba dando los resultados que prometía y, sobre todo, si los impactos que estaba teniendo no eran más nocivos que los efectos de las drogas mismas. Realizamos un análisis documental para ver cómo las consecuencias de las políticas de drogas en términos de derechos humanos, de violencia, de daños al medio ambiente, de desviación o modificación de presupuestos públicos, etcétera, y empezamos a hacer una serie documental que se llamó Calcula los costos. Luego hicimos el análisis de aquellas experiencias de políticas de drogas alternativas que habían funcionado –Suiza, Portugal– y publicamos trabajos sobre cómo imaginar un mundo después de la prohibición, es decir, sobre por qué las drogas tendrían que ser legales y habría que regularlas. Ya tenemos dos libros: uno de cannabis y otro sobre drogas estimulantes. De ese modo, empezamos a propiciar un debate público que cambiaba los términos de la discusión. Utilizamos además todos los medios constitucionales a nuestro alcance para modificar la política que había en ese momento y elaboramos propuestas legislativas que pudieran ser al menos consideradas por el Congreso. Se aumentó la productividad legislativa en más de 1,200%. Y después, frente a la ausencia de voluntad política para tomar esas decisiones finales, recurrimos a los tribunales e hicimos litigio estratégico. Ahí presentamos evidencia de que había prohibiciones que, a pesar de tener un fin legítimo, eran excesivas en términos de restricciones de derechos individuales y desproporcionadas en términos de sus sanciones. Se logró generar precedentes jurisdiccionales y jurisprudenciales que hoy en día obligan al Congreso de la Unión a cambiar esa política en un proceso que ha sido muy largo, pero que también ha tenido muchas victorias: opinión pública menos desfavorable, más trabajo legislativo, discusiones con términos distintos y basadas en evidencia.

EJ: La participación de la sociedad civil tiene distintas manifestaciones: hay organizaciones que trabajan a favor del ambiente, organizaciones que protegen a los animales, organizaciones que atienden a las mujeres violentadas. Hay tantas agendas como intereses en una sociedad compleja. Yo me he dedicado a la evaluación de la política pública desde finales de la década de los ochenta. Primero en el Centro de Investigación para el Desarrollo (cidac), que fue uno de los primeros think tanks independientes en México, y ahora desde México Evalúa. Entonces he podido ver las transformaciones que ha sufrido el país y cómo cada vez hay más análisis robustos en la discusión, que idealmente deberían nutrir la toma de decisiones. Cualquier retroceso nos llevaría otra vez a un mundo de decisiones unipersonales, al querer tener una sola interpretación de la realidad, y eso nos puede provocar consecuencias muy dolorosas.

En México Evalúa hacemos evaluación, análisis y propuestas de política pública. No nos presentamos para demandar cosas sin tener la evidencia en la mano. Así que ponemos en el mercado de ideas productos que tienen sustento teórico, analítico y técnico. Nuestro objetivo es generar análisis que puedan servir para la toma de decisiones. Dependiendo del tipo de análisis, nuestros interlocutores pueden ser las autoridades, los afectados por una política pública, los legisladores, los integrantes del poder ejecutivo. No tenemos una agenda política o partidista, sino una agenda que se centra en mejorar los resultados de la política pública en la gestión gubernamental. No siempre es fácil porque cuando se evalúa la política pública puede provocarse cierta incomodidad. Yo pensaba que estábamos avanzando en un ambiente donde la evaluación era aceptada, pero lamentablemente desde hace un par de años esto ya no es así. Otra vez se quiere mirar a las instituciones como México Evalúa como adversarias, en lugar de considerarlas como una fuente de información útil. Procesamos los datos, en su mayoría públicos, los analizamos y generamos informes que son útiles para la toma de decisiones. Nunca ha sido fácil, pero ahora se hace más complicado porque de nuevo está presente la idea de que el gobierno es el propietario de la verdad y el único que tiene la legitimidad para ocupar el espacio público cuando el espacio público es de todos.

Algunos críticos piensan que las organizaciones de la sociedad civil no son democráticas, porque nadie las eligió, no hubo una elección, no están representando a nadie. ¿Cuál es la legitimidad democrática de estas organizaciones?

EJ: Desde que empecé a trabajar en organismos de la sociedad civil nunca he sentido que se coarte mi libertad de expresión. Cuando se fracturó el monopolio autoritario del pri no se puso en duda la legitimidad de un conjunto de individuos que se juntaron en un centro de pensamiento para buscar soluciones a los problemas del país. Por supuesto que no somos autoridad, no está en nuestras manos la toma de decisiones, pero en un marco democrático sí podemos expresar ideas y hacer planteamientos de política pública. Tenemos el deber de buscar a las autoridades y tratar de convencerlas de nuestros argumentos. De eso se trata el trabajo de un centro de pensamiento, de reflexionar los problemas públicos y plantear soluciones.

Si un gobierno con una gran legitimidad piensa que puede dar la espalda a las organizaciones de la sociedad civil y señalarnos porque como no competimos en una elección entonces no tenemos derecho a tener ningún espacio público, resulta una idea problemática y autoritaria. Es cierto que la toma de decisiones está depositada en quienes tienen un cargo de elección popular, pero eso no implica que no pueda haber otras ideas y que no haya jugadores legítimos en el espacio público queriendo promoverlas. Me parece un error enorme y peligroso para el país considerar que no se pueden verter opiniones o que no se puede participar en la vida pública porque no se cuenta con la legitimidad que proviene de las urnas. Callar voces o deslegitimarlas es una afrenta a la democracia, a la pluralidad y a la complejidad de esta sociedad.

LS: La legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil viene justamente de que en una democracia está permitido y es deseable que las y los ciudadanos participen en la vida pública y política de su país de distintas maneras, sin que eso signifique que se sustituyan las formas de representación. Hay también una desproporción en la representación de las agendas y de la presencia pública dependiendo de si se trata de organizaciones del centro del país, que tienen mayores posibilidades de interlocución con los poderes federales, o del resto de las entidades federativas. Mientras más democrático sea un gobierno menos amenazado se siente por la presencia de estos grupos organizados.

¿Cuáles son los retos a los que ustedes se han enfrentado en el cumplimiento de los propósitos de las organizaciones que encabezan? ¿El gobierno las escucha o a quiénes van dirigidos los análisis y las propuestas que arman?

LS: En México Unido Contra la Delincuencia nos dirigimos principalmente a la ciudadanía, es decir, a los ciudadanos de a pie preocupados por la seguridad y la justicia en México; que entienden que la delincuencia y la impunidad son un problema y que de alguna manera requieren información comprensible y útil. De tal modo que nuestras infografías, manuales de funcionamiento de un ministerio público, decálogos de derechos de víctimas y denunciantes, entre otros productos, están elaborados para que el ciudadano entienda, tenga información y pueda modificar él mismo su relación con la autoridad. Sin embargo, eso no impide que, en otros momentos, produzcamos información más puntual para otro tipo de público: para sensibilizar a los tomadores y tomadoras de decisión o influir, de algún modo, en las posiciones de ciertos grupos.

Uno de los principales obstáculos a los que nos hemos enfrentado es la accesibilidad y la disponibilidad de la información pública, que no en todos los casos es fácil de conseguir, sobre todo en temas de militarización. La transparencia no es la regla en temas de seguridad nacional. Recientemente hemos advertido que las mañaneras presidenciales tienden a sustituir otros instrumentos de decisión. Antes existía una circular, un decreto o una instrucción por escrito que podía servir de aval. Hoy día nos enteramos acerca de nombramientos militares, administración portuaria o de aduanas gracias a la mañanera, y la documentación a la que tenemos acceso es la que se presenta en esas conferencias. Existe entonces un reto en el acceso a la información. Otro asunto es la interlocución con los distintos tomadores de decisión: siempre ha habido interlocutores más abiertos a la posibilidad de escuchar todos los puntos de vista, mientras otros no muestran el mínimo interés en hacerlo. No es algo exclusivo de esta administración. Y, por supuesto, uno como organización de la sociedad civil tiene que tomar decisiones ejecutivas sobre en qué temas enfocar su trabajo y cuáles dejar fuera. Con los recursos limitados que tenemos, es imposible hacerse cargo de todo lo que sucede.

EJ: En el tema de la seguridad tenemos bastante incidencia y sí se nos ha escuchado. Pero con esta administración nuestra participación es muy limitada porque el presidente ha definido como los dos pilares de su estrategia la conformación de la Guardia Nacional y los programas sociales. Alfonso Durazo realmente estuvo de paso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana porque no se involucró ni comprometió en la elaboración de una agenda eficaz y cedió todo el poder a la Guardia Nacional. Sin embargo, hemos trabajado muy bien con gobiernos municipales y estatales para incrementar su capacidad de generar información e inteligencia. Nuestro trabajo en seguridad lo hemos nombrado “Seguridad a contracorriente” porque creemos que la seguridad se construye desde lo local a partir de diagnósticos nucleares de las colonias y cuadras que conforman a los municipios. Esta iniciativa contrasta con las estrategias militaristas y centralizadas que se han implementado desde hace muchos años y que han sido inefectivas. Por ejemplo, colaboramos con la policía de Nezahualcóyotl para la identificación de puntos calientes de algunos delitos y sus causas. Cuando se tiene identificado esto se puede intervenir con mayor probabilidad de éxito.

La construcción de capacidades de Estado no se da de manera espontánea, hay que invertir. Por ejemplo, para los policías hay que invertir en academia, en formación, en equipo, en sistemas de inteligencia, en radiocomunicación. Lo único que le falta a nuestro modelo de acción con gobiernos locales es construir mecanismos de financiamiento sostenible para que no dependan de los recursos de la federación, porque recientemente han desaparecido fondos destinados a ellos.

Lisa, colaboraste con diversas dependencias como la SEP o el Instituto Mexicano de la Juventud, mientras que, Edna, fuiste presidenta de la comisión de selección del Sistema Nacional Anticorrupción. A partir de sus trayectorias profesionales, ¿cuáles son las diferencias entre actuar siendo parte del sector público y hacerlo desde la sociedad organizada?

LS: La libertad. Muchísima libertad. Haber pasado por la administración pública federal me enseñó muchísimas cosas, pero al mismo tiempo me frustró enormemente. La verticalidad que hay dentro de la administración pública es desgastante, porque las órdenes las da un superior que a lo mejor sabe mucho menos de lo que tú sabes y en realidad está respondiendo a un interés político y no a solucionar el problema. En cambio, desde la sociedad civil tienes muchísima más libertad de opinión y de ir construyendo esas agendas que quizá no son populares en lo político o no tienen el apoyo de los grupos políticos en el poder. Mientras trabajaba en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, yo sabía que México necesitaba hablar de una tercera opción, además de la prevención y el tratamiento, para las personas que usan drogas: la reducción del daño, es decir, mejorar la calidad de vida de los usuarios sin que dejen de consumir. Sin embargo, no se podía hablar de ese tema por la resistencia dentro del sector salud nacional y también por las posiciones internacionales. Uno puede ponerse a pensar cuál es realmente la utilidad de no hablar de eso; a mí me parece tan normal y tan apropiado y no se pudo. Saliendo de la OEA, desde la sociedad civil, pudimos no solo hablar del tema sino explicarlo, posicionarlo, mejorarlo e ir construyendo esa presión que obligó entonces a los gobiernos a tomar una postura más abierta al respecto.

EJ: En mi caso, fue una experiencia maravillosa presidir la comisión de selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Era una posición híbrida porque nunca recibimos recursos públicos ni sueldo, pero fuimos nombrados por el Senado y por lo tanto teníamos responsabilidades de rendición de cuentas. Implicó una enorme responsabilidad y vocación. En la administración pública y la sociedad civil organizada hay comunión en la vocación, en los ideales y en los propósitos porque lo que se busca es mejorar al país.

Otra de las críticas que se les ha hecho a las osc es el origen de su financiamiento, que cuenten con apoyos de fundaciones extranjeras, que reciban dinero de empresarios.

EJ: Para que las organizaciones de la sociedad civil existan y funcionen necesitan recursos. En el mundo hay distintos modelos para financiarlas. Hay lugares donde es parte de la función del Estado promover y financiar organismos no estatales que atiendan distintas causas. Pero en otros lugares, como en México, esto no es bien visto. Y hay otros esquemas donde el financiamiento es mixto.

Es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil hagan explícitas y transparentes las fuentes de su financiamiento y su agenda. Ahora, en México, las fuentes de financiamiento no públicas y públicas son muy escasas, la filantropía está poco desarrollada, pero necesitamos recibir recursos para pagar a nuestros equipos de profesionales. Si queremos poner ideas en el debate público requerimos técnicos que puedan hacer propuestas muy sólidas y para esto necesitamos financiarnos.

En México Evalúa decidimos que no podemos recibir recursos públicos porque hacemos evaluación de políticas públicas y eso podría dañar la independencia de nuestro trabajo. Pero sí recibimos recursos de distintos financiadores, que van desde los ciudadanos que depositan quinientos pesos al mes hasta la cooperación internacional con el apoyo de fundaciones estadounidenses y alemanas. No hay agendas ocultas, no hay intereses impronunciables; hay agendas de fortalecimiento democrático, de robustecimiento de la justicia, de abatimiento de la pobreza, de transparencia. En México Evalúa actuamos con total transparencia, cumplimos con todas las leyes mexicanas. Queremos hacer avanzar agendas que van a beneficiar a México y a los mexicanos.

LS: La sostenibilidad de las organizaciones es un tema muy importante y hay que poner algunas cosas en claro. En primer lugar, el modelo de financiación ha evolucionado: se pueden conseguir recursos a partir de productos muy específicos. Esto ha sido muy positivo porque permite a las organizaciones ampliar el tipo de proyectos a los que se dedican y también atraer a sectores que tradicionalmente no se habrían involucrado de no existir estas posibilidades de participación.

Otro aspecto para tener en cuenta es que las organizaciones de la sociedad civil tenemos unas enormes obligaciones de transparencia con las que yo estoy de acuerdo. Me parece que la gente debe tener el derecho de verificar quién financia a las organizaciones y a que su financiamiento esté bajo auditorías externas. Dicho eso, creo que hay un límite muy sano para no sobrerregular a los actores de la sociedad civil y que estén cumpliendo todo el tiempo trámites demasiado burocráticos.

Un último aspecto que me gustaría tocar es la actual saturación del ecosistema de la sociedad civil; es decir, cada vez hay más organizaciones y muy pocos recursos. En ese sentido, ha sido muy interesante ver cómo muchas organizaciones, pero también mucha gente de la sociedad civil no organizada, colaboran para hacer avanzar un tema. Cada una pone su conocimiento, su personal y su capacidad institucional para hacerse cargo de un determinado aspecto. De ese modo se optimizan los recursos. Es lo que sucedió con los colectivos de seguridad, que fueron muy efectivos al momento de detener la Ley de Seguridad Interior.

En comparación con otros países, ¿qué tan fuertes o débiles se ven las organizaciones de la sociedad civil mexicanas?

EJ: Las organizaciones de la sociedad civil han crecido mucho en estos últimos años, pero no hemos logrado superar nuestro rezago. Hay países en América Latina cuyo padrón de organizaciones de la sociedad civil es mucho mayor que en México. Eso tiene que ver con nuestro pasado porque todo estaba controlado por el pri. Cuando la sociedad empezó a ser más compleja, cuando ya no cabía en esas estructuras tan rígidas y cuando se empezó a fracturar ese sistema político, entonces pudo emerger la sociedad civil organizada. Ha costado mucho trabajo desafanarse de esa herencia y ahora hay un resurgimiento de los gestores del viejo régimen, que intermediaban entre la sociedad civil y el gobierno, y de los mecanismos clientelares y de cooptación política. Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas son muy vibrantes y participativas y están resistiendo la imposición de estas prácticas de control. En muchos temas y muchos lugares, la sociedad civil está haciendo la diferencia.

LS: A simple vista parecería que México tiene un ecosistema de organizaciones de la sociedad civil fortísimo porque es numeroso, pero no todas las organizaciones tienen el mismo acceso a recursos o el mismo impacto. Sobre todo en el ámbito local muchas organizaciones pueden ser estigmatizadas, amenazadas o limitadas. A pesar de esto creo que en México ha habido una profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. Pero esto no es algo que podamos dar por sentado porque la disponibilidad de recursos es cada vez menor, las demandas son mayores y ha habido un esfuerzo de desprestigio de las organizaciones de la sociedad civil ante la opinión pública por parte de la actual administración. Entonces, hay que seguir trabajando por fortalecer este sector de sociedad civil en México, y sobre todo poner el foco en cómo podemos mejorar las condiciones para el florecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones en lo local.

¿Han sentido que hay un clima más hostil para las organizaciones en el actual gobierno que en los anteriores?

EJ: En el pasado había espacio para las organizaciones dedicadas a la política pública, participamos en parlamentos abiertos y tuvimos una influencia muy importante en la elaboración de ciertas leyes y políticas públicas que, hay que decirlo, no todas terminaron de consolidarse. En la actualidad no vemos eso. Se están cerrando algunos espacios de participación que antes fueron muy importantes.

Me parece que sí hay un clima de hostilidad que el propio presidente expresa. Ha habido cambios en materia fiscal y de donatarias autorizadas que a las organizaciones de la sociedad civil nos ponen en una situación muy vulnerable.

LS: Creo que el embate es distinto y en ese sentido sí puede ser mayor, porque se siembra desconfianza en la ciudadanía en general para que rechace el trabajo y la existencia de la sociedad civil. No obstante, hay que dejar claro que en todas las administraciones ha habido esfuerzos por minar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y se han utilizado recursos públicos para ese cometido. Durante el sexenio de Peña Nieto, cuando México Unido Contra la Delincuencia ganó el primer amparo de cannabis en 2015, quisieron intimidarnos por redes sociales. Esos ataques no tenían un origen claro, pero era evidente que se trataba de una acción concertada para desacreditar lo que habíamos ganado en tribunales. Lo mismo sucedió cuando nos opusimos a la Ley de Seguridad Interior.

En este gobierno se ha divulgado la idea de que las organizaciones somos un intermediario innecesario. Eso es absolutamente falso. Somos más que necesarias porque el Estado no tiene la capacidad de atender los muchísimos problemas sociales.

¿Qué es lo que perdemos como ciudadanía con una sociedad civil organizada disminuida, desacreditada, en la que no se confía?

LS: En lo inmediato, pierdes información, capacidad de acción colectiva, capacidad de movilización y capacidad de creación de comunidad. Pero también dejas ir la posibilidad de que las personas se organicen y, en ese sentido, se pierden libertades fundamentales de poder ejercer ciudadanía.

EJ: Las grandes transformaciones del país se han impulsado desde la sociedad civil porque no hemos tenido líderes que realmente se preocupen por eso. Entonces una sociedad civil apagada condenaría al país a la mediocridad. Debemos celebrar que tenemos una sociedad civil que pone planteamientos en el debate público y que defiende causas de lo más diversas. El país va a ser mejor en la medida en que estas organizaciones se multipliquen y ocupen el espacio público. Lo ideal sería un esquema donde todos los niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– se coordinaran con la sociedad civil para resolver los problemas públicos. Sería un error gravísimo acabar con este tipo de organizaciones porque el país dejaría de contar con voces necesarias para resolver problemas públicos diversos. Sin estos contrapesos y fuentes generadoras de ideas el país quedaría muy empobrecido. ~