Si existiera un tratado de geometría urbana, Washington dc, la capital de Estados Unidos, la que muchos consideran el centro de poder del mundo occidental, sería un diamante. Diseñada en 1791 por el arquitecto Pierre Charles L’Enfant, bajo el encargo de George Washington, la ciudad recreaba un perfecto rombo de casi 260 kilómetros cuadrados de terrenos cedidos por los estados colindantes para reforzar la capitalidad de un país en construcción. Aunque años más tarde perdió esa forma original, tras la exigencia de Virginia de la devolución de parte del suelo que había entregado, la metáfora del diamante se ha mantenido como parte de la iconografía de la urbe, cuyas calles en cuadrícula y cuyas avenidas en diagonal trazan un plano a modo de red que conecta entre sí todos los edificios que albergan el poder y nos permite, de paso, seguir el juego con la analogía de las formas geométricas.

Puestos a buscar figuras más allá del rombo, y con el permiso de Montesquieu, podríamos dibujar también un triángulo, algo irregular, eso sí, en el mismísimo corazón de Washington, esbozando una línea imaginaria que uniera la Casa Blanca, el Capitolio y el Tribunal Supremo. Los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial concentrados en apenas unos kilómetros cuadrados.

El Estados Unidos de 2026, el de Trump 2.0, se parece poco a la Francia del siglo XVIII, aquella de la Ilustración. Y, aunque entonces se captó la esencia de los delicados equilibrios entre los tres poderes, la pugna que mantienen en las democracias modernas es algo distinta. Desde el 20 de enero de 2025, cuando Trump estrenó el bolígrafo presidencial, su gobierno ha sido una exhibición permanente de órdagos encadenados a las funciones del Estado y un ejercicio constante de tensión de las costuras de los checks and balances, rebasando sus límites e invadiendo competencias ajenas. En sus primeras horas de mandato, el hombre de negocios reconvertido en presidente llegó a firmar veintiséis órdenes ejecutivas y alcanzó las 142 en los cien primeros días: sendos récords con aspiraciones legislativas, que amagan con erigir al Despacho Oval en un pseudo-Capitolio.

En una sociedad como la actual, atrapada por los partidos políticos y sometida a los vaivenes extremos de la polarización, el legislativo en Estados Unidos se asoma al precipicio de la irrelevancia y reduce su capacidad de control de los ritmos del sistema desde unos escaños que, en realidad, representan la más fiel voluntad popular. Y los ciudadanos estadounidenses, que no son ajenos a esta pérdida de poder directo, suspenden mayoritariamente la labor del Congreso, hasta en un 86%, según una encuesta de la consultora Gallup del mes de abril.

De aquella batalla originaria de poder a tres, ya solo quedarían dos. Y el verdadero pulso en la América del siglo XXI se libraría, en realidad, entre el ejecutivo y el judicial.

Una de las más firmes defensoras de esta teoría, la de la desaparición gradual del legislativo, es Jill Lepore. Profesora de derecho en Harvard y erigida en la voz autorizada del sistema constitucional de Estados Unidos, apunta a la propia Constitución del país, una de las más antiguas del mundo, como el origen de la disfunción actual. En We the people: a history of the us Constitution, Lepore sostiene que la vía de las enmiendas, el mecanismo previsto en la Carta Magna para actualizarse, ha quedado diluida por la falta de mayorías para impulsar los cambios y marca 1971 como el año clave: fue la última vez que el Congreso afrontó una enmienda constitucional relevante, la número 26, sobre la rebaja de la edad para votar, bajándola a los dieciocho años. Desde entonces, sostiene Lepore, el legislativo se ha demostrado incapaz de tomar grandes decisiones y ha cedido espacios al ejecutivo y al judicial, llevando a la sociedad a lo que ella denomina “frustración cívica”.

De Marbury vs. Madison

al “rey por encima de la ley”

En un sistema jurídico como el de Estados Unidos, basado en el common law y en el que la jurisprudencia es fuente directa de derecho, dos sentencias del Tribunal Supremo han reforzado esta “tensión a dos”. Si el caso Marbury vs. Madison de 1803 consolidó la preeminencia de las togas, con la revisión judicial (el judicial review), al establecer que la Constitución es la ley máxima y que su único intérprete es el propio Supremo, el caso Trump vs. usa de 2024 reforzó el poder del presidente de Estados Unidos, no solo atribuyéndole una inmunidad casi absoluta, sino situándolo en una especie de limbo supralegal (tanto que, según denunció la juez progresista Sonia Sotomayor en su voto particular, suponía confirmar la existencia de “un rey por encima de la ley”).

Esta decisión judicial reconfiguró el papel del inquilino de la Casa Blanca y abrió la puerta a un estilo maximalista e hiperbólico de poder presidencial. En el libro Regime change: inside the imperial presidency of Donald Trump, publicado hace apenas dos meses, los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan relatan los modos de Trump en este mandato, distintos de los del primero, y describen una “presidencia imperial”: liberado de constricciones y límites, sostienen que el mandatario ignora al Congreso, actúa por instinto y solo se topa con la “resistencia de algunos jueces”. Y, precisamente para acabar con ese freno, Trump ha protagonizado una amplia secuencia de nombramientos judiciales: si entre 2016 y 2020 designó a 234 jueces federales, incluidos tres del Supremo (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, cuyos nombramientos cambiaron su composición ideológica, consolidando la actual mayoría conservadora de seis a tres), en el año y medio que ha transcurrido desde enero de 2025, ha elegido a 54 jueces federales. Con estas cifras su huella en la judicatura tiene garantizado un impacto prolongado en el tiempo.

Trump y su ejército de jueces

El Tribunal Supremo cerró en el mes de junio uno de los cursos judiciales más intensos y decisivos para la democracia que se recuerdan: ha sido el primero completo de la segunda (y más desinhibida) era Trump y los magistrados se han pronunciado sobre algunas cuestiones que, con escaso riesgo de exageración, apuntaban a la esencia misma de la democracia estadounidense y sentaban las bases del sistema político y social del Estados Unidos de las próximas décadas. Y es que hasta la cúspide del sistema judicial han llegado algunas de las decisiones más polémicas de la Casa Blanca en asuntos tan sensibles como el poder del presidente para destituir cargos, la política económica, la inmigración o la propia configuración del sistema electoral.

En sus sentencias de estos meses el Tribunal Supremo ha reforzado el poder del presidente de Estados Unidos al considerar que tiene potestad para destituir cargos de agencias federales independientes, con la excepción de la Reserva Federal, que sí mantiene a salvo de la injerencia política (las embestidas de Trump contra el ya expresidente de la institución, Jerome Powell, con insultos públicos y hasta una denuncia penal de por medio, en un pulso por el control de las decisiones sobre los tipos de interés, habían acaparado buena parte de la agenda de actualidad de Washington).

Aunque, en esto de las descalificaciones del presidente de Estados Unidos, ni los propios jueces del Supremo se han librado. En uno de los fallos más esperados, el relativo a los aranceles, se pronunciaron declarando inconstitucional la medida estrella económica de Trump convertida en eje de su política internacional, al transformar la amenaza en parte del ejercicio diplomático. Los magistrados anularon los porcentajes de las tarifas con las que se “castigaba” a otros países y tuvieron que soportar las iras del comandante en jefe, que llegó a calificarlos como “desleales” y “antipatrióticos”, a acusarlos de haber actuado movidos por intereses extranjeros y a recordarles, cada vez que tenía oportunidad, que eran “una vergüenza para la nación”. En cambio, dedicó elogiosas palabras a los tres jueces que se manifestaron en contra de la resolución, de quienes alabó su “fortaleza, sabiduría y amor por el país”.

En cuanto a la cuestión migratoria, pese a que el Supremo avaló las políticas de Trump para endurecer las concesiones de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y la retirada de la protección legal a cientos de miles de haitianos y sirios que ya están en el país, abriendo así la puerta a su deportación, dejó para el último día del curso la decisión más esperada: la del mantenimiento o no de la ciudadanía por nacimiento. Convertida en una de las obsesiones trumpianas, eliminar el derecho automático de nacionalidad suponía acabar con la idiosincrasia americana y con esa esencia del espíritu abierto y acogedor de un Estados Unidos cimentado en oleadas migratorias. Los jueces, para alivio de organizaciones de derechos humanos, consideraron que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la que garantiza el estatus de ciudadano a quien nace en suelo estadounidense, no puede tocarse y debe permanecer tal y como está.

Con las encuestas marcando mínimos históricos de popularidad de Trump (la de cnn del 30 de julio, por ejemplo, eleva la desaprobación ciudadana al 66% y deja la aprobación en apenas un 34), especialmente por la gestión en la guerra de Irán y el impacto negativo en los bolsillos de los estadounidenses, la preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano va en aumento. Resulta, para ellos, cada vez más decisivo garantizarse un buen resultado en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre y mantener el control del Capitolio (en esos comicios se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los cien del Senado) y los movimientos del gobierno por cambiar las reglas de juego en mitad del partido electoral están alertando a organizaciones civiles y a la oposición demócrata. Algunas de estas estrategias han llegado al Supremo y, aunque los jueces han frenado el intento del presidente de acabar con el voto por correo, sí han ratificado uno de los mayores recortes de los derechos civiles de los estadounidenses en décadas. La sentencia en el caso Luisiana vs. Calláis, que dictaron el pasado 29 de abril, resolvió que el mapa electoral del estado de Luisiana, que creaba un segundo distrito con mayoría de votantes afroamericanos, era una manipulación electoral racista (racial gerrymander). Recortaban, de esta manera, una de las protecciones consagradas en la mítica Ley de Derechos Electorales de 1965 (aprobada tras las movilizaciones lideradas por Martin Luther King Jr.). La decisión, muy cuestionada en Estados Unidos, ha permitido que otros estados del sur modifiquen sus divisiones electorales, de las que depende el reparto de los votos y la asignación de congresistas, con un riesgo evidente de pérdida de representación de las minorías raciales en el Congreso: el “Caucus Negro” (el grupo parlamentario de los representantes afroamericanos) calcula que podrían quedarse sin diecinueve representantes tras las elecciones del 3 de noviembre.

¿Freno o aliado?

Con estas decisiones recientes del Supremo sobre las políticas de Trump, moviéndose entre la cal y la arena, los expertos no acaban de ponerse de acuerdo en si el poder judicial es, en realidad, un freno o un aliado de la Casa Blanca. El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chicago Will Baude asegura que, a la luz de estas resoluciones, “estamos ante uno de los tribunales más independientes que se pueden imaginar en esta etapa de la segunda administración Trump”. En su opinión, “es difícil recordar un momento en que un tribunal con seis miembros designados por el partido del presidente y tres por él mismo haya fallado en su contra en al menos tres asuntos importantes”. En este mismo sentido, el profesor de derecho de Harvard Jack Goldsmith considera que la “estrategia general del tribunal es elegir cuidadosamente las batallas, concederle al presidente las victorias que merece, pero hacerle frente cuando traspasa límites importantes”. Sin embargo, no todos confían en la tarea de los magistrados. Steve Vladeck, profesor de derecho de Georgetown, alerta de que “en las primeras veinte semanas del segundo mandato, Trump pidió decisiones de emergencia diecinueve veces (las mismas que Biden en cuatro años) y que el Supremo falló casi siempre a favor del ejecutivo”. Vladeck recela de la independencia del historial de la Corte y lo define como “muy preocupante y perjudicial”.

En cualquier caso, y aun asumiendo la divergencia de interpretaciones de unos mismos hechos, el poder judicial se ha convertido en el gran test de estrés de la democracia de Estados Unidos, al ser la única estructura del Estado con competencia real para frenar algunas decisiones ejecutivas.

Y esa labor como de muro de contención no ha recaído en estos meses solo en el Tribunal Supremo (aunque, por motivos obvios, los asuntos que llegan a ellos son los de más relevancia): los tribunales ordinarios, los que reciben los casos en primera instancia, han tenido también que pronunciarse sobre algunas de las decisiones adoptadas por el presidente número 47 de Estados Unidos. Algunas de ellas, además, con la ciudad de Washington como escenario. En su afán protagonista y disruptor, Trump decidió, por supuesto sin contar con el Congreso, que el Centro Kennedy, el espacio cultural más importante de la capital, debía ser rebautizado con su nombre precediendo al del mítico (y mitificado) expresidente. El tribunal del distrito de Columbia decretó la ilegalidad de la medida, por unilateral y arbitraria, y obligó a desmontar hace tres meses, letra a letra, el apellido Trump que ya lucía en la fachada del edificio.

Los jueces, con esta decisión y practicando la geometría democrática, protegieron parte de aquel diamante imperfecto que Washington simula ser. Ahora queda confiar en otros jueces y en otras decisiones que, a lo largo de todas las salas de justicia de Estados Unidos y en todas las instancias posibles, protejan ese otro diamante, también imperfecto, que es la democracia. Que dijo Churchill. ~