La crisis de los cuarenta de la Constitución

Cinco españoles nacidos en 1978 dan su opinión sobre la Constitución que ha regido el periodo democrático más estable de la historia del país y señalan los aspectos más controvertidos del texto.

Por Paula Corroto

1 octubre 2018

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La Constitución Española lleva los últimos años en el diván. Como si en este último tiempo hubieran aparecido los traumas de sus cuarenta años de vida. Aquellos con los que ya nació –los debates por la cuestión territorial estuvieron ya en su fase de gestación– y otros que se han ido acumulando en fechas más recientes, como la prevalencia del varón sobre la mujer en los derechos dinásticos y el lenguaje inclusivo en el texto fundamental. A sus cuatro décadas, la Constitución, que paseó hasta su treintena con relativa tranquilidad, se ha plantado ahora ante el psicólogo de la sociedad española.

Los nacidos en 1978 llegaron al mundo en un país que gateaba en los albores de la democracia. Compartieron infancia con ese bebé que era entonces la Carta Magna. El parto del texto había sido complicado, como relataron sus siete padres –Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pérez-Llora, por parte de ucd; Gregorio Peces-Barba, por parte del psoe; Jordi Solé Tura, del Partido Comunista; Manuel Fraga, de Alianza Popular; y Miquel Roca, representante de los partidos vascos y catalanes–, ya que hubo mucha discusión en torno a cuestiones como la territorialidad (por ejemplo, asumir la palabra nacionalidades) y otras de carácter social como la aconfesionalidad del Estado y la posibilidad de que se pudiera aprobar el aborto, que disgustaba a los conservadores. También hubo disensión con respecto a que la naturaleza del Estado fuera la monarquía parlamentaria, una fórmula que fue rechazada por las filas socialistas. Pero al final fue aprobada en el Congreso y entusiásticamente recibida por los votantes españoles. El 87,78% del censo le dio el “sí”.

Los niños del 78, que obviamente no la votaron, crecieron con ella. En Letras Libres hemos preguntado, precisamente, a algunos de ellos con respecto a este texto. Todos parten de un consenso básico, aunque a la postre haya puntos de vista muy diversos: es lo mejor que nos ha pasado. La primera sesión no empieza mal.

“Representa un antes y un después en la historia del constitucionalismo español. Cada vez que se promulgaba una constitución de corte liberal y que ampliaba derechos, le seguía una contrarrevolución que nos devolvía al momento anterior”, comenta Ignacio Urquizu, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y diputado socialista. A él se une Pilar Mera Costas, doctora en Ciencias Políticas por la Complutense, quien observa que “hemos tenido la suerte de que toda nuestra vida se haya desarrollado dentro de la etapa de mayor estabilidad política, mayores derechos y libertades, y un desarrollo democrático más avanzado”.

Para el escritor Jordi Amat, autor de libros como La conjura de los irresponsables, sobre el procés catalán, y que insiste en que no se reconoce como experto en temas constitucionales, también es indiscutible su función, puesto que “constatas que lo excepcional ha sido la normalidad que ha gozado tu generación”, si bien admite que fue hace diez años cuando empezó a flaquear: “Es el periodo democrático más largo de la historia de la España moderna, un periodo caracterizado hasta 2008 por la progresiva consolidación del Estado de Bienestar.”

Otros, como el periodista Iñaki Ellakuría, coautor del libro Alternativa Naranja. Ciudadanos a la conquista de España, junto a José María Albert de Paco, se muestran algo más beligerantes ante los ataques que a menudo recibe el texto. Para él, “la Constitución representa normalidad, democracia. Y justamente por eso, porque es algo que para nuestra generación siempre estuvo ahí, somos algo injustos con el texto fundamental: lo desconocemos en su mayoría, pero afirmamos que nos parece caduco, superado, culpable”. Entre medias se cuela la voz más práctica de la profesora de historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, Nere Basabe, autora de la novela El límite inferior: “Es el marco en el que se ha desarrollado toda la vida política que he conocido. Cuando no se ha conocido otra cosa, a veces cuesta imaginar alternativas.”

El problema territorial

El balance es bueno, pero eso no es óbice para que también se reconozca la necesidad de algunos cambios, aunque no deban ser ni bruscos ni inmediatos, ni por supuesto una enmienda a la totalidad. Como quizá nos pasa a todos al llegar a una edad en la que ciertos planteamientos van quedando atrás. Porque, como todos los consultados afirman, ni 1978 ni la década de los ochenta tienen ya mucho que ver con 2018. Y no solo porque antes no existieran los teléfonos móviles y las redes sociales. Aquí es donde empieza la verdadera sesión para el psicólogo.

El trauma que está más presente –según todos los consultados– es el de la confección territorial, un quebradero de cabeza que ha cobrado más protagonismo en los últimos tiempos. Es el famoso Título viii, que pasó al imaginario popular con aquella frase del “café para todos”. Según Amat, “la arquitectura constitucional española se tambalea desde la sentencia del Estatut –porque el Tribunal Constitucional se degradó– y esos movimientos provocaron una crisis severa en el ordenamiento constitucional durante el Otoño catalán, una crisis constitucional que ha mutado en crisis de Estado”.

El problema, para Urquizu, no concierne a ese momento concreto, sino a que “el modelo territorial no estaba definido y se ha ido diseñando con el tiempo. El Título viii debería reescribirse para actualizarse a la realidad de estos últimos cuarenta años. Por ejemplo, introduciendo los nombres de las comunidades autónomas”. Basabe comparte con él que es “un aspecto que debería quedar mejor recogido, y así se evitarían debates sobre la inconstitucionalidad o no de nuevos estatutos de autonomía, competencias, referéndums, etc. Por poner un ejemplo que hoy ya nos suena extravagante: el único referéndum contemplado en la Constitución es el de la posibilidad de que Navarra se uniese al País Vasco”.

Entre las reformas que se podrían contemplar, la profesora Mera Costas sostiene que es necesario “reformular el Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial. Debería reflejar mucho más la representación política autonómica, quizás haciendo que la elección de sus integrantes estuviese vinculada a las elecciones autonómicas o convirtiendo la comunidad en la circunscripción electoral”. A esta petición se suman Basabe y Ellakuría, si bien para el periodista el problema se observa desde otro lado, ya que se impulsó “una fuerte descentralización, hasta convertir España en un Estado casi federal, sin fortalecer los mecanismos de integración y lealtad institucional. Por eso, urge clarificar esas competencias y convertir el Senado en una cámara de representación territorial a la alemana”.

La cuestión de género

Cuando se redactó la Constitución hubo polémica en torno a si España debía ser una monarquía parlamentaria o no. El socialista Gregorio Peces-Barba votó “no” debido al sentir republicano de su partido. Sin embargo, en lo que no hubo ninguna discusión fue en que el varón fuera el legítimo heredero por delante de una mujer, aunque esta fuera la primogénita del rey. Y así quedó aprobado en el artículo 57, que ratificó que la infanta Elena nunca podría ser jefa de Estado.

Pero en 2018 esta cuestión es una de las más acuciantes y de las que menos dudas ofrece. “Habría que garantizar la igualdad de género en el acceso a la jefatura del Estado para ser una Constitución propia del siglo XXI”, sostiene Urquizu. Para Amat “la sucesión en el trono no puede depender de si el heredero es varón o mujer”. Mera Costas sostiene que tampoco “tiene ningún sentido mantener la prevalencia del hombre sobre la mujer en la transmisión de la Corona. A todos nos parece que rompe el espíritu de igualdad que ya está presente en la Constitución de 1978”.

La profesora Basabe, por su parte, va más allá en el tema del género y de diferentes colectivos. “La igualdad de todos los españoles tampoco parece satisfacer ya, en su formulación meramente formal, las necesidades de los distintos colectivos que forman hoy una sociedad más compleja, y que en los últimos tiempos han manifestado sus quejas: desde los discapacitados a las mujeres”, sostiene. Y añade la cuestión del lenguaje inclusivo, ya que recuerda que “la Constitución tiene siete padres pero ninguna madre, y en el texto solo se habla específicamente de la mujer en dos ocasiones: en lo relativo a sus derechos en el seno del matrimonio y para establecer que en la jefatura de Estado prevalecerán los derechos del hombre sobre los de la mujer. Está claro que se redactó en un momento en el que aún no se había dado plenamente la incorporación de la mujer a la esfera pública”. Urquizu también reconoce que el tema del lenguaje inclusivo, que fue una propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, es uno de los asuntos “pertinentes”.

Estado de bienestar, dependencia, medio ambiente

Al hilo de la cuestión de género, la tercera pata en una posible reforma tiene que ver con los derechos sociales. En el Título i se refrendan derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la libertad de expresión, el derecho a un trabajo –y a no ser explotado– o los derechos al honor y la intimidad. Pese a que se aplaude la modernidad del texto al estar reconocidos estos derechos –“Se presentó ciertamente como muy avanzada en el reconocimiento de derechos fundamentales”, afirma Basabe–, todos los consultados coinciden en que serían necesarios algunos cambios, puesto que la sociedad ha avanzado mucho con respecto a 1978.

“Los derechos humanos han seguido avanzando y la Constitución debería desarrollarse en ese sentido. El Título i incluye además una jerarquización de derechos, entre aquellos que son susceptibles de amparo constitucional y los que son solo meras formulaciones de carácter programático, como, por ejemplo, el derecho al trabajo o a la vivienda, que no parece tener mucho sentido si no es aplicable”, indica Basabe. Para Mera Costas también se hace necesaria una reformulación en cuanto a “derechos vinculados al Estado de Bienestar”, entre los que incluye la sanidad, la dependencia, la educación universal; la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres, en temas de conciliación familiar, pero no solo; la igualdad de derechos con independencia de la orientación sexual, o temas medioambientales, entre otros. Es obvio que hace cuarenta años eran asuntos que ni siquiera se contemplaron y posiblemente a casi nadie se le pasó por la cabeza que pudieran incluirse cosas que sonaban más a ciencia ficción que a temas perentorios. Se hace difícil pensar que en aquellas reuniones que tuvieron los siete padres de la Constitución pudiera siquiera hablarse de conciliación u orientaciones sexuales.

¿Es posible una reforma?

Hasta la fecha, la Constitución solo ha tenido una reforma de calado en el artículo 135, referente a la estabilidad presupuestaria, objeto de un agrio debate en agosto de 2011. Y, en cuanto a los cambios, una cosa es el deseo y otra la realidad, como ya decía el poeta Luis Cernuda, porque ninguno de los preguntados reconoce que será fácil o temprano.

Entre los mayores obstáculos se encuentran la disensión política, la falta de cultura de pactos y la fragmentación que ha surgido en los últimos años. En las propias respuestas obtenidas para este artículo se observan ya las confrontaciones.

Urquizu entiende que “no es sencillo en un escenario de polarización donde los conservadores parecen abrazados a uno de los extremos y una parte de los nacionalistas quiere quebrar sus comunidades por razones identitarias”. Para Ellakuría, “abrir un proceso de reforma constitucional sin la existencia de unos consensos previos me parece un error. Con el actual clima de polarización política, de deslealtades institucionales, lo considero casi suicida. Sería un grave error abrir el melón constitucional como medida de urgencia para contentar al independentismo catalán y vasco”. Por su parte, Amat insiste en que “aún no ha aparecido una cultura política que asuma como nuevo escenario de deliberación el multipartidismo. Y aquí es donde estamos y de aquí, en mucho tiempo, no vamos a movernos”.

Las respuestas de Nere Basabe y Pilar Mera van en el misma línea. “El debate sobre qué debe ser reformado y en qué sentido se haría a día de hoy es bastante imposible, dada la situación política, con mayorías insuficientes en el Congreso y la crisis de Cataluña”, manifiesta la primera. “Lo primero que hace falta es que el sistema de partidos se asiente un poco y que sus integrantes asuman que las mayorías fuertes de un solo partido están lejos y que, por tanto, hay que negociar. Y es algo que al menos de cara a la galería no parecen entender los cuatro grandes partidos, ni los que estaban ni los recién llegados”, resume la segunda.

Así, los problemas de la Constitución para aquellos que han vivido siempre bajo su paraguas parecen estar claros, pero no parece que se solventen fácilmente con unas cuantas sesiones de psicoanálisis. ~