“Ahora los poderes viven en promiscuidad”, decía Rosa María Calaf hace poco lamentando que tanta proximidad impida a los periodistas cumplir su tarea principal: fiscalizar al poder político y económico. La prensa es el cuarto poder solo de nombre y el papel de un informador no es equiparable al de juez o legislador, pero como escribía María Rodríguez en Politibot a propósito de Katharine Graham y el Washington Post, “es uno de los pocos negocios privados donde el principal interés es el servicio público”.
Para llevarlo a cabo se recomienda que el periodista mantenga la distancia y esté vigilante. De esa máxima que se enseña en primero de periodismo se derivan muchos debates sobre el oficio, pero ninguno ahonda en la figura del informador que da el salto a la política y luego vuelve a informar.
Agustín Esteban Collantes fue redactor de El Heraldo, concejal en Palencia y responsable del ministerio de fomento con Isabel II. También fue el primer ministro español juzgado por corrupción y absuelto en una sentencia que aún hace las delicias de los historiadores del derecho penal. Sin respiro, fundó El eco de España con la ayuda de Alfonso XII, que necesitaba sus páginas para promover la restauración borbónica. Era el siglo XIX. En el XX, Pilar Rahola había estado en TV3 antes de ir a ERC y montar el pi para regresar luego a la prensa. También hemos visto casos en el XXI. Por ejemplo, el de Cayetana Álvarez de Toledo, que dejó El Mundo para ir al PP y ha vuelto al periodismo.
Las crisis políticas propician cambios en las vocaciones, quizá por eso en las últimas elecciones catalanas también vimos a varios informadores iniciar ese viaje. Fue el caso de Eduard Pujol, director de la emisora RAC1, que se unió a Junts per Catalunya. O el de Raquel Sans, ex Diari de Tarragona y jefa de gabinete del delegado del Govern, que optó por ERC. Y el de Nacho Martín, que se ahorró el paso, muy habitual, de trabajar para un político antes de serlo y pasó de las tertulias televisivas a ser el número seis de Ciudadanos. Es pronto para saber si volverán pero, observando los precedentes, es probable.
“Hay una norma muy saludable en el diario que dice que los articulistas que se conviertan en candidatos dejen de publicar sus artículos”, escribía Pep Riera en la que sería su última columna en El Punt Avui. Fue en noviembre, cuando dejó su trabajo para unirse al partido de Carles Puigdemont, que también fue periodista en el mismo diario. Hablaba públicamente de una medida “saludable” y aplicable a quienes aspiran a un escaño, algo que no se hace con quienes vuelven a las secciones de política para informar después de haber estado a sueldo de un partido.
Los periodistas no disponen, como los jueces, de figuras como la recusación ni hay un debate en el sector sobre este asunto. Sí lo tuvieron los magistrados, aunque breve y tibio, cuando en las generales de junio de 2016 seis togados se sumaron a Podemos, PPy PSOE, y Jueces por la Democracia avisó de que esos viajes aumentan la desconfianza hacia una profesión que, junto a la de periodista y según el CIS, es la peor valorada por los españoles.
Tampoco las entidades profesionales tienen claro qué habría que hacer en estos casos. De las once consultadas, de América Latina y Europa, ninguna se atreve a recomendar algo parecido a una cuarentena, aunque a veces al periodista que vuelve se le cambia de sección durante un tiempo. Pero no es habitual. En España, la Federación de Asociaciones de Periodistas (fape) no aborda el tema ni el modo en que esas puertas giratorias afectan a la credibilidad de la profesión. “Sin periodista no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia”, dice uno de sus lemas haciendo hincapié en la necesidad del sistema de tener una ciudadanía bien informada. Para conseguirlo recomienda cumplir los códigos éticos, tan genéricos que solo mencionan el conflicto de intereses para hablar de la publicidad.
En otros lugares empiezan a prestarle atención al asunto. Por ejemplo, en Chile, donde el Colegio de Periodistas incorporó este epígrafe a su código deontológico: “El o la periodista deberá transparentar los conflictos de interés que puedan tener incidencia sustancial en la orientación del trabajo final.” Su impulsor, Patricio Segura, informa a esta revista que lo propuso en 2015 por la proliferación de casos como el de Beatriz Sánchez, informadora política que en noviembre de 2017 encabezó la lista del Frente Amplio a las presidenciales.
La Asociación de Periodistas de Canadá fue más allá tras ver que se les acumulaban los colegas aspirando a un cargo público. En las directrices que redactaron para sus asociados está la de informar a jefes y subordinados y hacer público cualquier conflicto de intereses por respeto al lector. Pero la primera instrucción era una advertencia al profesional: “Piénsalo con cuidado porque en un futuro la actividad política podría obstaculizar tu capacidad de informar de modo independiente.”
Álex Grijelmo escribió que “el silencio puede manipular lo que decimos”. Hablaba del modo en que los informadores obvian datos y cómo los lectores completan esas omisiones. Se refería a los textos, pero ¿qué pasa si ese silencio se refiere a quien informa? Para evitar el descrédito, Francesc Marc Álvaro aconseja en “Democracia acelerada y periodismo bajo sospecha” no sustituir al periodista por el activista, el director de comunicación o el asesor de imagen, pero no dice nada de las veces que es un redactor “pródigo” quien hace esa labor más propagandística que informativa y más propia de las ocupaciones antes citadas que de las de un periodista.
El regreso a la redacción tras pasar por la política acrecienta las dudas propias de la práctica periodística. Si fiscalizar al poder es complicado, ¿cómo lo hace quien hasta ayer, a veces literalmente, tenía por compañeros a diputados? ¿Debe saberlo el lector? No se trata de preguntarle al periodista con quién se acuesta, si vive de alquiler o a qué partido vota. Tampoco de ser puro, sino de ser claro. ~
Es periodista
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