Al presidente López Obrador le gusta mucho decir “FIFI”. Es una palabra simpática, eufónica, antigüita, quizás algo frívola, que tiene un dejo de homofobia que podría no ser intencional. Cuando en 2019 un par de periodistas preguntaron al presidente qué quería decir con ella, contestó que FIFI es el “júnior de conservadores”; “FIFI” habían sido los opositores al presidente Madero que en 1913 habían celebrado su defenestración. Los de hoy son “fantoches, conservadores, sabelotodos [SIC], hipócritas, doble cara”. La etiqueta “FIFI” se finca en la convicción de que la política ha sido, es y será una lucha, eterna y esencial, entre liberales y conservadores. El apelativo, condescendiente, casi cariñoso, sugiere sin embargo que ser conservador no es una postura política: no se asocia a un programa específico, ni siquiera resulta de una aversión temperamental al cambio. Ser conservador es un defecto de carácter: el FIFI es antipático, ridículo, insignificante… y eso no le quita lo perverso.
Tal transparencia y claridad moral corresponden a la historia solo cuando esta sirve para erigir estatuas, aburrir niños y hacer las conexiones más inverosímiles. Es el relato de bronce que en México, durante años, se usó para vincular al pri, con solemnidad y en fecha precisa –nada de andar alargando fines de semana–, con las gestas heroicas de Hidalgo, Juárez, Madero y Zapata. El partido que institucionalizó la Revolución recuperó a los héroes y glorias del régimen que esta había derrocado. Extirpó, con precisión quirúrgica, tan solo al “héroe de la paz” que lo presidió por más de treinta años. El dictador cuyos abusos habían levantado los vientos justicieros de la Revolución terminó siendo un tirano malinchista… y conservador. Si los miembros del partido hegemónico eran la versión actualizada de los “héroes que nos dieron patria” –aquellos que se consagraban como los liberales del siglo XIX–, quienes no estaban con ellos eran, siguiendo una lógica que a veces contradecía a la historia, los herederos de sus enemigos: “conservadores”, “reaccionarios”.
Estos adjetivos, utilizados como sustantivos, sirvieron para identificar, condenar y descalificar a la oposición, quizá sobre todo cuando se articulaba en torno a antiguos compañeros de ruta –José Vasconcelos, Luis Cabrera, Manuel Gómez Morin–. Nacidos “retrógradas” –ser “conservador” no podía ser una toma de postura, era un defecto de origen–, no presentaban visiones distintas de lo que podía ser la Revolución; eran sus enemigos, y por lo tanto también los de la patria. En un sistema de partido hegemónico, se reconocía al Partido Acción Nacional, fundado en 1939, a diferencia de otros partidos de oposición: el Partido Comunista Mexicano operó en la clandestinidad entre 1951 y 1978. Sin embargo, al mismo tiempo, se construye a la “derecha” sin profundidad, sin matiz, sin fisuras, controlada por, diría un intelectual de la talla de Daniel Cosío Villegas, “la mano peluda” de la Iglesia y –lo monstruoso, por definición, no es congruente– los gringos. Lo mismo daba que gritara “Cristianismo sí, comunismo no” o exigiera que “Los votos cuenten y se cuenten”. En 1984, frente a los conflictos que se desataron tras una elección municipal en Piedras Negras que reclamaba haber ganado el pan, un historiador alegó que un triunfo electoral de la derecha sería tan trágico como una de las intervenciones estadounidenses. Ante la posible perdición de la patria, la voluntad de la ciudadanía no podía ser, siquiera, tema de discusión.
La persistencia de la mitografía patriótica liberal en el México revolucionario bien puede deberse a su eficacia: a su colorido, su dramatismo, lo entrañable de sus personajes –cuyo único defecto quizás era ser desproporcionadamente masculinos, lo que, incluso en una época en que la equidad de género preocupaba poco, dejaba a casi todas las niñas frustradas, con una Josefa Ortiz de Domínguez entre tanto Pípila, Niño Héroe y Zacapoaxtla– y al triunfo, no por inevitable menos emocionante, del Bien contra el Mal. Llama sin embargo la atención que la descalificación del conservadurismo antecede al hecho de que la derrota de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano transformara al liberalismo de controvertida propuesta política en la gramática consagrada de la patria republicana. Se hablaba mal de los conservadores antes de que la historia confirmara que, por vendepatrias y traidores, eran los malos del cuento. La condena del conservadurismo no es consecuencia lógica del maniqueísmo de la historia patria. Es, en cambio, resultado de las peculiaridades de la esfera pública del México independiente al mediar el siglo XIX, un espacio que no dejaba lugar.
A finales de 1864, el periódico La Orquesta publicó una caricatura en la que unos conservadores, decepcionados, buscaban sin encontrar “fueros, Inquisición y pergaminos” en las maletas del ejército invasor. La travesura del periódico satírico caló lo suficiente para que el connotado jurista poblano Juan N. Rodríguez de San Miguel protestara irritado para aclarar que los conservadores eran “demasiado entendidos” para querer volver al pasado. Pretendían, en cambio, asegurar la libertad –“muy diferente” de la que exaltaban sus opositores– y la consolidación de un gobierno “a voluntad de la nación, pero justo, enérgico, extraño a los partidos y bajo el cual se disfrutan garantías sociales.”
Unos años antes, Francisco Zarco, miembro destacado y cronista del Congreso Constituyente de 1856, director de uno de los diarios más influyentes de la capital, había sido incluso más tajante en su ataque a quienes criticaban al liberalismo reformista. Afirmaba que en México ningún partido podía llamarse “conservador”. Quienes así se identificaban no eran sino parte de “la facción retrógrada”, cuyo único programa era “el robo, el libertinaje, el asesinato y la traición.” Para el periódico “de buen humor” que hacía la crónica incisiva del Segundo Imperio, lo que querían los conservadores era ridículo; para el director de El Siglo Diez y Nueve, criminal.
De ahí que tanto de lo que escribían los publicistas que tras la guerra con Estados Unidos se describían como “conservadores”, para distinguirse de los miembros del partido “destructor”, se abocara a explicar lo que no era el conservadurismo y lo que no querían hacer los conservadores: afirmaban no pretender la restauración de la monarquía, ni del antiguo régimen, menos del yugo colonial. Sus interlocutores no tenían intención alguna de tomar la palabra a unos “reaccionarios” y “retrógradas”. El trauma de la derrota convenció a los miembros de la clase política mexicana de la necesidad urgente de establecer un Estado nacional fuerte y eficaz, capaz de resistir la inestabilidad interna y las agresiones del exterior. Al tiempo que se consolidaba este objetivo común, surgían proyectos políticos confrontados. Que el diálogo entre ellos fuera imposible contribuyó a que se hicieran incompatibles. Entre 1858 y 1867, los liberales y conservadores que durante diez años se denostaron mutuamente se enfrentaron en el campo de batalla.
El desenlace de la guerra entre México y Estados Unidos fracturó a la nación derrotada. Paradójicamente, en la república triunfante generó también un proceso de polarización política, activado por el debate en torno al futuro de la esclavitud en los territorios conquistados. Si en México el conservadurismo, vilipendiado por arcaico y extranjerizante, se vio marginado dentro de la esfera pública, en Estados Unidos, políticos de todos los partidos reclamaron para sí la etiqueta de “conservadores”. Argüían que reflejaba el sentido común del ciudadano de a pie: el conservador era razonable, desapasionado, conciliador; rechazaba la política de la obsesión (“one-ideaism”), de aquellos –los abolicionistas norteños, los secesionistas sureños– que afirmaban ser dueños de la verdad, que ponían sus ideales por encima de la conveniencia e incluso de la ley. Estos terminaron apropiándose del discurso político. Al desvanecerse el centro que reclamaban los conservadores se desdibujó también el espacio compartido para hacer política. En abril de 1861, Estados Unidos se sumió en una guerra civil, la más mortífera de las contiendas en las que ese país se viera involucrado.
¿Qué puede decirse sobre las consecuencias de negar la legitimidad del conservadurismo en política? La distancia en el tiempo y la posibilidad de comparar nos permiten, quizá, ponderar el peso de transformar ciertas palabras en insultos. La descalificación tajante de la oposición no produjo una guerra cuyas raíces son profundas y complejas, pero contribuyó, sin duda, a provocarla. Tampoco se tradujo en una restricción de la libertad de expresión: la censura, en 1840, del críptico folleto monarquista de José María Gutiérrez de Estrada fue excepcional. Los conservadores podían escribir lo que les pareciera; lo que dijeran sería ignorado o denigrado.
Transformar al contrincante político en enemigo significó no discutir problemas legítimos que preocupaban a los conservadores: la representación deficitaria; los dilemas que plantea, en el gobierno representativo, la imposibilidad de conciliar intereses encontrados; las insuficiencias de la administración pública. Significó no contar con la experiencia, el saber hacer y las redes de contactos de hombres capaces que se identificaban con la tradición conservadora. La estigmatización del conservadurismo implicó suplantar el diálogo y la negociación con una confrontación que se trasladó, eventualmente, al campo de batalla. Reconocer la legitimidad de una postura política significa no solo admitir la buena fe de quienes la sostienen, sino la posibilidad de que, por lo menos en algunas cosas, tengan razón. Engendra una política de transacción, más ramplona que las hazañas que celebra la historia patria, pero quizá también más productiva. ~
es doctora en historia por El Colegio de México. Coordinó, al lado de Pablo Mijangos y José Ramón Cossío, Derecho y cambio social en la historia (Colmex, 2019).
