Ya desde la elección de 2012, Andrés Manuel López Obrador comenzaba a utilizar la frase que se convertiría en la sombra que persigue a su movimiento a la luz de las acusaciones de amasiato con el crimen organizado: los “abrazos, no balazos”. Eso que comenzó como una muestra de voluntarismo ingenuo ha terminado por enmarcar una nueva etapa de la crisis de inseguridad en México: la capitulación del Estado frente a otras fuerzas de orden violento en su territorio.

Siete años han pasado de gobiernos obradoristas y la crisis de violencia que prometieron frenar no solo continúa, sino que, además, ha evolucionado a una criminalidad armada que abarca desde las viejas disputas por economías ilícitas hasta la captura del Estado para sustituir su autoridad territorial como organización monopólica de la violencia y extracción de rentas.

Hablamos de un fenómeno que hoy se refleja en tres frentes de inestabilidad: una crisis de soberanía territorial, la persistencia de la violencia armada y ahora también la vulnerabilidad frente a fuerzas extranjeras que alimentan su apetito de intervención con nuestro desorden interno.

No hay un solo aspecto en el que este nuevo régimen pueda argumentar una mejoría sustancial en materia de seguridad y Estado de derecho frente a los del pasado inmediato. Si a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se les puede señalar como los de la criminalidad y la violencia desbordada, a los de López Obrador y Claudia Sheinbaum se les ubicará en la historia como los de la consolidación de un nuevo orden: uno donde el proyecto autoritario ha encontrado en grupos como los cárteles no un obstáculo, sino un aliado. Esto ha agudizado aún más nuestra debilidad estructural.

La crisis de soberanía territorial y la captura del Estado

Una de las grandes paradojas del obradorismo –que a veces pudiera pasar como una inconsistencia en el discurso opositor– es que, mientras se le acusa de ser un régimen autoritario cuyo principal objetivo es la acumulación de poder, al mismo tiempo se le señala por su debilidad frente a otras fuentes de autoridad paralelas como es el crimen organizado.

La respuesta a esta paradoja es que el actual régimen ha buscado concentrar el poder a partir de debilitar los contrapesos y subordinar a las instituciones, pero no ha reconstruido su capacidad estatal en el territorio para ejercerlo. Al contrario: en muchos casos la erosionó más. La desaparición de la Policía Federal, la militarización de tareas civiles, el debilitamiento de policías estatales y municipales, y la insistencia en reemplazar capacidades profesionales por lealtades políticas han producido una estructura más centralizada, pero no más soberana.

Se puede fortalecer un régimen mientras se debilita el Estado y eso es precisamente lo que ha ocurrido. El poder político de esta nueva clase gobernante se volvió más intenso, pero la autoridad sobre el territorio, más frágil. La consecuencia no ha sido un Estado fuerte, sino un Estado vaciado de institucionalidad y dependiente de arreglos verticales para sostener una gobernabilidad cada vez más precaria.

Hoy existe un Estado paralelo no como metáfora de la presencia del crimen organizado, sino como verdaderas estructuras armadas que cumplen funciones típicamente estatales: regulan mercados, controlan rutas, administran justicia informal, cobran tributos, imponen castigos, ordenan la circulación y producen obediencia. En algunos territorios, incluso construyen legitimidades parciales. Es una soberanía de facto: precaria y violenta, pero soberanía al fin.

Por todo ello, el fenómeno de la inseguridad en México ya no puede describirse solo como uno de criminalidad, violencia o impunidad. Hoy enfrentamos una crisis de soberanía territorial: la pérdida, fragmentación y disputa efectiva del monopolio estatal de la coerción, del orden y de la autoridad sobre el espacio físico. En otras palabras, el problema ya no es únicamente cuánta violencia hay; pasó a ser quién manda, quién cobra, quién protege, quién castiga y quién fija las reglas de la vida cotidiana. El mar de extorsión del que hablaba Claudio Lomnitz hoy inundó casi por completo los islotes de institucionalidad.

Esa mutación es decisiva. Ante la retirada del Estado, aparece otro orden. En la captura del Estado que estamos viviendo, los poderes criminales ya dejaron de ser actores externos y pasaron a integrarse en las lógicas de reproducción del poder político. Hay tolerancia selectiva porque existen rentas compartidas y reparto territorial de funciones.

El agravante es que esta sustitución no es un asunto solamente de incapacidad estatal para evitar su captura –como dicta el lenguaje de los Estados fallidos– que se explica por falta de recursos, fuerza o profesionalización. Estamos ante algo peor: este régimen no solo no pudo, sino que no quiso blindarse de los grupos armados porque prefirió la colaboración con ellos para alcanzar sus objetivos políticos. Principalmente, para ganar elecciones. No es Estado fallido, sino un Estado cómplice.

Por eso la noción de narcopolítica es indispensable. No estamos ante una simple infiltración del crimen como agente parasitario en la política, sino ante una forma de articulación cómplice entre violencia organizada y poder público. El crimen ya no se limita a corromper instituciones para mantener sus negocios; participa en la producción de gobernabilidad. Es un equilibrio precario de fuerzas armadas y poderes ilegítimos.

Desde ahí se entiende mejor la lógica de los abrazos, no balazos. Más que una estrategia de seguridad inocente fue una filosofía de contención pasiva basada en la idea de que la violencia podía administrarse mediante un Estado “fuerte” que pudiera integrar a los actores criminales y, tal vez, institucionalizarlos.

Dicha integración se logró, pero no para deponer las armas. Hoy, el poder político y las redes criminales se acoplan para producir un mismo orden de control, protección, impunidad y reparto basado en la violencia. El Estado no asumió una jerarquía sobre estos grupos, simplemente comparte con ellos el objetivo de la adquisición de poder.

Es la reedición de la fantasía de la “pax narca” priista, un arreglo que en realidad siempre fue inestable y violento; una tregua revocable de disciplina armada fundada en el miedo, la impunidad y la corrupción. En este caso es peor porque, en realidad, no produce soberanía, sino silencios temporales; no reconstruye el Estado, sino que lo vuelve dependiente de equilibrios que no controla.

Si hay un caso que permite ver este proceso con nitidez, es Sinaloa. No solo por la historia de poder criminal en el estado, sino porque allí la crisis de soberanía territorial aparece como un proceso sistémico, no como un episodio aislado. Es la trama completa de la complicidad entre actores para condicionar procesos electorales, influir en la designación de autoridades, blindar redes de protección y operar sobre las instituciones encargadas de seguridad y justicia.

La acusación del Departamento de Justicia estadounidense en contra de Rubén Rocha y otros nueve miembros de la clase gobernante de ese estado completa las piezas de un rompecabezas que ya era evidente para quien estuviera poniendo atención a lo que ahí sucedía, al menos, desde 2021.

Según lo que sabemos por documentos oficiales del caso, a Rocha se le acusa de haber pactado previo a la elección con los líderes del Cártel de Sinaloa, quienes hicieron el compromiso de abonar al esfuerzo electoral de Morena a cambio de obtener una cobertura institucional en las áreas de seguridad y justicia una vez concretado el triunfo.

Y así sucedió: la acusación detalla cómo, llegados al poder, el amasiato político-criminal estableció un arreglo burocrático a través de nóminas paralelas que permitió dar cobertura institucional a las actividades criminales de esa organización y blindarla ante operativos de fuerzas federales u operaciones internacionales. Por supuesto, esto también implicó el uso de la fuerza pública para fines criminales, como habría sido el secuestro y asesinato de un informante de la dea por parte de un comandante policial también señalado en la acusación.

Sinaloa muestra que dicha captura no es accidental ni episódica, ha comenzado a adquirir la forma de un régimen. Ya no es el caso de una oveja negra, es un sistema; un ciclo completo de complicidad, cogobierno y ejercicio mutuo de la violencia. Esta crisis de soberanía no se explica solamente por accidentes locales ni por la personalidad de un gobernador o de un grupo criminal. El problema de Sinaloa es que representa la fotografía de muchas escalas de poder compartido entre el Estado y los grupos armados, cuando deberían ser antagónicos.

Las acusaciones –que por ahora permanecen en los archivos periodísticos, pero pronto podrían integrar los expedientes judiciales internacionales– pasan por estados como Baja California, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Tabasco, Sonora y Michoacán. En este último estado existe incluso una sentencia histórica del Tribunal Electoral Federal que anuló en 2021 todas las casillas de cuatro municipios. Esto se debió a la razón explícita de involucramiento del crimen organizado en la elección, pese a lo cual se validó el triunfo del actual gobernador de Morena. ¿Por qué el crimen organizado de Michoacán se movilizó en favor del actual gobernador del estado? ¿Qué pactos como los de Sinaloa siguen vigentes ahí?

La historia se repite no solo en otros de los estados mencionados, sino en cientos de municipios que hoy representan el eslabón más débil de este proceso de descomposición. En 2024, más de cuarenta aspirantes a puestos de elección popular, de los cuales casi el 90% pretendían ser alcaldes, fueron asesinados. En muchos de esos casos –como el de Humberto Amezcua en Pihuamo, Jalisco– la mano del crimen organizado se hizo evidente ante las amenazas y denuncias reiteradas. El objetivo es tomar el control del proceso político de cambio de poder para tomar luego el control de la administración del territorio. Hoy, no podemos estar seguros de cuántos alcaldes han puesto sus burocracias al servicio de grupos armados como sucedió a nivel estatal en Sinaloa.

Lo que todo esto expone es una estructura de relaciones en la que el poder armado, el poder político y el poder burocrático se entrelazan de manera estable cada vez en más territorios. Eso es lo que convierte a este fenómeno en uno sistémico: la arquitectura de poder se reproduce mediante la combinación de omisión, amenaza, tolerancia, alianza y desinstitucionalización.

El último eslabón de este ciclo es el de la impunidad, así como sucedió en Michoacán, en decenas de municipios donde fue asesinado el candidato puntero o donde se documentó la presencia de operadores del crimen organizado durante la jornada electoral. Del mismo modo, la justicia federal no ha perseguido ninguno de los casos emblemáticos –como fueron los de Sinaloa o Tabasco– porque se tiene la conciencia plena de que eso implicaría trastocar el proceso de consolidación política del movimiento o partido.

En suma, la crisis de soberanía territorial se acepta, en realidad, como la consolidación de un cambio de régimen impulsado desde el propio Estado que ha decidido sustituir las instituciones por los arreglos informales. El resultado es un país donde el Estado de derecho sigue existiendo como forma, pero ya no domina con plenitud su propio espacio.

La persistencia de la violencia armada

Habrá quien considere que la “pax narca” al menos funciona como forma de estabilización y salida temporal a la violencia en tanto que permite reorientar los incentivos para que, así, se reduzcan los conflictos. La realidad es que esa “pax narca” ni siquiera ha logrado reflejarse en una reducción sostenida y general de la violencia. La autocontención prometida del crimen organizado nunca llegó.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador poco más de 208 mil personas fueron asesinadas en México, esto es 32% más que con Enrique Peña Nieto y 71% más que en el sexenio de Felipe Calderón. Incluso comparado con los niveles en los que encontró al país en 2018, la violencia prácticamente se mantuvo en su pico más alto en décadas. El cambio de timón de Claudia Sheinbaum hacia una política de mayor contención de los actores violentos de las organizaciones criminales supuestamente ha generado ya una disminución de la violencia, en palabras de la presidenta, en más del 40% en el caso de los asesinatos. 

Sin embargo, las cifras presentadas por su gobierno han incorporado datos parciales y comparaciones a modo, además de que emplean patrones anómalos que podrían indicar un subregistro en varios estados durante los meses recientes. A ello, habría que abonar cambios metodológicos aplicados a partir de enero de 2026 que ya ni siquiera nos permiten tener trazabilidad de la información del gobierno con años anteriores. Lo único que sabemos por cifras oficiales del Inegi es que, al menos hasta el primer semestre de 2025, los homicidios en realidad solo han disminuido un 11%.

Por otro lado, las atrocidades han continuado. El hallazgo de fosas clandestinas, los asesinatos multitudinarios, los casos de tortura y desaparición permanecen inundando las noticias de este país. En octubre de 2024 la cabeza del alcalde de Chilpancingo apareció en el toldo de un automóvil; en algunos lugares del Estado de México, Veracruz o Guanajuato han continuado los ataques en comercios o espacios de recreación que suman múltiples víctimas. La guerra en Sinaloa ha sido permanente por más de un año. Tal vez el más simbólico de los atentados recientes fue el asesinato de Carlos Manzo, en noviembre pasado, en un hecho que por primera vez en mucho tiempo hizo levantar la indignación de un país acostumbrado a la violencia.

La muestra más clara del poderío vigente de las organizaciones criminales y de su capacidad de ejercer la violencia vino el 22 de febrero de este año con el asesinato de Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que generó 242 eventos disruptivos en veintidós estados del territorio nacional a través de actos como quemas de negocios, narcobloqueos y emboscadas a fuerzas del orden en las que murieron decenas de servidores públicos.

Todo ello se ha reflejado en un deterioro de la percepción de seguridad a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, la sensación de inseguridad entre los mexicanos ha empeorado en casi 5 puntos porcentuales desde que Claudia Sheinbaum inició su administración y hoy más del 58% de los mexicanos cree que la situación va a seguir igual de mal o va a empeorar.

Lo cierto es que, en un contexto histórico, México sigue atravesando por un periodo profundamente violento y apenas comparable con la década de los años sesenta.

La vulnerabilidad externa

Por si fuera poco, a la conflictividad armada y la cada vez más evidente captura del Estado, ahora hay que agregar un nuevo frente de inestabilidad para el país que, hasta antes de 2018, no se había registrado con la magnitud actual: el conflicto con los Estados Unidos.

Un subproducto del proceso de colusión criminal dentro del cambio de régimen obradorista ha sido la proyección hacia el exterior de una imagen de descontrol. Situación que ocurrió en un periodo donde, además, los cárteles participaron de forma activa en el comercio internacional de fentanilo que llegó a generar más de cien mil muertes al año en Estados Unidos. La “pax narca” interna terminó por convertirse en problema externo: lo que aquí se administra como tolerancia, allá se mide como amenaza.

Esto se abonó a una precondición estructural que ningún gobierno mexicano ha querido o podido resolver en las últimas dos décadas: México no reconoce su problema de violencia armada como uno de seguridad nacional y opera desde un vacío legal y doctrinario. No hemos definido si los cárteles son delincuentes o enemigos del Estado. Mandamos soldados a una guerra que no nombramos, sin misión clara y sin reglas. Esa indefinición –que es una decisión política– nos dejó desnudos frente al andamiaje normativo de la mayor potencia del mundo, que sí supo nombrar a los suyos.

La designación de seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (fto, por sus siglas en inglés) realizada por Estados Unidos no es solamente retórica. Lo que hicieron de facto fue elevar internacionalmente un asunto de crimen organizado trasnacional a uno de seguridad nacional propio, con lo cual activaron un arsenal jurídico construido durante décadas para enfrentar amenazas geopolíticas. Con ello no solo se habilitan operaciones financieras, judiciales, coercitivas y de inteligencia con efecto extraterritorial, sino que se activa también un concepto demoledor para nuestras élites políticas y económicas: el de “apoyo material”. Bajo esa lógica, quien paga extorsión colabora con el terrorismo; quien tolera, consiente; quien protege, facilita. Lo vimos primero contra las empresas mexicanas –la designación a Intercam, CIBanco y Vector como instituciones de preocupación primordial en lavado de dinero– y luego contra políticos: la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya y su círculo político.

Esto es lo que ha empujado un cambio de actitud del gobierno de Claudia Sheinbaum hacia una postura más ofensiva frente al crimen organizado. En un lance desesperado por contener el avance unilateral de Washington, el gobierno mexicano ha entregado capos por la vía exprés de forma ilegal, ha aceptado la presencia de drones y aeronaves estadounidenses en territorio nacional, ha tolerado operativos extraterritoriales y ha reciclado golpes mediáticos como prueba de cooperación. La administración paga peaje tras peaje sin saber muy bien qué obtiene a cambio, mientras Estados Unidos descubre que tiene al régimen mexicano contra las cuerdas.

Y aquí viene otra paradoja del nuevo orden mexicano. Mientras hacia adentro el discurso del régimen se envuelve en la bandera y reivindica el nacionalismo como fundamento moral, hacia afuera se conduce con una sumisión que no tiene precedente en la historia reciente. El gobierno nacionalista de la izquierda mexicana es quizás el más sometido a las pretensiones extraterritoriales de los Estados Unidos en, por lo menos, cuatro décadas.

La desinstitucionalización de la relación bilateral de seguridad ha agravado este desequilibrio. Pasamos de un acuerdo de corresponsabilidad como la Iniciativa Mérida, en el que México se sentaba a negociar con un piso institucional, a un “entendimiento” verbal de subordinación operativa donde se cede sin recibir. Las concesiones que hicieron López Obrador y, ahora, Sheinbaum, para contener el apetito estadounidense, simplemente no alcanzaron ya para proteger a los suyos.

Decía López Obrador que la mejor política exterior era la buena política interior. Esta vez ha aplicado en sentido inverso: nuestro desorden interno provocó una crisis externa sin precedentes. La narcopolítica de adentro ha alimentado el intervencionismo de afuera. Soberanía perdida en dos frentes: adentro y fuera.

¿Dónde está el fondo?

Hace siete años muchos podíamos pronosticar que la estrategia de los “abrazos, no balazos” y la supuesta intención de atender las causas sociales de la violencia no darían los resultados de pacificación que prometía López Obrador. Sin embargo, creo que pocos habríamos esperado el nivel de cooptación del Estado que estamos atestiguando y, mucho menos, la crisis internacional en la que este cambio de régimen nos metió.

Sería un error, sin embargo, creer que ya tocamos fondo. Si algo aprendimos de estos gobiernos es que siempre se puede estar peor. Las tensiones entre un gobierno que se ve obligado a cambiar el rumbo en materia de seguridad por las presiones externas y un régimen que depende de arreglos informales de gobernabilidad con el crimen organizado pueden terminar por generar una nueva crisis de inestabilidad y violencia en distintas regiones del país, si no es que una intervención armada extranjera. De ese tamaño es la desfiguración del Estado mexicano.

El problema central parece estar en que sea el propio régimen el que tiene que desmontar el sistema que lo sostiene. Esa es la trampa: quienes deberían encabezar la reconstrucción del Estado son los mismos que se beneficiaron de su erosión. No se puede pedir a los arquitectos de la captura que demuelan el edificio. Por eso la presión deberá venir, en parte, de afuera –ya lo está haciendo, con todos sus costos y riesgos– y, sobre todo, de adentro: de una sociedad civil que deje de aceptar el chantaje de la “pax narca” como destino.

Si algo bueno han dejado al menos estos siete años es la prueba irrefutable de que someter al Estado a acuerdos informales con grupos armados es exponerlo al chantaje permanente y a la dependencia de equilibrios que no puede sostener.

No podemos seguir pretendiendo que podemos administrar esta crisis. Revertir la situación actual implicará, seguramente, hacer la guerra de nuevo. Una guerra nombrada, regulada, con doctrina y con propósito: la del Estado contra organizaciones armadas que le disputan el territorio y han penetrado sus instituciones. Una guerra que requiere, antes que tropas y armas, la separación del poder político y el poder criminal, algo que ojalá todavía podamos lograr por la vía de las urnas. ~