Aunque el movimiento #MeToo y la ola de denuncias contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein han sido reconocidos –con justa razón– por crear un referente de intolerancia al hostigamiento sexual, también depositaron una responsabilidad importante en los periodistas, que ahora más que nunca deben blindar aquellos reportajes sobre la violencia sexual basados en testimonios mediante rigurosos trabajos de investigación. Solo así el periodismo ayudará a probar que las mujeres realmente están exigiendo un alto a la violencia sexual, y que esto no se trata, como alegan sus detractores, de una cacería de brujas.
En julio de 2017, BuzzFeed News México publicó el reportaje que escribí sobre el sistemático acoso sexual que el profesor-investigador del CIDE Alejandro Villagómez ejerció contra sus alumnas y alumnos. Para entonces Villagómez llevaba un año y medio fuera de la institución. Quien en su momento había sido director de la División de Economía, secretario académico –el segundo cargo más alto del CIDE– y una suerte de entrenador que reclutaba en un dream team a los alumnos más destacados, renunció cuando el comité de ética, creado por las autoridades de la universidad, avanzaba en la investigación –para entonces la sociedad de estudiantes de economía había aportado evidencia que sustentaba las acusaciones contra el profesor.
Pese a que el comité resolvió en contra de Villagómez, me molestaba –como a muchos de mis compañeros del CIDE– que al hablar del caso más grave de acoso sexual en la institución se omitiera el nombre del agresor. Ocurrió así cuando el director general leyó un comunicado frente a la comunidad de alumnos sobre las resoluciones del comité de ética: se refirió a Villagómez como “un profesor”, sin mencionar siquiera la división de estudios a la que pertenecía. Villagómez, además, pudo renunciar a la universidad sin ser sancionado, siguió siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores –en el nivel 3– y mantuvo un puesto en el gobierno con un salario mensual cercano a los 130 mil pesos. Todo esto contribuía a su impunidad. Entonces decidí hacer un reportaje para darle transparencia a un tema que había sido silenciado durante años.
Todos los estudiantes sabíamos quién era Villagómez. El carácter local de la historia me permitió acceder fácilmente a las pruebas y los testimonios. El primer paso de la investigación fue entrevistar a una de las víctimas. Ella me platicó que, cuando tuvo problemas con su familia y dudas sobre su capacidad para permanecer en la universidad, Villagómez se mostró como un amigo y confidente. Pero desde las primeras semanas empezaron las insinuaciones sexuales, que fueron subiendo de tono. “Vamos a decidir creerles a las víctimas, pero seguro existen pruebas que van a hacer tu historia irrefutable”, me dijo el profesor de periodismo que revisó las entregas de mi trabajo.
El siguiente paso, para conseguirlo, fue incrementar el número de testimonios. Cinco personas me contaron su historia. Al entrevistarlas, me di cuenta de que sus experiencias tenían elementos en común: la forma en que Villagómez los acosaba se repetía de una persona a otra. Empezaba con un mensaje en Facebook; en la noche y sin aviso previo, terminaba enviando insinuaciones sexuales o fotografías de sus genitales. Al día siguiente, si percibía la incomodidad de sus víctimas, les ofrecía una disculpa: argumentaba que estaba borracho o que lo habían hackeado. Estas similitudes, en testimonios de personas de generaciones, carreras, edades y perfiles diferentes, fortalecieron la veracidad de la historia.
Después, y como tercer paso, uní los cabos por medio de documentos oficiales. Mediante una solicitud de transparencia, obtuve la minuta de la junta del comité de ética que recibió el testimonio de Villagómez y de las víctimas –el CIDE, por ser una institución pública, está sujeto a las leyes de transparencia, que lo obligan a proveer la información pública que le sea solicitada–. En ese documento estaba el dictamen final que reconocía que el profesor faltó a sus deberes éticos y profesionales; además, se mencionaba una carta en la que Villagómez pedía disculpa a los afectados. Pero su nombre, su testimonio y los nombres de las víctimas estaban cubiertos con una franja negra que los hacía ilegibles. La información estaba clasificada por contener datos personales sobre “la vida afectiva, la preferencia sexual o la intimidad de personas físicas identificables o identificadas”, como establece la ley. Debía encontrar una fuente que rellenara estos huecos. Mediante la sociedad de estudiantes de economía tuve acceso a los documentos originales, en los que toda la información era visible. Así pude corroborar que el acusado era Villagómez y que él mismo reconoció haberle hecho una propuesta sexual a una de sus alumnas –también solicité la carta de renuncia que Villagómez entregó a la institución para confirmar que la fecha en que salió del CIDE coincidía con la de la minuta.
Por último, revisé la evidencia gráfica. Villagómez solía pedir a las víctimas que borraran las conversaciones que pudieran comprometerlo. Pero algunas tomaron capturas de pantalla de las fotografías y los mensajes que él les había enviado por Facebook. Esta fue la prueba final.
Días después de publicar el reportaje, llegó al correo de BuzzFeed News casi una decena de mensajes escritos por otras víctimas que dijeron haber sido acosadas por Villagómez –y de la misma manera descrita en el reportaje.
Desde los reportajes sobre Harvey Weinstein, muchos medios han querido cubrir casos de abuso y acoso sexual. Haciendo a un lado otro tipo de errores que la prensa suele cometer –como usar términos y narrativas que normalizan la violencia o culpar a la víctima de la agresión que sufrió–, los medios recurren con frecuencia al anonimato de agresores, víctimas y lugares. Esto hace casi imposible que el periodista pueda sustentar la historia con evidencias. Identificar al agresor y señalar el espacio donde cometió el delito permite que otras víctimas afectadas por la misma persona alcen la voz.
En otras ocasiones, los periodistas se concentran únicamente en el testimonio sin confirmar ni ampliar la información con otros métodos y fuentes. No se trata de dudar de la víctima, sino de tener elementos para blindar la historia. La práctica de publicar solamente el testimonio, sin mayor evidencia, puede terminar por exponer no solo al reportero, sino a la propia víctima, que podría enfrentarse a los cuestionamientos del público –y, por lo tanto, a un proceso de revictimización– por la falta de rigor periodístico. Es importante aclararle a la víctima que, pese a la decisión y la valentía de compartir su testimonio, este no se puede publicar si el reportero no encuentra los elementos periodísticos que confirmen su versión. Ni la inmediatez de las redes sociales y los medios de comunicación ni el deseo sincero de apoyar a quienes han sufrido acoso exime a los reporteros de buscar el mayor número de pruebas (fotografías, mensajes, correos, documentos). Solo cuando cumple con estos estándares el periodismo se convierte en un verdadero aliado de las víctimas de violencia sexual.
es periodista. Estudió ciencia política y relaciones internacionales en el CIDE y cursa la maestría de periodismo en la Universidad de California, Berkeley.
