Un tema, entre muchos otros, sobresaltó de manera especial a quienes se interesaron en la propuesta presidencial para reglamentar las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y no ha sido para menos. Frente a la concentración hasta hoy inquebrantable, la mala calidad inalterable y los servicios habitualmente deficientes que singularizan a la televisión y a la telefonía en nuestro país, internet ha sido otra cosa.
Libertad, diversidad y amplitud son atributos que, entre otros, los usuarios de la red de redes han aprovechado y ensanchado –cada quien a su manera, sin duda con limitaciones pero habitualmente con provecho y gozo. Por eso cuando se ha dicho que la propuesta del presidente Peña Nieto implicaría riesgos de censura en internet, millares de tuiteros, feisbuqueros y blogueros se levantaron en armas –dicho sea, claro, digitalmente hablando.
La inquietud de esos internautas sí ha estado justificada. La iniciativa presidencial facultaba a las autoridades para disponer el bloqueo de señales de telefonía e internet en sitios públicos [1] (por ejemplo durante una manifestación cuyos incidentes algún funcionario no quisiera que se difundieran en tiempo real) y para bloquear el acceso a contenidos en línea.
La “tormenta en las redes” que incluyó envío de mensajes y suscripción de protestas convocada por grupos de activistas fue compartida por decenas de miles de usuarios que no suelen participar acciones de ese tipo. Con la consigna por la defensa de internet, se desató un movimiento que repercutió en los medios e inquietó en el poder político.
Por eso, cuando estaba por presentarse la propuesta de dictamen de la iniciativa presidencial que anunció el senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, menudearon las expectativas para que las amenazas a la libertad de expresión fueran resueltas en ese documento. El mismo Lozano, tuitero frecuente, aseguró que su dictamen propondría eliminar todos los riesgos a la libre circulación de ideas en internet. Pero no cumplió.
Lozano presentó su proyecto de dictamen la noche del 22 de abril, tras una jornada de jaloneos políticos debido a que ese análisis lo emprendió él con sus asesores y sin consultar a otros senadores, ni siquiera de su propio partido. En ese documento se elimina el bloqueo de señales en sitios públicos. Pero se mantiene el bloqueo de contenidos.
La propuesta del presidente Peña Nieto decía, en la Fracción III de Artículo 145: Los concesionarios que presten servicios de conexión a internet “Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
El dictamen de Lozano prescinde de ese párrafo en dicha Fracción pero lo coloca, prácticamente idéntico, unas líneas antes. La Fracción I del mismo Artículo 145, relativo a las obligaciones de los proveedores de internet, ahora tiene el siguiente añadido: “Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o, cuando medie orden de autoridad competente”.
No se aclara cuáles usuarios tendrían ese derecho, ni en qué circunstancias ni con cuáles procedimientos. Tampoco se dice cuál es la “autoridad competente” para disponer bloqueos de contenidos en la Red. En ausencia de tales precisiones y sin que esa interrupción en el acceso a contenidos sea dispuesta por un juez, el gobierno mantiene la posibilidad de censurar textos, imágenes, audios, videos o cualquier cosa que pudiera ser incómoda para algún funcionario.
Algunos comentaristas que no se han tomado la molestia de revisar esos documentos han querido suponer que las quejas contra la censura en línea son exageradas. No estamos ante una censura necesariamente cotidiana, ni constante. Pero sí ante la creación de instrumentos legales que permitirían la intromisión gubernamental en la red de redes. Eso es, aquí y desde hace rato en China, simple y ominosa censura.
Este es uno solo de los muchos temas no resueltos por la propuesta de dictamen del senador Lozano. La injerencia de la Secretaría de Gobernación en la supervisión de contenidos en radio y televisión se mantiene con pequeños cambios al reconocerse parte de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en esa tarea. El favoritismo a Televisa al establecerse reglas de dominancia en radiodifusión que no contemplan todas las circunstancias que determina la reforma constitucional del año pasado, queda casi igual. El desdén a los medios públicos, a los cuales no se permite recabar ingresos con la comercialización de espacios, sigue idéntico. La supeditación al gobierno federal del nuevo Sistema Público de Radiodifusión –que según la Constitución debe ser autónomo— queda intocada.
Las restricciones a derechos sociales en la propuesta presidencial no se agotan en los riesgos para internet. Pero ni siquiera esas amenazas han sido resueltas.
[1]Artículo 197, Fracción VII. Los concesionarios de telecomunicaciones deberán: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
Investigador en el IIS de la UNAM.
