Si a usted le dicen que se va a eliminar un programa de gobierno que lleva en su nombre la palabra lectura, es muy posible que le moleste, prueba de que un gobernante no está interesado en que el pueblo sea educado, culto, informado, crítico, conciente y demás atributos que se suelen suponer sobre la práctica de leer. Es una manera fácil de cuestionar la legitimidad de quien gobierna y descalificarlo. Sin embargo, si a usted le dicen que equis programa no ha dado buenos resultados desde su creación a lo largo de varias administraciones, podría estar de acuerdo en que es necesario replantearlo o de plano desaparecerlo, dado que hay gasto público y otros recursos que no logran resolver un problema o atender una necesidad. Este podría ser el caso del Programa Nacional de Lectura (PNL), que data de 2002.
La población meta del PNL no es la población general alfabetizada ni tiene como objetivo elevar el índice nacional de lectura (libros leídos al año por persona). En realidad el programa está dirigido a profesores de educación básica para que funjan como promotores de la lectura entre los alumnos de sus grupos o planteles. Se trata de que hagan de las bibliotecas de aula y de la escuela un instrumento que anime a los niños a leer y que fomente en ellos el hábito por la lectura.
De acuerdo con sus reglas de operación, el objetivo del PNL es “contribuir a elevar la calidad de la educación con el mejoramiento del logro educativo de los estudiantes de educación básica con acceso a Bibliotecas Escolares y de Aula”. Su población objetivo se compone de: docentes, maestros bibliotecarios, bibliotecarios, asesores acompañantes, asesores técnico pedagógicos y directivos, quienes realizan su formación, la selección de acervos, la promoción de las acciones del Programa para la formación de lectores y el aprovechamiento y uso educativo de estas bibliotecas.
La operación le corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) através de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) y de las coordinaciones que dependen de las secretarías de educación de cada entidad de la República para llevar a cabo sus programas de lectura particulares, cada una de las cuales planea y opera su propio programa con base en cuatro líneas estratégicas:
- Fortalecimiento curricular y mejorar las prácticas de enseñanza.
- Fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos en las escuelas de educación básica y normal y en Centros de Maestros.
- Formación y actualización de recursos humanos.
- Generación y difusión de información.
La lectura entre líneas de las Reglas de Operación del PNL permite advertir la creación de una nueva y pequeña estructura burocrática dentro del gigantesco entramado ya existente, con una bolsa de presupuesto para gastar, desde capacitadores hasta bienes informáticos (computadoras y software, servidores, conectividad…), combustible para los vehículos de los que supervisan la operación del programa y “apoyo administrativo”, así como costos de la difusión del propio programa, investigación sobre sí mismo, impresión de materiales. Incluso se considera el pago de casetas de cuota, materiales y artículos de oficina, pasajes para los servidores públicos, y todo aquello que implique “operación y difusión”.
El gasto asignado para el PNL en el ejercicio fiscal de 2013[1] es de 30 millones de pesos, monto que prácticamente permanece sin variación desde 2008 (cuando se le otorgaron 29.5 millones) y que resulta insignificante respecto a la masa presupuestaria que ejerce la SEP. A este monto se suman las asignaciones que aporta, de manera variadam, cada estado. Es muy complicado saber qué estados aportan más y cuáles menos, puesto que además de no contar con información suficiente para hacer la comparación, habría que calcular ese gasto en razón de cuántos planteles, alumnos y maestros tiene cada una. Pero es razonable considerar que los resultados pueden variar dependiendo del esfuerzo y recursos que cada gobierno estatal asigne. En Aguascalientes, por ejemplo, el 100 por ciento de sus planteles de educación básica cuenta con bibliotecas escolares y de aula, y la mayor parte de sus profesores han sido capacitados para la operación de las mismas.
Vale la pena preguntarse si hace falta más dinero para que este programa sea más eficaz o si con el mismo dinero podría ser más eficiente, es decir, lograr mejores resultados mejorando su diseño, implementación y operación. La mayor parte del presupuesto es utilizada en la formación de “figuras educativas”, en 2011 se formaron 40 mil 555 profesores. [2]
Pero, lo significativo no es el gasto de operación del PNL, sino que permite la creación de un nuevo trabajador de la educación —basificado y afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por supuesto— el bibliotecario (como si hiciera falta catalogar acervos de dos o tres libreros)[3], así como una nueva figura burocrática, que es la de “asesor acompañante”.[4] Se crea también al “docente bibliotecario”,[5] un maestro que funge como bibliotecario y por lo cual puede recibir una compensación salarial, según se haya capacitado e integrado al consejo escolar que promueve la lectura entre la comunidad educativa, conforme a la arraigada práctica del ascenso en el escalafón. Esto constituye un logro para el SNTE, puesto que al reducirse la demanda de educación básica, podrán cerrarse grupos, pero no el número total de plazas. Así como hay orientador vocacional en las secundarias y psicólogo en preescolar, ahora también puede haber bibliotecario y asesor pedagógico para capacitar a los maestros que están en las aulas, así como a los padres de familia que participen en los comités de las bibliotecas.
A una década de su implementación, operación y atención a observaciones que le plantean las evaluaciones, la propia SEP tiene evaluado el desempeño del PNL como “Medio Bajo” (Nivel 2)[6]. Es decir, que está por debajo de lo satisfactorio (Véase). Esta consideración es congruente con las evaluaciones externas que periódicamente se le han realizado. Una de ellas es la del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)[7], en la que de los 26 aspectos que aborda su Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012, en siete de ellos el PNLfue calificado en nivel “1”, cinco en nivel “2”, cinco alcanzaron el “3” y nueve lograron el “4”.
Los resultados más bajos se concentran en su diseño. No queda claro cuál es el problema: “No establece una situación concreta a revertir”, plantea el Coneval, por lo que “debería considerarse su reformulación”. Tampoco cuenta con “un diagnóstico nacional vigente que describa de manera específica las causas y características del problema a atender, ni la cuantificación y ubicación territorial de la población que presenta el problema”. Al carecer de diagnóstico, estableció como población potencial y objetivo a un amplio universo de figuras educativas, que incluye a personal operativo, “de las cuales no todas tienen el mayor potencial para incidir directamente en la mejora de las competencias comunicativas de los alumnos”. Es decir, considera a su propia burocracia como población a atender. Por defecto de su diseño y su deficiente focalización, sus indicadores “no permiten conocer con certeza si el programa está cumpliendo con sus objetivos”. A fin de cuentas no hay manera de verificar si efectivamente hay algún logro en cuanto a mejoría de las competencias de los niños y el mejoramiento de la calidad de su educación como resultado del PNL.
Si la población meta del programa son los profesores, la reforma educativa aprobada recientemente incide directamente en el mejoramiento de sus capacidades para fomentar la lectura y su comprensión, por medio de la evaluación de desempeño y la continua capacitación y actualización. En tal caso el PNL no tendría sentido, a no ser en lo que se refiere a la dotación de materiales de lectura e infraestructura. Pero si próximamente se va a dotar de computadoras personales a los alumnos de quinto y sexto grados, y la tendencia hacia la lectura en formatos y medios digitales es cada vez mayor, cabe preguntarse qué tanto vale la pena insistir en la práctica de la lectura en soportes materiales (libros impresos) y en la biblioteca como zócalo de concentración.
[1]El programa permanece vigente, con sus reglas de operación y presupuesto, para ser ejercido durante este año. Será cuando se publique el programa sectorial de educación, que a su vez depende de los objetivos y estrategias que establezca el nuevo plan nacional de desarrollo, cuando se sabrá sobre la decisión de dar continuidad al PNL, modificarlo, fusionarlo o desaparecerlo.
[2] El programa cumplido con las metas de cobertura de formación de Directivos, Asesores Técnico Pedagógicos, Docentes, Maestros Bibliotecarios, Bibliotecarios y Asesores Acompañantes.
[3]Según un diagnóstico de la OEI del año 2010, en una muestra de 200 escuelas, la media fue de 835 libros y la mediana de 321. Es decir, la mitad de las escuelas que integran la muestra tienen 320 libros o menos como biblioteca escolar. El mismo documento calcula que el porcentaje de planteles de la muestra que cuentan con biblioteca “oscila entre 56% y 42%”.
[4]Los asesores de acompañamiento son personal de las dependencias (o secretarías) estatales de educación que hacen “supervisión y monitoreo” y “acompañamiento de las escuelas”. Forman parte del “colectivo escolar” para conformar comités de selección de materiales para las bibliotecas y para la integración de "contralorías sociales". En concreto, es alguien que visita a los directores de las escuelas para ayudarle a hacer el proyecto de biblioteca, incluido su comité, organización y diseño de los servicios bibliotecarios (de un acervo de 320 libros, por ejemplo) Véase
[5]El maestro bibliotecario es uno de cada escuela con biblioteca, profesor frente a grupo con plaza de maestro, que es nombrado así por el director, y se le comisiona para “impulsar y dar movimiento a ella” (véase) y el bibliotecario es un docente que tiene plaza específica de bibliotecario, para lo que se dedica a ello de manera permanente.
[6]Para evaluar los programas de gobierno se utiliza una calificación que va del nivel “1”, el más bajo, a “4”, el nivel más alto, en diversos aspectos que consideran la relación entre el diseño, la ejecución y los resultados.
[7]Coneval es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social, puesto que trabaja con normas de carácter científico y técnico a cargo de personal académico especializado. Puede considerarse como el principal instrumento que hay en el país para evaluar la eficacia de las políticas públicas en el campo de su competencia.
Politólogo y comunicólogo. Se dedica a la consultoría, la docencia en educación superior y el periodismo.
