¿Un candidato a la presidencia de la República debe gozar de impunidad? Desde luego que no. Por eso un grupo de intelectuales y académicos suscribimos una carta al presidente Peña Nieto que dice: “Si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consecuencia.” Más que pruebas contundentes lo que hemos visto es una contundente campaña de medios. No hay acusación legal pero sí mil y una investigaciones periodísticas que ya determinaron por sí mismas que se trata de una operación de lavado de dinero. Si así fuera ¿por qué no existe una acusación formal? ¿Por qué la PGR no ha iniciado un proceso del que derive una orden de detención contra el candidato Anaya? Porque hasta ahora la PGR no ha podido armar un caso sólido. Una acusación mal planteada y la PGR quedaría en ridículo; la PGR y el PRI.
Para quien definitivamente es un caso sólido es para cierto sector de la prensa. Ya investigaron, juzgaron y dictaminaron: Anaya debe salir de la contienda para allanarle el camino a Meade, que ni siquiera ha presentado su 3de3, según el IMCO. Antes de comenzar las precampañas un diario de circulación nacional le propinó veintitrés primeras planas adversas seguidas a Ricardo Anaya. Este es el punto. ¿Hablamos realmente de la impunidad a un candidato o de una persecución del sistema que incluye al aparato judicial, la información hacendaria y la prensa oficiosa? ¿Hablamos de impunidad o de persecución del gobierno en contra de un candidato en medio de una contienda electoral?
El gobierno elevará el nivel del asedio. Esto derivaría en una acusación y orden de detención, y casi enseguida, un amparo o la entrega voluntaria. En todo caso, un acto judicial y un enorme escándalo nacional e internacional desencadenado por un embate judicial contra uno de los candidatos. En este escenario la suspensión o aplazamiento de las elecciones sería factible. No puede haber elecciones si el gobierno pone la justicia al servicio de sus intereses electorales.
Por un lado, el caso no parece muy robusto. (Insisto: de serlo la PGR habría presentado una acusación.) Se argumenta que Anaya vendió una nave industrial a una compañía constituida un mes antes de la compraventa. ¿El vendedor tiene la obligación de averiguar cuál es la antigüedad de la empresa compradora? No. Dicen que Anaya vendió la propiedad a dos personas sin capacidad económica para adquirirla y que ambas tienen como domicilio fiscal un terreno baldío. ¿El vendedor tiene la obligación de investigar la solvencia de los compradores y verificar su domicilio? No. Explican que, a fin de conseguir la suma necesaria para llevar a cabo la transacción, los compradores se fondearon en varias empresas abiertas en paraísos fiscales. ¿El vendedor está obligado a investigar de qué forma fondea el comprador el dinero necesario para completar la operación? No. Son estas negativas las que repetidamente han impedido que la PGR presente su caso. Un caso, cómo no decirlo, absolutamente insólito por la rapidez de sus diligencias. ¿Los que exigen que no haya impunidad en el proceso de Anaya no encuentran nada extraño en la extraordinaria celeridad de la PGR? Mientras el caso Oderbrecht, el de “la estafa maestra” y la extradición de César Duarte duermen el sueño de los justos en los archivos, la PGR acelera en cambio el caso de Manuel Barreiro, el comprador de la propiedad de Anaya. Esto se llama hacer uso faccioso de las instituciones.
Por otro lado, Ricardo Anaya ha contribuido a la confusión del caso por la opacidad de sus exposiciones. ¿Existe algún registro fiscal del dinero que recibió por esa compraventa? Que lo muestre. Sin transparencia se multiplican los rumores y las versiones.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Peña Nieto en la carrera por la eliminación de la candidatura de Ricardo Anaya mediante instrumentos judiciales? Puede resultar la tabla de salvación del candidato Meade, o su suicidio. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar Ricardo Anaya en la defensa de su caso? ¿Hasta el escándalo nacional e internacional? Jorge Castañeda señala tres posibilidades: la demanda, el amparo o la entrega voluntaria. En los tres asuntos se alegaría la falta de garantías para llevar a cabo el proceso electoral. López Obrador tendrá que sumarse, muy a regañadientes porque va de puntero. En primer lugar porque a él se lo hicieron en el 2005 en el proceso del desafuero, y en segundo porque debe saber que luego de lanzar a la procuraduría contra Anaya, el PRI también la utilizará contra él.
¿Hasta dónde estará dispuesta la sociedad civil a permitir la judicialización de nuestra vida política? ¿Se sumará a la protesta de Anaya? Por lo pronto, la persecución mediática de la PGR arrojó ya una consecuencia: la radicalización del candidato Anaya, quien ya declara abiertamente sobre la posibilidad de enviar a la cárcel al presidente Peña Nieto por corrupción. Esto lo coloca de frente a López Obrador quien, en repetidas ocasiones, ha ofrecido el perdón (por encima de la ley, claro) a Peña Nieto.
Todavía no comienzan las campañas. En el horizonte se vislumbra un tiempo nublado.
