Un sexenio peligroso para la educación superior
Aún no asumía el poder formalmente, cuando en agosto de 2018 Andrés Manuel López Obrador anunció que la bióloga María Elena Álvarez-Buylla estaría al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La noticia no fue bien recibida por la comunidad científica por temor a que el criterio que permeara en la nueva era del Conacyt fuera la ideología antes que la capacidad técnica y la calidad de las investigaciones. Esos miedos han sido confirmados durante la primera mitad del sexenio. En su cruzada contra lo que han denominado “ciencia neoliberal”, López Obrador y Álvarez-Buylla han buscado la manera de controlar las agendas académicas del país.
Invitamos a académicos y estudiantes a que nos compartieran cómo se vive dentro de sus instituciones el asedio del gobierno, por qué es urgente que se defienda la autonomía universitaria y cuáles son las repercusiones que la injerencia gubernamental puede tener en la calidad de la investigación producida en el país. ~
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Los sujetos de Su Majestad nacieron para callar y obedecer.
Un virrey
No hay felicidad sin libertad, ni libertad sin valor.
Tucídides
El CIDE fue creado en 1974 para hacer investigación y ejercer docencia en ciencias sociales y humanidades, a la vez que ofrecer un refugio a los académicos del Cono Sur perseguidos por las dictaduras militares. Desde su origen, ha cumplido exitosamente como institución pública al servicio del país, ganando prestigio nacional e internacional. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, sin consulta previa, los colegios y centros de investigación pública (CPI) fueron agrupados y puestos bajo la jurisdicción del Conacyt, con el rango de empresas descentralizadas (paraestatales). El Colegio de México pronto solicitó y obtuvo la autonomía por decreto presidencial. Aun así, se siguió respetando el espíritu del pacto original y el CIDE, como otros centros, estableció unos estatutos que fortalecían la colegialidad y proporcionaban defensas contra eventuales cambios realizados desde arriba, sin consulta. Todo cambió desde el inicio del actual gobierno. Al día siguiente de las elecciones de julio de 2018, la presentida directora del Conacyt satanizó al CIDE como centro “neoliberal”.
El caso del CIDE, víctima de imposiciones e ilegalidades, es el reflejo de algo más complejo y grave: un cambio de paradigma de la naturaleza y función de la investigación, de la producción del conocimiento y de la enseñanza. Pasar de la libertad académica, la autonomía institucional, la horizontalidad de la evaluación por los pares, a un modelo vertical, burocrático, supuestamente ligado a los propósitos sociales y políticos de un gobierno que nos quiere transformar en sujetos obligados a callar y obedecer: la famosa “agenda del Estado” debe imperar. No es nuevo, si pensamos en los antecedentes de la URSS y de Cuba. Por algo sus colegas científicos llaman a la directora del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla “la doctora Lysenko”.
Bien lo dijo en muchas ocasiones el doctor Antonio Lazcano: desde que este gobierno entró al poder, la ciencia y el conocimiento han sido atacados. Numerosas instituciones, centros y universidades sufrieron un duro golpe con la desaparición en octubre de 2020 de los fideicomisos que habían constituido a lo largo de los años y que eran de su propiedad. En el caso del CIDE, los fideicomisos llegaron a representar el 20% de su presupuesto, resultado de veinte años de esfuerzo para completar el financiamiento federal con recursos propios. A lo largo de 2019 y 2020, el CIDE tuvo un papel muy importante en la defensa de los fideicomisos y eso puede explicar que haya sufrido en seguida una ruda y permanente ofensiva que acorraló a su ahora exdirector Sergio López Ayllón a presentar su renuncia a principios de agosto de 2021, dos años antes de terminar su mandato. ¿Por qué? No le tomaban las llamadas, cuestiones esenciales quedaban congeladas por el Conacyt, el dinero no llegaba. Él pensó que su persona era parte del problema y renunció con la esperanza de facilitar la interlocución. Se equivocó.
López Ayllón presentó directamente su renuncia al presidente, en lugar de hacerlo primero al Conacyt. El presidente ofreció la dirección a su amigo el historiador Enrique Semo, quien, por razones de salud, no aceptó y recomendó a su amigo José Antonio Romero Tellaeche, economista de El Colegio de México. Lorenzo Meyer ratificó la sugerencia, de modo que JART fue designado como director interino. Según la práctica institucional hasta entonces vigente, el interino debió ser miembro del CIDE. Paréntesis: en el mismo mes de agosto, el titular de la FGR Alejandro Gertz Manero, asombrosamente nombrado miembro del SNI nivel iii por el Conacyt, intentó encarcelar en Almoloya a 31 científicos, sin proceso, por “crimen organizado”, entre ellos el director del Conacyt de 2012 a 2018 y director del CIDE de 2004 a 2012 Enrique Cabrero Mendoza. Rencores personales y proyecto político coincidían contra el CIDE.
Frente a esa primera señal de intervención, la comunidad se quedó tranquila, a pesar de los conocidos prejuicios del interino contra el centro: era un colega, venía de El Colegio de México, institución amiga, un interino no dura mucho tiempo. En dos meses, JART perdió toda legitimidad y la confianza de trabajadores, estudiantes y profesores. Incapaz de resolver los problemas que agobiaban a la institución, cerrado a toda forma de diálogo, no recibía ni al sindicato de los trabajadores, ni al de los profesores. Es más, atacó a los cuerpos constituidos del CIDE(para él, nuestros estatutos no pasaban de ser “usos y costumbres”) y a la libertad de expresión.
¿Ejemplos? Cesó al director del campus Aguascalientes Alejandro Madrazo, alegando “pérdida de confianza”, porque aquel se había atrevido a defender las Cátedras Conacyt que la doctora Lysenko quería desaparecer. Canceló la sesión reglamentaria de los comités de evaluación, esenciales para la carrera de los académicos, al darse cuenta –lo admitió públicamente– que no tendría la mayoría para despedir a algunos colegas (según sus criterios político-personales). Cuando la secretaria académica Catherine Andrews se negó a suspender la sesión –porque hacerlo era una falta administrativa grave– la destituyó en el instante, mandándole sus asistentes y el abogado. Eso provocó la primera protesta estudiantil, puesto que Andrews es una maestra muy querida.
Lo peor estaba por venir: cuando el Conacyt abrió el proceso para nombrar al director permanente, el interino anunció su candidatura, lo que estalló la crisis. Presentó un programa de trabajo lleno de juicios equivocados, de mentiras e insultos: todo estaba mal en este centro “neoliberal”, “clasista”, “elitista”, lleno de “blancos con doctorados extranjeros”; los recursos propios eran el resultado de la “prostitución académica”; por lo tanto, había que refundar completamente el CIDE. En cuanto a los estudiantes, en el primero y último encuentro que tuvo con ellos (por Zoom en tiempo de pandemia), los insultó al calificarlos de “esponjas” que se chupan el discurso de “pensamiento único” de los profesores.
Al saber que tenía todo el apoyo del Conacyt y de la presidencia, la comunidad no encontró un solo candidato interno. “No tengo vocación de kamikaze”, contestaban. Apoyamos a un candidato externo, decente, abierto al diálogo, militante de la 4T, el doctor Vidal Llerenas. La auscultación interna, realizada por trabajadores del Conacyt, le dio la preferencia de manera aplastante. Sin embargo, el comité externo, constituido ad hoc por una colección de amigos y una co-autora de Romero, propuso a JART por unanimidad. En el paso siguiente la Asamblea de Asociados, el órgano superior del CIDE, compuesto por varias Secretarías, el INE, el FCE, El Colegio de México y el Banco de México, tenía que ratificar la designación de Romero. Cuando la directora del Conacyt encontró la resistencia de varios representantes, dio un manotazo, dijo que no habría votación, porque estaba en sus atribuciones nombrar al director. Hasta la fecha, nadie ha visto el documento protocolizado del famoso nombramiento, ni las actas de la sesión. Es de suponer que no existe. Todavía.
A raíz de esto los estudiantes se lanzaron a la calle por iniciativa propia, antes de ocupar las instalaciones del CIDE durante diciembre de 2021 y enero de 2022. Estudiantes y profesores lanzaron acciones legales contra el procedimiento y el nombramiento y, más adelante, contra las primeras medidas tomadas por un director considerado como ilegítimo. Algunas peticiones de amparo fueron recibidas y siguen su curso.
El director, sin documento oficial de su designación, nombró, en violación abierta de los estatutos, un secretario académico que no era miembro del CIDE. Para componer el asunto, el Conacyt cometió otra ilegalidad: procedió a una modificación de los estatutos (ahora el secretario ya no necesita ser miembro del CIDE), algo que no podía hacer sin la aprobación previa del Consejo académico, mismo que Romero no había reunido.
¿Dónde estamos? Fuimos agredidos, nos impusieron un director que no ha podido resolver los problemas ni ganarse nuestra confianza. El presidente de la república nos ha dedicado muchas mañaneras para descalificarnos como “neoliberales, neocientíficos, aspiracionistas, fifís, hijos de Krauze y Aguilar”; “el CIDE es un ITAM de segunda”. En cambio, hemos sido mencionados setecientas veces en la prensa nacional del 29 de noviembre de 2021 al 5 de febrero de 2022, y hemos recibido un amplio apoyo internacional de todo el continente americano y de muchas universidades europeas. Pero eso le hizo al Conacyt “lo que el viento a Juárez”.
Nuestra labor sigue, enseñamos, investigamos. Pero las condiciones de trabajo se deterioran. Sin recursos propios, el CIDE resiente doblemente la “austeridad republicana” que afecta la seguridad, la higiene, el comedor, el mantenimiento, la biblioteca… Debe diecisiete millones de pesos a unas cien personas (entre académicos y administrativos) por trabajos realizados de 2019 a 2021. No pudimos abrir en el ciclo 2020-2022 los diplomados de educación continua. Desde diciembre de 2021, quince profesores investigadores se fueron a otras instituciones y al extranjero. Otros lo harán. Por primera vez, el número de estudiantes que desean entrar al CIDE ha bajado significativamente.
¿Qué pedimos?
La libertad académica de investigación y docencia, no limitada por una “agenda de Estado”; la libertad de palabra. Queremos volver a la legalidad. Nuestro compromiso es producir conocimiento y educar (no adoctrinar). Autonomía es la palabra clave, para la investigación y la enseñanza superior, para las ciencias fundamentales y la tecnología, como para las ciencias sociales y las humanidades, ni más, ni menos.
A esas alturas, nuestro orgullo son los estudiantes de esa nueva generación que no tardará en reconstruir, mejor dicho, en construir nuestro país. Ese momento crítico ha sido el de su educación política, una educación que se dieron a sí mismos, tomando la iniciativa de la resistencia. Igual entre sus filas se encuentra una futura presidenta de la república. ~
