“Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”. Estas fueron las palabras que pronunció el sacerdote jesuita Javier Ávila el pasado 25 de junio, durante la misa de cuerpo presente de los también sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, quienes junto con el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma fueron asesinados en Cerocahui, Chihuahua el 20 de junio. Tras los hechos, miles de ciudadanos en las redes sociales exigieron la revisión y modificación de la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado y la inseguridad.
En días posteriores, López Obrador lamentó los hechos, pero remató con lo mismo que los mexicanos hemos escuchado a lo largo de casi cuatro años: no habrá cambios en la estrategia que se resume en el eslogan “abrazos, no balazos”.
¿Se resume? En realidad, no. Si vemos más allá del slogan, nos quedará clara la imposibilidad de modificar esa estrategia de seguridad pública establecida para el beneficio y protección de la ciudadanía por parte del gobierno actual. Y es que no se puede modificar lo que no hay.
Puede leerse en línea la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” del gobierno de México, un documento plagado de ideología y ambigüedades, carente de técnica jurídica, parámetros y objetivos debidamente identificados, delimitados, cuantificables y medibles en el corto, mediano y largo plazo. Su redacción confusa propicia la inconsistencia e incertidumbre entre los cuerpos encargados de la seguridad y el combate a la violencia en cuanto a los alcances de su actuación, y en última instancia favorece la percepción de indefensión en el ciudadano común y da ventaja a los miembros del crimen organizado respecto de los marcos jurídicos que existen para contenerlos y detenerlos.
La “Estrategia” carece del diagnóstico técnico científico y de previsiones para la implementación, organización y ejecución del andamiaje institucional que conduzca al proceso de pacificación que, en 2018, el entonces candidato López Obrador anunció como eje central del combate a la violencia. Tampoco contempla expresamente la creación de reglamentos y manuales de procedimientos para iniciar el proceso de justicia transicional que coloque a las víctimas al centro y asegure el derecho a la verdad y a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición que el mismo documento establece como objetivo.
La “Estrategia” tampoco contiene un plan de acción para la recuperación de plazas aun cuando sí reconoce la necesidad de recuperar espacios públicos y efectuar decomisos de droga. Sí contiene, empero, consideraciones ideológicas, tales como durante el “ciclo neoliberal” se emprendió “un sistemático adoctrinamiento de la sociedad para orientarla hacia el individualismo, el consumismo, la competencia y el éxito material como valores morales supremos, en detrimento de la organización gregaria que hunden sus raíces históricas en el modelo civilizatorio mesoamericano”.
La “Estrategia” establece como premisa para erradicar la corrupción y activar la procuración de justicia “proponer las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas –hasta el momento, la presente administración ha adjudicado de manera directa el 80.6% de los recursos públicos–, investigar y clausurar las empresas fantasma, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional para erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición”. La gran mayoría de estas propuestas se han visto reducidas a letra muerta, más si se considera el fracaso por retroceso en la transición de la Procuraduría General de Justicia al esquema de Fiscalía y el reacomodo institucional, como lo reportan diversos análisis desde grupos de la sociedad civil organizada, como México Evalúa.
Quizás el planteamiento que mejor sintetiza el “abrazos, no balazos” es la oferta del gobierno a los miembros del crimen organizado de“un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y de manera violenta, y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona. En segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social”. En la “Estrategia”, este planteamiento se traduce en la revisión de los expedientes de procesados y sentenciados con miras al otorgamiento del indulto o la aplicación de la amnistía, así como la reducción de penas, previo perdón de la o las víctimas afectadas, la colaboración con la autoridad y la seguridad del arrepentimiento, todo para lo que hasta la fecha no existe la estructura institucional requerida.
De hecho, a casi cuatro años de la puesta en marcha de la “Estrategia”, no se ha instalado el propuesto Consejo para la Construcción de la Paz, que contaría incluso con un observador designado por la Organización de las Naciones Unidas entre sus miembros. Organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda y otros secundarios pero indispensables para la medición de los resultados de la estrategia de seguridad son hoy casi inoperantes, por las reducciones de presupuesto y personal que ha traído la política de austeridad del gobierno federal. De los datos que arroja la observación empírica de los resultados de la estrategia, es posible inferir el fracaso rotundo de esta misión gubernamental. A dos años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, solo 167 personas se han visto beneficiadas, de entre más de 225 mil 843 reos que actualmente conforman la población penitenciaria en México, que ha aumentado en 5.4% desde 2020.
No hay, en contraste, un solo párrafo en la “Estrategia” que expresamente establezca los mecanismos para la garantía y protección de los derechos a la vida y a la dignidad, por mencionar algunos, a favor de la ciudadanía que día a día contribuye al desarrollo armonioso del país, conduciéndose dentro de los límites de los marcos jurídicos correspondientes. En efecto, es moralmente injustificable la violación de los derechos humanos de los transgresores de la ley, pero es éticamente reprochable y jurídicamente indebido colocar esos derechos por encima de los derechos humanos de aquellos ciudadanos que se conducen dentro del marco de la ley.
En resumen, la redacción ambigua de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” propicia la evasión del cumplimiento de la obligación constitucional contenida en el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Carta Magna, que lo obliga a la aplicación irrestricta de la ley sobre aquellas conductas nocivas para la población; lo dispuesto por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza y por sobre todo, la obligación contenida en el artículo 1º Constitucional a favor de cada mexicano y mexicana.
En este contexto, tal vez el lector tenga claro cómo es que, a mitad del sexenio, la actual administración cuenta en su haber con la cifra récord de 124 mil homicidios dolosos, superior a la cifra máxima alcanzada al término de la gestión de Felipe Calderón; más de 100 mil desapariciones; 1,518 mujeres asesinadas y 4,673 extorsiones denunciadas tan solo en esta primera mitad del 2022.
Es hora de que la ciudadanía exija la creación, planeación e implementación de una estrategia eficaz de seguridad y pacificación que cumpla de forma irrestricta con los marcos legales existentes para el combate a la delincuencia organizada, que ponga al centro la protección y justicia a favor de las víctimas del crimen organizado y de los mexicanos y mexicanas que no delinquen, que no extorsionan, que no asesinan. La crisis de violencia e inseguridad que México atraviesa es insostenible. Y es moralmente reprobable y jurídicamente negligente seguir pretendiendo que el gobierno federal pueda operar en el limbo.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
