Marcelo de Arruda estaba celebrando su 50 cumpleaños en una fiesta temática del Partido de los Trabajadores (PT) cuando Jorge José da Rocha Guaranho pasó en coche por delante del local, se bajó y empezó a provocar a los presentes. Tras una breve discusión, Guaranho volvió a su coche, cogió una pistola y mató a Arruda de un disparo, mientras gritaba a favor del presidente Jair Bolsonaro.
Arruda aún pudo defenderse y herir a Guaranho antes de que éste pudiera disparar a más personas. Ambos hombres son agentes de la ley.
Este es solo uno de los varios episodios de violencia que están empezando a afianzarse en el país en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre. Días antes, una bomba casera llena de heces fue detonada en medio de un mitin del candidato del PT, el expresidente Luiz Inácio da Silva, más conocido como Lula. No hubo heridos y el autor fue detenido. En junio, un dron arrojó materia fecal, orina y pesticida a los partidarios del presidente antes de una reunión entre Lula y el exalcalde de Belo Horizonte.
Menos de una semana después del asesinato de Arruda, un acto político del candidato a gobernador de Río de Janeiro apoyado por Lula, Marcelo Freixo, fue interrumpido por los partidarios de Bolsonaro. El diputado Rodrigo Amorim y algunos matones, portando armas, amenazaron a los presentes y rompieron banderas del partido.
La creciente violencia refleja la campaña de odio promovida por Bolsonaro en línea y fuera de ella, en discursos que buscan no solo despertar la ira e incitar a la violencia, sino que incluso amenazan con un golpe de Estado en caso de perder las elecciones.
Bolsonaro ha defendido sistemáticamente la violencia desde antes de ser elegido. Ha hecho apología de la dictadura militar (1964-1985) y de los ataques contra las mujeres, los homosexuales, los indígenas y los defensores de los derechos humanos. Cuando aún era capitán del ejército, en la década de los 80, planeó un ataque terrorista contra una base militar en Río de Janeiro para presionar por un aumento de sueldo. Como presidente, fomenta el discurso del odio y como candidato presidencial, en 2018, llegó a declarar que él y sus partidarios “fuzilarían a petralhada“, es decir, dispararían a los simpatizantes del PT.
Sus partidarios, llamados coloquialmente “Bolsominions”, son los responsables de crear una amplia red de páginas web de noticias falsas, así como perfiles en redes sociales y canales en apps como WhatsApp y Telegram. A través de esta red, el presidente puede difundir su discurso de odio, y el resultado se puede ver en las calles y en los actos de violencia cometidos contra los simpatizantes del PT. Ya en 2020, el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación oficial sobre dicha red, lo que llevó a algunos de sus responsables a la cárcel o a huir del país.
La violencia no solo se ha cebado contra los partidarios del mayor partido de la oposición. El 5 de junio, el periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira desaparecieron en la región de Javari, en la selva amazónica. La zona es disputada por tribus indígenas locales, madereros, mineros ilegales, pescadores ilegales y el crimen organizado.
Phillips y Pereira habían recibido amenazas por intentar proteger la floresta y ayudar a las comunidades indígenas, mientras que quienes los amenazaban cuentan con el apoyo total del presidente de Brasil, quien ha hecho todo lo posible para reducir la protección de la floresta y fomentar una mayor destrucción, incluso apoyando actividades ilegales.
Hace tiempo, a instancias de Bolsonaro y bajo la connivencia de su entonces ministro de Justicia, Sérgio Moro, Pereira fue relevado de su cargo en la Fundación Nacional del Indio, la encargada de la gestión de las políticas destinadas a los pueblos indígenas. Pocos días después, los cuerpos de ambos fueron encontrados, y sus familias siguen esperando justicia.
Pero, en contra de lo que cabría esperar, el tenso ambiente no es enteramente responsabilidad del bando pro-Bolsonaro, aunque exista una clara asimetría. Las fake news también recorren las redes sociales de Lula da Silva, así como las campañas sucias y la intimidación contra los adversarios políticos del PT.
El propio Lula agradeció recientemente a Manoel Marinho, un exconcejal de su partido, por empujar a un empresario pro-Bolsonaro contra un camión. Marinho fue encarcelado durante siete meses por el crimen.
Si bien es cierto que Brasil es un país notablemente violento y que los delitos políticos han aumentado –un 23% entre 2020 y 2022–, la violencia política suele golpear a políticos y simpatizantes involucrados en disputas locales.
Lo novedoso es el carácter “nacional” de estas expresiones, que empieza a crecer en la medida en que el presidente Bolsonaro amenaza con un golpe de Estado si no sale victorioso en las elecciones previstas para octubre, y las propias fuerzas armadas se ponen de su lado en sus amenazas contra las demás instituciones.
Aunque incomparable con la amenaza que Bolsonaro representa para la democracia, el PT tiene su parte de responsabilidad por haber, por ejemplo, hecho de Bolsonaro un candidato viable en las elecciones de 2018, al defender la “segunda vuelta ideal” creyendo que tendrían una victoria fácil contra el candidato señalado como fascista. Se equivocaron. Bolsonaro supo capitalizar el descontento contra el Partido de los Trabajadores, que pasó más de una década en el poder y, sobre todo, legitimar el odio de millones de personas contra las minorías y contra la propia democracia.
Las numerosas denuncias de corrupción durante los gobiernos de Lula da Silva y de su sucesora, Dilma Rousseff (el escándalo del Mensalão y la Operación Lava Jato), la violenta represión de los movimientos sociales en junio de 2013 y la consecuente toma de control de estos movimientos y de los sindicatos (que pasaron a defender no los intereses de sus agremiados, sino los del partido), así como la crisis económica en la que se sumió el país durante el gobierno de Rousseff, son otros factores que contribuyen al clima de desánimo con la política, dando cabida a los discursos violentos.
La Operación Lava Jato incluso llevó al expresidente Lula a pasar meses en la cárcel, pero también acabó siendo desacreditada y desmontada en gran medida por la justicia, con acusaciones contra el juez responsable, Sérgio Moro, de abuso de poder y de no cumplir con todos los requisitos legales para condenar a Lula y a otros implicados. Pero el daño a la percepción pública del PT ya estaba hecho.
Ambos bandos han puesto a prueba la paciencia de la población, y a pesar de la clara asimetría, es poco sorprendente que haya surgido la violencia. Es significativo que, aun cuando fue culpado de miles de muertes debido a su negativa a aceptar que la covid-19 era mucho más que una “pequeña gripe”, y a pesar de toda su prédica violenta, Bolsonaro todavía tiene posibilidades de ser reelegido.
El futuro es preocupante. Es posible que el país entre en una espiral de violencia en las semanas que faltan hasta las elecciones, o que después de las mismas Bolsonaro se niegue a abandonar el cargo y utilice a las fuerzas armadas para realizar su trabajo sucio. Mientras, una victoria de Bolsonaro significaría otros cuatro años de una situación impensable que llevaría al país al límite.
es periodista. Ha publicado en DW, Al Jazeera, Undark, The Washington Post, Business Insider, Remezcla, entre otros medios. Es doctor en derechos humanos por la Universidad de Deusto.
