Un hombre se casó con otro hombre en un registro civil de Ushuaia, al extremo sur de la Argentina, tres días antes de que terminara 2009. Eso no significa que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea aún legal en Argentina, pero revela un cambio extraordinario: en menos de una década las organizaciones que defienden los derechos de las minorías sexuales pasaron de las barricadas de los outsiders a la mesa grande de la discusión política. “El tema de la diversidad sexual se ha convertido en moneda de intercambio en la negociación política general”, me confió uno de los principales operadores de esas organizaciones en Argentina.
El camino que llevó hasta Ushuaia comenzó en diciembre de 2002, con la aprobación en la Legislatura de Buenos Aires de la Ley de Unión Civil, que permitió las uniones de parejas del mismo sexo en la ciudad, con algunos de los derechos legales que otorga el casamiento. La Unión Civil “tuvo un gran valor simbólico”, me explicó Flavio Rapisardi, redactor de la ley. “Puso en la agenda de temas los derechos de identidad sexual (y) ayudó a la politización de movimientos (y) a que los políticos pusieran el tema en su agenda.”
El siguiente paso fue extender la unión civil al resto del país; se logró en otra provincia y en dos ciudades del interior, y un proyecto de ley llegó al Congreso Nacional. Pero en 2003 la situación política cambió, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, quien en pocos años renovó la Corte Suprema de Justicia con la incorporación de jueces progresistas, a algunos de los cuales las organizaciones tenían llegada. La unión civil nacional pasó a ser la estrategia más moderada. A comienzos de 2007, con una presentación judicial de una pareja de lesbianas que exigía casarse, comenzó la campaña por la ley de matrimonio.
Las organizaciones contaban para entonces con un aliado internacional de peso: José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005, como presidente español, había logrado la sanción de la ley de matrimonio entre homosexuales y transexuales en España. Pedro Zerolo, cuadro político de Zapatero y principal promotor de esa ley, me explicó a fines de 2007 durante una visita a Buenos Aires que el caso español sentaba un precedente importante para América Latina: “Si ha sido posible en España, es posible en todos y cada uno de los países de la realidad latinoamericana, entre otras cosas porque tenemos muchas tradiciones y costumbres comunes, y también la legislación civil.” (Desde entonces, la unión entre personas del mismo sexo se aprobó, con distintos procedimientos y limitaciones, en ciudades y estados de México, Colombia, Uruguay y Venezuela.)
La campaña en Argentina abarcó dos frentes: el judicial, con presentaciones que en octubre de 2007 llegaron a la Corte Suprema, y el legislativo, con cuatro proyectos de ley en el Congreso. María Rachid, presidente de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, difundió los nombres de casi una decena de políticos que daban su apoyo “incondicional” al matrimonio gay. En privado, un grupo de operadores comenzó a reunirse con los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria, con el gobierno de Cristina Kirchner (sucesora de Néstor, su marido) y con jueces de la Corte.
2009 iba a ser el año decisivo. Pero fue un año políticamente convulsionado, y el gobierno, que perdió las elecciones de medio término, tuvo otras prioridades. Los operadores, me contó uno de ellos, convencieron al gobierno de que ordenara una encuesta nacional y, al mismo tiempo, enviaron a varias parejas de militantes a los registros civiles de la ciudad para pedir turno para casarse; cuando se lo negaran, debían presentar amparos judiciales. Llegó a oídos del operador que una jueza, Gabriela Seijas, pedía literatura para basar su fallo sobre uno de los pedidos, el de Alex Freyre y José María Di Bello, y este sugirió escritos a quien debía cumplir esa tarea.
Entretanto, la encuesta del gobierno arrojaba que el 66.3% de los argentinos estaba a favor del matrimonio gay. Otra, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza el empresario neoliberal Mauricio Macri, fijó en 70% el apoyo en la ciudad.
Macri, que dirige un partido en que conviven neoliberales pragmáticos con conservadores católicos, atravesaba su peor momento. A una sucesión de impericias escandalosas se sumó la acusación de que había ordenado espionajes ilegales. En pleno escándalo, la jueza Seijas autorizó el casamiento entre Freyre y Di Bello. Macri, el único con potestad de apelar la decisión, vio la oportunidad de desviar el debate y anunció que no apelaría (en lo personal, por otra parte, está a favor del matrimonio). Esto dividió a su partido. El ala católica logró presionar lo suficiente para que el día previsto para la boda, el 1º de diciembre, otro juez la frenara.
Las organizaciones negociaron, en secreto, con la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, para que el casamiento se hiciera en Ushuaia, capital de su provincia; uno de los novios cambió allí su residencia. Para evitar otra interferencia, sólo se anunció públicamente al terminar. El trámite ha sido cuestionado judicialmente.
El tema fue moneda de cambio durante la repartija de cargos en el Congreso que asumió el 10 de diciembre. “Hay mayoría parlamentaria, hay mayoría social, pero todavía no hay mayoría política”, me explicó el operador. En la Corte hay tres borradores de fallos pero no hay unanimidad. El presidente del tribunal, Carlos Fayt, anunció que se expedirán en breve, y el operador me dijo que cree que será un fallo moderado, pero importante, que establecerá que hay una violación de derechos y ordenará al Congreso dictar una ley en el plazo de un año.
El debate en el Congreso se retomará este mes. Para mantener la presión, las organizaciones preparan una avalancha de amparos judiciales de parejas del mismo sexo que reclaman casarse en todo el país. Mientras tanto, el matrimonio entre Freyre y Di Bello es válido y, por ahora, de duración perpetua: el divorcio en Argentina sólo es válido para hombre y mujer. ~
