En Cómo matan (a mordiscos) nuestra democracia (La Esfera de los Libros), la periodista Elisa Beni realiza un recorrido por la erosión de las instituciones en nuestro país. Habla de la colonización por parte de los partidos políticos, de los intentos del poder ejecutivo por controlar al poder judicial, de los ataques a los jueces y a los periodistas. Describe un proceso de degradación democrática que se ha acelerado y expandido en los últimos años.

¿Cómo decidiste escribir este libro?

Veía a mucha gente completamente convencida de las tropelías que estaba llevando a cabo Trump con la democracia estadounidense, citando a politólogos norteamericanos. Entonces cogí los puntos clave que Levitsky y Ziblatt dan en Cómo mueren las democracias sobre cómo notar que una democracia se está deteriorando, y los apliqué a España. Quería demostrar, con un amplio recorrido histórico y casos concretos, cómo esas circunstancias se han ido dando en España, sobre todo desde 2015 en adelante, y cómo se han precipitado en este último gobierno hasta puntos muy peligrosos que mucha gente no es capaz de ver aquí, aunque sí los ve en otros países.

Una de las ideas del libro de Ziblatt y Levitsky es la ruptura de reglas informales: no solo lo estipulado, sino acuerdos más o menos tácitos, de cortesía, de respeto. Tú dices que lo más grave del gobierno actual es precisamente esa cuestión.

Como decía De Quincey, uno empieza asesinando y acaba por no saludar al vecino en la escalera; esto es al revés: se empieza no saludando en la escalera y se acaba asesinando. Y creo que es el motivo por el que los ciudadanos no terminan de ver esos pasos. Son pequeños, difíciles de identificar si no estás metido, porque son cosas aparentemente sin importancia: cortesías, usos y costumbres. Pero la democracia está hecha de todas esas cosas. No está hecha solo de votar cada cuatro años, sino de contrapesos y contrapoderes, y de usos fácticos que preservan esas normas. Por eso se dice que en democracia la forma es el fondo: la forma está pensada para preservar el fondo. Cuando atacas la forma, en realidad estás atacando la esencia de ese contrapoder.

Desde que empieza la llamada “nueva política”, a partir de 2015 –aunque podemos remontarnos a los atentados del 11 de marzo, donde ya aparecen algunos rasgos–, se acelera ese deterioro: los nuevos políticos empiezan por no respetar las formas democráticas mínimas, incluso la manera de estar en una cámara parlamentaria. Vivimos en una aceleración continua de esa pérdida. Sin ir más lejos, tras los sucesos de Ceuta –un fenómeno de guerra híbrida–, hemos sabido que el presidente del gobierno decidió no convocar el Consejo de Seguridad Nacional, no llamar al jefe de la oposición, no dar explicaciones al parlamento: decisiones puramente personalistas. Y después se retiró a descansar. Los regímenes democráticos están pensados para otro tipo de interacción, tanto con los ciudadanos como institucionalmente.

Y de rendición de cuentas.

Eso ya viene de antes. Recuerdo cuando Rajoy se presentaba con un plasma: un presidente que decide no contestar a los periodistas y sale por una pantalla de televisión a contarles cosas. Ahí hubo uno de los primeros fallos del periodismo: no habernos levantado todos y haberle dejado hablando solo al plasma. Ese control informal –la prensa, el sometimiento a sus preguntas– se ha ido laminando: primero no apareciendo, luego con muy pocas comparecencias, después con preguntas tasadas a los medios elegidos, y ahora con comunicación unilateral, mensajes, argumentarios. Todo eso es pérdida de calidad democrática.

En el libro empiezas hablando de lo que llamas “poner el árbitro a tu favor”. Ahí haces un repaso de cómo se van colonizando las instituciones: por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional fallido. En la Transición se toman decisiones transaccionales porque lo que se busca es el consenso, y hay que ceder: a la hora de elegir la fórmula de control del poder judicial se importa una fórmula de Italia, un experimento que nunca había existido en España. Acaba convirtiéndose en un órgano político. Eso ha producido la confusión entre el órgano de gobierno de los jueces y la justicia misma. Al juez nadie le puede decir lo que tiene que hacer, actúa según su saber y entender sometido al imperio de la ley, pero nadie se lo puede ordenar. Mucha gente no lo entiende: cuando no le gustan las investigaciones judiciales contra familiares del presidente del gobierno, hay quien pregunta por qué el Consejo no hace nada con ese juez. Es una confusión absoluta sobre la función de ese órgano, o una pretensión de que sea un control político de los jueces, lo cual sería anticonstitucional.

El primer Consejo, elegido según las normas primitivas por las que los jueces elegían a los miembros judiciales, fue tremendamente corporativo, sobre todo hacia la asociación mayoritaria de entonces, la Asociación Profesional de la Magistratura. Empezaron a oponerse a los cambios legislativos, y cuando llega Felipe González se encuentra con el Consejo como una pared. En 1985 decide cambiarlo, y da un paso que nunca se debió dar: reinterpretar la Constitución para que esos vocales pudieran elegirse en el parlamento, refrendado por el Constitucional con muchas florituras –por ejemplo, que no se eligieran según la composición partidista–. Hemos derivado hacia un proceso en el que la ciudadanía cree que renovar el Consejo consiste en que el gobernante y el jefe de la oposición se sienten y hagan un cambio de cromos. Eso está totalmente fuera de la Constitución. Durante los diez años que estuvo bloqueado no hubo ni una sola votación, y ningún presidente de cámara la metió en el orden del día. Cada una de esas pequeñas cosas va produciendo un problema en el engranaje.

Y así llegamos al último Consejo. Un desastre: dos bloques totalmente monolíticos, una presidenta que no era la que el gobierno esperaba y a la que ha tenido bastante presionada, y un Consejo en el que ya se habla directamente de “conservadores” y “progresistas”, como si fuera un miniparlamento. Los propios jueces lo llaman “el Consejo General del Joder Judicial”, porque parece hecho para fastidiarles en vez de resolver sus problemas, como la carga de trabajo, la remuneración, y sobre todo el amparo, su misión fundamental: defender la independencia judicial. Pero casi ningún juez pide ese amparo, porque pedirlo significa reconocer que te están perturbando y, además, casi nunca se concede: acabas confesando que te afecta y sin que te amparen.

Solo quedas mal.

Exacto: quedas como alguien perturbado que tiene que decidir sobre lo que le perturba, sin apoyo ni amparo. El Consejo probablemente es uno de los peores que ha habido. Trasciende que se pelean entre ellos, se dice que “hubo un traidor que votó con los conservadores”, como si las votaciones no consistieran precisamente en que alguien tenga que ceder para que salgan las mayorías. El nivel de los vocales también es bajo, porque los políticos ya no buscan afines sino sumisos. Y para conseguir gente que obedezca hay que quedarse con los más mediocres, porque la gente espabilada no suele ponerse a las órdenes de nadie. Así hemos ido llegando a la mediocridad en casi todas las instituciones.

Esa pérdida de calidad también se ha comentado del Tribunal Constitucional: muchos han señalado una gran distancia entre quienes estaban en los primeros años y quienes están ahora, con una filiación partidista más marcada y menos prestigio intelectual.

En el Constitucional veo dos cosas que lo desvirtúan. Una es la mediocridad, que llegó a su punto culminante cuando fue aupado Enrique López, que apenas había dictado una sentencia penal en su vida, y que después protagonizó un episodio conduciendo borracho y sin casco por la Castellana, hasta tener que dimitir. Por un lado, esa mediocridad: llevamos allí a soldados obedientes, poco preparados. Por otro, se ha convertido en una especie de Tribunal Supremo alternativo para que los jueces puedan continuar su carrera más allá de la jubilación a los 72 años. El Constitucional está pensado para que haya magistrados, pero también catedráticos de derecho constitucional, de derecho civil, distintas visiones del mundo jurídico. Sin embargo, cada vez hay más jueces, y más jueces penalistas: este no es el ámbito que más debería ocupar al Constitucional, aunque sí el que más interesa a los políticos.

¿Y qué les pasa a los jueces cuando llegan a un sitio donde en realidad no ejercen como jueces? Podrían haberse llamado “consejeros”, como en Francia los sages. Pero aquí se les revistió de los mismos ornamentos que a los demás jueces, y siguen queriendo dictar sentencias en vez de dictámenes constitucionales, cada vez más parecidos a un tribunal por encima del Supremo. Eso ha producido muchísimas fricciones. Y han querido tener cada vez más competencias, hasta llegar a la situación, absolutamente impropia de un tribunal constitucional, en que Rajoy les dejó ejecutar sentencias. Ya hubo teóricos que hablaron de una “jurisdicción constitucional” distinta del resto del sistema de justicia, y de ahí a ejecutar su propia jurisdicción solo hay un paso. Todo esto son pequeños pasos que hacen que las instituciones dejen de servir para aquello para lo que fueron diseñadas. Cuando te escapas del molde que te dio la Constitución, estás degradando la democracia. Y eso pasa con un Tribunal Constitucional totalmente colonizado, utilizado tanto por el pp como por el psoe como una tercera cámara: lo que no consigues en el juego parlamentario lo rebotas hacia arriba. El Constitucional es lo que se llama el “legislador negativo”: no puede legislar, pero sí anular leyes. Por eso lo han convertido en una tercera cámara, otra anomalía.

Dices que, cuando ha habido excesos por parte de un partido, el otro partido no los ha corregido al llegar al poder. Más bien al contrario.

En general así ha sido. Quien llega después al poder –ahí tenemos el ejemplo clarísimo de Sánchez, hay hemeroteca de él criticando todo lo que luego ha hecho– dice desde la oposición “esto no puede ser, lo voy a arreglar”, y luego piensa “pero si me da un poder inmenso”, y no renuncia a ello. En la situación actual de la democracia española es necesario que alguien tenga la grandeza de renunciar a un poder expansivo que no tiene sentido en una democracia liberal. Si hay un cambio de gobierno, quien obtenga el poder debería tener la grandeza de renunciar a controles que ahora mismo ejerce el ejecutivo de forma indebida. El poder es como los gases nobles: si lo sueltas, se expande, y necesita muros que lo contengan. Pero ahora mismo el ejecutivo ejerce de legislativo, pretende anular la justicia, y cuando no lo consigue intenta deslegitimarla para ocupar ese espacio. Ha desacreditado a los periodistas, no hace caso al Consejo de Estado, el Constitucional está a sus órdenes, el Consejo del Poder Judicial recibe instrucciones. Esa expansión habla muy poco a favor de una democracia sana.

Hablas también del caso del fiscal general del Estado.

La Fiscalía General del Estado ha llegado a un nivel de degradación nunca visto ni imaginado. Uno da por hecho que quienes ocupan ciertos cargos tienen algo llamado honor, o sentido del servicio, y por eso hay cosas que el legislador nunca llegó a regular: no se le ocurrió que ciertos personajes fueran a hacer ciertas cosas. La figura del ministerio fiscal fue una transacción curiosa al pactar la Constitución. En España el fiscal dependía directamente del Ministerio de Justicia –también en la República, no había diferencia con la monarquía–. Al redactar la Constitución, unos querían que siguiera así, y otros que los fiscales fueran independientes como los jueces, como en Italia, donde en el Consejo de la Magistratura están tanto jueces como fiscales. La Fiscalía General del Estado nace como un colchón entre esas dos ideas: ni mando directo del ejecutivo ni independencia plena. Por eso depende mucho de la calidad humana de quien la dirige: de su decencia, su sentido de la responsabilidad, su sentido institucional.

Ha habido fiscales generales muy apreciados, que tenían presente ese papel de colchón entre el ejecutivo, los propios fiscales y la ley. Y ha habido otros que se han dejado llevar totalmente –no solo los nombrados por Sánchez; también Jesús Cardenal o José Manuel Maza fueron poco independientes–. Hubo también algún caso, como el de Carlos Granados, apreciado por todo el mundo jurídico. Pero el caso actual va más allá: no se trata ya de que el gobierno marque una línea de política criminal –algo legítimo, según la ideología de turno–, sino de “quiero que a este lo acusemos, a este no lo acusemos, dame información sobre esto, paraliza aquello”. Eso ya es una degradación democrática que ningún fiscal general debería asumir.

Tenemos el ejemplo de una de las últimas fiscales de Rajoy, Consuelo Madrigal: al terminar su mandato, Rajoy no la vuelve a nombrar porque, según ella ha contado a personas de confianza, le pidieron que cesara a varios fiscales –entre ellos Javier Zaragoza, en la Audiencia Nacional– para poner a otros, y ella se negó. No la cesan: simplemente no la renuevan. María José Segarra, la primera fiscal general nombrada por Sánchez, nunca olvidó que pertenecía a la carrera fiscal y también fue reacia a obedecer ciertas órdenes directas; por eso duró tan poco, y creo que el gobierno acabó nombrando fiscal general a la propia ministra de Justicia para que lo hiciera directamente. Álvaro García Ortiz es un caso distinto: el puesto le venía muy grande, como ha demostrado tanto personal como técnicamente, y no ha tenido la más mínima voluntad de oponerse a los designios del gobierno. Le condenan no por “filtrar”, como se repite tanto, sino por revelarle un secreto al gobierno, que lo utilizó políticamente. Eso está constatado para cualquiera con dos dedos de frente: nadie llama a un fiscal por la noche y mueve Roma con Santiago para obtener un documento que sabemos, de forma fehaciente, que se obtiene a las once y pico de la noche y que a las ocho de la mañana ya está yendo de Moncloa a Juan Lobato, que era entonces el secretario general del psoe de Madrid, para que lo use en la Asamblea de Madrid. La navaja de Ockham suele funcionar. Me parece degradante que no dimitiera tras ser imputado, que aceptara ser juzgado conservando la toga de fiscal general.

Hablas de “juicio de ruptura”.

Fue un juicio muy curioso: había fiscales juzgando –dentro del tribunal, Manuel Marchena y Antonio del Moral proceden de la carrera fiscal–, fiscal en el banquillo, fiscales en las acusaciones y fiscales defendiendo, porque el fiscal actuaba casi como defensor. Casi un juicio entre fiscales sobre cómo entender la propia carrera. Lo que menos entendí fue el tipo de defensa que hizo Álvaro García Ortiz: un “juicio de ruptura”. Es algo que puede encajar en los abogados de eta: por principio no se acepta al tribunal ni se le reconoce autoridad. Pero ver a un fiscal general deslegitimando así a un tribunal me resulta muy violento. Y si lo indultan será peor: demostrará que el ejecutivo conserva la facultad de perdonar a los suyos, y eso es el fin de la justicia igual para todos.

También aparece el lawfare. Lo usó Podemos, lo usaron los independentistas y ahora lo usa el gobierno. ¿Qué es exactamente?

El lawfare o “guerra judicial” es un concepto latinoamericano: hemos tenido tantos políticos entregados a la admiración de repúblicas sudamericanas, la mayoría fallidas, que hemos importado también ese concepto. Significa que el poder, usando los mecanismos judiciales, acusa falsamente al opositor para quitarlo de en medio. Hay que entenderlo dentro de la mentalidad de esas repúblicas poco desarrolladas, donde antes se daban golpes de Estado y ahora se intenta quitar de en medio a los opositores con malas artes. Para eso hace falta un control determinado de los jueces que, en una democracia como la española, no existe. Cuando se habla de lawfare se está diciendo que treinta y cinco o cuarenta jueces –que además son sorteados en cada instancia, no elegidos a dedo– se han puesto de acuerdo para derribar al gobierno.

Llevo mucho tiempo intentando averiguar dónde se celebran esas reuniones secretas de jueces, porque me interesaría saber cómo consiguen saltarse las reglas de reparto de casos. Cuando trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, organicé una cena en un congreso y fletamos un autobús para llevar a los jueces. A unos les parecía muy pronto, otros habían quedado con amigos, otros preferían dar un paseo, otros no habían terminado de arreglarse… Al final llegamos con solo diez personas de las previstas, en un autobús grande, y cada uno apareció cuando quiso. Así que los jueces son bastante ingobernables. Entre ellos hay afectos y amistades, pero también, como en cualquier profesión, gente que se detesta o se tiene celos. Es prácticamente imposible ponerlos de acuerdo para delinquir, porque estarían prevaricando, y siempre habría alguien dispuesto a contarlo.

Lo que sí explico en el libro es un par de cosas. Una es lo que se ha venido a llamar la razón de Estado, ligada a nuestro pasado terrorista: tuvimos una Transición sangrienta, no solo por eta, sino por grupos de ultraderecha y de izquierda, con gente muriendo a diario en la calle –no insultos en Twitter: bombas, asesinatos–. Y aun así salimos adelante; de ahí viene mi optimismo sobre que también saldremos de esto. En esos años, cuando las leyes se quedaban cortas frente al terrorismo, se pisaron algunas líneas rojas para no dejar escapar a los culpables. No hacía falta que se pusieran de acuerdo: los jueces que se dedicaban al terrorismo sabían que no era bueno que los terroristas se fueran de rositas. Baltasar Garzón, que hoy habla mucho, es uno de los que pisó algunas de esas líneas, y entonces era aclamado como un héroe. Esa razón de Estado ha funcionado sobre todo en dos terrenos: el terrorismo y los independentismos –hasta que llegó lo de Ceuta–.

En el procés quizá; ahora ya no está en marcha.

Por parte de los jueces, sí; creo que en el procés también se pisaron líneas rojas. Luego está la falta de contención constitucional: cuando algunos jueces ven que se va a cometer una injusticia formal, tensan un poco la interpretación de la ley, no por obedecer a ningún amo. Contaba lo del autobús porque, cuando dicen que Aznar dijo “el que pueda hacer que haga” y los jueces “se pusieron a la labor”, yo me imagino a Aznar en el autobús diciéndoles “el que quiera venir a cenar que venga” y con el mismo éxito, o menos, que yo tuve aquella vez. No me creo esa historia. Me parece muy pobre que el gobierno prefiera deslegitimar las instituciones y los controles –el cni, los servicios secretos– antes que reconocer que algunos de los suyos han hecho cosas que no debían. Los jueces no van a dejar de investigar y de juzgar. La justicia es como un mazo pilón, va poco a poco, pero al final el último golpe rompe el hormigón. A lo mejor no en el tiempo que la gente espera, pero lo hará.

En esa caricatura habitual, se les presenta como jueces franquistas, cuando por supuesto no quedan jueces que trabajasen durante la dictadura.

El juez más antiguo de la carrera, Martín Zayas –el número uno del escalafón–, ya juró la Constitución cuando aprobó la oposición, nunca los principios del Movimiento. Me hace mucha gracia esa idea de jueces zombis que salen, con harapos y las carnes cayéndose a trozos, cada vez que hay que hacer algo malo. Del ejército todo el mundo asume que ha evolucionado y que los generales de ahora no tienen nada que ver con el franquismo; lo mismo ocurre con los periodistas. En este país los únicos que “no han hecho la transición”, según esa narrativa, son los jueces. Los militares, los fontaneros, los periodistas, los abogados del Estado, los fiscales sí: todo el mundo ha hecho la transición menos los jueces.

También me hace gracia esa idea de que, si eres una persona conservadora y oyes a Aznar dar esa supuesta instrucción, tu criterio se suspende automáticamente y te pones manos a la obra. Imagino que creen que ellos harían lo mismo si los convocan.

Me parece una falta de respeto tremenda. Son personas que probablemente no aceptarían ni que su pareja les diera una orden de voto y, sin embargo, creen que quienes pertenecen a las grandes carreras administrativas –con una alta preparación– son bobos que obedecen a un señor que dice “hay que hacer esto”. Es una manipulación muy burda, pero tiene éxito, supongo que por la repetición.

Muchas veces, con razón, el poder judicial se defiende como un colectivo de profesionales atacados. Pero también se ha debatido sobre la libertad de expresión de los jueces y el tema del anonimato y los pseudónimos.

Nadie puede tenerlo todo en esta vida, y en democracia tampoco nadie puede tener todo el poder. Los periodistas, como gestores del derecho a la información, tenemos plena libertad de expresión y nos ganamos la vida con ella, pero a cambio nos controlan los jueces: si nos pasamos de la raya, ahí están ellos. Los militares tienen mucho poder porque tienen las armas, y por eso la Constitución les retira derechos que otros ciudadanos sí tienen, como manifestarse o afiliarse a partidos. Con la llegada de las redes sociales, es como si algunos jueces hubieran dicho: “nosotros decidimos sobre vidas y haciendas, pero además queremos la misma libertad de expresión que cualquier tertuliano de televisión”. Sobre el clima, los libros, la literatura, sí conservan ese derecho; pero deberían restringirse en lo que toca a la política y al propio ejercicio jurisdiccional.

Antes eran capaces de controlarlo mejor: he conocido tiempos en que los jueces eran figuras raras de encontrar. No soy partidaria de ese encastillamiento, pero con las redes sociales han tenido varios problemas: no son expertos en comunicación, se exponen, y siguen representando al colectivo aunque sientan que participan a título individual. Primero fue el tema del anonimato: la Comisión de Ética del Consejo les dijo que no podían jugar a la vez a decir que eran jueces y a no decir quiénes eran –le pasó a Pilar Rahola con un juez con el que había tenido una pelea en Twitter y que luego le tocó como juzgador–. Siempre les decía: hay que elegir. O eres anónimo, y entonces renuncias a la autoridad especial que te da decir que eres juez, o dices que lo eres, para que quien te lea sepa si tienes algún interés en lo que cuentas. No se puede jugar con las cartas marcadas.

Eso también les ha perjudicado a ellos: entre el juez encastillado, que solo se muestra oficiando esa gran liturgia que es la justicia, y el juez que baja a la arena y es insultado o ninguneado en redes como cualquiera, hay un término medio aristotélico que no han sabido respetar.

Esa limitación me hace pensar en la defensa frecuente que tiene un ministro cuando ataca a los jueces. “Es mi libertad de expresión”, suelen decir…

Hay una norma que impide a los jueces dirigir reproches a miembros del ejecutivo o de otros poderes, y por la misma regla de tres los miembros de otros poderes tampoco deberían dirigírselos a ellos: para esos desacuerdos existen cauces institucionales. Eso se ha perdido totalmente, y es muy importante. Y desde que el gobierno decidió abrir esa caja para arremeter contra los jueces, hay una estrategia: deslegitimar al poder judicial, primero para defender al entorno del líder, y luego, con el apoyo de los partidos a la izquierda del psoe, convertirlo en una deslegitimación global y falsa, con el objetivo de poder intervenir después en el sistema por el que se nombra a los jueces –como ya se hizo en Hungría y en México–. Digo que es falsa porque el argumento habitual es “es el único poder que no emana del parlamento”. Pero esos señores vienen de unas oposiciones cuyo contenido aprueba el parlamento, se rigen por normas que aprueba el parlamento, y están sometidos al imperio de una ley que aprueba el parlamento: esa es su legitimidad democrática. No hay que creer en la justicia como en algo sagrado: hay que confiar en ella como obra humana, que puede fallar, y por eso hemos construido un sistema con varias instancias –un juez, luego tres, luego otros tres, luego un recurso ante cinco– para que, si uno sabe poco, otros sepan más. A veces, como en cualquier sistema humano, algún error se cuela, igual que a veces se cae un avión pese a todos los controles. Pero no es lo habitual, tampoco en la justicia.

En el libro criticas las reformas impulsadas por el ministro Bolaños.

Sus leyes eran casi todas leyes con trampa. La que ha conseguido sacar adelante tiene a los tribunales en una situación de caos: ha cambiado los nombres de todo, ha convertido a los jueces en gallinas ponedoras, cada uno en su celda poniendo sentencias y autos, y ha dejado una oficina judicial común al mando de un laj –Letrado de la Administración de Justicia– que depende del ministerio. La adaptación ha sido, y sigue siendo, un caos. Y ha añadido algo que suena muy bonito, muy moderno, muy progresista: los masc, medios alternativos de solución de conflictos, una especie de arbitraje previo para llegar a acuerdos antes de ir a juicio. En la mayoría de los casos, si la gente hubiera podido llegar a un acuerdo, ya lo habría hecho antes. Además está mal legislado, no queda claro cuándo se ha cumplido ese trámite previo, y las cosas se atascan. El ministro sale diciendo que ha bajado la litigiosidad, cuando en realidad lo que ha hecho es poner una barrera para que no llegue a los tribunales; cuando llegue de golpe, va a ser tremendo.

Esto ya lo intentó en su día Gallardón con las tasas judiciales: pagar abogado y procurador, más la tasa, hacía que mucha gente ni reclamara. Al final, primero por presión popular y luego por el Constitucional, se retiraron.

Esas barreras perjudican más a los pobres.

Sí, salvo que tengan derecho a la justicia gratuita. Así que castiga a las clases medias bajas. Y la administración, mientras tanto, no tiene que asumir esos costes: puede litigar lo que quiera. Espero que esa ley acabe siendo corregida.

Pero luego estaba el paquete de leyes que pretendía transformar todo esto en otra cosa, y, si se hubiera aprobado, la situación habría dado un vuelco muy difícil de revertir. No se aprobó gracias a Junts: es una paradoja que hayan salvado el Estado de derecho quienes intentaron romperlo. Entre esas leyes estaba la de dar instrucciones al fiscal, sin contemplar que este pasara a ser independiente: se le daba más poder a una fiscalía que hemos visto prácticamente de rodillas ante el ejecutivo. Si a la vez se retiraba la acusación popular, como se pretendía, el gobierno se quedaba con el monopolio práctico de la acción penal: decidiría a quién se persigue y a quién no. La fiscalía ya juega un poco a eso, abriendo diligencias por delitos de odio que luego se archivan. No entiendo cómo no lo ve la gente de izquierdas: deberían imaginarse ese mismo poder en manos de Santiago Abascal. Siempre que se valora una ley hay que ponerse en el lugar de que la maneje quien menos te gusta. Si aun así funciona y no es perjudicial, es una buena ley; si solo te parece buena cuando la manejan los tuyos, no lo es.

También había proyectos para controlar a los periodistas, presentados bajo la etiqueta orwelliana de “proteger y preservar el secreto profesional”. Llevo cuarenta años de periodista y puedo asegurar que nunca se ha violado en este país el secreto profesional; la jurisprudencia siempre lo ha respetado. El único intento, el de un juez de Mallorca que llegó a quitar los teléfonos a unos periodistas, fue rectificado de inmediato. Cuando el poder dice que va a “arreglar” algo que no tiene problema, empiezo a asustarme: lo que hacen es introducir una casuística sobre en qué casos puede obligarse a revelar el secreto profesional. Ese paquete sigue paralizado.

¿Sería una de esas “tácticas duras constitucionales”?

Consisten en jugar aparentemente dentro de la Constitución, pero doblegando sus límites, o haciéndolos tan flexibles que se sale del ámbito constitucional real. Se usan a menudo, y muchas veces se justifican diciendo: “esto se puede hacer porque no se dice que no se pueda”.

Así se interpretó la Ley de Amnistía.

Lo dijo el propio Constitucional, y es una idea equivocada: “todo lo que no está prohibido está permitido” vale para el ciudadano, pero no para el Estado. Ahí va al revés: solo puede hacer lo que tiene claramente atribuido. Se justifica con una frase que se repite mucho, eso de que “ganamos derechos y libertades ampliando los cauces”, pero si los cauces tienen un tamaño determinado, ampliarlos también puede implicar salirse de lo constitucionalmente posible. Me acuerdo de que, cuando se iba a renovar el Consejo, a Bildu se le ocurrían ideas al azar: cambiar la duración del mandato, quitarle competencias… Hay quien piensa que el parlamento no tiene límites y que todo lo que apruebe es válido en democracia, pero no es así: también tiene contrapesos –el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado– que no se pueden derribar. El parlamento podría aprobar por mayoría que a los rubios se les corte el pelo por la calle, pero eso seguiría siendo contrario a los derechos fundamentales. El parlamento no puede aprobar lo que quiera: tiene que hacerlo dentro de los parámetros que marcan la democracia y la Constitución.

Se te veía como una periodista próxima a la izquierda, y has criticado leyes y medidas de un gobierno de izquierdas, lo que a su vez te ha granjeado muchos ataques.

Antes que socialdemócrata, o liberal, o lo que sea, soy demócrata. Y creo que los periodistas tenemos como misión fundamental ser un contrapoder; ser sumiso al poder no encaja mucho con esa profesión. Había votado a estos señores, no tengo problema en decirlo, pero cuando empezaron a hacer cosas totalmente disparatadas, no podía ignorarlo si mantenía mi criterio. La primera fue la famosa “ley del solo sí es sí”: no por su intención, sino porque estaba muy mal hecha, porque el consentimiento ya se llevaba a los tribunales, porque era un empeño ideológico de los socios de gobierno al que se le dejó paso para tenerlos contentos, y porque sabía que iba a causar, como pasó, la excarcelación o la rebaja de penas de mucha gente. Aun así entonces pensé que era solo una mala ley.

Pero luego llegó la ley trans, y esa sí es para mí fundamentalmente irracional. Me pareció una papilla ideológica. Nadie que razone con normalidad puede dejar de preguntarse qué está haciendo esa señora, Judith Butler, que malinterpreta a todos los autores. Sobre todo, me parece una ley profundamente antifeminista, y yo soy feminista. Me parecía imposible que fueran a poner por escrito que el sexo biológico no existe, que ser hombre o mujer es un sentimiento. Pero lo hicieron. Y así convierten a las mujeres, como categoría, en una broma: si ser mujer consiste en decirlo y ponerte unos tacones rosas y una peluca, ¿qué somos nosotras? Me opuse a esa ley por defender lo razonable y por feminista. No puede haber fraude de ley porque la ley es un fraude.

Y ahí empezó a funcionar algo que me indigna mucho, lo de “prietas las filas”: ahora hay que ser queer, ahora hay que decir que esto es maravilloso, que nos han “asignado” un sexo al nacer, que operar a niños y niñas y darles hormonas es bueno –aunque no les dejemos comer azúcar porque engorda–, y que si no lo aceptas eres tránsfoba, fascista, feminazi. Yo no trago con eso. Ahí empecé a tener problemas: escribía artículos diciendo que aquello era una locura en medios progresistas que no querían moverse un milímetro por miedo a la que les podía caer. Se instaló una capa de silencio, y a quien se le ocurría decir algo dejaban de llamarle, le atacaban, le hacían campañas. Fue una nueva inquisición contra quienes no queríamos aceptar que el sexo biológico no exista. Un grupo de feministas se organizó contra lo que llamaron “el borrado de las mujeres”, porque era una ley contraria a los intereses de las mujeres: instituía el género como algo central, cuando para el feminismo el género es precisamente una mochila de opresión de la que queremos librarnos –el rosa de las niñas, que tengamos que ser cuidadoras, que no podamos jugar al fútbol–. Y de pronto ser mujer u hombre pasaba a ser algo “sentido”: si no te gusta el fútbol, eres una niña. Todo tan absurdo que nunca pensé que el psoe fuera a aceptarlo.

Pero lo aceptó.

Y a partir de ahí todo fue un desvarío. Nunca estuve de acuerdo con que se hiciera un caso penal del procés –creo que el 155 era lo que correspondía–, pero no puedes ir a unas elecciones prometiendo traer a Puigdemont de las orejas y sentarlo en el banquillo, y a la semana de las elecciones estar pactando una amnistía “para pacificar”. Yo ni siquiera soy visceralmente contraria a una amnistía sobre un proceso penal que en mi opinión nunca debió abrirse. Lo grave no es tanto la medida en sí como el cinismo de decirles a tus electores que vas contra algo y, quince días después, pactarlo. ¿A quién votamos entonces? ¿A un césar, para que haga lo que le salga de dentro? Eso no es una democracia: es una estafa.

Por eso digo que no soy yo la que ha cambiado. Esto lo pensaba igual cuando gobernaba Rajoy, y con cualquiera que haya gobernado. Han ido convenciendo a la gente de que baje sus estándares de calidad democrática y moral: han conseguido que mucha gente tire la moral a la papelera con tal de que “sigan los míos”. Yo no me he movido: siempre he sido demócrata. Tenía once años cuando murió Franco; vi arrancar la democracia en mi preadolescencia y mi adolescencia, y quiero morirme en una democracia sana. Toda mi generación vivió eso: éramos niños, pero sabíamos lo que se podía decir fuera de casa y lo que no, lo que era la escuela franquista, porque lo vimos. No quiero volver a esa España en blanco y negro, aunque venga “corregida”, aunque en vez de nacional sea roja. Quiero vivir en una democracia homologada, occidental, europea. Siempre quise ser europea, y no quiero dejar de serlo.

Y con respecto a lo que he sufrido por ello: me ha señalado el ministro Óscar Puente, he tenido acoso constante en Twitter, en parte de gente que muestra un seguidismo total, en parte de bots y de todo ese montaje de propaganda que pagamos entre todos pero que se usa contra nosotros. Llevo cuarenta años trabajando: he trabajado con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy, con Sánchez, y trabajaré, mientras tenga energía, con quien venga después.

El tema del libro es la degradación democrática. ¿Vamos a ir a peor antes de ir a mejor?

De momento, este empeño en gobernar sin respaldo parlamentario y sin presupuestos –en una democracia parlamentaria, quien no tiene mayoría debería irse, y aquí eso no pasa– me parece grave. Con imputados a diestro y siniestro, llegan desastres que no se prevén, hay deficiencias en los servicios públicos… No creo que vaya a haber un pucherazo electoral ni nada por el estilo. Tengo confianza en que haya alternancia –me da menos miedo que la instalación indefinida en el poder en estas condiciones– y en que quien gobierne después tenga los redaños de dar marcha atrás y sanear lo que se ha corrompido. Es una incógnita, aunque todos digan que lo van a hacer. Quiero pensar que sí, porque estamos demasiado al borde del abismo como para no hacerlo. ~