Ante la aprobación de la Ley de Seguridad de la Frontera, Oportunidad Económica y Modernización del Sistema de Inmigración (S. 744) en el Senado estadounidense, finalmente el gobierno mexicano hizo una serie de pronunciamientos esta semana, específicamente respecto a la controvertida enmienda sobre la seguridad en la frontera como condición para proceder con otros aspectos que incluye la ley como la regularización de más de once millones de indocumentados en Estados Unidos.
Hasta este momento, las pocas declaraciones del gobierno de Peña Nieto respecto a la migración se habían caracterizado por una visión tradicional de que el tema es un "asunto interno" de Estados Unidos y que México respeta la soberanía de Estados Unidos. Aunque en este gobierno hay un mayor énfasis sobre la "no intervención" en este tema, esta no fue una gran sorpresa puesto que desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, el discurso de México había adquirido un tono más bajo en comparación con lo que fue durante el gobierno de Fox, bajo el argumento de que esto evitaría contaminar o mexicanizar el tema en Estados Unidos. Aún así, esto no ha evitado que el gobierno mexicano continúe con un trabajo discreto pero sumamente activo en el ámbito local y estatal pronunciándose en contra de leyes anti-inmigrantes, formando coaliciones con otros países y organizaciones civiles para interponer demandas contra estas leyes (la más reciente en Luisiana), y preparando el terreno para una reforma migratoria por medio de un cabildeo cauteloso con actores en diferentes niveles de gobierno de la sociedad civil y del trabajo con líderes migrantes mexicanos.
Aunque esta semana México "rompió el silencio" sobre el tema de la reforma migratoria y se pronunció mucho más claramente en contra de un enfoque de seguridad en la frontera, el discurso es muy limitado en comparación con el resto del trabajo que se hace por medio de la Embajada en Washington, los consulados y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Aunque en esta declaración México critica el enfoque de seguridad y la idea de ampliar la barda fronteriza para cerrarla por completo y duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza de 20,000 a 40,000, su crítica está enfocada a temas de competitividad, modernidad, eficiencia y prosperidad regional de la zona fronteriza, sin mencionar los efectos contraproducentes que ha tenido esta estrategia de control fronterizo desde una perspectiva humanitaria, con más de 6,000 migrantes muertos desde 1994, la expansión de redes de contrabando de personas, la separación de familias como resultado de las deportaciones, el aumento de la discriminación en contra de los mexicanos, y los abusos en contra de migrantes mexicanos tanto por parte de la Patrulla Fronteriza como de las autoridades dentro de los centros de detención. Además, como bien señala Jorge G. Castañeda, el cierre de la frontera con bardas y mayor vigilancia, tendrá implicaciones serias para México cuando un número cada vez mayor de centroamericanos y migrantes de otros países se queden en México al no poder cruzar a Estados Unidos, lo cual amerita una declaración y una propuesta más concreta que insistir en la retórica de la responsabilidad compartida.
Es lamentable que desde hace más de una década la visión de seguridad en la frontera se asuma como la premisa para poder tomar acciones en otros ámbitos de la regulación de la migración, como los programas de trabajadores temporales o la regularización de los migrantes indocumentados. Esta ha sido la justificación de la política de deportaciones de Obama, y nuevamente vuelve a ser el enfoque de esta reforma migratoria. Políticamente pareciera que es imposible lograr una cosa sin la otra. Sin embargo, existe el riesgo de que, al igual que en 2006, sólo se apruebe una parte de la reforma, que muy probablemente sería esta, o que, como lo preve esta ley, la condición de asegurar la frontera bajo ciertos estándares antes de proceder con otros aspectos de la reforma se convierta en un asunto burocrático impenetrable que demore por muchos años más lo que ya se anticipa como un largo camino de al menos 13 años para que los migrantes puedan obtener la ciudadanía.
Hasta el momento, México ha perdido una oportunidad de influir en la discusión sobre el tema, lo cual podría lograr aún manteniendo una postura cautelosa al insistir en la perspectiva del lado mexicano, y no sólo en la disminución de las tasas de emigración en años recientes o los costos del aseguramiento de la frontera desde una perspectiva más amplia, sino también sobre lo que puede aportar México en caso de que se apruebe la reforma migratoria. Por ejemplo, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es un instrumento clave ante el escenario de que 5 o 6 millones de mexicanos en Estados Unidos, y posiblemente muchos centro y sudamericanos, requieran clases de inglés y de ciudadanía para cumplir con los requisitos para regularizar su estatus o convertirse en ciudadanos. La infraestructura de cerca de trescientas cincuenta Plazas Comunitarias en todo el país llenará un espacio importante frente a un aumento significativo de la demanda de estos servicios si se aprueba esta ley. Así lo anticipan algunas declaraciones del Director del IME, Arnulfo Valdivia, quien ha dicho que el enfoque del IME en este contexto será apoyar la integración de los migrantes en Estados Unidos por medio del aprendizaje del inglés y clases de civismo. Como reflejo de ello, la última convocatoria de IME Becas, de donde provienen gran parte de los fondos para apoyar a las Plazas Comunitarias, enfatiza que dará prioridad a las que tengan programas de inglés y GED (uno de los requisitos para los solicitantes al programa de acción diferida).
Ante controversias como los posibles costos de la reforma, que seguramente volverán a la mesa con mayor vigor en la Cámara de Representantes, la voz de México es importante y necesaria para evitar una discusión desequilibrada que nuevamente se limite al tema de seguridad y deje fuera una perspectiva bilateral y regional sobre la migración.
Fotos de Alexandra Délano (Foto 1: McAllen, Texas; Foto 2: Anapra, Nuevo México)
es profesora de estudios globales en The New School en Nueva York. Su trabajo se enfoca en las políticas migratorias de México y Estados Unidos.
