Ya se sabía que a Ricardo Monreal, titular de la delegación Cuauhtémoc, no le gustaba la Constitución de la Ciudad de México. Y yo pensaba que sus resquemores hacia ella estaban concentrados en los concejales (que supervisarán y evaluarán las acciones de las alcaldías y controlarán el presupuesto), pero me equivoqué. Viendo la manera en la que aplastó una manifestación de menos de treinta vecinos que se concentraron el lunes 22 en la explanada delegacional para pedir su destitución, queda claro que también le fastidia el artículo siete de la joven y prometedora (y muy impugnada) carta magna capitalina, que eleva la protesta social a “derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros”, y obliga a las autoridades a adoptar “protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos”.
La administración de Monreal ha sido poco agraciada y, sobre todo, poco transparente. Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó extensamente la devastación del patrimonio territorial de la delegación y la proliferación de ambulantes y de permisos para establecimientos mercantiles.
Monreal también ha dejado claro el incordio que le representan los vecinos en general, pero más si estos son activos y hacen oír sus inconformidades, como los organizados alrededor de la Coalición Ciudadana Cuauhtémoc, quienes convocaron a la manifestación del lunes pasado. Otra muestra de ello es que en octubre del año creó Comités de seguridad para que fungieran como enlace entre los vecinos y la delegación en temas de seguridad pública, quitándole así facultades, que la Ley de Participación Ciudadana da, a los pocos comités ciudadanos que no fueron cooptados por su red clientar.
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La historia de los comités ciudadanos es un buen retrato del anquilosamiento de los mecanismos de participación ciudadana. La figura se creó hace casi veinte años, en 1998, cuando se promulgó la nueva Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. En esta se estipulaba que los comités, llamados en ese entonces “vecinales” y que se renovarían cada tres años, serían órganos de representación ciudadana cuya principal función sería “relacionar a los habitantes del entorno en que hayan sido electos con los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales para la supervisión, evaluación, y gestión de las demandas ciudadanas en temas relativos a servicios públicos, modificaciones al uso de suelo, aprovechamiento de la vía pública, verificación de programas de seguridad pública, verificación de giros mercantiles”. Al año siguiente se llevaron a cabo las primeras elecciones de estos comités y no se supo más de ellos sino hasta 2004, cuando se promulgó una nueva Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se cambió el nombre de comités vecinales por el de comités ciudadanos. Después ese órgano importantísimo que iba a “representar los intereses colectivos de las y los habitantes de la unidad territorial” volvió al cajón del olvido y no fue sino hasta 2010 cuando, ¡por fin!, se llevaron a cabo las segundas elecciones en la historia de los comités ciudadanos de la Ciudad de México (participó el 8,8% de la población).
La intervención de partidos, asociaciones e intereses políticos está prohibida en los comités, porque el espíritu de estos es que los vecinos, quienes pueden medirle el pulso a las necesidades y preocupaciones de sus pares, sean quienes articulen las demandas y participen con voz y voto en las decisiones que pretenda tomar la delegación. En la nueva-nueva Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (2016) tienen además facultades para solicitar plebiscitos, referéndums, presentar iniciativas populares y vigilar de cerca el presupuesto participativo.
Pero irónicamente, entre más facultades tienen los comités ciudadanos, más apetecibles son para las redes clientelares de los delegados. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado que los ambulantes de la delegación Cuauhtémoc han “cooptado espacios formales de representación” y que en la elección de comités ciudadanos de septiembre del año pasado cuatro de los cinco comités de la Roma Norte quedaron en manos de ambulantes. “Los vecinos no ligados a grupos clientelares fueron vencidos decisivamente por las planillas que postularon como candidatos a agremiados de grupos de ambulantes”. Y parte de lo que los vecinos de Coalición Ciudadana Cuauhtémoc reclaman es precisamente eso: los comités ciudadanos de su demarcación han sido cooptados por las huestes de Monreal.
Varios de los medios que reportaron el enfrentamiento (si es que puede llamarse así a 25 vecinos que son amedrentados por otras 200 personas) del lunes citan a una de las defensoras del delegado que declara: “La realidad es que no es así, ni siquiera entre nosotros nos conocemos todos. Si hay algo que resaltar de Monreal es que ha tenido la capacidad de abrir las puertas a reuniones como estas y llevar personalmente las denuncias vecinales”. Quien da esta cándida declaración es Esperanza Alcántara Castillo, que efectivamente es miembro del Comité Vecinal Centro VIII pero también es presidenta de la Unión de vendedores fijos, semifijos y ambulantes en la Alameda Central.
Los comités ciudadanos que responden a intereses políticos son un vicio que desafortunadamente como ciudadanos hemos solapado con nuestro abstencionismo. En las elecciones de 2013 participó el 12% de la población y aunque de las elecciones del año pasado todavía no hay datos consolidados, los resultados por colonia (que pueden verse aquí) apuntan a una participación igualmente pobre. Salvador Camarena dice que “la lucha contra la corrupción empieza en tu banqueta” y me parece que una buena manera de sumar esfuerzos en esa lucha es salir a recuperar con nuestro voto los espacios que nos corresponden.
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
