Hace año y medio, surgió una acre polémica iniciada por un editorial del diario La Nación, de Argentina, que pedía al gobierno de Mauricio Macri revisar la situación de cientos de exmilitares presos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar para que pudiesen irse a sus casas. El editorial equiparaba la exigencia de justicia y reparación de los familiares de las víctimas con “ansias de venganza”.
Lo ocurrido en aquellos días fue inédito, porque la primera gran respuesta se dio en el seno de la redacción del diario, donde buena parte del staff se manifestó en contra de lo publicado pronunciándose por la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y el no al olvido. Los propietarios y directivos de La Nación se vieron obligados a aclarar que el editorial representaba exclusivamente la posición de la empresa, y no la de sus periodistas ni de los integrantes de otras áreas del periódico.
Para organizaciones sociales y políticas, así como para analistas y comunicadores, lo publicado por el diario argentino era una exigencia de impunidad disfrazada de reclamo humanitario, pues pedía dar la vuelta a la página de lo ocurrido en los centros clandestinos de detención de la dictadura, donde tuvo lugar el secuestro, la tortura, y la ejecución/desaparición de al menos 7 mil 300 personas.
El porqué los editores, redactores, reporteros, fotógrafos y otros trabajadores pudieron expresar públicamente su oposición a la postura de los propietarios del diario, sin temor a que sus puestos, funciones y estabilidad laboral fueran puestos en riesgo, fue producto de una larga lucha por llevar a la ley la cláusula de conciencia para periodistas que permite a los informadores negarse a participar en la elaboración y/o difusión de contenidos que resulten contrarios a sus convicciones o que ofendan sus principios éticos. Más aún, se estableció que en el caso de que el contenido de determinados artículos violente gravemente la conciencia de no menos del 10% de los periodistas en una empresa, éstos podrán exigir la difusión en el mismo medio de su posición crítica sobre la cuestión.
El equipo de La Nación marcó un antes y un después en el derecho de los periodistas a oponerse por principios a una decisión editorial, apegados al espíritu de su Manual de Estilo y Ética Periodística de 1997, en el que puede leerse que en tiempos en que el descrédito público golpea a dirigentes e instituciones por igual, en La Nación habían decidido poner el acento en el carácter principista de su trabajo.
El colombiano Javier Darío Restrepo ha expresado que desde el punto de vista ético un editorial es, ante todo, “un servicio del periódico al lector”, y este consiste en el acompañamiento del editorialista a los lectores en su búsqueda de la verdad de los hechos, descartando el servicio a intereses particulares.
Y añade: “Lejos de cualquier posición dogmática, la opinión deja abierta la posibilidad de un diálogo con otras opiniones y corrientes del pensamiento. La columna editorial, en consecuencia, además de tolerante, hace parte de un proceso de búsqueda común de la verdad”.
En la actitud del equipo de La Nación hay un comportamiento ético que habla de compromiso con la memoria y la justicia y que postula que en la verdad también se milita. Como expresa Restrepo, es así como se les presta a los lectores el más deseable de los servicios: abrirles el camino para la comprensión inteligente de lo que sucede y entregarles elementos para la búsqueda de la verdad de cada día.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
