A juzgar por las torpes decisiones de los políticos activistas hondureños que dirigen a la caravana de migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos cualquiera diría que entre ellos, Donald Trump y el alcalde de Tijuana hay un pacto político para impedirles entrar al país y de paso desbaratar la política de asilo de Estados Unidos y México.
¿A quien en su sano juicio se le ocurre invitar entre cinco y nueve mil personas a entrar a un país extranjero sin documentos en vísperas de la elección intermedia en la que se jugaba el control del Congreso estadounidense? ¿A quién en pleno uso de sus facultades mentales se le puede ocurrir que un grupo de 500 hombres, mujeres y niños podría forzar su entrada a Estados Unidos cruzando una frontera fortificada militarmente? Por más inverosímil que parezca, esta involuntaria y non-santa alianza, ha propiciado que el genuino y doloroso drama de los migrantes centroamericanos atrapados en Tijuana se ahonde en un pantano sin salida.
La migración centroamericana a Estados Unidos no es un fenómeno nuevo aunque el flujo aumentó considerablemente durante el conflicto armado en la región en la década de los ochenta y los desastres naturales en los noventa, y no ha cesado.
Pero el conflicto actual empezó a principios de octubre cuando un pequeño grupo de activistas y políticos inconformes con el actual gobierno hondureño convocaron a crear una caravana de migrantes con destino a Estados Unidos bajo el lema: “no nos vamos porque queremos. Nos expulsan la violencia y la pobreza”. El mensaje prendió de inmediato en un país en el que dos tercios de la población viven en la pobreza en uno de los países más violentos del mundo.
Pero la resonancia del oportunista llamado sorprendió a todos, incluyendo al ex legislador hondureño Bartolo Fuentes, quien en su programa de radio fue uno de los promotores la idea en su programa de radio. “Nunca esperé que esto se hiciera tan grande,” dijo Fuentes al comprobar que ascendía a varios miles el número de personas que se unían al grupo para transitar con mayor seguridad y fuerza por México. Se calcula que en la primera caravana marchan unas 6 mil personas y otros miles en las subsiguientes.
La caravana también tuvo un eco desproporcionado en Estados Unidos donde Donald Trump intentó, afortunadamente sin éxito, convertirlo en tema de campaña para las elecciones intermedias. Con su acostumbrado desparpajo, Trump demonizó a los migrantes con insinuaciones y mentiras. Dijo que el Partido Demócrata era el organizador de la caravana, y al igual que el embajador hondureño en Estados Unidos, inventó que George Soros la financiaba. Como es su costumbre tratándose de migrantes latinoamericanos, Trump los identificó como criminales incluyendo a terroristas del Oriente Próximo.
Abusando de las prerrogativas que otorga el poder presidencial, en vez de enviar jueces migratorios para analizar las solicitudes de asilo de los migrantes, Trump ordenó el desplazamiento de casi seis mil soldados a la frontera sur a detener la “invasión” de hombres, mujeres y niños. Un acto irresponsable que nos costará a los contribuyentes unos doscientos millones de dólares y tan inútil que ya se ha anunciado la retirada de los soldados que no tienen nada qué hacer ahí.
Trump no es, sin embargo, el único político que ha contribuido a ahondar la crisis. Haciendo gala de su personalidad trumpiana, el Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum rebajó el carácter de su investidura llamando “vagos” y “mariguanos” a los migrantes. Y para justificar las actitudes xenófobas y racistas de algunos tijuanenses que protestaban por la presencia de los hondureños declaró que “los derechos humanos son para los humanos derechos”, insinuando perversamente que los migrantes no eran seres humanos.
El problema que enfrenta Tijuana es real. El muro fronterizo de Trump encierra a miles de migrantes en una ciudad que al mes recibe unos 5,000 migrantes mexicanos deportados de EE UU. La suma crea una serie de problemas cuya solución rebasa los limitados recursos de la ciudad. Naciones Unidas y el gobierno federal en México tienen la obligación de apoyar económicamente a Tijuana para solventar una crisis que puede durar meses. Pero mientras eso sucede es evidente que la falta de estatura intelectual y moral del Alcalde Gastélum solo puede empeorar el asunto.
Más aún, cuando se opta por la violencia el argumento de los débiles pierde su fuerza moral. Si hasta este domingo la caravana contaba con la simpatía de un sector de la opinión pública estadounidense hoy, después del frustrado intento de ingresar al país por la fuerza instigado por los activistas, la afinidad esfuma.
Escribe sobre temas políticos en varios periódicos en las Américas.
