En días pasados una docena de artistas cubanos, entre los que se encuentra la internacionalmente reconocida Tania Bruguera, fueron arrestados en La Habana. Tras ser liberados, algunos han quedado imposibilitados de salir del país ¿Qué han hecho? Simplemente protestar, por medio de una sentada en las aceras frente al Ministerio de Cultura de la isla, contra el decreto 349, que regula la libertad de expresión en el campo artístico cubano.
Lo primero que habría que decir es que dicho decreto aparece en un momento de debates y consultas sobre la nueva Constitución cubana, cuya aprobación está programada para febrero de 2019. Se trata de un conjunto de disposiciones jurídicas que deberían integrar las leyes reglamentarias de una constitución que todavía no ha sido refrendada por el pueblo. Llama la atención, por su anomalía, que esas normas diseñadas para complementar la ley suprema de la nación, se aprueben antes de la constitución misma.
¿Urgencia? ¿Ansiedad de control? ¿Qué explica la anomalía? La responsable de recursos humanos del Ministerio de Cultura de la isla, Alina Estévez, explicó al periodista Alexis Triana en el periódico Granma que no había mayor novedad en el decreto. Una ley anterior, la 226 de octubre de 1997, ya contenía las principales figuras restrictivas de la libertad de expresión artística en Cuba, de acuerdo con las constituciones de 1976 y 1992, que preservaban la médula soviética del Estado cubano.
Lo nuevo del decreto es su lenguaje y su alcance, que se dirigen a atajar el rebasamiento del control del Estado en el emergente sector privado de la isla: restaurantes, bares, galerías independientes, teatros alternativos, lugares públicos. La fórmula “contravención personal” sirve para penalizar la “divulgación de materiales que bajo un supuesto ropaje artístico sean lesivos a la moral, la ética, las buenas costumbres, irrespeten símbolos patrios, efectúen actos discriminatorios por el color de la piel, género, orientación sexual o discapacidad”.
En Cuba asistimos a una mezcla de la vieja censura burguesa nacionalista y la nueva corrección política multicultural, que tiene como trasfondo la redefinición en curso de la ideología de Estado. Tras la renuncia inconfesa al marxismo-leninismo de corte soviético como doctrina oficial, el gobierno cubano, en vez de relajar sus controles sobre la cultura, refuerza la interdicción y el acoso contra los jóvenes artistas y cineastas, dramaturgos y escritores.
Además de las “contravenciones personales”, el decreto 349 persigue lo que llama, en insufrible maltrato de la lengua castellana, “intrusismo”, es decir, la práctica artística de sujetos que el Estado no considera artistas profesionales y que, por tanto, no están afiliados a organizaciones oficiales como la Asociación Hermanos Saíz y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Un ejército de “inspectores” se encargará de expulsar a los “intrusos” del espacio institucional del arte.
Llama la atención que esas regulaciones se hagan en nombre de la “protección” o la “defensa” de la “vanguardia” artística cubana, cuando uno de los gestos inaugurales del arte de vanguardia, desde el dadaísmo y Marcel Duchamp, es desafiar los límites del arte profesional. Por más que los funcionarios insistan en que el decreto no afecta la creación, en Cuba la voluntad estatal de distinguir qué es arte y quién es artista proyecta la esencia del totalitarismo en la administración de la cultura.
Hasta el trovador Silvio Rodríguez, figura icónica de la cultura revolucionaria, ha expresado su malestar con la nueva ley. Rodríguez ha sugerido que el decreto fue firmado mecánicamente por el presidente Miguel Díaz Canel, poco después de asumir el cargo. Pero el texto de la norma legal reproduce ideas manejadas por el propio Díaz Canel en una intervención en la UNEAC en 2014 y otros discursos recientes, como la insistencia en combatir la vulgaridad, la chabacanería, la obscenidad –especialmente del reguetón– y la “pérdida de valores”.
El decreto 349 es reflejo del giro conservador que ha dado la política cultural cubana en los últimos años, como consecuencia de la reacción oficial al avance del mercado, el crecimiento del sector no estatal, el acceso a internet, las redes sociales, la autonomía artística y una nueva cultura popular joven que desafía el discurso verticalista del poder. Pero el espíritu de la ley, como reconocen los propios funcionarios, es consustancial a la política cultural del régimen cubano desde los años 60.
A pesar de la represión, que los medios oficiales ocultan, la movilización de los artistas independientes contra el decreto 349 ha sido eficaz. Esta vez, han logrado ganarse el apoyo de la mayoría del campo intelectual cubano, donde crece la inconformidad por sentirse excluido del proceso constituyente. En publicaciones como Cuba Posible o el blog del historiador y jurista Julio César Guanche, La Cosa, se han publicado decenas de críticas a la nueva Constitución por parte de académicos e intelectuales adscritos a instituciones oficiales.
Por lo visto, la burocracia ha tomado nota del creciente malestar y envía señales de contención, como la del anuncio de una nueva flexibilización de las regulaciones del trabajo por cuenta propia. Esas modulaciones del cierre, sin embargo, no implican un cese de la represión o un abandono de la estigmatización del arte independiente, como se comprobó en los arrestos de los últimos días. Cualquier debate serio entre los artistas y el poder en Cuba debería plantear como premisa el fin de la represión y, al menos, una disculpa del Estado a sus víctimas.
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.
