Es comprensible la reticencia de las autoridades gubernamentales, y a veces de las universitarias, a emplear la fuerza legal para recuperar instalaciones privatizadas por los activistas políticos. Osar la recuperación de instalaciones supone inquietar fantasmas: la instantánea etiquetación de “represor” y la inevitable analogía con Díaz Ordaz. El peso mitológico de Tlatelolco aporta a los activistas una impunidad de facto que los convierte –a ellos, apasionados abogados de la igualdad– en ciudadanos extraordinarios.
Es lamentable el empleo de las universidades y las escuelas normales como sedes de teatralizaciones justicieras en las que ese fuero (en realidad una patente de corso) demuestra su poderío. Un puñado de activistas cualquiera tiene el poder para expropiar propiedad pública, malbaratar escasos presupuestos, afectar la vida de miles de personas y, claro, degradar la idea misma de la universidad ante la sociedad. (En el caso de las Normales se agregan el robo, el secuestro y aun el asesinato.)
La facilidad para cerrar instituciones se basa de este modo no sólo en su vulnerabilidad –toda vez que las instituciones carecen, por su propia naturaleza, de una fuerza equiparable que oponer a la de los activistas– sino en los precedentes que convirtieron la prudencia y la mesura en acicates para convertir las invasiones en impune “uso y costumbre”.
Colgado de los hilos de ideólogos invariablemente ocultos, el piquete de rudos se enseñorea de los edificios y arma una satisfactoria fantasía, un pequeño carnaval “libertario”. Puede ser muy formativo: con laudable sinceridad, en un video
un estudiante de ciencias políticas de la UACM, apoderado de uno de los planteles, dice (minuto 3:17) que “lo tomo como una parte práctica de mi formación profesional porque aprendes cómo se hacen mesas de debate, asambleas”. (Es en serio.) Cualquier compañero empoderado de un edificio se convierte, en el teatro de sus sueños, en un pequeño Fidel que reina en una Sierra Maestra de pupitres rotos y fotocopiadoras desvencijadas.
Es contradictorio que una universidad o una normal deban coexistir con quienes monopolizan una fuerza capaz de expulsar a quienes les venga en gana: los otros. Fue el caso de “El Gato” y “El Mosh” en la UNAM durante la macrohuelga; o el de los paradigmáticos Falcón y Castro Bustos en 1972. Quizás haya quien recuerde cómo este dúo dinámico –que exigía el ingreso automático de los normalistas a la UNAM– se apropió de la rectoría por sus (literalmente) pistolas. El rector González Casanova pedía que actuara el poder judicial pero, como a la vez se oponía a que ingresase a la Ciudad Universitaria, los activistas se divirtieron bastante durante un mes, practicando la natación y pintando murales estrepitosos. Por resistirse a poner a la Universidad en un conflicto con “el poder”, se propiciaron conflictos no menos atroces, violencia y muerte. La parejita de activistas se fue, pero vino el turno de los sindicalistas, que también tomaron edificios. Larga historia. El rector acabó por renunciar. Tomar edificios para tumbar rectores sentó precedente.
Ahora bien, oponerse al uso de la fuerza es encomiable, aun a la “violencia legal” que monopoliza el Estado. Pero no puede alguien ocupar un puesto en el que el empleo legal de la fuerza forma parte de sus responsabilidades, y aun su obligación, si está en juego la seguridad de terceros y los bienes encomendados a su autoridad: por eso es su representante legal. Tampoco puede obviarla la autoridad civil con la excusa de la autonomía, y menos cuando el cuerpo del delito se mide en hectáreas.
Ebrard y Mancera están, sin duda, en un difícil predicamento.
Alguna vez narré que cuando la ultraizquierda “tomó” el Instituto de Estudios Sociales (la Escuela de Frankfort), su director, Theodor W. Adorno, juzgó que lo hicieron con el ánimo de provocar el ingreso de la policía, aullar “¡represión!”, lograr solidaridad y ampliar su plan político. “Invocar el derecho a la discusión para, precisamente, hacerla imposible” era la estrategia. Una estrategia que “tiene el riesgo de que el movimiento estudiantil se transforme en fascismo”. Adorno tuvo que escoger entre dos clases de fantasmas: el represor y el que lo convoca.
Adorno decidió que el sentido de una escuela radica en que esté abierta. Llamó a la policía.
Alcance: Este comentario apareció en El Universal el martes 13. Ese día se inició una nueva mesa de diálogo entre “los compañeros paristas”, autoridades y funcionarios del D.F. La discusión duró 10 horas, pero no se logró un consenso sobre cómo proceder. La UACM cumplirá pronto 80 días cerrada.
Volvió a salir el tema de si la rectora tiene título. (Hasta ahora nadie ha puesto en duda la existencia del CINVESTAV, ni del SNI, ni de Europa.)
La presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea del DF, diputada Yuriri Ayala, propuso a la rectora Orozco presentar su renuncia. La diputada Yuriri, dice Reforma el jueves 15, es alumna de la UACM desde 2003. Ha cursado en once años el 20.2 % de su carrera (comunicación). Tiene aprobados 77 créditos de los 380 necesarios. Su desempeño académico es de 1.07 sobre 10.
La Dip. Yuriri milita en el PRD desde niña, y pertenece a la tribu que comanda el Líder René Bejarano.
El Lic. Ebrard opinó que la salida de la rectora Orozco no resolvería el problema. El Lic. Mancera declaró que, cuando tome posesión, “en caso de una afectación grave o urgente”, no dudaría en recuperar las instalaciones con la fuerza pública.
El ex rector Pérez Rocha, teórico del diseño de la UACM y crítico acérrimo de su sucesora, escribió el jueves 15 en La Jornada, diario en el que es editorialista:
Opinadores de la prensa mercantil (sic) y de los medios de comunicación han aprovechado la campaña de la rectora para decir cuanto quieren con falta total de ética y ausencia del más mínimo sentido de responsabilidad profesional. Incluso en el programa Primer Plano de Canal Once la doctora María Amparo Casar, sin aportar dato alguno, calificó a la UACM de “proyecto de partido”.
El conflicto de la UACM tiene otro saldo: una radiografía de los sectores y personas que han intervenido en él con sus opiniones y dicterios.
No sobra recordar que, durante su rectorado, el Sr. Pérez Rocha contrató con el diario no mercantil La Jornada la publicación de un suplemento que le costaba a la UACM 2 millones 784 mil pesos anuales. Ese contrato fue cancelado por la Dra. Orozco, cuando tomó posesión de su cargo, por problemas presupuestales.
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.
