En México, la década de los noventa ofreció un contexto propicio para modificar el diseño constitucional y crear organismos autónomos. En su origen estuvo la necesidad de fragmentar el ejercicio del poder absoluto en un país que, por décadas, lo concentró todo en la figura del presidente de la República. Haber colocado al ejecutivo por encima del legislativo –controlado por el partido en el gobierno– y el judicial –a través del uso político del aparato de justicia– fueron los principales frenos para la transición democrática en nuestro país.
De cara al fracaso de distintas administraciones para garantizar derechos fundamentales y establecer un sistema efectivo de rendición de cuentas, se suscitó un intenso activismo ciudadano, político y académico. Todo ello derivó en una ola de reformas orientadas a crear, desde el ámbito de la especialización técnica, organismos autónomos que se coordinaran con las instancias gubernamentales ya existentes. Esos órganos autónomos hoy están bajo ataque directo del presidente López Obrador.
Que predecible es el poder. Cuando siente que está bajo la observación y escrutinio de otros actores, se dice oprimido. Cuando percibe un contrapeso a su voluntad y capricho, clama injusticia y resistencia. Cuando su voluntad no se reconoce universal dentro de la pluralidad que caracteriza a nuestra sociedad, el presidente se victimiza bajo la idea de una censura persecutoria. El poder presidencial de hoy no ha dejado de ser el mismo tornado de antaño. Necesita controlar todos los campos de acción política para lograr “transformarnos”. Exige subordinación para imponernos una visión del mundo. AMLO y sus seguidores interpretaron que ganar la presidencia con poco más de la mitad de los votos les daba derecho a pasar por encima de la oposición y a quienes ella representa. Ven la “voluntad popular” como un cheque en blanco para un gobierno sin contrapesos.
En su afán de controlarlo todo, el presidente ha elegido un argumento sensible para regresarnos al pasado: la austeridad republicana. No basta con un Congreso inoperante y sometido a su voluntad (más recordado por cantarle las mañanitas que por debatir iniciativas) y una Suprema Corte de Justicia que le ha concedido el capricho de celebrar una consulta intrascendente. Ahora el presidente quiere el resto de las fichas con la desaparición de los órganos autónomos del estado mexicano.
No conforme con el sometimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que consiguió al nombrar de forma atropellada a una militante de su movimiento, AMLO ha incrementado su ya intensa campaña para desacreditar todo aquello que huela a autonomía. Ha descalificado al Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica reiteradamente por ser, a su juicio, una herencia del pasado neoliberal. Afirma que son instituciones que salen muy caras y cuyas funciones pueden asumir las secretarias de estado. Sin más datos o evidencia empírica que su propia lectura sesgada, AMLO encarna la visión quimérica del poder que busca vigilarse a si mismo.
Los ataques recientes contra otros organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), buscan allanar el camino legislativo para desaparecerlos o, al menos, doblegarlos. Regresar al gobierno la facultad exclusiva de garantizar el derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas es, a todas luces, una grave regresión autoritaria, pero sacrificar la independencia política de la organización de las elecciones es un paso sin retorno.
La pulsión autoritaria para dominar al INE con ataques y descalificaciones ha sido sistemática y permanente desde que AMLO asumió la presidencia en 2018. Un malogrado intento de reforma electoral en 2019 desde la bancada morenista, la fallida iniciativa de la Secretaria de Gobernación por quitarle al INE el padrón electoral o el sometimiento político de un Tribunal Electoral cada vez más impresentable dan cuenta del ánimo presidencial y el de sus correligionarios en contra de un arbitraje electoral autónomo. Apenas hace unos días se sumó al coro el hoy titular de la CFE, Manuel Bartlett, para sugerir que el gobierno puede retomar la función electoral sin necesidad de organismos autónomos como el INE.
El gobierno de la cuarta transformación no quiere ir a una elección presidencial en 2024 con un organismo electoral independiente. Su único impedimento hasta ahora ha sido la incapacidad de sus legisladores de diseñar una manera viable de asumir el control de las elecciones, como lo mostró el fallido intento por tomar el control de su Consejo General a través de la designación de cuatro consejeros, el año pasado. Los intereses dentro de la 4T son diversos y en muchos casos obedecen a agendas antagónicas. Enfrentados por complacer la voluntad presidencial, han fracasado en interpretar con tino su voluntad.
El presidente no quiere ahorrarse dinero al desaparecer estos organismos autónomos, argumento de entrada falaz, dado el bajo porcentaje que la suma de sus presupuestos anuales representa para el erario público. (El presupuesto del INE, que por la carga de funciones y su despliegue nacional supera por mucho a los otros órganos autónomos, apenas alcanza el 0.31% del presupuesto de Egresos.) Lo que el presidente pretende es ahorrarse la molestia de lidiar con los contrapesos que se han construido en México para controlar el ejercicio absoluto del poder. No podemos consentir este capricho.
es investigador del CEIICH-UNAM y especialista en comunicación política.
