Ingredientes: Grupos de la delincuencia organizada que actúen como autoridad de facto. Corporaciones policiacas de varios municipios que funcionen como informantes y ejecutores de órdenes de un grupo del narcotráfico. Un gobernador incapaz de revertir la percepción de que el estado se ha salido de control. Ciudadanos que usen las redes sociales para alertar a otros sobre hechos de violencia que los medios no están reportando Medios silenciados y sometidos, un congreso local totalmente controlado por el Ejecutivo y una Procuraduría de Justicia que haga un uso faccioso de la ley.
Modo de preparación: Asesine a varios periodistas y haga desparecer a otros, faculte a los narcotraficantes a hacer las investigaciones y valide públicamente sus interrogatorios grabados en video, deje 35 cuerpos al aire libre en una zona comercial y turística del estado a los ojos de todo el país, amedrente con la ley a quien haga visible el desastre en canales que usted no pueda controlar con publicidad oficial, desaparezca de la escena cuando se descubra que sus agentes policiacos están involucrados en la masacre, alimente con su indiferencia y nulos resultados el surgimiento de grupos paramilitares que hagan la limpieza social que usted no puede.
Deje que todo eso se caliente y listo.
María de Jesús Bravo tenía mil 207 seguidores en Twitter cuando el gobierno de Veracruz le fincócargos por “terrorismo y sabotaje”. Junto con Gilberto Martínez Vera, la envió 27 días a la cárcel por haber dado crédito a versiones falsas sobre ataques de delincuentes a escuelas de Boca del Río y difundirlas a través de las redes sociales.
Según el procurador Reynaldo Escobar y el secretario general de Gobierno, Gerardo Buganza, los mensajes de ambos, con todo y que apenas reunían un puñado de seguidores, habían causado tal pánico entre la comunidad del puerto que los padres de familia habían corrido “aterrorizados”, en multitudes, a buscar a sus hijos, colapsando los números de emergencia y chocando unos contra otros en los cruces de las avenidas.
Desde la Procuraduría de Justicia de Veracruz, donde se les mantuvo incomunicados por alrededor de 60 horas, se afirmó falsamente que cuando fueron interrogados ambos se encontraban bajo los efectos de “alguna sustancia enervante” e incluso se dijo que Martínez Vera contaba con antecedentes penales.
Ninguno de los tuiteros escarmentados por el gobierno de Javier Duarte originó el rumor. Tampoco fueron ellos quienes en días previos sembraron entre la gente la versión de que por cada miembro de Los Zetas muerto en Veracruz moriría un niño. Duarte y los suyos, en cambio, sí fallaron a una de sus responsabilidades más importantes: diseñar una estrategia de comunicación efectiva (un principio básico de protección civil) para llegar a la gente cuando se vuelve necesario, parar en seco los rumores y llenar los vacíos de información con datos confiables antes de que alguien más lo haga.
La psicosis atribuida a los mensajes de los pretendidos ciberterroristas no merecieron más de cinco tuits de las dos cuentas vinculadas con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (@srio_sspver y @SP_Veracruz ) que lejos de ofrecer reportes sobre la situación en los lugares mencionados para desmentir la existencia de ataques, se limitaron a reproducir declaraciones del gobernador y a anunciar su intención de castigar ejemplarmente a los tuiteros, tarea a la cual dedicarían todo un mes de recursos del Estado.
Los argumentos jurídicos de Duarte y su equipo nunca apuntaron a sancionar actos delictivos que atentan contra el orden social, sino a suprimir expresiones. No fueron pocas las organizaciones de derechos humanos que evidenciaron la inexistencia de cualquier estándar internacional que equipare la difusión de información falsa o rumores con terrorismo, además de la imposibilidad de probar que los detenidos hubieran tenido como fin perturbar la paz pública.
Bravo Pagola, columnista del diario Imagen, donde hasta hace unos días escribía la columna "Cartas a Veracruz", dedicó el 10 de junio uno de sus textos a la irrupción de los blogs y redes sociales como Twitter y Facebook entre los recursos y herramientas empleados por la sociedad para dar a conocer hechos que no son difundidos por los medios tradicionales. Curiosamente, reconocía que ese criterio de los ciudadanos para subir a la red información que consideran relevante “aumenta el riesgo social, pero también el riesgo para la delincuencia”.
A través de redes sociales y sitios en internet, los ciudadanos están rompiendo el cerco que los delincuentes le tendieron a los medios. El absurdo de pretender enviar 30 años a prisión a dos personas, acusándolas de terrorismo, por no tener un recurso legítimo de sanción a la mano, ha llevado al gobernador de Veracruz a crear el delito de “perturbación del orden público” para perseguir por la vía penal a cualquier persona por hacer afirmaciones que el gobierno considere inconvenientes o juzgue que atentan contra la paz social.
En los últimos tres meses, cuatro informadores fueron asesinados en Veracruz y otro más desapareció. Ni siquiera habían terminado de realizarse las acciones periciales de uno de los casos cuando la Procuraduría local ya afirmaba que el crimen no estaba relacionado con su trabajo periodístico, sino que obedecía a sus nexos con Los Zetas. El 20 de septiembre, cuando la nota de 35 cuerpos dejados en mitad de un boulevard en Boca del Río, a plena luz del día dio la vuelta al mundo, la prioridad fue descalificar moralmente a las víctimas, vinculándolas a todas con delitos de secuestro, extorsión, homicidio y narcomenudeo (sin mencionar la participación de agentes policiacos en la desaparición forzada de varios), y amedrentar de nuevo a los periodistas que intentaban completar el cuadro.
Se habló de la aparición de 14 nuevos cadáveres y el 22 de septiembre un nuevo rumor creó alarma acerca de supuestos ataques contra planteles escolares en Xalapa, pero el problema de seguridad estatal se había tornado demasiado delicado para intentar de nuevo una salida frívola y dar escarmientos ejemplares a usuarios de redes sociales.
Lo lamentable en el caso es que casi cualquier rumor sobre violencia en Veracruz es verosímil; los cuerpos policiacos de varias ciudades de la entidad se alinean y colaboran con la delincuencia organizada; Zetas y Matazetas anticipan un combate largo y violento para la entidad, mientras el gobernador luce preocupado por su imagen y sus colaboradores le crean un ejército de “seguidores” con cientos de cuentas falsas en Twitter para respaldarlo en cualquier acción que emprenda, aun si viola derechos humanos. No fueron los tuiteros quienes crearon esto; los ingredientes los han puesto otros con su complicidad y avidez por controlar lo que la gente debe saber.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
