El 7 de diciembre, la asociación civil Signos Vitales presentó el reporte “Balance Negativo: los Derechos Humanos en México”, que proporciona información relevante respecto al cumplimiento o incumplimiento y violación de esta obligación constitucional a cargo del Estado.
Los datos que el informe recoge no pueden ser más desalentadores. En prácticamente todos los más de cincuenta derechos fundamentales que protege la Constitución –sean políticos, civiles, económicos, sociales, etc.– se registra algún tipo de violación, quebrantamiento o incumplimiento por parte de las autoridades. Esto se debe, en gran parte, al esfuerzo sistemático de la presente administración federal para debilitar los contrapesos institucionales, destruir o socavar las capacidades del gobierno y desaparecer a los organismos que podrían equilibrar el ejercicio del poder, propios de toda democracia.
Se suma como causa el desdén del gobierno mexicano hacia el acatamiento de la ley –lo cual constituye en sí diversas violaciones a derechos humanos, tales como el de la certeza jurídica y la igualdad ante la ley, entre otros–, y su desprecio a la naturaleza progresiva y universal de los derechos fundamentales, así como a su transversalidad, es decir, la relación estrecha que guarda el ejercicio de cada derecho humano con otros de distinta naturaleza.
Por décadas, el Estado mexicano ha tenido una deuda con la población más vulnerable en materia de derechos económicos y sociales, como son el trabajo, la salud y la alimentación. Sin embargo, programas como el Seguro Popular habían ido creando las condiciones para cerrar la brecha entre aquellos mexicanos que tenían una fuente formal de empleo –condición necesaria para tener acceso a servicios públicos de salud, como los del Instituto Mexicano del Seguro Social– y aquellos que por diversas circunstancias de oportunidad trabajan desde la informalidad. Ahora bien, tras la puesta en marcha del Instituto para la Salud y el Bienestar (Insabi), de acuerdo a datos del Coneval que retoma el reporte, el 57.3% de los hogares en pobreza extrema carecen de acceso a los servicios de salud, y 15 millones 600 mil personas en los últimos dos años perdieron el derecho a recibir servicios de salud en alguna institución, ya sea pública o privada.
En cuanto a derechos sociales como el trabajo y la alimentación, el reporte explica que, debido a las decisiones administrativas relativas al manejo económico y social de la pandemia, muchas fuentes formales de empleo se vieron obligadas a cerrar o a despedir empleados para cumplir con sus obligaciones fiscales y con el pago de salarios. La consecuente pérdida de fuentes de empleo e ingreso ha ocasionado que la cifra de 27.5 millones de personas que en 2018 carecían de acceso a la alimentación, en 2021 haya aumentado a 28.6 millones, casi 1 de cada 4 personas. Esto ha afectado más a la población indígena y en pobreza extrema del país, y ha provocado que 6 millones 300 mil personas hayan dejado de tener las condiciones económicas y sociales propias de la clase media y vivan ahora en situación de pobreza.
Hablando de la transversalidad de los derechos humanos, el reporte arroja también resultados alarmantes. Leyes como la de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza violan al menos 25 derechos constitucionales, entre ellos el derecho humano a la seguridad pública a cargo de instituciones de carácter civil, que obliga a las autoridades a invertir en la creación de cuerpos policiales disciplinados, profesionales y con perspectiva de derechos humanos. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se han negado a entregar y publicar de manera anual los informes que están obligadas a rendir conforme al artículo 35 de la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Tales informes deben contener todos los datos relacionados con las detenciones, los resultados de la evaluación corporal que se realice a las personas detenidas, el número de personas fallecidas por el uso de la fuerza, desagregado por sexo y, en su caso, recomendaciones que con motivo de estos eventos hayan emitido los organismos públicos de derechos humanos, y la atención que se haya dado a las mismas. Es de recalcar que 2020 es el año en el que se presentó la mayor proporción de civiles heridos y fallecidos en enfrentamientos de la Sedena, en relación a las bajas por heridas o fallecimiento del cuerpo de las Fuerzas Armadas (82% de las víctimas).
La estrategia de seguridad basada en los “abrazos, no balazos” constituye también un cúmulo propio de violaciones a derechos humanos, pues la inacción implica la renuncia del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Lo que en el discurso se ha pretendido justificar como un rechazo a la violencia, en la práctica raya en la indiferencia ante los 102 mil 987 homicidios dolosos cometidos entre 2018 y 2020: el mayor número en la historia del México moderno. De continuar la tendencia, 2021 será el año más violento en lo que va del siglo. Esto sin considerar en este rubro a los feminicidios, delito que se ha incrementado de manera considerable de 2015 a la fecha. 2020 ha sido el año que más feminicidios ha registrado desde que se tienen datos disponibles: un total de 977.
Aunado a lo anterior, la política de brazos cruzados ha propiciado que municipios enteros se encuentren bajo el control absoluto del crimen organizado, lo que ha aumentado el número de poblaciones desplazadas y el incremento de milicias civiles de defensa –a las cuales se integran niños y adolescentes–en comunidades marginadas del país.
Solo en 2019, el reporte consigna 7 mil 393 detenciones arbitrarias. Las instituciones más señaladas fueron las policías estatales y municipales, que concentran 34.4% y 30.5% respectivamente, seguidas por la Fiscalía General de la República, con 22.7%, la Secretaría de la Defensa, con 2.5%, y la de Marina, con 2.4% de estos señalamientos, de acuerdo a datos del Inegi. En esta materia resalta el caso de Giovanni López, de 30 años, detenido por policías municipales en Ixtlahuacán, Jalisco, el 4 de mayo de 2020, bajo el pretexto de no portar cubrebocas. Tras pasar toda una noche detenido sin orden judicial, Giovanni murió bajo custodia policial, por un traumatismo craneoencefálico como resultado de un fuerte golpe en la cabeza.
En cuanto al derecho a la libertad de expresión, el reporte de Signos Vitales recoge datos referentes al asedio, vejaciones, acoso y asesinato cometidos en contra de periodistas en México, tanto por el crimen organizado como por autoridades estatales y municipales. Estas han sido amenazas constantes a la libertad de expresión, la libertad de elección de oficio y el derecho humano a la información a lo largo de este siglo, pero en el presente sexenio no se han logrado contener: de 145 asesinatos de periodistas ocurridos en México desde 2000 y hasta el mes de octubre de 2021, 25 de ellos han tenido lugar en el presente sexenio. Además, la “actitud belicosa” del presidente Andrés Manuel López Obrador contra medios de comunicación, críticos, intelectuales, analistas y periodistas constituye un factor real de riesgo para el ejercicio de estos derechos fundamentales y genera condiciones adversas para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
A lo largo de los cinco capítulos del reporte (Los derechos civiles y políticos en el régimen de este gobierno, Los derechos humanos frente a las políticas y megaproyectos encabezados por el gobierno, Inacción, pandemia y derechos sociales en crisis, Personas en condición de vulnerabilidad: sin derechos y Conservación del medio ambiente y respeto de los derechos humanos), el análisis se centra en las acciones que el actual gobierno está tomando en contraposición a su planteamiento de campaña: “de ser un gobierno que prometía proteger a los más vulnerables –dice el reporte– ha pasado a ser un gobierno al que únicamente le interesan las ganancias políticas y electorales”.
El conocimiento del contenido de este documento para su amplia difusión y discusión ciudadana es de vital importancia a la mitad de un sexenio en el que la violación sistemática de los derechos humanos ya es un sello distintivo. El reconocimiento, respeto, fomento y protección de estos derechos, cabe siempre recordar, no está sujeto a la buena voluntad de los gobernantes, pues constituye una obligación constitucional a cargo del Estado y a favor de las mexicanas y los mexicanos.
Ante informes como este, se confirma la necesidad de formar alianzas estratégicas entre la sociedad civil, la academia, la iniciativa privada y los ciudadanos de a pie, a fin de transformar la cultura del desacato a la ley en una en donde el cumplimiento y observancia del derecho sea la única regla.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
 1.jpg)
