Justo al cierre de 2021, el Kremlin intensificó significativamente su campaña de presión contra las empresas de tecnología estadounidenses, al imponerles las mayores multas de la historia de Rusia para firmas de dicho sector: 100 millones de dólares a Google y 27 millones de dólares a Facebook por lo que denominó una “falla sistemática para eliminar contenidos prohibidos”. Estas cifras sobrepasan las multas anteriores, que solían ser de unas decenas o cientos de miles de dólares, y suponen un importante aumento en los esfuerzos del Kremlin por incrementar las trabas a las grandes empresas tecnológicas. Asimismo, ilustran las tácticas coercitivas del Kremlin, las cuales parecen estar funcionando contra, al menos, una de las grandes empresas tecnológicas.
En septiembre, el gobierno ruso envió cartas a Apple y Google exigiendo que eliminaran una aplicación móvil creada por Alexey Navalny, líder de la oposición, para identificar a los candidatos que no eran respaldados por el Kremlin y tenían más posibilidades de ganar en las elecciones. Inicialmente, Apple y Google se negaron. Ante la inminencia de las elecciones nacionales de ese mes, Moscú aumentó la presión: llamó al embajador de Estados Unidos para reprocharle la “interferencia electoral”; citó en el parlamento a representantes de las nuevas oficinas locales de Apple y Google y nombró a empleados específicos que el Estado enjuiciaría. Además, envió matones enmascarados y armados a merodear alrededor de la oficina de Google en Moscú. Como era de esperarse, ambas empresas retiraron la aplicación de Navalny a finales de esa semana.
Después, en octubre, el gobierno ruso –en concreto, el Comité Estatal de Seguridad y Anticorrupción de la Duma, que forma parte de la cámara baja del parlamento ruso– se reunió con directivos de Google para entregarles una larga lista de demandas adicionales. Los funcionarios del parlamento iniciaron la reunión con un argumento utilizado frecuentemente por el Kremlin, en el que erróneamente comparan la prestación de servicios de Google a los críticos del régimen en Rusia (por ejemplo, a Navalny) con una “interferencia” en el proceso electoral ruso.
Posteriormente, los funcionarios rusos presentaron diversas peticiones: que Google impidiera que los usuarios de YouTube en Rusia pudieran cuestionar los resultados de las elecciones; que cumpliera con todas las órdenes de censura, incluyendo aquellas en la que Rusia puede denominar cierto contenido como “extremista” (aunque a menudo, solo es contenido político); que restaurara las cuentas alemanas de la cadena de televisión rusaRT (que YouTube había bloqueado recientemente por difundir desinformación acerca de la covid-19); y que modificara Google Maps en Rusia para cumplir con la visión del mundo deseada por el Kremlin, incluyendo reflejar la anexión ilegal de Crimea por parte del gobierno ruso. La Duma también reiteró que Google debía tener una oficina en Rusia, según una ley aprobada en 2021 y que entró en vigor el 1 de enero. El objetivo de la ley es hacer que las empresas extranjeras de tecnología con más de 500 mil usuarios rusos diarios –desde Spotify hasta Pinterest y Google– abran oficinas en Rusia con la finalidad de que el gobierno pueda amenazar y coaccionar a los empleados en su territorio.
La respuesta de Google a estas demandas, al menos por ahora, parece ser contradictoria. Por ejemplo, la publicación del blog de Google sobre la reunión decía que la empresa no tomaba ningún partido en las disputas territoriales de los países –aunque “no tomar partido” es, de hecho, tomar partido– y que Crimea se muestra para los usuarios rusos de acuerdo con las leyes locales sobre las fronteras estatales. Asimismo, dijo que Google pagó todas las multas que se le impusieron. Sin embargo, la empresa no cedió en la suspensión de cuentas rusas vinculadas al Estado en otros países. El blog defendió, por ejemplo, la suspensión del canal alemán de YouTube de RT porque difundía desinformación de covid-19. Ahora, el Kremlin ha multado a Google con la cifra récord de 100 millones de dólares por no cumplir con sus órdenes.
Todo esto es importante para los ciudadanos rusos y para la evolución de la libertad de internet en el mundo.
YouTube es, por mucho, la plataforma de internet más popular en Rusia, incluso más que VK, el “Facebook Ruso”. La campaña de presión del Kremlin contra Google –que ha incluido desde el bloqueo unilateral de un Google Doc utilizado por Navalny, hasta amenazas a los empleados de Google para que eliminen la aplicación para los usuarios en Rusia– podría socavar la capacidad de las personas rusas para acceder a la información independiente y al discurso de otros ciudadanos. Esto no es casualidad. YouTube está lleno de contenido que enfurece al Kremlin; de hecho, el video más popular en el YouTube ruso en 2021 fue la investigación de Navalny sobre el palacio de Putin de 1,300 millones de dólares, supuestamente construido con dinero blanqueado. El video fue visto más de 119 millones de veces y ayudó a catalizar las protestas contra la corrupción estatal y el posterior encarcelamiento de Navalny.
Las tácticas de presión de Rusia ofrecen una alternativa menos técnica y más coercitiva que, incluso, el modelo de control de internet de Beijín. Los últimos acontecimientos indican que el enfoque de Moscú puede estar funcionando.
Otras empresas, como WhatsApp y Facebook, parecen mantenerse al margen y cumplir también con multas menores y requerimientos de las oficinas locales. No obstante, el dilema actual de Google muestra que el apaciguamiento puede no ser un enfoque viable a largo plazo. Cuanto más se involucren las grandes empresas tecnológicas en los asuntos de mayor prioridad para Putin, como los movimientos de oposición y la difusión de información de crítica hacia el presidente, más priorizará que estas empresas cedan. Esto significará mayor censura, así como demandas de vigilancia hechas directamente a las empresas; el aumento de multas de los tribunales controlados por el Kremlin; además de acoso, intimidación y amenazas contra los empleados de las empresas con sede en ese país.
Cuando el Kremlin calificó la resistencia a la censura de Apple y Google de “interferencia electoral”, no era solo propaganda. Tampoco era bravuconería. Putin y su círculo cercano ven a las empresas de internet estadounidenses como brazos del Estado norteamericano, de ahí que la respuesta inicial de Apple y Google provocara las afirmaciones del Kremlin, por muy ilusas y conspiratorias que sean, de que Washington estaba interfiriendo en la política rusa. Esta visión refleja el concepto en que Putin tiene a los movimientos de oposición, según el cual no pueden ser producto de decisiones individuales y, por el contrario, son apoyados de manera abierta o encubierta por potencias extranjeras.
Los debates sobre las empresas tecnológicas estadounidenses que operan en regímenes autoritarios pueden llegar a convertirse en un tema bastante manipulado: todo se presenta como blanco y negro, con empresas que apoyan o socavan a un dictador. Ciertamente, en algunos casos, las acciones de estas empresas son inaceptables, como cuando Amazon cooperó con la censura y la propaganda del gobierno de China simplemente para vender bienes y servicios, los cuales, a diferencia de YouTube, no entran en la categoría de distribución de noticias y opiniones a los ciudadanos de un país. Pero en muchos casos, como en Rusia, las empresas tienen que tomar decisiones complejas sobre cómo hacer frente a las demandas en la medida de lo posible. También tienen que decidir hasta qué punto pueden permanecer en un mercado sin un compromiso serio con un Estado autoritario.
Al mismo tiempo, sin embargo, estas empresas se rigen por la búsqueda de ganancias. Y muchas compañías que cumplen con los nuevos requisitos de tener una oficina local (herramienta de coerción del Kremlin) no se preparan adecuadamente para un escenario en el que sus empleados son amenazados o perjudicados, porque los ejecutivos, incluyendo los que se encuentran fuera de Rusia, no cumplen con las exigencias del Estado. Algunas de estas empresas también optan por cumplir antes que nada con los requisitos de oficina local en, lugar de, por ejemplo, invertir esos recursos en asegurarse que sus servicios estén disponibles en Rusia a través de redes privadas virtuales.
Pero si estas enormes multas de fin de año son una señal, puede que no pase mucho tiempo antes de que algunas empresas estadounidenses de tecnología se vean obligadas a ceder totalmente o abandonar Rusia por completo.
Este artículo forma parte del Free Speech Project, una colaboración entre Future Tense y el Tech, Law, & Security Program del Washington College of Law de la American University, a través de la cual se analiza la forma en que la tecnología está influyendo sobre lo que pensamos acerca de la expresión.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
es estudiante en la universidad de Duke, miembro del Duke Center on Law & Techonology y asociado de políticas de ciberseguridad en New America.
