Foto: Sebastián Marmolejo/LongVisual via ZUMA Press Wire

COP16: biodiversidad y conflicto de intereses

En la más reciente cumbre sobre biodiversidad, la incapacidad de los gobiernos para tomar decisiones rápidas y efectivas evidenció la lentitud de la lucha global contra la crisis ecológica.
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A pesar de que existe una preocupación genuina por el ambiente en la arena internacional, el presente de la ganancia y el crecimiento es la prioridad, no el futuro del planeta. Así quedó en evidencia en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (COP16) que tuvo lugar en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, congregando a 23,000 delegados de 196 países entre voceros gubernamentales, expertos y ambientalistas. Destacó la participación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aunque no asistieron muchos otros jefes de Estado y de gobierno, cuyas agendas están orientadas a otros asuntos que les parecen más relevantes que la crisis climática. También llama la atención la presencia de 800 corporaciones empresariales, un indicador del creciente interés de este sector, protagonista de la destrucción de la naturaleza, en temas ambientales.

Las siglas COP refieren a los países o partes que han suscrito la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC). La COP16 siguió a la COP15 de Montreal, que adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, MMB, cuya meta es poner fin e incluso revertir la pérdida de biodiversidad, con su uso sostenible y el reparto justo de sus beneficios entre los países del mundo. Entre los 23 objetivos que se propone este marco de aquí a 2030 destacan conservar al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas, restaurar el 30% de los ecosistemas degradados y reducir a la mitad la introducción de especies invasoras. Las buenas intenciones no son suficientes pues hay que destinar 200,000 millones de dólares anuales para ese propósito y la capacidad de financiamiento de numerosos países del mundo, entre ellos los de América Latina, es muy limitada.

En Cali, el desafío fue garantizar el financiamiento necesario para alcanzar estos objetivos y establecer un marco de seguimiento común para evaluar el progreso por país. Lamentablemente, aunque la cuestión de la financiación para apoyar la lucha contra la degradación de la biodiversidad fue el tema central de los debates, la COP16 culminó sin un acuerdo final en medio del desconcierto general y fuertes tensiones entre países y entre estos y las organizaciones ambientales. No se alcanzaron a definir los indicadores y métodos compartidos para monitorear el progreso de los Estados.

Surgieron alternativas que no cuentan con el consenso necesario y favorecen al sector más rico del planeta. Francia y Reino Unido propusieron establecer créditos de biodiversidad con el fin de atraer financiación privada para la preservación de los seres vivos. Estos créditos ofrecerían a las empresas la oportunidad de mejorar su imagen y su responsabilidad social ambiental, compensando los daños ecológicos de sus actividades. La propuesta no escapó a las críticas de las ONG, que denunciaron el riesgo de greenwashing, una estrategia de marketing para hacer creer que los productos de una empresa son “ecológicos” cuando en realidad no lo son.

Silvia Ribeiro, del Grupo ETC y la campaña HOME, indicó que “Estos mecanismos son falsas soluciones que solo benefician a las grandes corporaciones y agravan la crisis. La COP16 debe fortalecer el principio de precaución y prohibir el uso de tecnologías peligrosas como la geoingeniería”. Ribeiro refleja la perspectiva de organizaciones ambientalistas y de los pueblos indígenas, las cuales temen serias repercusiones para las poblaciones locales. A falta de una regulación clara y precisa, los créditos podrían convertirse en carta blanca para la destrucción de ecosistemas, a cambio de contribuciones financieras al fondo de biodiversidad.

Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea se negaron rotundamente a la creación de un nuevo fondo específico para la biodiversidad propuesto por la presidencia del evento y apoyado por Brasil, Argentina y el bloque africano. Solicitaron que el asunto se pospusiera para la COP18, en 2028, apenas dos años antes de la fecha límite para que se cumplan los compromisos. De esta manera, la necesidad urgente de movilizar financiamiento suficiente para la protección de la biodiversidad sigue siendo un desafío. Hay que recordar que Estados Unidos no participa en la CMNUCC, mientras que Rusia, China y la India tienen sus propios intereses económicos y políticos, por lo que este tipo de iniciativas no figuran en sus prioridades.

Aunque la COP es un espacio importante de abordaje planetario sobre un tema crucial, la naturaleza es vista con un enfoque orientado predominantemente al crecimiento económico, que tiende a obviar las necesidades concretas de las comunidades y las especificidades eco-socio-territoriales. Los estados nacionales y los intereses empresariales tienden a asumir la naturaleza en términos de su valor como mercancías, idea que olvida otros múltiples significados y valores de lo natural, como el que le conceden los pueblos indígenas desde el punto de vista religioso y de estilos de vida.

La incompatibilidad de los intereses estatales y los intereses ambientales no permite esperar avances importantes en el futuro próximo. La incapacidad de los gobiernos para tomar decisiones rápidas y efectivas puso de relieve la lentitud de la lucha global contra la crisis ecológica y la negativa influencia de las presiones geopolíticas y corporativas. No pregonamos el abandono de la COP, pero creemos en la necesidad imperiosa de concentrar esfuerzos en ámbitos alternativos, autónomos, amplios y más participativos, en donde la naturaleza no sea únicamente ni principalmente valorada en una escala de precios. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades rurales son los guardianes de la diversidad y, aunque participaron en la COP16 y se intenta incluir su punto de vista, su capacidad de incidir en las decisiones empresariales y estatales es extremadamente limitada. Estas cumbres basadas en estados nacionales son un marco insuficiente para pensar en temas tan delicados y vitales para el planeta. ~

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Antropólogo y ecólogo social. Doctor en Estudios del Desarrollo, Maestría en Planificación Urbana mención ambiente y Especialización en Ecodesarrollo. Profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela.


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