El presidente Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo del Conacyt, envió recientemente al Congreso de la Unión una iniciativa para una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI). Diversas voces han alertado sobre las peligrosas implicaciones de la propuesta del ejecutivo. Esta semana, el Colegio de Investigadores e Investigadoras del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora –al cual pertenezco, pero del cual no soy portavoz– dio a conocer un posicionamiento sobre la mencionada iniciativa. Explicar los riesgos que esta nueva Ley tendría para la academia es la razón de este artículo.
El Colegio de Investigadores e Investigadoras del Instituto Mora no constituye una instancia de la burocracia institucional, sino que es un espacio construido para el diálogo académico entre pares y para relacionarse con las autoridades. Estos cuerpos colegiados reunidos en asamblea tienen, hasta hoy, atribuciones tales como “conocer y opinar” pero también la de “tomar acuerdos”. De aprobarse la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, estos cuerpos pasarán a tener carácter exclusivamente “consultivo”, con lo cual perderán cualquier capacidad de acción. Este es uno de los múltiples casos en los que esta iniciativa –por cierto, firmada por el secretario de Gobernación y no por la de Educación– supone un profundo retroceso en términos de derechos ganados y adquiridos, de una auténtica vida democrática y de la libertad de pensamiento y desarrollo científico.
En lo que corresponde al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se pretende establecer una Junta de Gobierno integrada por la persona titular de la Dirección General de dicho Consejo y por representantes de las secretarías de Gobierno, incluidas la de Defensa y Marina, restringiendo la participación de las personas dedicadas a la ciencia, la tecnología, las humanidades, la innovación y la academia. Los científicos y académicos podrán ser invitados cuando los titulares de la Junta de Gobierno así lo consideren, pero no tendrán la capacidad de decisión, esto es, tendrán voz pero no voto. En la Junta habrá espacio para seis representantes de la comunidad, pero será por invitación de la persona titular de la Dirección General y no por elección democrática de sus pares. También se deposita en esta Junta de Gobierno una serie de facultades y atribuciones tales como la designación de funcionarios y personal, la decisión de presupuestos, la aprobación y expedición de estatutos, normativas y reglamentos (por ejemplo, se le deja la facultad de expedir el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores), así como la facultad de decidir cuáles serán las actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación reconocidas y válidas. Esto es, se pretende monopolizar y centralizar toda la actividad realizada en los Centros Públicos de Investigación (CPI), y del conjunto de las instituciones, atentando contra la libertad académica y de investigación, arrebatándoles su autonomía de gestión y precarizando los derechos laborales.
Por esta y otras razones, el pasado 25 de enero el Colegio envío a los presidentes de la Comisión de Ciencia y Tecnología y al de Educación de la Cámara de Diputados, a la directora del Conacyt, a la directora del propio Instituto y la opinión pública, una carta abierta (que puede leerse al final de este artículo) en la que fijan su posición, externando sus inquietudes con respecto al impacto y repercusiones que, de aprobarse, esa Ley tendría en la vida científica del país.
Uno de los principales reclamos de la carta del Colegio es una respuesta directa al principal argumento que han sostenido los directivos del Conacyt, los diputados de la bancada de Morena y otros defensores de la propuesta, esto es, al hecho de presumir que es el resultado de la “interlocución, amplia e incluyente, en la que han participado más de 60 mil personas e instituciones para la construcción de los consensos”, y en cuya elaboración fueron consultados “los titulares e investigadores de los 26 centro públicos de investigación”. En tal sentido, la carta aclara que “lo expuesto en nuestras participaciones en los espacios de consulta y discusión abiertos no fue tomado en cuenta en la nueva propuesta”. Esto es: el Conacyt realizó foros y consultas para poder legitimar una Ley que fue redactada en los escritorios de la burocracia gubernamental sin escuchar lo expresado por la comunidad científica y académica.
Si bien la Ley propuesta es muy amplia –96 artículos desglosados a lo largo de 80 páginas–, el Colegio centró sus observaciones en cinco puntos “que consideramos fundamentales y en los que creemos que es esencial mantener una postura firme e irrenunciable”. A saber: la libertad para el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología, la innovación y la academia; la situación laboral; lo relacionado con la Junta de Gobierno y cuerpos colegiados; el tema del presupuesto destinado al desarrollo de las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación; y, finalmente, lo relativo a la consolidación de los CPI.
Sobre el primer punto, resulta preocupante que la iniciativa del ejecutivo restrinja el ejercicio de investigación a “prevenir, atender y solucionar problemáticas nacionales sobre la base de agendas temáticas” (Apartado IV, inciso 2 de la exposición de motivos). Esto es: sin la participación de la comunidad científica. Sobre la situación laboral, el Colegio advierte que la propuesta modifica las relaciones laborales entre el Conacyt y quienes trabajan en los CPI, atentando contra derechos laborales adquiridos. Respecto al presupuesto, debe subrayarse la falta de compromiso del Estado a la hora de asignar recursos públicos a la investigación, dado que la iniciativa elimina la obligación vigente de destinar el 1% del PIB a la generación de conocimiento.
Un aspecto interesante es el referido a los CPI, que, contrario a lo sostenido por quienes defienden la propuesta, “se han manejado con transparencia y rendición de cuentas, que han sido sujetas a evaluación y auditorías constantes”. El documento señala que los “CPI destacan por hacer un uso ético y responsable de los recursos públicos, a la par que sus investigaciones, programas docentes y actividades de difusión y divulgación han demostrado una significativa e importante vinculación con la sociedad”.
Es importante mencionar que el Colegio de Investigadores e Investigadoras del Mora es el primer CPI que expresa una opinión colectiva como bloque. Tomar la decisión de manifestarse públicamente no ha resultado fácil, en especial tras el suceso de los científicos denunciados por el propio Conacyt, acusados de delincuencia organizada, y el de los señalamientos públicos del presidente del país o del mismo Conacyt, que exhiben y descalifican las publicaciones críticas a la nueva propuesta.
Pero la Ley afectará a todas las instituciones en la medida en que los proyectos a los que podrán optar los profesores-investigadores estarán definidos en función de la agenda nacional, lo mismo que los criterios para que formen parte del Sistema Nacional de Investigadores. Por eso, el posicionamiento es un paso importante para invitar a otros Centros –pero también a otras instituciones de educación superior, especialmente las universidades– a hacer lo propio. ~
Carta abierta del Colegio de Investigadores e Investigadoras del Instituto Mora.
es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha coordinado proyectos de investigación alrededor de las prácticas electorales en el siglo XIX mexicano.
