En la mañanera de hoy, la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, presentó una “radiografía de las redes” de “intereses políticos creados” que el CIDE “habilitó en su época neoliberal”, desviándose de sus funciones propias y haciendo “transferencias de talento” a instituciones como el INAI, el INE y, Dios nos ampare, la Suprema Corte. El objetivo de esta denuncia es presentar al CIDE, una vez más, como el centro de un complot oscuro contra la Ciencia Popular y la Cuarta Transformación, y que justificaría la intervención política que el Conacyt ha realizado a través del impresentable José Antonio Romero Tellaeche (y que pronto extenderán a todos los centros públicos de investigación). Esta denuncia de Álvarez-Buylla me parece alucinante y hasta risible, pues parece propia de un programa de Alfredo Jalife: solo les faltó incluir a los invasores reptilianos, la Santa Alianza y el Club de Sobrinos del Tío Gamboín, que siempre supimos que era una fachada de los Siete Sabios de Sión. No obstante, a pesar de su estupidez notoria, me parece importante puntualizar algunas cosas y evidenciar el peligro de normalizar esta clase de discursos.
1) El CIDE es un centro público de investigación especializado en ciencias sociales y humanidades. En sus orígenes estaba dedicado a la economía y la administración pública, pero desde los años 90 comenzó a extenderse hacia otras disciplinas: ciencia política, relaciones internacionales, derecho e historia. Sus funciones, además de la producción de conocimiento original en sus áreas de especialidad, han sido la de formar recursos humanos de alto nivel (destinados especialmente a las instituciones del Estado) y la de asesorar a organismos públicos y organizaciones civiles en la elaboración de propuestas de política pública. Es natural, entonces, que el CIDE haya tejido –a plena luz del día– redes de colaboración con un amplio número de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales: desde gobiernos estatales hasta secretarías de estado, pasando por organismos constitucionales autónomos, universidades extranjeras y otros centros públicos de investigación.
Me pongo como ejemplo: yo soy un profesor de historia que he participado en proyectos –e innumerables comités– del Colegio de México, la UNAM, la UAM, el Colegio Nacional, el Instituto Mora, el Colegio de Michoacán, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Pontificia y la Suprema Corte. Todos los profesores del CIDE podrían decir lo mismo: hay quienes han estado muy vinculados al INAH, otros a la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, otros muchos al INE y al INAI, otros a la Corte, la Fiscalía y los poderes judiciales locales, y otros más a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a organizaciones civiles y fundaciones internacionales. Esas redes no son evidencia de “desvíos” o actividades ilegítimas o ilegales de ninguna especie: son parte de nuestro trabajo (y tan es así, que son consideradas dentro de nuestras evaluaciones en el SNI).
2) Es bien sabido que el presidente López Obrador exige sumisión incondicional a cualquier institución pública o privada. Su argumento es muy fácil: “a mí me eligió el Pueblo, yo soy el vocero del Pueblo y cualquier cosa que me contradiga es ilegítima porque va contra el Pueblo”. A fuerza de repetir este argumento todas las mañanas, el presidente ha estigmatizado a un amplio número de instituciones públicas y organizaciones civiles, tachándolas públicamente de “conservadoras”, “reaccionarias”, “neoliberales”, “corruptas” y “oligárquicas”, y negándoles cualquier clase de legitimidad en la conversación pública. Elena Álvarez-Buylla se ha montado en ese mismo discurso para extender el estigma hacia todo aquello que se le oponga: “si el CIDE ha protestado en mi contra y ha colaborado con la Suprema Corte (la cual, como ya nos dijo el presidente, es enemiga del Pueblo), el CIDE es entonces enemigo del Pueblo y forma parte del complot de la Oligarquía”. Sobra decir que este discurso es altamente peligroso, pues si a una organización o institución se le considera como corrupta, ilegítima y enemiga del Pueblo, los pasos evidentes a seguir son someterla y controlarla, y si esto no es posible, eliminarla y perseguir penalmente a sus miembros (como ya hizo Elena Álvarez-Buylla con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico). Es el mismo discurso de Daniel Ortega en Nicaragua, que desde 2018 ha utilizado esta clase de argumentos para justificar la extinción jurídica de cualquier posible fuente de crítica a su gobierno.
3) El discurso de Elena Álvarez-Buylla también es muy revelador de su visión de los centros públicos de investigación: acusa al CIDE de haber abandonado “sus funciones que deberían de ser a favor de todo el país y estrictamente para desarrollar investigación científica en ciencias sociales, economía y formar recursos”. De entrada, esto es falso y para comprobarlo basta revisar la enorme producción académica del profesorado del CIDE y la lista de egresados de todos nuestros programas de licenciatura y posgrado (entre quienes se cuentan numerosos jóvenes que hoy trabajan para el gobierno federal). La pregunta es: ¿quién certifica que estamos cumpliendo los objetivos académicos de la institución? O, mejor dicho, ¿quién define lo que debemos hacer y lo que no podemos hacer como investigadores? Claramente, la respuesta de Álvarez-Buylla es que nuestra labor se debe ajustar estrictamente a lo que el gobierno federal (con la participación del ejército) defina mediante la “Agenda de Estado”, misma que cambiará cada sexenio en función del partido gobernante y de las obsesiones del presidente en turno. ¿Eso le ayudará en algo al país? ¿O será más bien que el objetivo verdadero es transformar los institutos de investigación en centros de propaganda política?
En los últimos años no me he cansado de denunciar la deriva autoritaria del “nuevo Conacyt”: se trata de una amenaza real e inminente a la investigación científica en México, que solo se va a agravar con la nueva Ley de ciencia y tecnología. Desconozco si la impugnación judicial a esta ley tendrá éxito (o si el Poder Judicial Federal llegará con vida a 2024): solo sé que la comunidad académica nacional tiene que responder a esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. Nos estamos jugando las libertades más básicas para la convivencia cívica y el trabajo académico. ~
Es profesor investigador de la División de Historia del CIDE y autor de la Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México (2019).
