El manejo de la pandemia en México, bajo la lupa

El informe elaborado por el Institute of Global Health Sciences acerca de la respuesta de México a la covid-19 no es cómodo de leer. A 14 meses de que la presencia del virus fuera detectada en el país, las autoridades de salud han evitado la autocrítica y, con ello, reconocer errores y plantearse nuevos caminos.
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En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó la existencia de un nuevo coronavirus responsable de una serie de infecciones detectadas en China. Para el día 30 de ese mes, nueve días después de que Estados Unidos notificara sobre el primer caso de esta enfermedad en su territorio, el organismo declaró este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional,

México confirmó el primer caso de covid-19 el 27 de febrero y, once días después, la OMS decretó que la enfermedad había alcanzado proporciones pandémicas. Sin embargo, fue hasta las dos últimas semanas de marzo cuando el gobierno mexicano comenzó a actuar, primero estableciendo la “Jornada Nacional de Sana Distancia” y luego declarando una emergencia sanitaria a través del Consejo de Salubridad General (CSG), a finales de ese mes.

Se ha comentado mucho respecto a los numerosos desatinos, las decisiones tardías o erradas de las autoridades de salud en México frente a la pandemia. Sin embargo, la mayor parte de estas opiniones han surgido de análisis aislados de expertos independientes, académicos y profesionales de la salud. Y aunque estos últimos han aportado una visión general sobre lo que ha fallado y debió hacerse mejor, hacía falta un documento realizado con el debido rigor académico para poner en contexto, de manera clara, cuál ha sido el desempeño de México durante la que se perfila como la peor catástrofe sanitaria en 100 años. 

A principios de diciembre de 2020, un Panel Independiente de la OMS solicitó al Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) que realizara un informe, el cual fue dado a conocer este abril.

La respuesta de México al COVID-19: Estudio de caso es un documento de 130 páginas que analiza, de manera seria y profunda, las decisiones tomadas para el manejo de la pandemia y sus repercusiones. El estudio está dirigido por Jaime Sepúlveda, uno de los más importantes expertos en salud pública en el mundo, y también uno de los artífices del sistema de salud moderno en México. También participan destacados especialistas, entre ellos Mariano Sánchez Talanquer (Harvard, COLMEX), Eduardo González Pier (Wilson Center México Institute) y Carlos Del Río (Universidad de Emory), autoridad en infectología en Estados Unidos y en el mundo.

El estudio desmenuza el origen de la pandemia en México y establece una línea de tiempo de las acciones y decisiones tomadas. Analiza diferentes aspectos, empezando por el impacto que tuvo la pandemia sobre la salud en el país, las condiciones políticas, económicas y de salud que precedieron a la crisis sanitaria, las fallas sistémicas que mermaron la capacidad de responder adecuadamente a esta emergencia, la comunicación de los portavoces oficiales sobre la pandemia, las respuestas de salud pública, los retos para brindar una atención médica de calidad, y la asignación y el manejo presupuestario para financiarla. Siempre objetivo, el reporte es, además, crítico con el liderazgo y las decisiones de las autoridades de salud mexicanas.

En la parte final, los autores señalan el rezago de la campaña de vacunación en México, que, al momento de redactarse el documento, había alcanzado a adminstrar 2.4 dosis por cada 100 personas, frente a Chile, otro país latinoamericano, que en ese momento llevaba 26.6 dosis por cada 100 personas. (A finales de abril, el rezago sigue: México ha alcanzado 12.8 dosis por cada 100 personas, mientras que Chile ronda 74.9 por cada 100 personas.)

De las diez conclusiones que ofrece el estudio se desprenden ciertas recomendaciones. A continuación menciono algunas de las más relevantes.           

Una respuesta tardía. Desde el inicio de la epidemia, era claro que el gobierno mexicano no deseaba decretar un estado de emergencia, por lo menos durante las primeras semanas. Fue hasta muy entrado el mes de marzo cuando, finalmente, se promovieron medidas de distanciamiento social. Aún así, el presidente insistía en invitar a la gente a que saliera a comer a restaurantes y se “siguiera abrazando”. La respuesta tardía se vio reflejada en la calendarización de la compra de insumos y equipo de protección personal, tema que es analizado en este reporte. A más de un año de distancia, es claro que una intervención más inmediata hubiera ayudado a contener los contagios de mejor manera y, seguramente, hubiera evitado más muertes.

Una comunicación incorrecta sobre el nivel de riesgo y cómo actuar en contra de la enfermedad. Aunque en el discurso oficial existe claridad y transparencia sobre el estado de la pandemia en México, la realidad es que, desde un inicio se han minimizado tanto su naturaleza como su impacto. Hablar de una infección respiratoria benigna, seguramente muy parecida a la influenza; un mal comunicado y mal entendido “quédate en casa”; insistir en que los pacientes asintomáticos no representaban un riesgo de contagio, o la inexplicable insistencia en no promover abiertamente el uso del cubrebocas, son algunos ejemplos de mensajes ambiguos que las autoridades han dado desde un inicio y que son, en su mayoría, opuestos a lo que se comunica en otros países.

Una mínima realización de pruebas. Desde un inicio, las autoridades sanitarias han decidido realizar el menor número de pruebas diagnósticas posibles. Con 26 pruebas por cada 1000 habitantes realizadas en 2020, México es uno de los países que menos uso ha hecho de esta herramienta diagnóstica en el mundo. Inexplicablemente, el argumento del vocero del gobierno mexicano sobre la pandemia ha sido que las pruebas no salvan vidas. La poca cantidad realizada hace que este país tenga una tasa de positividad que se ha mantenido entre el 30 y el 50 por ciento. Pero la verdadera complicación surge de no poder diagnosticar a tiempo y carecer de un sistema para detectar, rastrear o contener contagios.        

A decir de los autores, en México se utilizó un modelo deficiente para medir y manejar la emergencia. Haber utilizado el modelo centinela para hacer un símil sobre el diagnóstico de enfermedades respiratorias comunes llevó a un subreporte, con una consecuente mala captación de datos y subestimaciones de la verdadera carga de la covid-19 en el país. En el documento se recuerda cómo las autoridades de salud llegaron a hablar de la necesidad de multiplicar por un factor de 8.2 las cifras reportadas de contagios. En este sentido, se hace notoria la ausencia de autocrítica y de capacidad para reconocer errores por parte de los responsables del manejo de la pandemia.

El reporte no pasa por alto la precariedad del sistema de salud en México, el cual sufrió, desde el inicio de esta administración, afectaciones presupuestales serias que lo llevaron a operar de manera deficiente. El manejo financiero como eje de la toma de decisiones en esta pandemia recibe una mención especial. Uno de los objetivos del gobierno ha sido no gastar ni recurrir a mecanismos de apalancamiento para financiar el control de la emergencia: desde el mínimo número de pruebas diagnósticas, la calidad del equipo de protección del personal adquirido, los insumos y recursos humanos asignados, hasta las condiciones generales de contratación y la compra de vacunas. En el reporte se señalan los razonamientos y fundamentos para explicar cómo pudieron haberse adquirido los recursos que hubieran contribuido a un mejor desenlace.

También se hace mención especial de la falta de liderazgo. Es claro que la mayor parte de las decisiones se han tomado de manera unipersonal, y sin incluir al CSG, que tiene el mandato constitucional de hacerse cargo del manejo de este tipo de eventos. A pesar del discurso oficial, las decisiones han sido tomadas de manera poco transparente y, en muchos casos, sin un fundamento que sea respaldado por científicos independientes.

Una de las principales consideraciones positivas incluidas en el reporte es la participación del sector privado, ejemplificado en el acondicionamiento del Centro Citibanamex como centro de atención hospitalaria. Es claro que la colaboración activa de la iniciativa privada y las organizaciones civiles ha evitado pérdidas humanas.

El reporte no dejó sin abordar ninguno de los aspectos que rodean a esta crisis. Por ello, también toma en cuenta la desigualdad social y el impacto que existe al recibir diferentes tipos de atención médica. Mención especial merecen las comorbilidades ­­más frecuentes identificadas en los pacientes mexicanos –hipertensión (17.4%), obesidad (14.6%) y diabetes (13.4%)–, así como su origen y su repercusión, que desencadenaron eventos graves.

La respuesta de México al COVID-19: Estudio de caso no es cómodo de leer. México no ha tenido, ni de cerca, los mejores resultados en el manejo de esta pandemia. A 14 meses de que el virus fuera detectado en el país, las autoridades de salud han estado a la defensiva. La falta de autocrítica les impide reconocer errores y plantearse nuevos caminos.

Quizás el verdadero valor del documento no está en que aporte nuevos datos, ya que los detalles sobre el deficiente manejo de la pandemia en México han sido de alguna manera mencionados, desmenuzados o reconocidos por diferentes analistas. Su gran relevancia se encuentra en la recopilación metodológica y en sus conclusiones validadas por expertos. Este análisis seguramente servirá como referencia al calificar la respuesta de una nación al reto sanitario más grande de su historia.

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es médico cirujano por la UNAM, analista, conferencista y asesor en políticas de salud. Ha publicado en diarios como Milenio y El Universal, y colaborado como consultor experto para medios de comunicación nacionales y extranjeros.


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