Entre otras tantas promesas, a finales de 2018, Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, se comprometió a la fusión de la Dirección General de Publicaciones (DGP) y de la red de librerías Educal con la editorial. Luego de cinco años de inverosímil espera, el pasado 26 de enero la Consejería Jurídica de la Presidencia envió el anteproyecto que concretaría la fusión a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. El pasado 4 de abril, el decreto del Ejecutivo se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Ni el personal de mando ni el sindicalizado fueron consultados para la preparación del decreto. Tampoco se les informó con la anticipación debida de su contenido final, la fecha de su publicación ni los protocolos correspondientes a su traslado a la institución que los acogerá, si es que eso sucede. Y no sucedió así porque el decreto no integra a la Dirección de Publicaciones con el Fondo, sino que la desaparece.
En ninguna parte del decreto se plantea la fusión. Básicamente, se adicionan y derogan fracciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, junto a una serie de transitorios, que desaparecen la dirección. En primer lugar, al derogarse la fracción XII del artículo dos del Reglamento, a la DGP se le elimina como “unidad administrativa” de la SC. En tanto, al derogarse el artículo 21, desaparecen las 15 atribuciones que le correspondían. Estas quedan reducidas a una frase que se incorpora como fracción II bis del artículo 21, que enlista las responsabilidades de la Dirección General de Bibliotecas: “Ejercer las atribuciones conferidas a la Secretaría de Cultura en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro”.
Los cinco transitorios confirman la desaparición. Bibliotecas se ocupará de los asuntos que quedan pendientes por la extinción de Publicaciones. Los archivos, acervos y documentos bibliográficos pasan a Bibliotecas también. Al FCE se transfieren “los derechos y obligaciones, recursos presupuestarios, derechos de autor, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentren bajo resguardo de la DGP”. ¿Qué hará el director del Fondo? Mandarlo al inventario, olvidarlo, o triturarlo, según proceda. Y, por fin, ejercer por primera vez de manera legal, el presupuesto de la extinta dirección.
A Taibo II, a la Consejería Jurídica de Palacio Nacional y a la Secretaría de Cultura les tomó cinco años redactar este embuste.
Y sobre el futuro del personal, nada.
El trato otorgado a los trabajadores de la desaparecida Dirección General de Publicaciones no difiere de la política laboral de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero: una vejatoria relación obrero-patronal. Inició desde el comienzo de la administración federal y en Arenal 40, oficina a la que sin miramientos llegó junto con su equipo a retirar a buena parte de la plantilla de la administración anterior. Marx Arriaga procedió de la misma manera con Daniel Goldin en la Biblioteca Nacional. Siguió el intento de despido, en época navideña, de 72% de los empleados de la Fonoteca Nacional por parte de Pavel Granados, quien nunca dio la cara a su equipo de trabajo, y por obediente fue premiado con la dirección del Canal 22. El plantel docente y los trabajadores de la ENAH y el INAH contratados como capítulos 2000 han lidiado con parecidas calamidades, y así ad nauseam.
El caso de Publicaciones es aun peor.
El pasado miércoles 5 de abril, al día siguiente de la publicación del decreto, los 18 miembros del personal de mando intentaron entregar una comunicación a Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SC. El documento se remitía con copia a Frausto, al director general de Administración, Alberto Federico Lynn, a la coordinadora nacional de Relaciones Laborales, Lidia Zarco Martínez, y a la titular de la extinta dirección, María Angelina Barona del Valle. Es elocuente que no se le marcó copia a Taibo II, quizá porque desde que asumió el FCE no le interesó tener interlocución con aquello que deseaba apropiarse. Ante el estupor del personal de mando, la oficina de Monroy se negó a recibir una copia física del documento. Por tal razón, ese mismo miércoles fue enviado a los correos institucionales de los destinatarios y de los remitentes.
Esa comunicación hace referencia al oficio UAF/202/2019 del 4 de julio de 2019, enviado por Monroy “a todo el personal de la Dirección General de Publicaciones”, mediante el cual se les informa, al fin de manera oficial, de lo anunciado por Taibo II ocho meses antes. “Derivado de la actual política del Gobierno Federal”, señaló Monroy, la DGP “próximamente pasará a formar parte de la estructura de la Secretaría de Educación Pública”. Ese “próximamente” se extendió, desde la fecha de su oficio, dos años y nueve meses. Ninguna referencia en absoluto al Fondo. No copió a Taibo ni a la directora de Publicaciones. Solo a Frausto y a Hugo Fernando Huesca Granciano, entonces director general de Administración. Era un oficio meramente protocolario, para tratar de apaciguar el creciente malestar que se expresó mediante diversas cartulinas en las oficinas de la dirección.
Prometió el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SC: “los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en esa Dirección de Publicaciones, aún con los cambios que de las nuevas políticas de gobierno puedan derivar, serán respetados en todo momento, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables.”
El 23 de julio de 2019, el personal de mando respondió:
Por medio del presente, el personal de mando de la Dirección General de Publicaciones, solicitamos a Usted concertar una cita para que nos sea expuesto el trámite jurídico-administrativo que se seguirá para la transferencia de plazas o conocer aquel procedimiento administrativo que pudiera presentarse para llevar a cabo movimientos laterales dentro de la Secretaría de Cultura.
Los firmantes fueron 18 jefes de departamento de la DGP.
La reunión con Monroy nunca ocurrió. Lo que sí ocurrió fue un frecuente hostigamiento laboral que buscaba que el personal de mando firmara sus renuncias y perdiera así sus derechos laborales. Hubo finalmente un encuentro el 17 de agosto de 2019, con Roberto del Rivero, entonces coordinador nacional de Desarrollo Institucional, para apaciguar los ánimos. En esa reunión, al personal de mando, de base y de confianza, se le dio a entender que su traslado no sería al Fondo, sino dentro de la SC. El repudio a la titular de la DGP, Marilina Barona del Valle, quien también asistió, se acentuó.
Durante esos meses, Taibo II seguiría pregonando la supuesta fusión y quejándose de la burocracia. Sabiendo o no lo que sucedía, ya ejercía el presupuesto de la DGP. Ahora, publicado el decreto del 4 de abril, los trabajadores reiteraron su consulta y solicitaron a Monroy “conocer el procedimiento jurídico-administrativo aplicable para garantizar los derechos laborales del personal de mando de la ahora extinta Dirección General de Publicaciones”.
Publicaciones, pues, finalmente desapareció.
En el transcurso del obradorato no publicó un nuevo título ni una sola reimpresión. A lo largo de su historia, varias colecciones se volvieron emblemáticas: Cien del Mundo, Clásicos para Hoy, el Fondo Editorial Tierra Adentro, Cvltvra, la Centena (de narrativa, ensayo, poesía, y teatro), Práctica Mortal (poesía), Lecturas Mexicanas Tercera y Cuarta Serie, entre otras. Igualmente, fomentaba coediciones y traducciones, participaba y organizaba ferias del libro y clubes de lectura, se ocupaba del lector infantil y juvenil. El recuento de lo realizado entre 1988 y 2018 está por hacerse, de modo tal que consten sus aportaciones a la política editorial pública del México moderno que comenzó con José Vasconcelos y, en consecuencia, la magnitud del agravio que se le impone con su desaparición. Una gran paradoja: Publicaciones pasó de la SEP al Conaculta para vivir varios periodos de esplendor. Ahora pasa de la SC a la SEP para extinguirse.
La desaparición de la DGP, que es resultado de la ineptitud y la frivolidad, inició con el anuncio del Instituto del Libro y la Lectura, que suponía la integración del FCE, Publicaciones, Educal y otras instancias. En realidad, hasta donde contamos con registro hemerográfico, el primero en proponerlo fue Jaime García Terrés, ex director del Fondo y en ese momento director de la Biblioteca de México, en 1988.
Cuando el jefe del ejecutivo y Taibo II volvieron a plantearlo, 30 años después, el 7 de octubre de 2018, sugerimos que la propuesta no era un punto de partida sino más bien de llegada. Lo que parecía el proyecto cultural del sexenio acabó en una ocurrencia y pronto fue reemplazado por el Proyecto Chapultepec. Finalmente, despacharon el asunto con un decreto, y Taibo II nunca aprendió el abc del Fondo, como aseguró que haría. Tal como lo habíamos previsto, lo esperaban más descalabros. Y no sobra otra vez preguntar: ¿a qué mala hora saldrá el anteproyecto de decreto sobre el futuro de la red de librerías Educal?
Mientras, ¿cumplirá Monroy su promesa? El personal de mando de la ex DGP ha tomado la iniciativa de recordárselo. No es buen augurio que no se les haya recibido su comunicación en físico, pero sí es buen indicio la celeridad con la que se las hicieron llegar a las autoridades de las que mal dependen por vía electrónica, para que rindan cuentas. Aún falta la reacción de los trabajadores sindicalizados. En ambos casos, Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que durante su mandato no se cerrarían las plazas existentes en el sector público. Nuevamente, la desacreditada palabra de su investidura va de por medio, aunque a estas alturas, a unos meses del fin de su mandato, ya es lo de menos.
La desaparición de la DGP también forma parte de una iniciativa con proyecto de decreto en Materia de Simplificación Orgánica, que el Ejecutivo envió el 12 de abril al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 18 de abril. La iniciativa acusa que durante el periodo “neoliberal”, “la estructura centralista” del Estado fue afectada por la creación de “organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados”, que le “restaron facultades a las secretarías de Estado”. De tal manera, el gobierno persevera en dar marcha atrás a lo creado en los últimos 30 años.
La iniciativa tiene antecedentes. La primera medida en esa dirección la tomó el 30 de noviembre de 2018, con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la modificación de facultades de los responsables jurídicos y de administración y finanzas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que centralizó el ejercicio del gasto en la Tesorería de la Federación, volviéndolo inoperante. La segunda, del 2 de abril de 2020, fue la extinción de 109 fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, que tuvo un impacto grave en la ciencia, la cultura y las artes, entre otras áreas. El 6 de noviembre del 2020 fueron extinguidos otros 44 fideicomisos. Están pendientes la iniciativa de reforma del Conacyt, del 13 de diciembre de 2022 y la iniciativa de reforma administrativa del 28 de marzo de 2023, que propone adecuaciones “a distintas figuras dirigidas a fortalecer la actuación del Estado”, sea lo que sea que eso signifique.
En la nueva iniciativa del presidente se propone la fusión, integración o extinción de 18 organismos desconcentrados, organismos descentralizados, unidades administrativas, y la transferencia de sus funciones a distintas secretarías de Estado. La lista incluye a la DGP. La iniciativa establece que el personal de base y de confianza será trasladado a la secretaría de Estado correspondiente. En el caso de Publicaciones no es así.
Para empezar, aunque la iniciativa lo señale, y aunque así lo haya repetido Taibo II a lo largo de cinco años, la ex DGP no se integra, como se prometió, al Fondo de Cultura Económica. El lunes 17 de abril, Omar Monroy informó a los 18 integrantes personal de mando con plaza y miembros del Servicio Profesional de Carrera, sus alternativas: ubicarse en alguna área del sector central de la Secretaría de Cultura, o la liquidación.
Taibo II se ha apropiado de ocho de las 18 plazas del personal de mando para que sean ocupadas por sus cercanos. El que sí se traslada es Víctor Santana, director de Tierra Adentro. El personal eventual enfrenta un futuro incierto, dado que por su condición carecen de antigüedad. Les resta ampararse, para lo cual cuentan con un plazo de 30 días.
Además, las cifras del personal de Publicaciones que plantea la iniciativa del Ejecutivo no corresponden a la realidad. En una tabla contenida en el documento, basada en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se establece que la extinta dirección contaba con 97 trabajadores de base y 69 de confianza, para un total de 166. En la actualidad, el personal no excede los 100. Hablando de recursos económicos, solo se trasladan al Fondo, de acuerdo con la iniciativa, 57 millones 828 mil pesos, menos de los 61 millones 59 mil pesos establecidos en el calendario de presupuesto autorizado al Ramo 48 Cultura para el ejercicio fiscal 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre de 2022.
En torno al acta de entrega-recepción, que tiene como plazo límite el 26 de abril, impera el desorden, y a las autoridades responsables podría fincárseles responsabilidad administrativa. A la vez, El Sindicato Nacional de Cultura, SINAC, ya se pronunció. A través de un comunicado publicado en Facebook el 10 de abril y adherido a la entrada del edificio de la DGP, donde se ha colocado un moño negro, el SINAC apunta hacia Alejandra Frausto:
Este Sindicato Nacional de Cultura lamenta y se resiste a aceptar la claudicación de la Secretaría de Cultura de una parte tan importante de sus facultades (la Dirección General de Publicaciones) (…) Con esta acción, la Secretaría renuncia, entre otras cosas, a fortalecer una cultura de la lectura de calidad a través de la producción editorial; a la participación en ferias del libro; a coordinar propuestas en materia editorial; a diseñar, coordinar y supervisar estrategias de un mercado acorde a la variedad, valor cultural e interés científico o técnico del libro mexicano (…) a proponer, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, un marco de concertación entre el sector privado y las diversas instancias del sector público para la determinación de apoyos, medidas incentivos y estímulos fiscales, comerciales y técnicos, necesarios para el desarrollo sostenido de la industria del libro (…) La Secretaría de Cultura mutila por sí misma sus atribuciones (…) No solo daña indirectamente a trabajadoras y trabajadores (…) sino que deja trunco su servicio a la sociedad (…) Es lamentable esta decisión (…) No la entendemos y no la compartimos (…)
Para completar el decreto del 4 de abril que entierra Publicaciones, la iniciativa y propuesta de decreto del Ejecutivo establece modificaciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, correspondientes a los artículos 5, 6, 11, 11bis, 14, 19 y 20, que trasladan a la SEP las responsabilidades al respecto a nivel nacional. Para el FCE se establecen funciones que ya formaban parte de sus responsabilidades, redactadas de otra manera y que serán letra muerta, añadiéndose la colaboración con la iniciativa privada –con la que trae pleito su director– para la formación de lectores, junto con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. Un aspecto llama la atención. El Fondo ofrecerá becas para la traducción de títulos de “interés sociocultural, que fortalezcan su acervo cultural”. ¿Es de este modo como se anticipa la desaparición del Protrad y así del apoyo a la traducción de autores mexicanos a otras lenguas?
La iniciativa también establece que en el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura participarían la SEP –presidencia–, el FCE –secretaría ejecutiva–, la SC, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Asociación de Libreros de México, la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, la Dirección General de Bibliotecas, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, La Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores, y la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.
Un embrollo burocrático que no conduce a ninguna parte. Imaginarse una reunión con representantes de estas instancias para acordar estrategias de fomento al libro y la lectura ocasiona hilaridad. En lo que resta del sexenio, ¿se reunirán dos o tres veces? Ni tiempo habrá para definir un programa concreto y ejecutarlo. Eso sí, se excluye a la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, única en su área, a la Red de Librerías Independientes, RELI, y a la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes, AEMI, entre otras organizaciones gremiales de gran prestigio.
López Obrador continúa de este modo con su embate a los organismos autónomos. El dinero, lo sabemos, se utilizará en las becas del bienestar, sus proyectos estratégicos, y la campaña presidencial. Sin miramientos, la DGP se incluye en el paquete del recorte de personal y su presupuesto se destina al FCE como premio de compensación. Los delirios del Ejecutivo y de Taibo II acerca del Instituto del Libro y la Lectura, concluyeron en el hundimiento del Fondo y sus sucursales, aunque Taibo II se empeñe en abrir más. Solo le falta acabar con Educal: lo hará, como con Publicaciones, a hurtadillas. El Fondo de Cultura Económica cumplirá 90 año en 2024. Taibo lo celebrará coronándose como el peor director de su historia. ~
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
