I
Listo está el decreto de declaratoria como monumento artístico del Centro SCOP y la Torre Central de Telecomunicaciones y Telegráfica. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el anteproyecto y lo envió a la Comisión de Mejora Regulatoria para su revisión. En el documento se establece que se deberá implementar un proyecto para la preservación, conservación y permanencia tanto de los 16 murales y las esculturas que serán reubicados como del conjunto arquitectónico, con áreas verdes y una propuesta de uso mixto y disfrute público, lo que implicará la demolición de cuatro edificios (los denominados A, B, C y D) del conjunto. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) iniciará las contrataciones correspondientes. El Ejecutivo quiere que las obras estén concluidas para junio de 2024.
Solo así, por una voluntad política presidencial que evoca las épocas del PRI, parece que finalmente concluirá una espera que atraviesa seis sexenios, a lo largo de los cuales prevaleció la indiferencia ante un proyecto innovador de creación artística colectiva, un ejemplo relevante de integración arquitectónica al contexto urbano, un elemento significativo en el paisaje de la Ciudad de México y “un referente en la memoria colectiva y simbólica de los mexicanos”, como lo acepta el anteproyecto de decreto. En efecto, desde el sismo del 19 de septiembre de 1985, el Centro SCOP –llamado de tal modo por haber sido originalmente sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas– recibió únicamente la atención mínima para que no colapsara por completo. El dictamen del 27 de julio de 2018, emitido en ocasión de los sismos de 2017 por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, (ISC-CDMX) aporta información histórica al respecto.
El Centro SCOP consta de cinco “cuerpos” o edificios, del cuerpo A al cuerpo E. El impacto del sismo de 1985 obligó a la rehabilitación y recimentación de los cuerpos A y B, que constaban de 11 niveles, de los cuales fueron demolidos cinco. Los murales adosados a la estructura del cuerpo B fueron rescatados mediante placas sujetas a bastidores metálicos y bastidores de recubrimiento. Algunos de los edificios presentaban desplomos (es decir, la pérdida de verticalidad en muros y soportes) importantes en ciertas partes de sus alas.
Los desplomos acentuaron los hundimientos y elevaciones de las estructuras –debido a los cuales fue necesario construir escalones en algunas juntas constructivas para intercomunicarlos– y ocasionaron múltiples fisuras y grietas en las plazas y zonas peatonales. El Centro SCOP cuenta con más cuerpos ubicados en predios adyacentes, entre ellos, el edificio H, que fue demolido en su totalidad. El sismo del 19 de septiembre de 2017, ahondó el dictamen, desplomó las fachadas de las alas A2 y B2, dañó aún más las juntas constructivas entre los edificios A y B, agravó los desplomos y acentuó la inclinación de los edificios en todos los niveles. En conformidad con las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, el reporte concluyó que los desplomos “exceden claramente el estado límite de servicio”.
También en el cuerpo A Oriente y en el cuerpo D los desplomos representaban un “grave riesgo para las personas y la estructura” y “rebasa[ban] claramente el estado límite de falla”, por lo que se consideraron “en alto riesgo de colapso”. Asimismo, los cuerpos C, D y E resultarían muy afectados en caso de otro sismo de alta intensidad, por lo que “todos los edificios (…) se encuentran en alto grado de vulnerabilidad (…) Las condiciones de inestabilidad que presentan dichos cuerpos ponen en riesgo la vida de sus ocupantes, vecinos, peatones y automovilistas, [y] así mismo compromete la seguridad y estabilidad de las edificaciones colindantes”. En consecuencia, se procedió al desalojo.
El dictamen puntualizó que, a diez meses de la ocurrencia de los sismos de septiembre de 2017, los propietarios no habían emitido ningún comunicado relativo a una posible intervención. En consecuencia, aumentó la degradación y el deterioro de los materiales y los elementos estructurales. De acuerdo con el artículo 224 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (sic), subrayó el documento, el propietario, poseedor o representante legal sería requerido, “con la urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones, obras o demoliciones necesarias”. Tales reparaciones, obras o demoliciones no fueron realizadas.
Y al respecto de los murales, se asentó:
“Es muy importante considerar el destino de los murales del complejo de la SCOP [coordinado por Carlos Lazo, entonces titular de la SCT, y diseñado por Augusto Pérez Palacios y Raúl Cacho] y cualquier intervención deberá ser avalada por el INBA y no se debe omitir que se trata de obras de arte importantes de las cuales existe la propuesta de ser trasladadas por expertos del INAH al nuevo aeropuerto de la CDMX.”
II
Al parecer, no fueron los “expertos del INAH” quienes formularon la propuesta, o se desconoce su identidad. Lo que se sabe es que el 14 de marzo de 2018, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que negociaba el traslado de los murales de Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Guillermo Monroy, José Gordillo, Arturo Estrada Hernández, Luis García Robledo, Rosendo Soto y Jorge Best Berganzo –un total de 6 mil 85 metros cuadrados–, más las esculturas de Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas, al proyectado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, para “darle un adorno arquitectónico a sus interiores, que son hermosísimos”. La propuesta la habría formulado, de acuerdo con versiones, Fernando Romero, arquitecto coautor de la que habría sido la nueva terminal aérea.
El 24 de octubre, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) se opuso al traslado. Dolores Martínez Orralde y Xavier Guzmán Urbiola, titulares de la dirección de Arquitectura y de la subdirección de Patrimonio Artístico Inmueble, explicaron las razones de la institución: “La conservación de los murales debe considerar la idea de integración plástica como parte del valor patrimonial del conjunto. El divorcio físico espacial respecto al lugar de origen alteraría en forma negativa el conjunto y está expresamente desaconsejado por todos los documentos normativos y éticos que se refieren al patrimonio.”
En efecto, trasladarlos a un contexto arquitectónico diferente alteraba el concepto original. Por otra parte, el apego irrestricto a los “documentos normativos y éticos” para evitar el “divorcio físico espacial” tampoco solucionaba la problemática, pues para ello habría que demoler los inmuebles y volver a edificarlos, para poder colocar los murales otra vez en su lugar. La SCT de Peña Nieto no consideró explícitamente esa posibilidad, ni lo había hecho a lo largo de este sexenio la SICT de AMLO.
Era la inercia crónica que impera entre las instituciones del Estado cuando enfrentan desafíos en común pero no reciben la instrucción presidencial. Es decir, cuando falta, en leguaje político mexicano, “voluntad política”: no hacen ni dejar hacer, posponen el tema hasta que se pudra solo y pase al olvido. La posibilidad del traslado de los murales al nuevo aeropuerto, además, se vino abajo. Como se recordará, el 29 de octubre de 2018, López Obrador, antes de tomar posesión como presidente de México, canceló la obra aeroportuaria a través de una “consulta popular”.
Un mes antes, el 10 de septiembre de 2018, la Secretaría de Cultura (SC) saliente informó de la realización de una mesa “interdisciplinaria e interinstitucional”, con la participación de la SCT, el INBAL, la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y la alcaldía Benito Juárez. En tanto, CAV Diseño e Ingeniería, la empresa contratada por la SCT para el retiro de los murales, informó que había entregado su diagnóstico con la anticipación debida y expresó su preocupación, pues el INBAL demoraba la autorización el retiro de los murales.
El INBAL no permitía que los murales se trasladaran al malogrado aeropuerto ni que fueran retirados para su resguardo; tampoco avanzaba en el perentorio y postergado expediente de la declaratoria de patrimonio artístico. Al fin, el 25 de septiembre, el instituto se pronunció al respecto del retiro de los murales, aunque solo autorizó el de los paneles del edificio A. Y entonces, el 11 de octubre, el grupo ciudadano En Defensa del Centro SCOP se opuso al retiro, por desconfianza en las autoridades de la administración saliente y por el temor de que el desmantelamiento pudiera ser el paso previo para la construcción de un complejo habitacional o una plaza comercial.
El 3 de noviembre, el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, sugirió que el Centro SCOP se convirtiera en un “destino cultural” semejante al Centro Nacional de las Artes, abundante en áreas verdes, como el Parque La Mexicana, ubicado en Santa Fe, en la alcaldía de Cuajimalpa. No se supo más. El 31 de diciembre concluyó el contrato CAV Diseño e Ingeniería y, por las demoras del INBAL, solo alcanzó a retirarse 38% de los paneles. Para finales de 2022, seguían sin removerse 4 mil 468 metros cuadrados de murales.
III
A más de tres años del sismo, el 8 de enero de 2021, el INBAL informó que el expediente que sustentaría la declaratoria tenía un avance de 90% y estaría listo en tres meses. Las áreas jurídicas de la SC y de la Presidencia de la República procederían entonces a su revisión. La declaratoria garantizaría una restauración integral y cancelaría la posibilidad de trasladar los murales y las esculturas a otro lugar. El 19 de marzo, En defensa del Centro SCOP solicitó a los titulares de la SICT, la SC y el INBAL información sobre el anteproyecto de declaratoria y propusieron una reunión presencial o virtual para exponer las propuestas académicas y de gestión social realizadas durante los últimos tres años por la propia agrupación. No hubo respuesta.
Para enero de 2022, un año después del anuncio del INBAL, el 10% restante del expediente seguía pendiente. Nueve meses más tarde, el 27 de septiembre, la directora del INBAL, Lucina Jiménez, declaró que solo faltaba un “dato técnico y jurídico” relativo a las colindancias para definir la “territorialidad” de la declaratoria. El 27 de julio, El País tituló un reportaje en video de 15 minutos “Una joya del muralismo mexicano en el abandono”. El desconcierto ante la morosidad de las autoridades de telecomunicaciones y de cultura a nivel federal adquiría resonancia internacional.
El 14 de septiembre, en el contexto del quinto aniversario del sismo de 2017, el presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Saúl Alcántara, expresó en una misiva la “problemática especial” que enfrentaban los murales, derivada de la falta de mantenimiento, el intemperismo y la inestabilidad estructural del inmueble, y apoyó la propuesta de un centro cultural, que en su opinión coordinaría el CENART y la Cineteca Nacional, con la integración de los grupos vecinales. Más declaraciones, y nada en concreto. Para colmo, el 15 de octubre, el mural Sol de fuego, de Jorge Best, fue vandalizado por grafiteros.
Hasta que el 9 de noviembre de 2022 apareció la “voluntad política”. El Ejecutivo informó que Jorge Arganís Díaz-Leal dejaría la SICT por problemas de salud, pero asumiría la responsabilidad de la reconstrucción del Centro SCOP. El 11 febrero, En Defensa del Centro SCOP tomó la iniciativa e informó, en conferencia de prensa, que junto con la SICT y el INBAL planeaban un proyecto de parque cultural con auditorio, gimnasios, restaurantes, espacios para talleres, ojo de agua y estacionamiento subterráneo, que estaría listo para junio de 2024. Ninguna autoridad de la SICT ni del Instituto participó en el anuncio. El INBAL, en abril, acotó su participación: eventualmente autorizaría el proyecto, pero solo haría funciones de “acompañamiento”, pues la encargada de la obra sería la SICT.
Pero ya firmó la declaratoria el Ejecutivo.
Esperemos que no inaugure la obra sin que haya sido concluida. ~
Es autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (México, Nieve de Chamoy, 2014), de Política cultural, ¿qué hacer? (México, Raya en el Agua, 2001, y de La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos (Conaculta, 2000), entre otros. Ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto.
