En un ensayo de 2012, la profesora italiana de filosofía Gabriella Giudici escribió que “Un país que destruye la educación nunca lo hace solo por dinero, porque los recursos son escasos o los costos son excesivos. Un país que destruye la educación ya está gobernado por aquellos que solo tienen que perder con la difusión del conocimiento”.
En el México actual, esta conclusión es una amarga experiencia cotidiana para varias instituciones de educación superior, que luchan por sobrevivir al embate de un poder estatal que, desde distintos ángulos y mediante diversos métodos, parece decidido a extinguir o, por lo menos, desprestigiar su oferta educativa.
Ejemplos abundan. Apenas siendo presidente electo, López Obrador dirigió un primer ataque en contra de la comunidad estudiantil y los egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), al anunciar, en noviembre de 2018, que no consideraría a sus egresados entre los nominados a la Junta de Gobierno del Banco de México. En octubre del año pasado, el presidente acusó a la UNAM de promover el individualismo y haberse “derechizado”. En días recientes, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) ha sido objeto de un golpeteo incesante desde la dirección del Conacyt.
Pero el abuso del poder público hacia la educación superior ha alcanzado niveles especialmente graves en el caso de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Desde hace meses, esta institución enfrenta el acoso por parte de autoridades administrativas, judiciales o ambas, que han atropellado los derechos humanos de la comunidad de esa universidad. El año pasado, la policía estatal ocupó de manera ilegal el campus universitario, que ha permanecido custodiado por un cuerpo de seguridad privada ajeno a la institución desde entonces. Los profesores e investigadores tienen que generar herramientas con sus propios medios para continuar las clases y procedimientos fuera de las aulas. Cientos de alumnos no han podido siquiera recorrer una sola vez los pasillos de su alma máter. El futuro de miles de estudiantes ha sido puesto en suspenso.
El acoso a la UDLAP tiene su origen en 2007, año en que Alejandro Gertz Manero, el actual titular de la Fiscalía General de la República y entonces rector de la Universidad de las Américas, A.C., radicada en la Ciudad de México y de la cual su familia es propietaria, denunció a la UDLAP por el uso del logotipo y la marca, a pesar de que la fundación de esta es anterior a la de la asociación civil establecida en la capital del país. En esta denuncia fungió como apoderado legal de la A.C. Juan Ramos López, actual subprocurador de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, quien conservó esa función hasta 2018.
Desde que, en enero de 2019, asumieron los cargos de fiscal y subprocurador, respectivamente, Gertz y Ramos han incurrido en un evidente conflicto de interés en el asunto que ha derivado en la ocupación ilegal de la UDLAP. Abusando de sus atribuciones y aprovechando un conflicto al interior de la familia Jenkins de Landa por el control del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, propietaria de la UDLAP, el subprocurador inició una serie de acciones que, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, están viciadas por el desempeño parcial y subjetivo de los servidores públicos involucrados por razones o intereses personales, familiares o de negocios. Primero, por el interés claro y directo del fiscal en los asuntos que involucran a la UDLAP, y segundo, porque las carpetas de investigación reabiertas por el subprocurador Ramos con el fin de perseguir a ciertos miembros de la familia Jenkins corresponden a investigaciones en las que ya en los años 2016 y 2018 la antigua PGR determinó que no se habían encontrado elementos para acreditar la comisión de los delitos de fraude y desvío de recursos que habían sido el origen de estas investigaciones, conclusiones con las que dicho sea de paso, la UIF también coincide.
Por otro lado, la reapertura de estas carpetas de investigación solo puede ser ordenada por un juez de control que revoque la determinación ministerial previa de que se trate –en este caso, el no ejercicio de la acción penal–, por lo que el subprocurador usurpó facultades de la competencia exclusiva de los jueces de control, establecidas expresamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que también viola los artículos 14 y 16 constitucionales y el derecho humano a la certeza jurídica y la debida defensa.
Para añadir infamia a la arbitrariedad, a partir de las ilegalidades cometidas por la FGR, el gobierno del estado de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa, a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), decidió intervenir al patronato de la UDLAP, designando ilegalmente a otro patronato cuyos miembros no han tenido vinculación académica ni de ninguna otra naturaleza ni con la UDLAP ni con la Fundación Jenkins. El fundamento legal para esta acción arbitraria es el artículo 42 de la ley de la materia, que prohíbe ejercer el cargo de patrono de una institución bajo distintos supuestos, ninguno de los cuales se aplica para los miembros de la familia Jenkins, que fueron destituidos del patronato de la Fundación Jenkins y UDLAP sin ser citados ni haber sido notificados de ningún procedimiento administrativo en su contra por orden de la JCIAP.
Con estas ilegalidades de fondo, el 29 de junio de 2021 los medios de comunicación del país daban cuenta de las indignantes imágenes de comandos de cuerpos policiales ingresando con armas largas a desalojar a una comunidad pacífica de 2 mil científicos y académicos y 10 mil estudiantes de su casa de estudios. El 12 de julio, con el respaldo y reconocimiento del secretario de Educación Pública de Puebla, Melitón Lozano Pérez, fue designado de manera espuria el exsenador y amigo personal del gobernador Barbosa, Armando Ríos Piter, como nuevo rector de la UDLAP, sin que esta designación surgiera a propuesta del consejo empresarial del patronato en funciones, como lo indican los lineamientos del Estatuto Orgánico de la UDLAP.
Lo que ha estado sucediendo desde entonces ha sido una verdadera prueba de resistencia para la comunidad académica y estudiantil de la UDLAP: además de las protestas en redes sociales (bajo los hashtags #UDLAPLibre, #YoSoyUDLAP y #UDLAPSecuestrada), han realizado innumerables marchas, a las que se han ido sumando habitantes de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, localidades que han visto afectadas seriamente sus actividades económicas por el secuestro de las instalaciones de la UDLAP. También se reunieron con autoridades del gobierno estatal que les aseguraron falsamente que les serían entregadas las instalaciones del Campus el pasado 10 de diciembre. Fueron encapsulados en el atrio de la catedral poblana por las fuerzas policiales del gobierno de Miguel Barbosa; detenidos en su intento de llegar a la sede del poder legislativo en Puebla por policías y granaderos. Se han manifestado pacíficamente afuera de los tribunales civiles en Cholula, esperando que el Juez Segundo de lo Civil de primera Instancia, Cuauhtémoc Blázquez Guevara (el mismo que de manera pronta y expedita ejecutó el exhorto por el que fueron policialmente tomadas las instalaciones) restituya al patronato original y a la actual rectora interina, Cecilia Anaya Berrios, en la posesión y administración del campus y se retiren las fuerzas policiales que mantienen ocupado el Campus, como le ha sido ordenado por exhorto desde los Tribunales competentes en Ciudad de México.
La arbitrariedad y abuso de poder que se ha desplegado en contra de la comunidad UDLAP ha generado un sentido de “despojo y alarma entre los estudiantes”, como señaló la senadora por Puebla Nancy De La Sierra Arámburo en el punto de acuerdo que presentó ante el Senado el pasado viernes 7 de enero, a fin de que se entreguen las instalaciones de la UDLAP y se generen las condiciones para que más estudiantes y académicos tengan acceso a la educación, como lo garantiza y protege el artículo 4º constitucional.
Lo cierto es que la lucha de la comunidad de la UDLAP representa en este momento la lucha no solo por la libertad de pensamiento y la educación, sino también por el respeto a la ley y en contra del abuso del poder. En estos tiempos de polarización política, los centros universitarios son un reducto para el diálogo y la confrontación pacífica de las ideas. La experiencia que vive hoy la comunidad UDLAP debe ser un llamado a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, alrededor de un mismo objetivo: la defensa del conocimiento, la autonomía, la libertad de pensamiento y el imperio de la ley en México.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
