Como se anticipaba desde inicios del año y se señaló en “Medición de la pobreza 2022 en México”, la reducción significativa de la pobreza anunciada por el Coneval –con base en los datos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2022– sorprendió a los analistas que se oponen de manera acérrima a la 4T, al tiempo que hizo evidente la contradicción del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que se pronuncia con frecuencia a favor de los pobres, pero no en contra de la pobreza.
En una mañanera a principios del año, el presidente afirmó que “ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”, pero que ese apoyo no se encuentra entre “sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con los intelectuales”. Así, su política “no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”. Pareciera que el ideal sería la permanencia de la pobreza mayoritaria para asegurar la lealtad electoral.
La encuesta muestra una reducción de 7.6 puntos porcentuales, la mayor en muchos años, que confirma a México como un país en el que la gran mayoría de la población ya es no pobre. Al determinar que el 36.3 por ciento de la población vive en una situación de pobreza (7.1 de ellos de pobreza extrema) se establece que la mayoría puede ser considerada de clase media, si bien un porcentaje relevante sigue siendo vulnerable a dejar de serlo. Estos números son así a pesar de que el cálculo de pobreza multidimensional que se lleva a cabo en México es mucho más estricto que las mediciones en el resto de América Latina y de la Cepal, de que el nivel de ingresos reportado en la encuesta tiene una importante subestimación, y de los errores de política social del gobierno actual.
La pronunciada caída en la pobreza se explica en parte por el aumento de 3.8 millones en el número de pobres en la ENIGH 2020, en el contexto de la pandemia. Sin embargo, la reducción de 43.9 a 36.3 es muy significativa y hace posible prever una mejora sostenida para 2024 siempre y cuando no haya crisis económico-financieras, de tal suerte que el proceso estructural de disminución de la pobreza pueda continuar. La caída con respecto a 2018 también es significativa ya que en ese entonces se encontraban en situación de pobreza el 41.9 por ciento de los mexicanos.
Amén de las reacciones polarizadas de unos y otros en el espectro político, lo importante es entender la naturaleza de la reducción de la pobreza, que fue más pronunciada de lo que se esperaba. Lo primero que se debe señalar es que el mérito principal reside en los esfuerzos de las familias para mejorar su situación económica a través de la participación en el sistema económico. En el sector de la población que vive en la pobreza extrema es donde la reducción fue mucho menor, al pasar de 8.5 a 7.1 entre 2020 y 2022, todavía superior al 7.0 por ciento registrado en 2018. Es decir, la ausencia de éxito en la disminución de la pobreza se dio en los grupos más marginados, en aquellos que mayores dificultades tienen de participar en la economía moderna. Para el resto de la población, con mayores posibilidades de participación, la caída en la pobreza fue más señalada; incluso en la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos (en donde la caída fue de 17.2 a 12.1) esta fue inferior al 14.0 por ciento respecto al 2018. Además, la desigualad, medida por el coeficiente de Gini, disminuyó: pasó de 0.486 en 2016 y 0.457 en 2018 a 0.431 en 2022, lo cual muestra que, a excepción del estancamiento en el sector que vive en pobreza extrema, el resto de las clases sociales experimentaron mejoras.
La reducción en la pobreza se debe fundamentalmente al incremento en los ingresos reales de las personas. La pobreza multidimensional que mide el Coneval hubiese caído de manera más pronunciada de no haber aumentado las carencias sociales. El 36.3 por ciento de los mexicanos en situación de pobreza moderada o extrema incluye el aumento de las carencias promedio de 2.3 y 2.4 en 2018 y 2020 a 2.6 en 2022.
El incremento en las carencias sociales se explica por el rezago educativo que creció de manera marginal y afectó al 19.4 por ciento de las personas (en 2018, al 19.0) y, sobre todo, por el incremento de más del doble en la falta de acceso a los servicios de salud, que impactó al 39.1 por ciento de las personas, comparado con el 16.2 por ciento registrado en 2018. En el resto de las carencias sociales se observaron mejoras, incluido el acceso a alimentación nutritiva y de calidad que bajó al 18.2 por ciento a pesar del fuerte incremento en los precios de los alimentos en los últimos dos años. La carencia de acceso a la seguridad social mejoró muy marginalmente, pero aún permanece en un nivel muy alto: impacta al 50.2 por ciento de las personas.
El empeoramiento de las carencias se registró en las políticas sociales que juegan un papel fundamental: educación y salud. En particular en esta última. Que la ENIGH y los resultados de Coneval reporten que el 39.1 por ciento de los mexicanos (50.4 millones de personas) carece de acceso a servicios de salud muestra el rotundo fracaso de la desaparición del Seguro Popular, y su malograda sustitución por el Insabi, y del afán de centralización de los servicios de salud. Vale la pena notar que, aunque la falta de acceso a servicios de salud aumentó en todo el país, en los estados adheridos al Insabi o a IMSS-Bienestar ese incremento fue de 25 puntos porcentuales, mientras que en los estados que mantuvieron el Seguro Popular el incremento fue de 14.6 puntos.
Que las carencias hayan aumentado quiere decir que la significativa reducción de la pobreza se explica solo por mayores niveles de ingreso. El componente más importante, el fruto del trabajo, representa 73 por ciento del ingreso total; experimentó un crecimiento per cápita de 6.2 por ciento para 2018-22, y de 18 por ciento para 2020-22, a pesar de las altas tasas de inflación y el poco crecimiento económico reportado.
Por su lado, las transferencias, 16.1 por ciento del ingreso, aumentaron 31.4 para 2018-22 y 13 por ciento para 2020-22. Entre ellas destacan las transferencias entre hogares y donativos, con el 24.7 por ciento del total; los beneficios gubernamentales (becas, programas para jóvenes y para adultos mayores y otros), con el 16.3 por ciento; y remesas, con el 6.0 por ciento. Las jubilaciones (IMSS, Afores, ISSSTE, Pemex, CFE y otras) representan el 47 por ciento de las transferencias, concentradas en los deciles superiores.
El incremento de remesas y de beneficios gubernamentales jugó un papel en la reducción de la pobreza, pero secundario con relación a la mejora de los ingresos laborales, tanto por trabajo subordinado como independiente. Este incremento en los ingresos reales, a pesar de altas tasas de inflación, refleja cambios estructurales en el mercado laboral que auspician una mejora continua en el salario real para los próximos años.
Después de un largo periodo letárgico, y una dramática caída en 1995, los salarios reales empezaron a tener una recuperación sostenida cada año a partir de 2013, con excepción de 2017 por el efecto inesperado del gasolinazo en la inflación. El aumento de los salarios reales ha coincidido con un crecimiento del empleo formal de cuatro por ciento por año, excepto en 2019, por la llegada del nuevo gobierno y la subsiguiente caída de la inversión, y en 2020, por efectos de la covid. La notable mejora en el mercado laboral responde a cambios estructurales en la oferta y demanda laborales y a dos medidas de política económica: el incremento en el salario mínimo, que ha servido como catalizador, y las reformas en materia de subcontratación que modifican la calidad y el promedio de cotizaciones ante el IMSS.
Sin embargo, el crecimiento sostenido en el salario responde mucho más a las menores cohortes que alcanzan la edad de trabajar, producto de la reducción en las últimas tres décadas en la tasa de fertilidad y a la estabilización de la tasa de participación laboral por el lado de la oferta. La importante caída en el número de trabajadores en busca de empleo y del crecimiento de la fuerza laboral como proporción de su total han coincidido con una nueva capacidad empresarial para la generación de valor agregado (nómina más utilidades).
A diferencia de las versiones anteriores del Censo Económico, el de 2019 mostró un incremento significativo en el valor agregado por sector. Solamente dos experimentaron una reducción: el minero, en el que la principal empresa –Pemex– tiene una participación dominante; y el relacionado con el agua, gas y electricidad, en el que Conagua y CFE son los principales jugadores. El crecimiento anual promedio 2013-18 del valor agregado para el conjunto de los sectores fue de 6.4 por ciento; si no se toman en cuenta los dos con tasas negativas, hubiera sido de 8.9 por ciento. Al calcular el crecimiento del valor agregado de las unidades económicas por estado, no debe sorprender que los estados con crecimiento negativo promedio para 2013-18 hayan sido Campeche, Tabasco y Chiapas, y que Veracruz tuviera una tasa cercana a cero.
Esta capacidad generalizada de mayor generación de valor agregado es la que explica, junto con el menor ritmo de crecimiento de la fuerza laboral, por razones demográficas, el aumento no solo de la nómina, con mayor creación de empleo y mayores salarios reales, sino también el de las utilidades.
Después de muchos años de esfuerzo, se han empezado a cosechar los frutos de la apertura económica. El incremento de los salarios reales y de utilidades, así como la reducción de la pobreza, son la consecuencia y el síntoma.
La economía mexicana goza de ventajas estructurales que ahora empiezan a ser más evidentes: demografía todavía favorable; relocalización de la inversión para la diversificación del riesgo chino, conocida como el fenómeno del nearshoring; empresas más competitivas que al inicio del proceso de apertura, tanto las nacionales como las extranjeras establecidas en México, el inicio de un proceso de mejora de la productividad promedio de medianas y pequeñas empresas; y la relativa estabilidad macroeconómica.
México está muy lejos todavía de haber erradicado la pobreza y se tienen todavía niveles inaceptables de pobreza extrema y moderada. No obstante, es incorrecto e inapropiado no reconocer el progreso que se ha logrado y la fuerte disminución de la pobreza en 2022. ¿Merece crédito por ello el gobierno del presidente López Obrador?
Sí, aunque parcialmente. Sin la estabilidad macroeconómica que se ha más o menos preservado, los resultados no hubiesen sido positivos, tampoco si se hubiera abandonado el proceso de integración de América del Norte o la relativa independencia del Banco de México. La continuidad de estas políticas no es un asunto menor y merece el reconocimiento. El impulso al salario mínimo, las reformas para la subcontratación y el incremento en la contribución a las Afores, acciones llevadas a cabo en coordinación con el sector privado, también han hecho una contribución que se refleja ahora en menores índices de pobreza. Los programas sociales también han aportado, pero no de manera notable. Por grupos etarios, la mayor reducción en pobreza se dio entre los 18 y 29 años, y entre los 30 y 64 años. En los adultos mayores y la población menor de once años se observó una reducción promedio menor que para el resto; ambos comparten la característica de depender más de programas sociales.
Por otro lado, varias de las políticas económicas y sociales de este gobierno impidieron que la reducción de la pobreza fuera aún mayor: destacan el desorden y desinversión en el sector salud, que resultó en un mucho menor acceso; el retroceso en la cantidad, sin hablar de la calidad, de la educación pública; así como la adopción de políticas energéticas que no solo frenaron la inversión y el crecimiento económico, sino que no han permitido, ni menos fomentado, el pleno aprovechamiento de la oportunidad histórica del nearshoring. El costo de oportunidad no ha sido pequeño.
Programa de gobierno 2024-30
Los resultados de la ENIGH y el reporte del Coneval representan una buena plataforma para el diseño de un programa de gobierno para los candidatos en campaña. Podrían fijarse como objetivo que la pobreza total, cuando se mida en 2030, sea de 20 por ciento de la población y la extrema menor a tres por ciento. Para lograrlo se requeriría de un ambicioso programa de crecimiento, un incremento sostenido en los ingresos y aprovechar el bono demográfico antes de que el envejecimiento sea una carga insoportable. Debe basarse en la oportunidad del nearshoring, en la inversión en infraestructura estratégica de logística y energía, en la incorporación de regiones que no han participado del comercio exterior, en la formación de talento y una apuesta para el desarrollo de las tecnologías del futuro, así como en la reinversión en reguladores de excelencia que permitan aprovechar las ventajas competitivas del país.
A estas acciones promercado y procrecimiento es menester acompañarlas de políticas que promuevan una sociedad más equitativa y de mayor bienestar para atender las carencias: la de salud, combinando el regreso del Seguro Popular con estándares de aplicación y comportamiento de excelencia y la apertura de sucursales de los Institutos Nacionales de Salud en varias regiones del país; la de educación, por medio de escuelas de tiempo y educación, incluidas primera infancia y cultura física, completas; la de alimentación, promoviendo una gastronomía mexicana saludable y asequible; la de seguridad social, universalizando pensiones dignas y seguros asequibles para riesgos catastróficos; las de servicios básicos en la vivienda y calidad de espacios de la vivienda, por medio de derechos de propiedad claros y pago universal y oportuno del impuesto predial para desarrollo urbano y municipios viables.
Tres predicciones
En pocos meses se levantará el Censo Económico 2024 (con datos de 2023) y sus resultados se conocerán a principios de 2025. Tres predicciones: una, como en el Censo Económico de 2019, se observará otra vez un crecimiento relevante del valor agregado para la mayoría de los sectores económicos; es decir, mayor capacidad de pago de nómina y generación de utilidades. Si no ocurre una crisis económica, no es muy difícil anticipar que la nómina será mayor en 2023 que en 2018 (las cifras del IMSS son muy claras al respecto), ni que las utilidades también habrán crecido (la recaudación de Impuesto sobre la Renta a personas morales ha aumentado de manera significativa y no sólo por los buenos oficios del SAT). Dos, la ENIGH 2024 y Coneval, sin crisis económica o política-económica, mostrarán otra reducción en la pobreza cuando se publiquen los datos de 2025. Tres, con los resultados del Censo Económico 2024, el INEGI incrementará el cálculo del producto interno bruto y se sabrá que se ha crecido más de lo que se piensa. Tardará varios años en saberse. ~
es doctor en economía por la Universidad de Virginia. Es director general y socio fundador de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C y columnista de El Universal.
