Verónica Cruz, trabajadora social y activista por los derechos sexuales y reproductivos, articula el acto de movilizar a la población sin mayor dificultad. Asumió desde muy joven que la inconformidad era parte constitutiva de su forma de ser y que, aunque no estuviera del todo familiarizada con el concepto aún, el feminismo –o las ganas de indagar en una justicia social más profunda– sería su principal motivación.
Es por eso que, en 2000, cuando en su estado natal de Guanajuato, México, –en su mayoría católico y conservador– se aprobó una ley que penalizaba el aborto en todas sus causales, incluyendo en caso de embarazo por violación, no dudó de cómo tenía que proceder. Salió a la calle, contó historias, compartió casos y logró despertar el malestar colectivo. Porque no fueron solo feministas, académicas y abogadas litigantes las que logró agrupar. A las que históricamente se habían dedicado a esto, se le sumaron guanajuatenses desconcertados que no entendían cómo la nueva normativa implicaba una pena de cárcel (de hasta 40 años) incluso para víctimas de violación o personas que hubieran tenido un aborto espontáneo.
Fue en ese contexto que fundó Las Libres, una organización que promueve y defiende los derechos de la mujer y provee acompañamiento, asesoría legal, apoyo y contención en los procesos de interrupción del embarazo.
En 2009, el derecho al aborto libre en su estado natal se vio amenazado nuevamente. En Ciudad de México se había despenalizado dos años antes, y eso había generado una oleada de reacciones contrarias por parte de los gobiernos locales más conservadores, entre ellos el de Guanajuato, que aprobó una reforma a la constitución estatal que garantizaba “el derecho a la vida desde la concepción”.
En los años siguientes, más de 14 mujeres que acudieron a hospitales en situaciones graves fueron denunciadas por familiares, médicos tratantes y parteras, y condenadas por homicidio agravado en relación de parentesco o delitos relacionados. Muchas de ellas pertenecían a comunidades indígenas y no contaron con traducción al momento de ser detenidas.
Incluso más que las creencias de algunos –enraizadas en valores religiosos y morales– lo que se estaba develando eran las profundas desigualdades e imposiciones de género, el castigo social a la sexualidad de las mujeres y, por sobre todo, una notoria criminalización de la pobreza. Como en todo, las que estaban quedando expuestas eran mujeres pobres, indígenas y sin redes de apoyo. Y Las Libres decidió encabezar sus defensas.
Años más tarde, en 2022, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el derecho al aborto consagrado a nivel constitucional desde 1973, con el emblemático caso Roe vs. Wade, Verónica encabezó una red transfronteriza que garantizó el traspaso de medicamentos de un país a otro y que acompañó, en diciembre de ese año, a 300 personas diarias en sus procesos de interrupción de embarazo.
“Me acuerdo que en ese entonces un periodista estadounidense me preguntó si Las Libres había creado un modelo de acompañamiento para abortar de manera segura en casa, en un país con muchas más restricciones que Estados Unidos, que entonces también se podía implementar en Texas. Le dije que claro que sí; se trata de un modelo diseñado para brindar atención personal cuando las instituciones nos fallan”.
Solemos mirar hacia arriba, pero para ese viernes negro en el que se anuló Roe vs. Wade, al norte le tocó buscar respuestas en el sur.
El año antes, incluso, cuando conocimos la restricción al aborto en el estado de Texas, la Suprema Corte de Justicia en México había declarado inconstitucional el delito de aborto. Los medios de comunicación estaban vueltos locos; se preguntaban cómo podía ser que Estados Unidos iba para atrás y un país tan religioso y conservador como México iba para adelante.
Se empezaron a percatar también que lo que se había dado en México, y en Latinoamérica en general, era un activismo y una articulación colectiva que mantenía el debate vivo. Y es que a veces, a falta de leyes y en situaciones precarizadas, la desobediencia civil es la respuesta. Cuando el Estado restringe y se niega a garantizar derechos, se tiene que dar paso a una organización social.
Es esa misma organización y movilización lo que hizo que en Latinoamérica el aborto se entendiera como un tema de salud pública y como un derecho y servicio que tiene que ser garantizado por el Estado. Y no hay que quedarse dormidos en los laureles, porque todo esto, como bien hemos visto, es frágil. Al minuto en que deja de ser tema en lo público, puede retroceder.
¿Cómo fue apoyar a un país más rico que supuestamente tiene ciertos derechos más cubiertos que Latinoamérica?
Se decía que Estados Unidos era el ejemplo a seguir en la región porque contaba con una ley desde 1973. Pero acá, justamente por no lograr un derecho constitucional, tuvimos que pensar en alternativas. Tuvimos que responsabilizar a toda la sociedad de garantizar ese acceso y se fue ganando en la despenalización social del aborto, que muchas veces avanza más rápido que las mismas leyes. Aprendimos que el aborto es un derecho colectivo y que hay una manera de luchar, tomándose las calles y la institucionalidad, que hace que no nos olvidemos de ese derecho.
El problema es que cuando se tumba la ley más antigua de la región, los grupos antiderechos se activan. Por eso, fue importante impulsar redes en territorios estadounidenses, crear espacios seguros en ciudades fronteras y así poder garantizar el traslado de medicamentos y el acompañamiento a mujeres en sus procesos. Algunas cruzaban, a otras les mandamos un kit de medicamentos e implementos, y otras se agrupan en los espacios que habíamos creado. Todo fue financiado por donaciones de la misma sociedad estadounidense.
En un momento estábamos recibiendo a través de nuestra página 100 solicitudes diarias, y en diciembre de 2022 estábamos acompañando a 300 mujeres al día. Hoy la demanda se ha estabilizado y va entre 40 y 100 llamados diarios. Es un orgullo poner el ejemplo y que la potencia mundial esté aprendiendo de México y, sobre todo, estar haciéndolo de manera gratuita. Eso instaura la idea de que las fronteras son inventadas, que se pueden derribar y que los derechos tienen que ser universales, porque lo que pasa en un lugar, afecta a los otros.
Finalmente, lo que queda claro es que con el derecho a la intimidad(Roe vs. Wade se amparaba en el derecho a la privacidad entre médico y paciente, y por lo mismo no se estableció como un tema público),en un tema que de base es público, nadie se entera, el acceso se vuelve acotado y se le da espacio a que primen otras cosas. No se solidifica el derecho.
En cambio, en nuestros países, las cosas no se dan por hecho; hoy las adolescencias –especialmente con la Marea Verde– son conscientes de que hay que luchar por los derechos, de que no son para siempre, y que los casos se trabajan uno a uno, mujer por mujer, comunidad por comunidad.
Fuiste destacada por la revista Time como una de las 12 Mujeres del año de 2023. ¿Llegó tarde ese reconocimiento?
He recibido varios reconocimientos a lo largo de mi trayectoria, pero este es el que todos ven, porque se trata de un trabajo hecho en Estados Unidos. Tiene un significado particular eso, porque también ese país temía estar en el ojo público por restricciones a una ley antigua. Fue un gran retroceso, pero destacar nuestro trabajo es dar cuenta de que se pueden crear modelos de acompañamiento y redes de apoyo en territorios restrictivos.
La Suprema Corte de Justicia despenalizó hace tres semanas el aborto a nivel federal. ¿Qué significa esto en la práctica?
Es pronunciarse respecto a algo que ya fue decretado en el 2021: que el delito de aborto es inconstitucional y por ende el Código Penal Federal también tiene que seguir ese lineamiento. Pero en la práctica, no es el Código Penal Federal el que se ocupa de eso; cuando se criminaliza a alguien por abortar, se hace a través de los Códigos Penales Estatales. Digamos que es un paso simbólico que al menos ratifica el camino que hemos pavimentado en vez de retractarse.
El tema ahora es ver de qué manera se divulga la información correspondiente para que se sepa que el aborto no es un delito, que es un derecho y que en cualquier servicio de salud se puede exigir que se cumpla.
Porque el problema en México hoy en día no es ni el marco legal ni el social, sino el acceso a la información. Quiero ver a las mujeres y personas con capacidad gestante, en situación de vulnerabilidad, exigiendo ese servicio en IMSS Bienestar, y quiero ver que se los garanticen.
Hablemos de las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué implica para los derechos de la mujer que las dos candidatas punteras a la presidencia sean mujeres?
Las dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, no son las más representativas en cuanto a hacer avanzar la agenda de los derechos de las mujeres. Queremos a mujeres en el poder público, pero las queremos para hacer avanzar esa agenda, y eso no necesariamente se da con el solo hecho de ser mujer.
Lo que tiene que pasar ahora es que los movimientos feministas organizados pongan en práctica una mayor exigencia; vamos a tener que dejar en claro que si nosotras no exigimos, las cosas se diluyen.
Hablemos de las reacciones contrarias. En tiempos recientes se ha ido consolidando una nueva derecha provida, mayormente compuesta por jóvenes que divulgan sus ideas en redes sociales.
Siempre cuando un movimiento agarra fuerza, existe la contrarrespuesta. Antes de 2010, la última marcha significativa de jóvenes antiderechos que se hizo en Guanajuato, tuvo que exportar personas de Jalisco, porque ya no contaban con tantos adherentes.
Ahora la logística es por redes sociales, donde además se da paso a mucha desinformación, pero es clave saber que en estos temas, especialmente en el aborto, no hay que darle más voz a quienes no tienen el poder de decisión: ni a la iglesia, ni a los grupos antiderechos. Porque eso implica darle más espacio a sus creencias, que no están fundamentadas ni en experiencia, ni en salud, ni en ciencia. El aborto es un derecho, le guste a quien le guste, y no es debatible. ~
nació en Nueva York, vivió en Santiago de Chile y actualmente reside en Ciudad de México. Periodista especializada en temas de género y procesos socioculturales, escribe para medios y revistas de la región y desarrolla junto al diario La Tercera (Chile) un programa audiovisual de conversaciones en profundidad que indaga en los desafíos que surgen en la intersección entre género, socialización, trabajo remunerado y no remunerado. Es becaria del International Women's Media Foundation.
