No son pocos los catalanes que en los últimos meses se preguntan (nos preguntamos) cómo y cuándo se podrá salir de esta espiral de autodestrucción en la que la sociedad catalana, fracturada hoy política y sentimentalmente, se fue adentrando a medida que el proceso independentista rompía amarras con la legalidad.
Algunos se hacen (nos hacemos) esta pregunta con preocupación, desde la exigencia de la empatía con “la otra parte”, inquietos por el proceso catalán de “ulsterización”, por el desolador paisaje de tierra quemada que está dejando atrás el embate al Estado que en 2012 Artur Mas y un sector influyente de la burguesía catalana, hoy en buena parte arrepentido, impulsaron. Otros muchos se plantean esa misma cuestión -¿cómo y cuándo saldremos de esta?- por pura y simple fatiga ante una guerra civil de baja intensidad que está saltando de las instituciones, del debate parlamentario (la Cámara permanece cerrada desde julio) y las redes sociales, a la calle: con las disputas por los lazos amarillos y la sucesión de manifestaciones de uno y otro signo.
Creo que muy pocos de estos bienintencionados que le dan vueltas al puzzle catalán llegan (llegamos) hoy a conclusiones halagüeñas. La asunción de que la fractura es honda y, por tanto, de que restan décadas de desencuentros, empieza a ser generalizada. Cataluña, que en muchos momentos de la historia ha sido la avanzadilla de transformaciones políticas y sociales de calado –en 2010 con el tripartito de José Montilla declinante empezaron a esbozarse en el espacio soberanista los argumentos populistas que hoy hacen tambalear Europa- es hoy seguramente el territorio de occidente con el enfrentamiento de identidades más difícil de solucionar, por su condición de sociedad plural y mestiza.
A diferencia de conflictos identitarios como los de Ucrania, Irlanda del Norte, Kosovo o Quebec, el choque catalán no es una cuestión de etnias, de nacionalidades, religiones o incluso de lenguas; no hay una división clara en territorios, ciudades o barrios…Es un desencuentro general, entre familias, amigos, vecinos que empiezan a detestarse y a no querer saber nada el uno del otro; es una pugna en el rellano de casa, en los balcones, en la plaza del pueblo, por una modelo de sociedad, por lo que, en definitiva, significa ser catalán y lo que debe ser Cataluña.
Sería ingenuo pensar que, hasta que el nacionalismo conservador decidió lanzar este órdago al Estado, coincidiendo con una crisis económica que fue especialmente cruel con la clases medias, Cataluña era ese “sol poble” que el independentismo pasea como estandarte. La división social, más o menos sutil, real o mental, existía. Yo lo descubrí muy pronto, a la fuerza y de sopetón con apenas seis años, cuando una profesora del colegio dividió la clase de lectura entre los “catalanes” y los “castellanos”, que es como nos llamó a todos aquellos que, pese a no contar ni con un primo lejano en Toledo, teníamos como primera lengua el español.
Ese “los castellanos”, que la profesora utilizaba seguramente con buena fe, como algo natural, volvería a aparecer en otros momentos y otras situaciones. Hay ejemplos paradigmáticos, como cuando desde algunos sectores nacionalistas calificaron de “presidente charnego” a José Montilla en 2008. O la diferencia de trato que da TV3 (la televisión pública catalana) a las manifestaciones independentistas, que jalea, convoca y retransmite con entusiasmo, y a las constitucionalistas, que silencia o directamente criminaliza. Y ese “los castellanos” está obscenamente presente en cada una de las intervenciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Con todo, desde la restauración de la democracia prevalecía un pacto social, frágil si se quiere, por el que se asumía la conllevancia como mal menor. Un pacto que dio a Cataluña sus cuotas más altas de prosperidad y estabilidad económica, y que saltó por los aires el pasado otoño, cuando el independentismo dio el golpe unilateral con apenas el 47% de apoyo popular. En ese momento muchos sentimos que el conflicto violento entre catalanes era posible, y empezamos a entender, aterrados, que los fantasmas de Yugoslavia rondaban este rincón del mediterráneo…
Un año después de los “hechos de octubre”, Cataluña sigue rota, y solo desde la aceptación de esa realidad, y la predisposición a ceder, se puede empezar a poner las bases de un nuevo marco de convivencia. El constitucionalismo debería asumir que cualquier solución pasará por cesiones políticas del Estado al movimiento independentista, algo que por ejemplo los socialistas ya plantean con su propuesta de reforma constitucional y estatutaria, ya que no conviene permanecer eternamente en la trinchera por mucho que la ley, el estado de derecho y (el sentido común) te amparen.
Los separatistas, por su parte, deberían tarde o temprano aceptar la realidad social y política del país en el que viven. Reconocer, en suma, que la mitad de la población que se opone a cortar sus lazos con el conjunto de España poseen los mismos derechos, deberes, y legitimidad que el independentista más fetén para decidir qué tipo de Cataluña desean.
Hay algunos síntomas que apuntan que algo se mueve. Joan Tardà, portavoz republicano, vehemente en sus formas pero político con experiencia y olfato, ha admitido que no se puede imponer la independencia de forma unilateral a la mitad de los catalanes. ERC pide pinchar el globo del “realismo mágico” y volver a la lucha por conseguir un referéndum pactado.
Aún así, para el núcleo dominante del independentismo, que se articula en torno a Carles Puigdemont, las entidades ANC y Òmnium, y un potente entramado mediático, nada ha cambiado. En su delirio esencialista, siguen menospreciando a la Cataluña no independentista, bloqueando cualquier tipo de diálogo entre catalanes y cronificando un problema cuyos más tristes episodios, temo, aún están por llegar.
Iñaki Ellakuría es periodista en La Vanguardia y coautor de Alternativa naranja: Ciudadanos a la conquista de España (Debate, 2015).
